El aborto en Estados Unidos de América, referido al aborto inducido es legal en todos los estados de Estados Unidos desde la sentencia de la Corte Suprema en el Caso Roe contra Wade, el 22 de enero de 1973.
La sentencia del caso Roe contra Wade estableció en un "trimestre" el plazo en el que podía practicarse el aborto, ya que era el periodo a partir del cual el feto podía ser viable -probabilidad de supervivencia fuera del útero-. Dicha sentencia prohibió a los distintos estados cualquier limitación del aborto temprano durante ese plazo aunque podían imponerse restricciones o prohibiciones absolutas, dependiendo de los supuestos, una vez superado ese plazo de tres meses. La sentencia Planned Parenthood v. Casey (1992) prohibió los estados de imponer una "carga indebida" (undue burden) antes momento de viabilidad, y después de ese momento los estados tienen el poder para restringir abortos, siempre que la ley contenga excepciones para los embarazos que hacen peligrar la vida o la salud de la mujer u otras cosas.
Antes de la Independencia de los Estados Unidos apenas existían leyes sobre el aborto inducido y su penalización aplicándose el derecho anglosajón (common law) que, básicamente establecía que el aborto era aceptable y legal si se producía con anterioridad a que la madre sintiera el feto (quickening). Después de la Independencia aparecieron distintas leyes en la década de 1820: 1821 en Connecticut legislando sobre el suministro de abortivos a los farmeceúticos; en Nueva York penalizando la práctica del aborto inducido.
Muchas de las primeras feministas, entre ellas Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton se posicionaron en contra del aborto ya que lo consideraban la culminación de una serie de agresiones a la mujer y a su falta de independencia real que, para ellas había que corregir. Entonces una mujer debía poder rechazar las relaciones sexuales con su marido -de las que se derivaba el embarazo no deseado y el aborto-; no había ley que protegiera a la mujer de violación del marido y las mujeres de escasos recursos se encontraban sin la menor independencia para el divorcio y el rechazo de las relaciones sexuales. Legalizar el aborto era para algunas de las primeras feministas resolver un problema sin modificar su causa.
Durante la década de 1860 aumentó la legislación penalizando y criminalizando el aborto; en 1900 el aborto era ilegal en numerosos estados aunque algunos incluían supuestos que permitían el aborto en circunstancias limitadas, por lo general para proteger la vida de la mujer o los embarazos por violación o incesto. A pesar de la penalización el aborto continuó durante el siglo XX, haciéndose su práctica muy insegura al considerarse ilegal. En numerosos casos la vida de la mujer corría peligro llegándose a su muerte, como en el caso de Gerri Santoro de Connecticut en 1964.
Antes de la sentencia caso Roe contra Wade había excepciones a la prohibición del aborto en al menos 10 estados -por violación, peligro para la madre e incesto-.
En 1965, la decisión, por 7 votos a favor y 2 en contra, de la Corte Suprema de Estados Unidos en el Caso Griswold contra Connecticut, sentenció que la Constitución de los Estados Unidos protegía el derecho a la privacidad (Privacy laws of the United States) y por tanto declaró inválidas las leyes de los diferentes estados que violaban el derecho a la privacidad marital que garantizaba el acceso y la administración de anticonceptivos.
En 1965 el Colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos (ACOG-American Congress of Obstetricians and Gynecologists) asumió la posición defendida por Bent Boving en 1959 quien consideraba que la concepción comenzaba en la implantación del embrión y no cuando se producía la fecundación. Este informe médico cambió la categoría de algunos de los métodos anticonceptivos que hasta entonces habían sido considerados métodos abortivos cuando actuaban antes de la implantación del embrión en el útero. En 2015 el 58% de los estadounidenses apoyaban el aborto, donde alcanzó su nivel más alto en los últimos dos años, según una encuesta de The Associated Press que muestra un aparente aumento de apoyo entre demócratas y republicanos por igual durante el último año.
En 1970, las abogadas Linda Coffee y Sarah Weddington, presentaron una demanda en Texas representando a Norma L. McCorvey ("Jane Roe") reclamando el derecho al aborto inducido por violación. Aunque el Fiscal de distrito del Condado de Dallas, Texas, Henry Wade -quien representaba al Estado de Texas- se oponía al aborto, finalmente el Tribunal del distrito falló a favor de Jane Roe, pero sin establecer cambios en la legislación sobre el aborto inducido de Estados Unidos.
"Jane Roe" dio a luz a su hija -a quien dio en adopción- mientras el caso aún no se había decidido.
El caso fue apelado en reiteradas ocasiones hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU. que, finalmente, en su resolución de 22 de enero de 1973, estableció que la mujer tiene el derecho a la libre elección -entendida como "derecho a la privacidad o intimidad"- que protegería la decisión de llevar o no llevar un embarazo a término. Según la sentencia el derecho de privacidad se derivaba de la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La Corte clasificó este derecho como fundamental por lo que toda violación de ese derecho fundamental a la privacidad por parte del gobierno debería estar justificada.
La resolución del caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) se considera histórica en materia de aborto inducido ya que, por su jerarquía, anuló las leyes que penalizaban el aborto en los distintos estados e impedía legislar en su contra ya que podía ser considerado como violación del derecho constitucional a la privacidad amparado en la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión obligó a modificar todas las leyes federales y estatales que proscribían o que restringían el aborto y que eran contrarias con la nueva decisión.
Si el contenido esencial de la sentencia de la Corte Suprema del caso Roe contra Wade era que el aborto debe ser permitido a la mujer, por cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en viable, es decir, sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial, la sentencia del caso Doe contra Bolton publicada el mismo 22 de enero de 1973, estableció que el aborto inducido debe ser legal cuando sea necesario para proteger la salud de la mujer.
La comunicación a las autoridades sanitarias y estadísticas de la práctica de abortos no es obligatoria en Estados Unidos por lo que las estadísticas son aproximadas y elaboradas proyectadas partiendo de los casos reportados sobre el total de la población. El Centers For Disease Control (CDC) recopila regularmente las estadísticas sobre el aborto inducido.
Según el CDC y el Instituto Guttmacher, desde el año 1973 hasta 2008, se habrían practicado unos 50 millones de abortos legales en Estados Unidos
El aborto inducido puede realizarse mediante medicamentos o con intervención quirúrgica. En Estados Unidos el porcentaje de abortos realizados con medicamentos (medical abortion) sobre el total de abortos ha aumentando desde la aprobación de la mifepristona: 1.0% en el año 2000, 2.9% en 2001, 5.2% en 2002, 7.9% en 2003, 9.3% en 2004, 9.9% en 2005, 10.6% en 2006, 13.1% en 2007.
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