La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es un organismo de inteligencia que funciona bajo la conducción política e institucional del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Es el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y abarca los organismos que lo integran. Su deber es asesorar al presidente de la Nación Argentina y a los funcionarios del más alto nivel para la toma de decisiones, en el marco de su incumbencia. Dentro de su función específica, se encuentra la producción de inteligencia nacional e inteligencia criminal referida a delitos federales complejos, enmarcado en el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, como así también a las leyes que regulan su actividad.
Fue creada en febrero de 2015 en reemplazo de la Secretaría de Inteligencia.
La Secretaría de Inteligencia (SI), más conocida por su nombre anterior; Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue el mayor servicio de inteligencia de la República Argentina entre 1946 y 2015. También dirigió el Sistema de Inteligencia Nacional.
Estaba dirigida por el secretario de Inteligencia, quien era un miembro especial del Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación Argentina, al cual la organización estaba subordinada. Se manejaba por leyes y decretos de carácter constitucional secreto hasta 2001, cuando se creó la nueva Ley de Inteligencia Nacional n.º 25520, la cual es pública.
La Secretaría de Inteligencia tenía a su cargo el trabajo de producir un «ciclo de inteligencia» completo para el Gobierno, y era considerada un cuerpo técnico con la capacidad de recolectar y producir inteligencia ―tanto en el ámbito interno como en el exterior―. Tenía también como trabajo contribuir a la formación de una estrategia de inteligencia nacional que permita llevar los asuntos del Estado. A tal efecto, la secretaría tenía delegaciones en la ciudad de Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior.
En marzo de 2015 se promulgó la Ley de Inteligencia Nacional (Ley N° 25 520) que entró en vigencia 120 días después. La reforma disolvió la Secretaría de Inteligencia (SI, ex-SIDE) y creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Con la modificación también se transfirió desde el Ministerio de Seguridad la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal a la órbita de la AFI.
También al crearse la norma se traspasó la Dirección de Observaciones Judiciales al Ministerio Público Fiscal, mediante la creación del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM). En el 2015, pasó a depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación", en referencia al Ministerio Público, que si bien "tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado".
El 7 de julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1311/2015 el cual contempla la llamada "Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional". El decreto cuenta con un anexo de más de 400 carillas y trata sobre las funciones, el personal y la estructura de la Agencia entre otros temas. Se criticó la incorporación de la realización de tareas de inteligencia para evitar "corridas y golpes de mercado". El entonces titular de la AFI, Oscar Parrilli, se reunió con el sector empresario para aclarar los alcances de esta doctrina.
De acuerdo al decreto 1311/2015 se convocó mediante la UNICEN a nuevos agentes tanto estudiantes como graduados de distintas carreras, los cuales debían enviar un correo electrónico a una dirección de dicha universidad con su currículum para postularse.
Mauricio Macri nombró al frente de la AFI a Gustavo Arribas, quien fue secundado por Silvia Majdalani.
En mayo de 2016 a través del decreto 656/2016 establecido por el Poder Ejecutivo se superaron una serie de contradicciones y superposiciones que se establecieron en el decreto 1311/25. El decreto 656/16 corrigió cuestiones organizativas, orgánicas, presupuestarias y funcionales, fortaleciendo la exclusiva y excluyente incumbencia de la comisión bicameral de Fiscalización de los organismos de Inteligencia en el control y seguimiento de la actividad y funcionamiento de la AFI. Se estableció un régimen estatutario para el personal acorde a la actividad. Según la norma, la anterior estructura de personal del organismo de inteligencia generaba “superposición de cargos, funciones y responsabilidades, lo que va en detrimento” de los objetivos de la Agencia. La disposición agregó en sus argumentos que “por lo tanto resulta necesaria su modificación, instrumentando mecanismos que permitan agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”.
Ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Cámara alta, donde se dio el aval para sus nombramientos, Arribas y Majdalani reivindicaron la decisión presidencial de cerrar al acceso público información sensible del organismo, como el destino de los denominados fondos reservados fortaleciendo los sistemas de control. "Los gastos reservados hacen a la funcionalidad de la Agencia. Pero reservados no significan sin control, hemos preparado un protocolo para rendir cuentas ante la Comisión Bicameral de la manera más clara posible", afirmó Arribas.
Según la reforma de la Ley de Inteligencia, la comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia tiene por finalidad fiscalizar las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos de la Agencia Nacional de Inteligencia (AFI). Además le compete “supervisar y controlar los ‘Gastos Reservados’ que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional” sumado a “la evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional”, la “consideración del Informe Anual de las Actividades de Inteligencia”, entre otras tareas.
Bajo la dirección de Arribas, en julio de 2016 se lanzó el Programa de Formación de Agentes de Inteligencia dentro de un plan de profesionalización que se puso en marcha dentro de la Agencia. Esto significó que el reclutamiento y formación pase a manos de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
En octubre de 2016 los periodistas del Grupo Indalo Gustavo Sylvestre y Mauro Federico denunciaron haber sido blanco de hackeos por parte de una unidad dependiente de la Agencia Federal de Inteligencia. Tras conocerse las denuncias, las diputadas de la Nación por el Frente Renovador, Graciela Camaño y Cecilia Moreau, el diputado de la Nación por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y los diputados de la Nación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, pidieron informes al Poder Ejecutivo con el objetivo de tener una respuesta de parte de la agencia.
Por su parte, el Director General de la Agencia, Gustavo Arribas, y la Subdirectora del organismo, Silvia Majdalani, negaron haber ordenado, dispuesto o autorizado tales hechos. A su vez, denunciaron el hecho ante la Justicia para que la posible existencia de espionaje ilegal en perjuicio de los periodistas fuera investigada y para que, de corroborarse, se identifique a los responsables. El requerimiento fue realizado ante el fuero federal penal y recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9.
En su discurso de asunción, Alberto Fernández anticipó que ordenaría la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que sus fondos reservados se utilizarán para el plan contra el hambre. El 21 de diciembre mediante el decreto 52/2019 se establece la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por 180 días, y designa a la fiscal Cristina Caamaño como interventora.
El 14 de enero, Caamaño firmó una resolución para reducir al mínimo la participación de la inteligencia en la investigación de causas penales. El 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció la firma de un decreto de Necesidad y Urgencia para limitar las facultades de la Agencia federal de Inteligencia para realizar investigaciones criminales y tareas represivas, y la desclasificación de todos los archivos secretos sobre el atentado a la Amia de 1994.
La modificación de la Ley de Inteligencia implementó la centralización de los bancos de datos mediante la creación del Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia. De esta forma, se incorporó la figura de un funcionario responsable en el tratamiento de esta información.
Además, la norma indica que toda relación o actuación entre la AFI y funcionarios o empleados de otros organismos estatales debe ser realizada por el director general o los funcionarios en quienes se haya delegado expresamente tal función.
Según los artículos 10 y 26 de la Ley 27.126 se estableció que los agentes de inteligencia deberán presentar la declaración jurada que exige la Ley de Ética Pública.
El curso se realiza en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) donde los alumnos cursan materias como doctrina de la inteligencia, legislación, ciclo de inteligencia, análisis de información y medidas de seguridad. A su vez, atienden conferencias especiales sobre los nuevos paradigmas de la inteligencia en América del Sur, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, terrorismo, ciberseguridad y delitos contra el orden constitucional, para formarse como agentes de inteligencia. Los estudiantes son seleccionados en un trabajo conjunto de la Agencia con las principales universidades del país, que son las encargadas de referir estudiantes o graduados con destacado desempeño académico.
Las autoridades máximas de la Agencia son el director general y la subdirectora general. Ambos son designados por el presidente de la Nación Argentina y ratificados por el Senado. Sus actividades están delineadas por la Ley 25 520 (Ley de Inteligencia Nacional) y su modificatoria Ley 27.126.
La Side era conocida más popularmente como «los Servicios de Inteligencia del Estado» (en vez de «la Secretaría de Inteligencia del Estado»). Incluso en un discurso del presidente Néstor Kirchner (del 3 de marzo de 2005), este la menciona de esa manera:
Así aparecía en este artículo de Wikipedia hasta el 22 de agosto de 2007 (a las 19:37), en que el usuario Filius Rosadis cambió «Secretaría de Inteligencia del Estado» por «Secretaría de Inteligencia de Estado» (en el resumen de edición escribió: «Es “Inteligencia de Estado”»).
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