La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo regulador independiente adscrito a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Fundado en 1988, se encarga de la supervisión de los mercados de valores en España.
El presidente es Rodrigo Buenaventura Canino y la vicepresidenta es Montserrat Martínez Parera, que fueron nombrados en sus cargos el 16 de diciembre de 2020.
Su objetivo es velar por la transparencia de estos mercados y la correcta formación de precios en los mismos, así como la protección de los inversores. En el ejercicio de estas competencias recibe un importante volumen de información, gran parte de la cual está contenida en sus registros oficiales y es de carácter público.
La acción de la CNMV como órgano de control se centra principalmente sobre:
Sobre ellos la Comisión ejerce una supervisión de carácter prudencial buscando garantizar la seguridad de sus transacciones y la solvencia del sistema. También a través de la Agencia Nacional de Codificación de Valores, asigna el código ISIN con validez internacional a todas las emisiones de valores que se realizan en España.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores durante el 2007 obtuvo 22,65 millones de euros de beneficios. Durante el 2006 los beneficios ascendieron a 13,72 millones, según las cuentas anuales del supervisor publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La actividad internacional de la CNMV está centrada en su participación tanto en las instituciones que agrupan a los reguladores y supervisores de valores - Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y el Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) - como en aquellos grupos de trabajo con un componente intersectorial - JOINT FORUM y 3L3 - que agrupan los sectores de banca, valores y seguros en el ámbito mundial y europeo, respectivamente.
La CNMV realiza también una importante tarea asesora y de asistencia a las autoridades españolas en su participación en las instituciones de la Unión Europea: así, asiste regularmente, como asesora de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, al Comité Europeo de Valores y, conjuntamente con la mencionada Dirección General, participa en la revisión del derecho societario y del mercado de valores comunitario.
Asimismo, presta asistencia técnica a la Comisión Europea en la evaluación de los sectores financieros de países candidatos a integrarse en la Unión Europea.
En el ámbito iberoamericano, la CNMV colabora estrechamente con el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV) en la tarea de impulsar el progreso y la modernización de los mercados de valores en Iberoamérica desarrollando programas de formación y cooperación.
La CNMV participa, además, en el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) - que se constituyó mediante acuerdo firmado entre España y Portugal en 2004-, y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cuyos trabajos sobre Principios de Gobierno Corporativo viene colaborando muy activamente.
La CNMV consta básicamente de un Consejo, un Comité consultivo, y un Comité ejecutivo. Además, hay tres directores generales: uno de supervisión de entidades, otro de supervisión de mercados y otro de servicio jurídico.
La CNMV está regida por un Consejo, al que corresponde el ejercicio de todas las competencias.
El Consejo está compuesto por los siguientes miembros:
El mandato del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros no natos tiene una duración de cuatro años, al término de los cuales podrá ser renovado por una sola vez.
El Consejo tiene, entre otras, las siguientes facultades:
Según la propia web de la entidad, fue creada por la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, que supuso una profunda reforma de este segmento del sistema financiero español. Las Leyes 37/1998 y 44/2002 han venido a actualizar la anterior, estableciendo un marco regulador adaptado a las exigencias las de la Unión Europea, propicio para el desarrollo de los mercados de valores españoles en el entorno europeo, e incorporando nuevas medidas para la protección de los inversores.
El 23 de mayo de 2008 el entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, anunciaba en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso que el Ejecutivo planeaba una reordenación de las competencias en materia de supervisión e inspección sobre el sistema financiero, en línea con lo acordado días antes por los ministros de Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN).
El proyecto contemplaba separar la supervisión de la solvencia de la de los comportamientos y prácticas en los mercados y, según explicó Solbes, tenía por objeto mejorar la eficacia en la vigilancia de la solvencia y competitividad de los intermediarios financieros y de la transparencia de los mercados en los que actúan.
Ello supondría la transformación de la CNMV, en detrimento de la Dirección General de Seguros (DGS), cuyas funciones serían asumidas por un nuevo organismo (la Comisión Nacional de Servicios Financieros), que vigilaría a los inversores, a los asegurados y a los ahorradores.
El Banco de España, se dedicaría a asegurar la solvencia no ya solo de bancos y cajas, sino también del resto de entidades financieras, incluidas aseguradoras e instituciones de inversión.
Pero casi un año y medio después del anuncio, el 19 de septiembre de 2009, un periódico digital se hace eco de que apenas queda la previsión de que la ley sobre unificación de supervisores financieros llegue al Parlamento a comienzos de 2010, y ni los grupos parlamentarios, ni los sindicatos ni los organismos afectados tienen en su agenda de momento la reforma de la supervisión.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Economía, la reestructuración de la supervisión tendrá que esperar a que se tome una decisión en la Unión Europea, donde se estudia el asunto con vistas a adoptar un modelo común que podría ser más similar al actual que al que contempla dos supervisores o “twin peaks”.
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