La Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero fue un documento de los obispos españoles, cuyo objetivo era informar a los católicos de fuera de España de la postura que había tomado la Iglesia Católica en España en la Guerra Civil Española. Llevaba fecha de 1 de julio de 1937, cuando se cumplía casi un año del inicio de la guerra, pero no se divulgó hasta mediados de agosto «con la intención de obtener la firma de los pocos obispos recalcitrantes, y también para que los obispos de todo el mundo, a los que la carta se dirigía, la hubieran recibido cuando la prensa la diera a conocer al gran público». Fue redactada por el cardenal primado de Toledo Isidro Gomá a instancias del "Generalísimo" Francisco Franco que le pidió al cardenal el 10 de mayo de 1937 que, dado que el episcopado español le apoyaba, publicara "un escrito que, dirigido al episcopado de todo el mundo, con ruego de que procure su reproducción en la prensa católica, pueda llegar a poner la verdad en su punto". La "verdad" que pretendía el general Franco que se difundiera en este documento estaba destinada a contrarrestar la condena hecha por amplios sectores del catolicismo europeo y americano más avanzado de los asesinatos cometidos por los sublevados de diecisiete sacerdotes en el País Vasco y de miles de obreros y campesinos en toda la zona sublevada, además de su rechazo a considerar a la guerra civil española como una cruzada o guerra santa, una idea difundida por las autoridades y la propaganda franquistas y apoyada por la inmensa mayoría del episcopado español.
El objetivo que perseguía Franco con la carta colectiva de ganarse a la opinión católica mundial en favor de la causa del bando sublevado lo logró plenamente porque prácticamente los obispos de todo el mundo adoptaron a partir de entonces el punto de vista sobre la Guerra Civil Española que manifestaba la carta colectiva, sobre todo por la descripción que se hacía en ella de la persecución religiosa que se había desencadenado en la zona republicana. Como escribió un colaborador de la Oficina Nacional de Propaganda franquista "la carta de los obispos españoles es más importante para Franco en el extranjero que la toma de Bilbao o Santander". Así pues "se produjo plenamente la manipulación propagandística que el cardenal Vidal y Barraquer había temido", y que le había llevado, entre otras razones, a no suscribir la carta colectiva.
Nada más llegar a Roma a mediados de agosto de 1936 el marqués de Magaz, "encargado oficioso" ante el Vaticano de la Junta de Defensa Nacional, presionó a la Secretaría de Estado de la Santa Sede para que condenara a los católicos vascos que se mantenían leales a la República, un problema militar pero también propagandístico ya que "desautorizaba el esquema simplista [que difundían los sublevados] de una lucha entre católicos y bolcheviques, o entre Dios y el diablo". Cuando el cardenal primado de Toledo Isidro Gomá y Tomás regresó de Roma, donde había sido recibido por el papa Pío XI el 12 de diciembre de 1936 quien le había nombrado "encargado oficioso provisional" ante la Junta Técnica del Estado nombrada por el "Generalísmo" Franco, supremo jefe político y militar de los sublevados desde el 1 de octubre, se entrevistó con Franco el 29 de diciembre de 1936, y éste volvió a insistir en que "una desautorización de la conducta de los vascos por parte de la autoridad eclesiástica podría ser decisiva para hacerles desistir en su lucha".
Aunque el cardenal Gomá dudaba de la efectividad de dicha condena, recordando que la "Instrucción Pastoral" de los obispos de Pamplona y Vitoria de agosto de 1936 a los católicos vascos no había dado ningún resultado, escribió al Vaticano, y el secretario de Estado, el cardenal Pacelli, le respondió que el papa estaría dispuesto a dirigir una carta pontificia al clero vasco "si S.E. el General Franco se decidiera a hacer alguna concesión a las aspiraciones de los vascos". Como Franco no estaba dispuesto a cumplir esa condición, el Vaticano sugiere entonces al cardenal Gomá que, en lugar de una declaración papal directa, los obispos españoles redacten una "carta colectiva sobre la colaboración de los católicos [vascos] con los comunistas". Pero el 23 de febrero de 1937 el Cardenal Gomá, tras consultar a varios obispos, respondió: "No juzgo procedente la publicación de un escrito colectivo de este episcopado" (sobre los católicos vascos). Aunque añadió a continuación la "posible conveniencia de que por parte del Episcopado español se publique un documento colectivo acomodado a las circunstancias presentes". Pero esta carta colectiva dirigida a los católicos españoles nunca se redactó.
El punto de partida de la carta colectiva dirigida a los obispos de todo el mundo se sitúa en la entrevista que mantuvo el 10 de mayo de 1937 el "Generalísimo" Franco con el cardenal Gomá en la que el "Caudillo" se quejó de la hostilidad de la prensa católica internacional hacia el "bando nacional" que atribuía, entre otras razones, a la "influencia del judaísmo y la masonería" y "al soborno de algunos directores o redactores de periódico que han recibido fuertes sumas para la odiosa campaña". Y a continuación le pidió, según cuenta el propio cardenal Gomá en una carta al cardenal Pacelli
Tras consultar de nuevo a los obispos el 15 de mayo de 1937, el cardenal Gomá redactó la carta en las dos semanas siguientes y a principios de junio enviaba a cada obispo un ejemplar de la misma en galeradas (en el escrito de Gomá sólo hubo algunos retoques doctrinales por parte del obispo de Salamanca Enrique Pla y Deniel y otros estilísticos del obispo de Madrid-Alcalá Leopoldo Eijo Garay). La inmensa mayoría de los obispos acogieron con entusiasmo la carta y la firmaron 43 y 5 vicarios capitulares. Pero hubo cinco prelados que no la firmaron: el obispo de Menorca Juan Torres y Ribas, el cardenal Pedro Segura, el obispo de Orihuela-Alicante Francisco Javier de Irastorza Loinaz, el obispo de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu y, el caso más significativo, el arzobispo de Tarragona cardenal Vidal y Barraquer. Y también hubo un sexto que "casi" no firmó, el obispo de Urgel y copríncipe de Andorra Justino Guitart y Vilardebó.
En cuanto al Vaticano, cuando Gomá envió a Roma el borrador de la Carta no recibió ninguna respuesta y ni siquiera hizo acuse de recibo cuando Gomá envió al cardenal Pacelli el texto definitivo. Cuando la carta colectiva se hizo pública a mediados de agosto el Vaticano siguió guardando silencio. La respuesta oficial tardó nueve meses en producirse y la forma en que lo hizo enfureció a las autoridades del bando sublevado, porque en la carta que el cardenal Pacelli envió a Gomá en marzo de 1938 elogiaba el documento por condenar el mal, "de cualquier parte que venga'". Así cuando la carta se publicó como prólogo a un libro en el que se recopilaban las respuestas favorables de los obispos de todo el mundo, se suprimió la frase "... de cualquier parte que venga", lo que obligó al diario oficioso del Vaticano L'Osservatore Romano a publicarla completa. El embajador de la "España nacional" ante el Vaticano, Yanguas Messía en lugar de presentar excusas por haber manipulado un documento de la Santa Sede, presentó una queja formal por la publicación del documento completo que incluía la frase "de cualquier parte que venga" lo que, según él, había causado un "penoso efecto" entre "la opinión católica nacional" porque equiparaba "en cierto modo" a los "nacionales" con los "rojos". Yanguas Mesía a continuación afirmaba:
La extensión de la carta es de unas 45 páginas, con la siguiente estructura :
La Carta, en contra de lo que se suele afirmar, no declara que la Guerra Civil sea un cruzada a pesar de que el propio Gomá, y otros obispos como Enrique Pla y Deniel lo habían declarado así en cartas pastorales y en discursos y sermones, aunque sí la proclama como un "plebiscito armado". En ella lo que más impacto produciría fue el relato de los asesinatos de sacerdotes y religiosos y la destrucción de iglesias y de conventos cometidos en la zona republicana. "20.000 iglesias y capillas destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un promedio del 40 por 100 en las diócesis devastadas -en algunas llega al 80 por 100- sumarán, sólo el clero secular, unos 6.000.", se afirma en la Carta. En ella además los obispos niegan que la Iglesia hubiese instigado la guerra, que esta fuese una lucha social, que la causa del conflicto fuese que la Iglesia se hubiese aliado con los ricos, o que la Iglesia apoyase una dictadura.
Varios historiadores como Alfonso Álvarez Bolado o Hilari Raguer han señalado cuatro grandes "limitaciones" en la carta colectiva:
En conclusión, lo que hizo la Carta colectiva fue legitimar el alzamiento militar y condenar la República, utilizando para ello las ideas del pensamiento tradicional de la derecha católica.
El obispo de Menorca Juan Torres y Ribas, anciano de 92 años, medio ciego y enfermo, confinado en su diócesis y respetado por los republicanos, estaba incomunicado con el exterior. Murió el 20 de enero de 1939.
El cardenal Pedro Segura y Sáenz, que estaba exiliado en Roma, a quien el cardenal Gomá "seguramente no le pidió la firma porque era arzobispo dimisionario de Toledo".
El obispo de Orihuela-Alicante, el vasco Francisco Javier de Irastorza Loinaz, exiliado en Gran Bretaña, que no quiso regresar a la zona sublevada aun sabiendo que ello podría considerarse como una desafección hacia la causa de los "nacionales" y simpatía hacia los "rojos". "Un sacerdote alicantino, buen conocedor del caso, aseguraba que no firmó por su fuerte nacionalismo vasco".
El obispo de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu (que había sido expulsado de España por orden de la Junta de Defensa Nacional bajo la acusación de tolerar propaganda "separatista" en el seminario y de proteger a sacerdotes enemigos del alzamiento militar, pero en realidad por haber protestado por el asesinato de 14 sacerdotes vascos por los sublevados), le dijo al cardenal Gomá que no le parecía oportuno firmar estando obligado a permanecer fuera de su diócesis y que no quería firmar un documento de exaltación de los "nacionales". El obispo Múgica "no podía firmar un documento en el que, respondiendo a la acusación de que en la zona franquista también había una dura represión, se elogiaban los principios de justicia y el modo de aplicarla de los tribunales militares".
El quinto prelado que no firmó la carta, y "que pagaría su negativa con la muerte en el exilio", fue el cardenal arzobispo de Tarragona Francesc Vidal i Barraquer, quién había conseguido huir de España gracias a la intervención del presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys que lo salvó de ser asesinado por un comité anarquista y que no había querido regresar a la zona nacional. Según Hilari Raguer, este es sin duda el caso más significativo de los cinco porque se trataba tal vez de la figura más destacada de aquel momento de la Iglesia Católica en España. La negativa a firmar la carta se basó en dos argumentos: que era un documento "propio para propaganda... poco adecuado a la condición y carácter de quienes han de suscribirlo" y al que "se le dará una interpretación política por su contenido y por algunos datos o hechos en él consignados"; y en segundo lugar, porque su publicación podría empeorar la difícil situación que ya vivían los eclesiásticos que se hallaban en la zona republicana. También aducía el cardenal el origen del documento, complacer la petición del general Franco, pues juzgaba peligroso "aceptar sugerencias de personas extrañas a la jerarquía en asuntos de su incumbencia". Pero la razón fundamental de la negativa del cardenal Vidal y Barraquer fue que "creía que en aquella guerra fratricida la Iglesia no debía identificarse con ninguno de los dos bandos, sino más bien hacer obra de pacificación. Así lo exponía repetidamente en sus cartas al cardenal Pacelli, Secretario de Estado".
El obispo que "casi" no firmó fue el de Urgel y como tal copríncipe de Andorra Justino Guitart y Vilardebó, que era íntimo amigo y principal consejero del cardenal Vidal y Barraquer, y que había escapado de la persecución religiosa de la zona republicana huyendo a Andorra y más tarde a Italia donde pasó los dos primeros años de la guerra, sin querer volver a la zona nacional porque no quería adherirse al bando sublevado. Cuando recibió la primera petición del cardenal Gomá para que subscribiera la carta colectiva Guitart le contestó que lo haría si también se adhería a la misma Vidal y Barraquer. En la segunda petición que le formuló el primado Gomá llegó incluso a amenazarle si no firmaba la carta, pero Guitart siguió negándose. Finalmente dio su consentimiento al parecer porque el cardenal Vidal y Barraquer así se lo pidió. "Éste [Vidal y Barraquer], decidido a hacer frente a las previsibles consecuencias de su negativa, pensaría que su gesto testimonial ya era suficiente, y que en cambio convenía que un hombre de su entera confianza, como era Guitart, estuviera entre los obispos de su provincia eclesiástica". De hecho el obispo de Urgell no volvió a la zona nacional hasta el momento en que parecía inminente la llegada de los sublevados a Urgel, "para entrar en su diócesis con las primeras tropas y estar presente en los primeros y más delicados momentos de la ocupación y la represión. (...) Cuando finalmente toda la diócesis de Urgel cayó, el obispo Guitart se enfrentó valientemente a las autoridades militares defendiendo el uso pastoral de la lengua catalana y negándose a colaborar en la represión de los vencidos".
También pagaron con el exilio eclesiásticos menores e intelectuales de fuste, como el canónigo y amigo del futuro cardenal Vicente Enrique y Tarancón José Manuel Gallegos Rocafull, que defendió activamente la inocencia de la República en la represión religiosa y había asistido a la terrible represión en Córdoba, que según algunos superó el doble de muertos de la más divulgada de Paracuellos. En 1937 publicó el folleto La carta colectiva de los obispos facciosos: Réplica y cuando pasa a París, continua su apoyo a la República, tanto en sus obras, como con su colaboración en la revista Esprit, órgano de la izquierda católica intelectual, en la que sostuvo su tesis contra el concepto de “Cruzada Nacional” aplicada por el episcopado español a la Guerra Civil. Entre sus amigos se encontraban Emmanuel Mounier, fundador de la antes dicha revista Esprit, o el filósofo Jacques Maritain, al que valora como pensador pero más como persona. El papa presionó para que se callara y fue suspendido a divinis por su obispo. Tuvo que exiliarse en México, donde dio clases en la UNAM. La iglesia mexicana consiguió levantarle esa suspensión.
La Carta colectiva indignó a la opinión pública de la zona republicana, lo que supuso que la política de restablecimiento de la libertad religiosa iniciada por el ministro de Justicia Manuel Irujo del gobierno de Juan Negrín encontrara a partir de entonces muchas dificultades. De hecho cuando cayó prisionero en la batalla de Teruel de enero de 1938 el obispo de Teruel Anselmo Polanco la principal acusación que se le hizo fue haber firmado la carta colectiva, que constituía una excitación a la rebelión. Así pues, se confirmaron los temores que había manifestado el cardenal Vidal y Barraquer de que la carta colectiva empeoraría la situación del clero que se hallaba en la zona republicana, que fue una de las razones principales que alegó para no firmarla.
En cuanto al plano internacional, el impacto de la carta colectiva fue extraordinario porque prácticamente los obispos de todo el mundo adoptaron el punto de vista sobre la Guerra Civil Española que manifestaba la carta colectiva, sobre todo por la descripción que se hacía en ella de la persecución religiosa que se había desencadenado en la zona republicana. Hubo 580 mensajes episcopales, colectivos o individuales, de respuesta a la carta colectiva española. Así pues, "el efecto sobre la opinión católica mundial perseguido por Franco al pedir a Gomá el documento se había logrado plenamente. El director nacional de propaganda, Conde, decía a un religioso que trabajaba en los servicios franquistas: Diga usted al señor cardenal (Gomá) que se lo digo yo, práctico en estos menesteres: que más ha logrado él con la carta colectiva que los demás con todos nuestros afanes. La carta de los obispos españoles es más importante para Franco en el extranjero que la toma de Bilbao o Santander, escribía un año más tarde el P. Calasanz Bau, colaborador entusiasta de la Oficina Nacional de Propaganda, difusora del documento. Se produjo plenamente la manipulación propagandística que el cardenal Vidal y Barraquer había temido", y que le había llevado a no suscribir la carta colectiva.
La Carta recibió la contestación oficial de aproximadamente novecientos obispos, que mostraban su apoyo y solidaridad. Son destacables las respuestas colectivas de los obispos de Italia, Austria, Suiza, Alemania, Bélgica, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Albania, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, México, Canadá, Armenia y África Central.
La gran importancia de estas muestras de reconocimiento del Episcopado mundial no fue ignorada por obispos como el catalán Pla y Deniel, de la diócesis de Salamanca, que en su Carta pastoral El triunfo de la Ciudad de Dios y la Resurrección de España resaltaba el hecho de que las respuestas de países democráticos como Estados Unidos, Francia o Bélgica, daban legitimidad a la actuación del Episcopado español durante la guerra civil por no haberse extralimitado en su misión, ni “dejado arrastrar por partidismos”. Pla y Deniel, defendiendo la legitimidad y veracidad de la Carta, afirmó lo siguiente:
Los Obispos españoles han declarado solemnemente en su Carta Colectiva que ellos no provocaron el Alzamiento ni conspiraron para el mismo, pero hubiese sido monstruosa su neutralidad entre el comunismo ateo devastador y sacricida y los que exponían cuanto tenían, bienes, libertad y su misma vida por defender la religión, la patria y la civilización. No debían acaudillar ejércitos ni lo han hecho, pero dentro de su ministerio pastoral debían ser, en circunstancias decisivas para la Iglesia y la patria, defensores civitatis.
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