El caso Anfruns es un caso judicial chileno relativo a la muerte de Rodrigo Anfruns Papi, un niño que fue secuestrado el 3 de junio de 1979 y cuyo cadáver fue encontrado el 14 de junio del mismo año.
Rodrigo Anfruns (6 años) fue visto por última vez en el antejardín de la casa de sus abuelos, ubicada en la comuna de Providencia, Santiago de Chile, el 3 de junio de 1979. Durante los días siguientes, se realizó la búsqueda del menor que se presumía secuestrado, hasta el 14 de junio, cuando un adolescente de 16 años, Patricio Pincheira Villalobos (conocido entonces por sus iniciales P.P.V.), confesó el crimen e indicó que el cuerpo de Anfruns estaba en un sitio eriazo a solo unos metros del lugar desde donde había desaparecido. Sin embargo, la familia no quedó satisfecha con dicha versión, sostenida por Investigaciones de Chile, pues era dudoso que el cadáver hubiese estado once días en un lugar que había sido registrado en varias ocasiones por efectivos policiales.
Ante la existencia de un autor confeso del homicidio de Anfruns, y su condición de menor de edad, el juez Ricardo Gálvez Blanco ordenó el cierre del caso en 1982, declarando a Patricio Pincheira sin discernimiento.
En 2004, un teniente en retiro de Carabineros, Jorge Rodríguez Márquez, entregó a Paola Papi Beyer, madre de Anfruns, un testimonio que inculpaba a agentes del Estado —presumiblemente de Investigaciones o de la Central Nacional de Informaciones (CNI)— en la muerte de su hijo. El 30 de julio de ese año, Papi interpuso una querella por secuestro, torturas y homicidio calificado ante el 17º Juzgado del Crimen.
La jueza en visita Dobra Lusic cerró nuevamente el caso en octubre de 2006, manteniendo como único autor del delito a Patricio Pincheira. En enero de 2007 el caso fue reabierto por la Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo, en junio de 2009 se cerró por tercera vez, debido a que el juez Manuel Valderrama no logró establecer nuevos responsables en la muerte de Anfruns. El 1 de abril de 2010 el mismo tribunal ordenó reabrir el caso. El informe forense solicitado por el juez Valderrama, donde se analizaron los peritajes realizados durante todo el caso, determinó en 2011 la necesidad de exhumar el cuerpo puesto que la data de muerte era de 3 días en vez de 11, y que Anfruns habría sido torturado con una quemadura de cigarillo.
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