Enmiendas ratificadas
Las primeras diez Enmiendas se conocen como la Carta de Derechos
El Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos crea el Poder Judicial del gobierno federal de ese país. El Poder Judicial está formado por la Corte Suprema de los Estados Unidos y los tribunales federales de inferior rango legalmente establecidos por el Congreso.
La primera sección deposita el poder judicial en los tribunales federales, crea el Tribunal Supremo y permite la existencia de tribunales de menor rango, exigiendo una buena conducta de los jueces en el ejercicio de su cargo y prohibiendo la disminución de su sueldo.
Se concede toda la autoridad en materia judicial a los tribunales de justicia.
La sección exige explícitamente "una" Corte Suprema, pero no da más detalles sobre el número de jueces que la componen. El número de jueces ha sido fijado por la ley, siendo en la actualidad nueve: un juez presidente y ocho jueces asociados.
La Corte Suprema es el único tribunal federal cuya existencia está determinada por la Constitución.
Los jueces federales, nombrados por el Presidente con el consejo y confirmación del Senado, ocupan sus puestos "mientras observen buena conducta", un frase que ha sido interpretada como "durante el resto de sus vidas", aunque pueden renunciar o retirarse voluntariamente. Los jueces, como funcionarios federales, pueden ser cesados si son sometidos a un juicio político en el Congreso (proceso de destitución).
La remuneración de los jueces no puede ser disminuida durante el ejercicio de su cargo, aunque sí puede ser aumentada.
La segunda sección especifica la jurisdicción de los tribunales federales y estipula que los juicios sean con jurado en todos los casos penales, excepto en casos de destitución.
Los tribunales federales son tribunales de jurisdicción limitada y no de jurisdicción general. Esto quiere decir que los tribunales de jurisdicción limitada sólo pueden juzgar aquellos casos en los que tienen competencia. Estas competencias son:
El Artículo III no determina cuál es la aplicación directa de la materia sobre la que los tribunales federales pueden tener jurisdicción. El Congreso decide, entre las competencias especificadas en el artículo III, cuál es la jurisdicción que tendrán realmente los tribunales federales.
En 1793, la Corte Suprema dictaminó que los estados no estaban exentos de ser sometidos a pleito por parte de particulares. En respuesta, el Congreso aprobó la Undécima Enmienda para proteger a los estados de ser demandados en los tribunales federales.
Los tribunales federales solamente puede ver casos reales o resolver opiniones encontradas. El poder judicial no se extiende a situaciones hipotéticas o a aquellas que han sido excluidas a causa de problemas de derecho, falta de fundamento o de madurez.
La segunda sección estipula que la Corte Suprema tiene jurisdicción en única instancia en casos que afectan a embajadores, ministros y cónsules, y controversias en las cuales una de las partes sea un Estado. En otros casos, la Corte Suprema solamente tiene jurisdicción de apelación, que puede regular el Congreso. Sin embargo, el Congreso no puede enmendar la jurisdicción en única instancia del Tribunal. El caso de Marbury contra Madison (1803) estableció que el Congreso no puede ampliar ni restringir la jurisdicción en única instancia de la Corte Suprema. No obstante, el Congreso sí puede regular la jurisdicción de apelación.
Finalmente, la segunda sección estipula que cuando se juzgue cualquier delito, salvo en casos de proceso de destitución, tiene que ser por medio de un jurado. El juicio de que se habla tendrá lugar en el Estado en que el delito se haya cometido; pero cuando no se haya cometido dentro de los límites de ningún Estado, el juicio se celebrará en el lugar o lugares que el Congreso haya dispuesto por medio de una ley.
La sección tercera define la traición y su castigo.
La Constitución define la traición como actos específicos, a saber, "hacer la guerra en contra de [Estados Unidos], o en unirse a sus enemigos, dándoles ayuda y protección". Contrasta con la ley inglesa, donde existe una variedad de crímenes, incluyendo la conspiración para matar al rey o "violar" a la reina, que se castigan como traición a la patria.
La pena de traición no puede "privar del derecho de heredar o de transmitir bienes por herencia, ni producirá la confiscación de sus bienes más que en vida de la persona condenada". Los descendientes de alguien que ha sido condenado de traición no son "manchados" como en la ley de Inglaterra.
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