El feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas ocurrió el domingo 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México cuando su pareja, Érick Francisco Robledo Rosas, la asesinó en su domicilio luego de una discusión. El hecho, calificado como un feminicidio, indignó a la opinión pública del país por la saña con la que fue perpetrado y por la posterior difusión en medios de comunicación y redes sociales de las imágenes periciales del cadáver de la víctima.
En México se cometen un promedio de 10.5 feminicidios cada día. El país es el segundo de América Latina en donde ocurren estos crímenes con tal frecuencia y las entidades federativas con mayor incidencia son Veracruz, Estado de México Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México.
Del total de estos hechos se investigan penalmente un 3% y se obtienen 1% de sentencias condenatorias. Ingrid Escamilla Vargas (Juan Galindo, Puebla, México, 3 de octubre de 1994 - Ciudad de México, 9 de febrero de 2020) fue una mujer de 25 años de edad originaria de Puebla. Estudió una maestría en administración de empresas turísticas.Gustavo A. Madero al norte de la capital mexicana. Tenían cinco años de relación sentimental. Previo al crimen, Robledo Rosas contaba con una denuncia interpuesta por violencia contra su exesposa.
Erick Francisco Robledo Rosas, de 46 años y de profesión ingeniero civil, era su pareja. Ambos vivían en un domicilio de la colonia Vallejo de la alcaldíaEl crimen contra Ingrid Escamilla ocurrió tras una discusión en la que el asesino entró en cólera al ser cuestionado por ingerir bebidas alcohólicas, lo cual desencadenó una pelea en que ella recibió varias cuchilladas. Erick Francisco "N" acuchilló en el cuello a su pareja en distintas ocasiones acabando por asesinarla, para luego quitarle la piel y distintos órganos, mismos que intentó arrojar por el inodoro de su casa. Al no conseguirlo, el homicida salió alrededor de su domicilio a intentar tirar los restos en la coladera de una calle envueltos en una bolsa de color verde.
El hijo del agresor habría presenciado el asesinato.
Robledo Rosas llamó a su exesposa y madre del menor, para confesarle lo que había hecho. La mujer al enterarse llamó a la policía, misma que halló al asesino junto al cadáver de Ingrid Escamilla. El sujeto fue detenido por policías y consignado ante un ministerio público. Videos en redes sociales mostraron al homicida detenido en una patrulla con ropa llena de sangre y confesando descriptivamente su crimen a los agentes. El cuerpo de Ingrid Escamilla fue entregado a sus familiares el 10 de febrero y sepultado el 11 en el panteón del municipio de Juan Galindo, de donde era originaria. Antes de ser enterrada, Ingrid Escamilla recibió un homenaje de cuerpo presente en la presidencia municipal de Juan Galindo, de donde fue colaboradora. Al funeral acudieron unas 300 personas que reclamaron justicia.
El 12 de febrero de 2020 un juez con sede en la capital de México encontró elementos de culpabilidad en la investigación aportada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por lo cual fue encarcelado preventivamente. Luego de anunciar en su audiencia preliminar que cometería suicidio, el acusado debe cumplir una valoración psicológica en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la capital mexicana.
El 10 de febrero de 2020 las portadas de los diarios sensacionalistas ¡Pásala! —este con el titular «Y la culpa la tuvo Cupido» haciendo mofa de la canción Un violador en tu camino— y La Prensa aparecieron con la nota del asesinato, mostrando además fotografías de la víctima tal como fue encontrada por los primeros respondientes al hecho como policías y miembros de servicios periciales; asimismo, dichas imágenes fueron difundidas en redes sociales como Twitter y Facebook, lo que generó indignación y un debate sobre el papel de los medios de comunicación y a la falta de perspectiva de género en torno a la labor de los medios de comunicación al probablemente acreditar un fenómeno estructural y arraigado en la industria de los medios. Según expertas, dicho fenómeno social distorsionaría la propia persecución de los crímenes y su calificación como feminicidios.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la difusión de las imágenes sería sancionada. Por ello una investigación interna tiene contemplada a 6 servidores públicos que pudieron haber filtrado las fotografías de Ingrid Escamilla. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, respaldó a la alcaldesa y calificó como una ofensa el hecho no sólo a la víctima y a su familia sino "una ofensa a la sociedad". Anunció, igualmente, la propuesta de una ley específica que castigue la difusión de imágenes de víctimas de delitos por parte de funcionarios públicos. Previo a este crimen existía una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México a las autoridades capitalinas sobre la filtración de imágenes de víctimas ocurrida en el multihomicidio de la Colonia Narvarte. El reclamo fue respaldado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México, perteneciente a la administración capitalina.
El 12 de febrero usuarias de redes sociales como Twitter y Facebook comenzaron una campaña para poner fotografías no relacionadas al crimen, mencionando el nombre de la víctima con el fin de eliminar de las búsquedas las imágenes filtradas y dignificar la memoria de la víctima.
Por su parte el periódico La Prensa publicó el 14 de febrero en su portada una carta donde respondió a las críticas por la portada.
El director de ese medio, Luis Carriles, indicó ante las acusaciones que el medio que encabeza siguió todos los protocolos vigentes en torno al tratamiento de feminicidios. El 14 de diciembre de 2020 fue detenido un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana acusado de ser quien filtró las fotos a los medios de comunicación. El elemento, vinculado a proceso penal, habría sido uno de los dos policías que llegó primero a la escena del crimen.
El 24 de febrero de 2021, a propuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación del Artículo 293 Quater del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar con prisión a los servidores públicos que difundan o revelen imágenes, videos, grabaciones, archivos o información de las carpetas de investigación a su cargo. Dicha modificación fue denominada comunicacionalmente Ley Ingrid.
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