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Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria



La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) es una Agencia estatal española responsable de la seguridad ferroviaria, realizando la ordenación y supervisión de la seguridad de todos los elementos del sistema ferroviario: las infraestructuras, el material rodante, el personal ferroviario y la operación ferroviaria. Al ser la mayor autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, también se encarga de otorgar, suspender y revocar las licencias de las empresas ferroviarias.[2]

Asimismo, mantiene las relaciones pertinentes con la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y en otras organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la seguridad o interoperabilidad del transporte ferroviario.[3]

Los orígenes de la AESF se remontan a la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, que preveía la creación de una Agencia Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre, para la detección, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en los transportes terrestres de competencia estatal, así como para el ejercicio de las funciones de inspección y supervisión de la seguridad del sistema ferroviario, tanto en relación a las infraestructuras como a la operación ferroviaria, en los ámbitos de competencia estatal.[4]

Este mandato no se cumplió hasta el año 2014, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, que modificaba la denominación de la Agencia como Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria debido a que la Comisión Europea exigió mayor independencia del organismo responsable de la seguridad ferroviaria.[5]

Así, finalmente, a finales de dicho año se aprobó el Estatuto de la agencia estatal AESF y se constituyó oficialmente el 1 de abril de 2015, sucediendo a la extinta Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento en gran parte de sus funciones sobre el sistema de ferrocarriles salvo las relativas a infraestructuras ferroviarias, que pasaron a la empresa pública Adif.[6]

En septiembre de 2015 las Cortes Generales aprobaron definitivamente la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que actualizó la ley homónima de 2003 y estableció claramente el papel de la agencia dentro del sistema ferroviario.[3][7][8]

La estructura de la agencia es:[6]

Asimismo, para asegurar el correcto funcionamiento de la Agencia, existe una Comisión de Control que recaba información y se la transmite al Consejo Rector.



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