Según la ley israelí, un asentamiento ilegal (hebreo: מאחז: מאחז, Ma'ahaz; literalmente, "una agarradera"), en ocasiones conocido como "colonia salvaje", o por su término inglés "outpost" es un asentamiento israelí construido en Cisjordania, Jerusalén Este o los Altos del Golán sin la autorización legal requerida por el gobierno israelí, en contravención de las leyes israelíes que regulan la planificación y construcción de asentamientos. Cabe destacar que esta distinción entre asentamiento legal o ilegal solo existe en la ley israelí, dado que todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, ya que la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el traslado de población civil de un país ocupante a territorio ocupado. Israel, a diferencia del resto de la comunidad internacional, no considera estos territorios "ocupados" sino "en disputa" y, por lo tanto, afirma que la Convención de Ginebra no es aplicable en ellos.
Los asentamientos ilegales aparecieron tras los Acuerdos de Oslo de 1993, cuando el gobierno israelí se comprometió a congelar la construcción de nuevos asentamientos. En julio de 2002, el gobierno israelí reconoció que se habían creado 69 asentamientos ilegales desde 1996. Unos cuantos de ellos, la mayoría deshabitados, han sido desmontados con posterioridad. Aunque los asentamientos ilegales nunca han sido apoyados oficialmente por el gobierno, las autoridades israelíes y otras instituciones han jugado un papel muy importante en su establecimiento y desarrollo, según el Informe Sasson de 2005, encargado por el entonces primer ministro Ariel Sharon. De hecho, según el diario israelí Haaretz, el gobierno israelí ayudó a crear 14 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania entre 2011 y 2017, mientras que una rama de la Organización Sionista Mundial financió nuevos asentamientos ilegales en 2018. A fecha de enero de 2018, The Washington Institute for Near East Policy ha identificado 92 asentamientos ilegales de muy diversa superficie y población.
En 2012, diez asentamientos ilegales fueron legalizados retroactivamente por el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, según la ONG israelí Paz Ahora, cambiando su estatus de asentamiento ilegal a barrio de otros asentamientos cercanos. En 2017, el Knéset (parlamento israelí) aprobó una ley según la cual todos los asentamientos ilegales pasaban a ser legales, y que preveía la legalización de otros futuros mediante el pago de una compensación a los propietarios palestinos de las tierras en las que se asienten; compensación que los dueños no podrán rechazar ni recurrir. Aunque el Tribunal Supremo de Israel ha declarado ilegal esta medida, ha aceptado la denominada "táctica de regulación de mercado" propuesta por el Fiscal General, que permite la legalización de los asentamientos ilegales incluso cuando se hayan construido en terrenos particulares palestinos, siempre y cuando la construcción se haya llevado a cabo "de buena fe".
Pese a ser ilegales tanto según el derecho internacional como según el derecho israelí, los asentamientos ilegales están permanentemente defendidos por el ejército israelí, reciben suministro de electricidad y agua de empresas israelíes, tienen libre acceso a la red de carreteras exclusiva para judíos en Cisjordania y a otra serie de infraestructuras israelíes en la zona. A finales de diciembre de 2020, el parlamento israelí comenzó a tramitar una ley que prevé la legalización y el suministro de electricidad y agua a estos asentamientos ilegales.
En 1993, en el marco de los Acuerdos de Oslo que preveían un marco para la creación de un Estado de Palestina, el gobierno israelí de Isaac Rabin se comprometió a congelar la construcción de nuevos asentamientos en territorio ocupado. Sin embargo, los colonos israelíes siguieron construyendo nuevos asentamientos sin permiso gubernamental, pero a menudo con la implicación de las autoridades públicas israelíes y de otros cuerpos de gobierno y ministerios, como el Ministerio de Vivienda y Construcción, la División de Asentamientos de la Organización Sionista Mundial y la Administración Civil israelí. El Informe Sasson, encargado por el entonces primer ministro Ariel Sharon, descubrió que la proliferación de asentamientos ilegales era una continuación de la política israelí y dejaba claro que “un asentamiento no autorizado no es “semi-legal”; no autorizado es ilegal.”
La población de los asentamientos ilegales no suele superar los 400 colonos, y en muchas ocasiones se trata de apenas una decena de ellos. Normalmente están formados por casas prefabricadas o caravanas. Sin embargo, dado que rara vez son desmantelados, algunos de estos asentamientos se acaban desarrollando e incorporan estructuras más permanentes como "calles adoquinadas, paradas de autobús, sinagogas y parques."
Según el Informe Sasson de 2005, un asentamiento ilegal tiene cuatro características principales:
Sasson define un asentamiento ilegal como un asentamiento (no autorizado) que no está ligado a uno ya existente. Si está ligado a un asentamiento, pasa a considerarse un barrio no autorizado. Además, los asentamientos ilegales no respetan los límites municipales establecidos por Israel en el territorio ocupado en Palestina. Incluso aunque el gobierno israelí reconoce que los asentamientos se han construido sobre propiedad privada palestina, les proporciona defensa militar, acceso a los servicios públicos y a otras infraestructuras.
Los asentamientos ilegales se diferencian de los barrios sin autorización en la distancia sustancial que los separa del cuerpo principal de un asentamiento autorizado por Israel. Al igual que los asentamientos ilegales, los barrios de determinados asentamientos (como Ulpana, en Beit El) pueden haberse construido sin autorización. Dado que en ocasiones se trata de una cuestión de matices, son frecuentes las disputas sobre la consideración de las nuevas viviendas como expansión de un asentamiento ya existente o inauguración de un nuevo asentamiento ilegal. Según Paz Ahora, el gobierno israelí suele aprovecharse de esta borrosa línea que separa ambos conceptos para legalizar asentamientos ilegales dándoles consideración de barrios de asentamientos ya existentes.
Israel realiza una distinción entre los asentamientos ilegales construidos en terrenos expropiados por la administración israelí en los territorios ocupados (denominados "tierra estatal") y aquellos que han sido construidos sobre propiedad privada palestina no expropiada. Desde el caso del asentamiento Elon Moreh en 1979, cuando la Corte Suprema de Israel sentenció que el ejército de Israel solo podía expropiar tierras para fines militares, nunca para el asentamiento de civiles, el gobierno de Israel mantiene una postura oficial de no permitir nuevos asentamientos en propiedad privada palestina.
El gobierno encabezado por Netanyahu ha tratado de legalizar con retroactividad todos los asentamientos ilegales construidos en terrenos expropiados y de desmantelar aquellos establecidos en propiedad privada, si bien se ha mostrado cada vez más reticente a esto último. Dado que los terrenos expropiados se encuentran en territorio ocupado, la autorización o no autorización de estos asentamientos ilegales solo tiene repercusión desde el punto de vista de la ley israelí, pero no cambia su condición de ilegal según el derecho internacional.
En Cisjordania, hay dos tipos de terrenos expropiados considerados "tierra estatal":
A día de hoy, la mayoría de la denominada "tierra estatal" pertenece al segundo tipo. Según la ONG israelí B'Tselem, la calificación de "tierra estatal" ha sido cuanto menos "dudosa" en multitud de casos. Israel afirma que aplica las leyes de tierra otomanas, pero realizad una interpretación de dichas leyes que nada tiene que ver con su aplicación durante los cuatro siglos de dominio otomano, durante el Mandato británico de Palestina y durante el periodo de ocupación jordana. Estos poderes nunca usaron la declaración de "tierra estatal" como un método para expropiar tierras a sus propietarios originales. El derecho internacional prohíbe al poder ocupante (en este caso, Israel) cambiar la ley local en vigor en el territorio ocupado (en este caso, Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los Altos del Golán), a menos que dicho cambio sea necesario por motivos de seguridad o vaya en beneficio de la población local.
Se conoce como asentamientos ilegales ficticios a aquellos que no están habitados. Algunos de estos se han usado para distraer al ejército israelí y así dificultar o impedir la evacuación de los asentamientos ilegales reales. Otros se usan para obtener una mejor postura negociadora y dar la impresión a la comunidad internacional de que el Estado de Israel está desmantelando asentamientos ilegales. La idea de los asentamientos ilegales ficticios se suele atribuir a Ze'ev Hever, un antiguo dirigente del Jewish Underground, un grupo terrorista judío. El Informe Sasson demostró que la mayoría de los asentamientos ilegales evacuados por Israel estaban vacíos.
En teoría, los asentamientos militares ilegales suponen la ocupación temporal de un terreno por motivos estrictamente militares, no para el asentamiento de civiles. Sin embargo, Israel ha seguido con frecuencia una pauta de expropiación de tierras con justificaciones militares seguida de la concesión de dichas tierras a colonos judíos, como es el caso de algunos asentamientos en la ciudad de Hebrón y de los creados por la brigada Nahal.
En ocasiones, grupos de colonos israelíes ocupan las viviendas de asentamientos que habían sido previamente abandonados por el Estado de Israel en el contexto de las diversas negociaciones de paz o en procesos como la retirada unilateral israelí de 2005. Por ejemplo, el 17 de noviembre de 2020, un grupo de unas 20 familias de colonos se asentaron en el antiguo asentamiento de Sa-Nur, que había sido evacuado 13 años antes.
A fecha de 2013 había centenares de asentamientos ilegales. El Informe Sasson aportó una cifra provisional de 105 en marzo de 2005, aunque Sasson no tuvo a su disposición toda la información necesaria. De estos, 26 asentamientos ilegales se encontraban en "tierra estatal", 15 en propiedad privada palestina y 7 en tierras en estudio. Las definiciones de asentamiento ilegal, barrio no autorizado y asentamiento autorizado pueden diferir dependiendo de quien las realice. Por lo tanto, debido a las distintas interpretaciones de esta terminología, el número de asentamientos ilegales (y de asentamientos en general) puede diferir de un informe a otro.
Según Paz Ahora, en 2012 se establecieron cuatro nuevos asentamientos ilegales con 317 nuevas viviendas construidas sin permiso oficial: Tzofin Tzafon (Tzofin del norte), cerca de Kalkilia; Nahlei Tal, cerca de Ramala; Nahalat Yosef, cerca de Nablus; y la Colina 573, como parte de la expansión ilegal del asentamiento de Itamar.
The Washington Institute for Near East Policy, un think tank estadounidense con una tendencia proisraelí, ha localizado 92 asentamientos ilegales en Cisjordania de diversa población y tamaño a fecha de enero de 2018:
Pese a que oficialmente el gobierno israelí lucha contra este tipo de asentamientos, dado que se encuentran tanto fuera de la ley israelí como del derecho internacional, los sucesivos gobiernos han apoyado de una u otra manera el establecimiento de asentamientos ilegales por toda Cisjordania. Este apoyo puede ir desde simplemente ignorar las órdenes judiciales de desalojo hasta proporcionarles financiación económica, defensa militar, suministro eléctrico y de agua corriente y acceso a carreteras, entre otros.
Por ejemplo, en el conocido como Colina 387, el gobierno israelí financia con cientos de miles de séquels a una ONG que dice operar en él, pero que figura como fundadora del asentamiento ilegal en la documentación oficial. En otros casos son los consejos regionales de los asentamientos ya establecidos los que crean nuevos asentamientos ilegales, como el de Havat Shaharit. En el caso del asentamiento ilegal de Umm Zuka, el ejército israelí le provee de agua de manera gratuita. El asentamiento ilegal de Homesh Yeshiva está financiado por una asociación denominada Midreshet Ma'amakim, que a su vez ha recibido millones de séquels del Ministerio de Educación israelí en los últimos años.
Según Haaretz, se pueden distinguir dos posiciones distintas dependiendo de quién establezca los asentamientos ilegales. Por un lado, si son creados por los llamados "jóvenes de las colinas", adolescentes violentos que van y vienen del asentamiento, el gobierno actúa rápida y decisivamente contra ellos. Sin embargo, en el caso de asentamientos mejor planeados y con mayor apoyo logístico, el gobierno apoya el establecimiento de dichos asentamientos. Por ejemplo, aunque el asentamiento ilegal de Havat Itamar Cohen ha recibido nueve órdenes de demolición, las autoridades israelíes nunca las han llevado a cabo.
En el marco de la Hoja de Ruta para la Paz de 2003, Israel se volvió a comprometer a evacuar los asentamiento ilegales que se construyesen de marzo de 2001 en adelante, es decir, desde que Ariel Sharon llegó al gobierno. El gobierno israelí proporcionó a los Estados Unidos una lista de 28 asentamientos ilegales construidos en Cisjordania desde aquella fecha, de los que 12 recibieron orden de desalojo, "mientras que algunos de los 16 asentamientos ilegales restantes [estaban] en proceso de ser aprobados y legalizados" según diario israelí Haaretz. Sin embargo, Paz Ahora afirmó que 45 asentamientos ilegales habían sido construidos en Cisjordania desde marzo de 2001. Israel no cumplió con su compromiso en la Hoja de Ruta; desmanteló muy pocos asentamientos ilegales habitados y ninguno de los más grandes.
El gobierno israelí se opone a la evacuación de los asentamientos ilegales más antiguos. De hecho, muchos de estos asentamientos siguieron expandiéndose después de marzo de 2001.
En el plan "Línea Azul" de enero de 2011, al menos 26 asentamientos ilegales fueron incluidos en áreas definidas como "tierra estatal". El activista Dror Etkes afirmó que algo así significaba el comienzo por parte del estado israelí de un proceso de legitimación de los asentamientos ilegales. En marzo de 2011, el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu declaró su intención de legalizar de manera retroactiva los asentamientos ilegales construidos en "tierra estatal", y de desmantelar los asentamientos ilegales construidos en propiedad privada palestina.
Según Paz Ahora, el gobierno de Netanyahu legalizó diez asentamientos ilegales en 2012, convirtiéndose en el único gobierno de la historia de Israel que ha autorizado asentamientos ilegales. En febrero de 2012, el asentamiento ilegal de Shvut Rachel fue legalizado al recibir la categoría de “barrio” del cercano asentamiento de Shilo. En abril de ese mismo año, tres asentamientos ilegales más (Bruchin, Rechelim y Sansana) obtuvieron carácter legal. El Ministro de Defensa también aprobó planes para la legalización de los asentamientos de Nofei Nehemia, Mitzpe Eshtemoa, y El Matan como “barrios” de otros asentamientos, y en junio de 2012, el asentamiento ilegal Givat Salit, en el Valle del Jordán, fue legalizado retroactivamente obteniendo carácter de barrio del cercano asentamiento de Mehola, del que está separado por una importante autopista.
A finales de diciembre de 2020, el parlamento israelí comenzó a tramitar una ley que prevé la legalización y el suministro de electricidad y agua a estos asentamientos ilegales.
El 6 de febrero de 2017, tras dictamen del Tribunal Supremo de Israel de 2014, policías de fronteras y soldados israelíes comenzaron con el desmantelamiento del asentamiento ilegal de Amona. Los colonos ejercieron una resistencia violenta y 41 miembros de los cuerpos de seguridad israelíes resultaron heridos, pese a lo cual no se realizaron detenciones. Inmediatamente después del desmantelamiento, Benjamin Netanyahu prometió la construcción de un nuevo asentamiento israelí en Cisjordania para los colonos evacuados y Naftalí Bennett, ministro de Educación, pidió la anexión completa de Cisjordania. Ese mismo día, el parlamento israelí aprobó una ley que legaliza todos los asentamientos ilegales existentes y permite el establecimiento de otros nuevos en propiedad privada palestina. Dicha ley "permite la expropiación retroactiva y a la fuerza de propiedades privadas palestinas de Cisjordania donde se hayan establecido asentamientos judíos", y prevé que exista una compensación económica para los propietarios palestinos de estas tierras, si bien estos no podrán negarse ni recurrir dicha compensación. La legalidad de esta medida ha sido puesta en duda por diversos sectores de la sociedad israelí, como el Fiscal General de Israel, Avichai Mandelblit, quien dijo que no sería capaz de defender esta ley ante los tribunales, o la organización por los derechos de la minoría árabe israelí, Adalah, que la recurrió al Tribunal Supremo de Israel apenas 36 horas después de su aprobación.
Entre mayo y junio de 2021, un nuevo asentamiento ilegal llamado Evyatar surgió en los terrenos municipales de tres localidades palestinas: Beita, Kablan y Yitma, ubicadas al sur de Nablus. Se da la circunstancia de que los habitantes palestinos de estas tierras no han podido acceder a ellas durante décadas porque el ejército israelí lo prohíbe por motivos de seguridad. En apenas dos meses, el asentamiento creció enormemente hasta incluir 40 edificios y docenas de familias. Cuatro jóvenes palestinos murieron por disparos israelíes en las protestas contra este asentamiento, entre los cuales se encontraban un chico de 15 años y otro de 16.
Evyatar, que fue originalmente construido en 2013 y que ha sido ya demolido en más de una ocasión, amenazaba con causar un serio problema en el gobierno de coalición creado en Israel tras las elecciones de 2021. El ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió que no se demoliese este asentamiento, ilegal según el derecho israelí. Para evitar una posible demolición, los colonos de Evyatar crearon una barrera con tiendas de campañas de colonos de otros asentamientos. Tras numerosas conversaciones se decidió que sus habitantes abandonasen el asentamiento a cambio de que no se demoliesen sus viviendas, se considerase la legalización del asentamiento y se construyese una yeshivá a la que pudiesen volver los colonos. El gobierno estadounidense criticó tanto el establecimiento del asentamiento ilegal como la decisión del gobierno israelí de dejarlo intacto pese a ser "ilegal incluso según el derecho israelí".
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