El Caso Redes es un caso de corrupción descubierto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 9 de julio de 2015 y que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a exfuncionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo Martínez -exsecretario de la presidencia y yerno de Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y Minas-.
Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia y quien renunciara a principios de junio de 2015, fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias que involucraba a la empresa Jaguar Energy; además, fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas.
César Augusto Medina Farfán habría fungido como operador en tres casos de corrupción, al que los entes investigadores denominaron «Caso Redes». En el primero, Medina negoció en el 2014 con el entonces jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y la jefa de Departamento de la SAT, Lucrecia Roca, para beneficiar a la empresa Zeta Gas, que quería un depósito aduanero privado en Puerto Quetzal. En el segundo caso, de acuerdo a la CICIG y al MP, Ernesto Córdova, representante de Jaguar Energy, buscó a Medina por su amistad con el secretario de la presidencia Gustavo Martínez, para que este incluyera en la agenda del presidente reuniones con representantes Jaguar; Martínez habría utilizado sus influencias para que un diplomático de China no visitara un albergue donde se encontraban atrapados ciudadanos chinos, que trabajaban para una empresa con la Jaguar Energy que mantuvo una pugna legal. A cambio de su ayuda, el exsecretario general del presidente habría recibido una remuneración de US$120,000. La planta eléctrica de Jaguar Energy es el proyecto más grande en Centroamérica, con un valor aproximado de US$900 millones.
En el primer caso, por medio de escuchas telefónicas se pudo establecer que Carlos Muñoz, ex superintendente de Administración Tributaria de la SAT, por medio de Medina Farfán habría gestionado estando en el cargo de jefe de la SAT, que se le desestimará un caso que tenía abierto desde el 2004 por los delitos de estafa propia, peculado, entre otros, en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, presidido por el juez José Luis Patán. Según la investigación del MP, el juzgador al otorgar el desistimiento del caso solicitó a cambio dos plazas para familiares suyos. Por este caso se señala a Medina Farfán de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias; y en el caso del juez Patán, el ente investigador solicitó un antejuicio.
De acuerdo con el ente investigador, en julio de 2014 Medina Farfán fue contactado por Luis Alberto Zabala González, gerente general de la empresa Zeta Gas, S. A, y por Williams Esteban Arbizú Luna, jefe de Asuntos Jurídicos de la misma, con el objeto de que sirviera como intermediario entre la compañía y autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), a efecto de que se autorizara convertir una planta adyacente del Puerto Quetzal en un depósito aduanero privado y que la empresa pudiera obtener beneficios, al operar con independencia para recibir gas bajo el régimen de importación general. Para poder obtener el depósito aduanero de tránsito de gas por el país, se fijaba una póliza de US$5 millones, -aproximadamente unos treinta y nueve millones de quetzales-, sin embargo, a través de las conversaciones entre empleados de la empresa con el presunto cabecilla de la red de tráfico de influencias y el exjefe de la SAT, Carlos Muñoz, se logró reducir a cinco millones de quetzales, equivalente a US$650 mil. Farfán habría pedido la asistencia del entonces titular de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán, quien le habría indicado las directrices que debían seguirse para obtener la autorización, saltándose los pasos administrativos de ley a cambio de una dádiva para el superintendente y los empleados público involucrados; Medina Farfán, presumiblemente fue a recoger a la empresa Z-Gas, «diplomas» para los beneficiarios «graduandos» los cuales serían en realidad pagos en efectivo, cuya distribución se habría llevado a cabo en el apartamento de Muñoz, y hasta el momento se desconoce la cantidad que habrían recibido. Por este caso también fueron señalados Filadelfo Reyes Cáceres, ex Subsecretario de Planificación del Ministerio de Energía y Minas y ex Intendente de Aduanas, por asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica; y Lidia Lucrecia Roca Morales, jefe del Departamento de Normativas de la SAT por falsedad ideológica. Mientras que los dos trabajadores de Zeta Gas no han sido capturados.
La empresa Zeta Gas, distribuidora de gas propano, ha sido criticada en Guatemala no solo por los elevados precios de su producto, sino también porque se había especializado en proporcionar un avión jet a gobernantes guatemaltecos para sus desplazamientos y gracias a ello habría obtenido beneficios.
Por este caso a Medina Farfán se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Mientras que a Muñoz, quien ya está en prisión por el caso La Línea, se le imputarán los ilícitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
En la empresa Jaguar Energy, el personero Ernesto Córdova habría solicitado un intermediario para obtener ciertos privilegios y así contacta a Medina Farfán, quien luego habría hablado con Gustavo Martínez, su amigo personal y entonces secretario general de la Presidencia, para que incluyera en la agenda del presidente Pérez Molina una cita con ejecutivos de la entidad comercial. Martínez gestionó el requerimiento y facilitó que los ejecutivos de Jaguar Energy se reunieran con Pérez Molina, en relación al proyecto eléctrico para la construcción de la planta eléctrica. En este caso estaría presuntamente involucrado también el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares. Además Medina Farfán, influyó en Martínez para que se pudiera incluir por segunda ocasión una cita para abordar un problema entre Jaguar Energy y una empresa china encargada de la construcción del proyecto por la deportación de ciudadanos chinos. Esta reunión con el presidente era vital para Jaguar Energy porque no habían podido cumplir con los términos del contrato entre partes privadas Jaguar Energy-ENERGUATE. El único vínculo con el estado es el de garantizar el suministro de Energía MW/h, y el ente encargado de garantizar que esto ocurra es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE.
Además, lograron que la influencia del poder ejecutivo interfiriera para resolver el problema de trabajadores chinos que fueron reprimidos.
Para obtener un beneficio económico se creó un contrato de una consultoría en donde aparece involucrada Karen Paola Cancinos, empleada de una empresa multinacional, quien sería la testaferra y encargada de cobrar los US$120 mil, para evitar que el soborno fuera directo entre Córdova y Martínez. Cancinos al recibir el pago mensual entre julio de 2014 y enero de 2015, a razón de US$20 mil mensuales, lo cual quedó evidenciado a través de escuchas telefónicas. Las escuchas sugieren que el dinero salió de Jaguar Energy a la cuanta bancaria de Cancinos -de esto el MP presentó los estados de cuenta de Cancinos- y de esta última hacia una empresa sociedad anónima, la cual parece ser por el contexto, propiedad de Medina Farfán, ya que en las escuchas existe una conversación entre el padre de Cancinos y Medina Farfán con relación al cambio de un cheque por una fuerte cantidad en un banco en Amatitlán. De allí en adelante el MP presume que Medina Farfán pago posteriormente a Martínez, no obstante, esto no quedó evidenciado ni en las escuchas ni en la investigación de cuentas bancarias.
Por este caso a Medina Farfán le imputaron los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica; para Martínez asociación ilícita y tráfico de influencias; para Rodas Solares asociación ilícita; Córdova asociación ilícita; y Cancinos por lavado de dinero. Ahora bien, este caso en particular tiene implicaciones adicionales porque en Estados Unidos existen leyes severas para aquellas empresas que se cotizan en la bolsa y que recurren a prácticas corruptas en países en desarrollo. A Rodas Solares inicialmente se le imputaban los cargos de asociación ilícita y tráfico de influencias; sin embargo, el cargo de asociación ilícita le fue removido después de que el ex viceministro de energía rindiera su declaración y se evidenciara que ni en las escuchas ni en la investigación de sus cuentas bancarias hay indicios que reflejen que recibiera comisión alguna.
Luego de la declaración de Rodas Solares, la juez resolvió que se le retiraba el cargo de asociación ilícita, pero que ella encontraba indicios suficientes para suponer que por su posición de alto cargo, él podría conocer a alguien en quien haya influido en el tema de los chinos, porque en una escucha entre él y Medina Farfán, este último le indica que Cordova está en problemas con el tema de los ciudadanos chinos a lo que Rodas le responde que ya le dijo que lo que le toca es irse por la vía legal o la civil. Por tal razón la juez resolvió que esto eran indicios para dejarlo ligado a proceso por tráfico de influencias.
El 16 de julio de 2015 el MP presentó las escuchas telefónicas que revelaron cómo Gustavo Adolfo Martínez Luna y César Medina Farán participaron en una negociación que benefició la construcción de la planta de generación eléctrica Jaguar Energy. Farfán era el mediador entre Ernesto Córdova, representante de Jaguar Energy en Guatemala, con Martínez y Edwin Rodas, entonces viceministro de Energía y Minas. Martínez incluyó en la agenda del presidente Pérez Molina del 13 de marzo de 2014, una reunión con los empresarios de Jaguar Energy en su despacho para que le detallen cuáles son las razones del atraso en la construcción de la planta debido a unos conflictos entre la firma y la constructora China Machine New Corporation (CMNC); otra cita no se concretó porque el entonces titular de Energía y Minas, Érick Archila -también uno de los propietarios de Canal Antigua y Emisoras Unidas de Guatemala- no presentó un informe. Según las escuchas, al enterarse de que la empresa china ha solicitado audiencia con el presidente Pérez Molina, el exsecretario de la presidencia confirmó la reunión y agregó: «Siento que alguien se está moviendo para bloquearnos… el abogado que llegó con el magistrado… pero déjemelo a mí, la pelota queda en mi cancha, yo me encargo de bloquear que no tengan capacidad de acción». Ahora bien, Martínez no se refiere a una audiencia con el presidente, sino de que un cónsul que venía de Costa Rica pudiese ingresar a donde estaban los ciudadanos chinos; de hecho, no hay escuchas que indiquen que Martínez bloqueó la reunión de CMN con el presidente, aunque sí evidencian una participación de su parte en el tema de los ciudadanos chinos.
En otra interceptación telefónica entre Córdova y Medina Farfán, se evidencia cómo Córdova le solicita que intermedie ante la fiscal general, Thelma Aldana: «fíjese amigo que aquí en Escuintla los fiscales son muy corruptos, por eso nosotros logramos que los casos se lleven en Guatemala… pero por orden de la Fiscal General dice que todos los casos de Jaguar se lleven en Escuintla… la fiscal es amiga de Rodolfo Sosa puede ser que eso les está ayudando, por lo tanto, te pido que nos ayude con una reunión con la Fiscal General», le dice Córdova a Medina por teléfono.
Asimismo, en otra de las 48 escuchas telefónicas, se evidencia que el exministro Mauricio López Bonilla giró las órdenes para que se les otorgue la visa de trabajo a los chinos, pero el interventor Roca se resiste a entregarles el documento por órdenes de Martínez. Y también salió a luz pública que Jaguar Energy pagó por los favores recibidos, depositando dinero en una cuenta a nombre de Karen Cancinos, tal y como lo acordó su padre Gustavo Cancinos con Medina.
El 17 de julio, el ex viceministro Edwin Rodas señaló a la jueza Virginia de León que el Ministerio de Energía y Minas no tuvo ninguna influencia en el contrato privado firmado entre Jaguar Energy y la empresa distribuidora Energuate, como tampoco en la licitación que ganó el proyecto de ambas corporaciones, ya que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica la encargada de supervisar dichos trámites. Asimismo, indicó que asistió a reuniones con el presidente de la República y los representantes de la empresa por órdenes del entonces ministro de Energía y Minas, Erick Archila. Sobre las visitas a la planta generadora, en las que también acompañó al Presidente, Rodas dijo que fue en acompañamiento a la embajadora británica porque era parte de sus funciones; aseguró no tener interés personal en el proyecto de generación de energía y señaló a las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (LIDER) como los sectores políticos que más lo cuestionaban referente al tema de Jaguar, ya que estaban interesados en la reducción de la tarifa social. Gustavo Martínez, por su parte, se abstuvo de declarar.
El 28 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un comunicado en el que rechaza presiones de organismos nacionales e internacionales en la aplicación de justicia en Guatemala, el Diario La Hora publica cómo fueron elegidos los trece magistrados a la Corte Suprema de Justicia y evidencia que los mismos fueron apoyados por una alianza entre el Partido Libertad Democrática Renovada y Partido Patriota.
Votos para elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia
Las políticas macroeconómicas de los gobiernos guatemaltecos hasta 2015 habían mantenido bajo control el nivel de precios y la inflación, basadas principalmente en las normas aplicadas con rigurosidad por el Banco de Guatemala (Banguat) que había incluso sido reconocido nacional e internacionalmente por los entes especializados en la materia. La política monetaria era suficientemente confiable, a tal punto que cuando los escándalos comenzaron a salir a luz en abril de 2015, se empezó a hablar de crisis política pero no económica.
Pero a partir de julio de 2015 la situación empezó a cambiar: la confianza cayó a 28.68%, un nivel sumamente bajo que se había visto solamente en 2009 durante la Gran Recesión. La cifra 13.20% menor a la registrada en junio (33.04% ) y es menos de la mitad de la registrada en julio de 2014 (53.75%). Este indicador demuestra que en opinión del panel económico competente, la actividad de los actores económicos guatemaltecos no mejorará lo suficiente en los próximos seis meses. La CEPAL, por aparte, redujo la previsión de crecimiento a 3.5% para el país en 2015 debido al entorno político del país.
Asimismo, la situación política del país derivada del caso de La Línea y de los otros casos de corrupción investigados por la CICIG y el Ministerio Público -Caso Redes, Caso IGSS-Pisa, Caso Lavado y Política- ha dificultado las futuras negociaciones de préstamos que se tienen negociaciones con el Banco Mundial, Bando Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para 2016. La crisis ha provocado un lento avance en las negociaciones con los organismos de financiamiento, de por sí ya difíciles por el cambio de Gobierno que se producirá el 14 de enero de 2016, por la lenta implementación de un plan de acción en la Superintendencia de Administración Tributaria y por los señalamientos en contra de exfuncionarios por corrupción.
La Fiscalía del medio ambiente allanó las instalaciones de Jaguar Energy en Escuintla tras una acusación de posible contaminación en el río Mora proveniente del desagüe de dicha planta industrial.
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