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Comisión Nacional del Medio Ambiente



La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) fue un organismo del Estado de Chile dedicado a promover, cuidar, vigilar y patrocinar el cuidado y cumplimiento de las políticas medioambientales así como administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre 1994 y 2010.

La Conama fue creada en marzo de 1994, mediante la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N.º 19.300),[1]​ siendo José Goñi su primer Director Ejecutivo. La comisión fue transformada y sus funciones fueron transferidas al Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente el 1 de octubre de 2010.

La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente establecía como responsabilidades de CONAMA:[1]

Esto se traduce en que es el órgano encargado de:

La Comisión Nacional del Medio Ambiente era un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionaba directamente con el Presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, debido a que conforme al ordenamiento vigente los actos administrativos debían dictarse a través de una Secretaría de Estado, éstos se hacían a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cargo creado en 2007, tiene el rango de Ministro de Estado. El Director Ejecutivo de la CONAMA es el jefe superior del servicio y tiene su representación legal.

Desde 2007, los órganos de la Comisión eran: el Consejo Directivo, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Dirección Ejecutiva, el Consejo Consultivo y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAs).

Su dirección ejecutiva estuvo a cargo de las siguientes personas:

En 2007 se creó el cargo de presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, otorgándole el rango de Ministro de Estado. Sus titulares fueron:

Sus áreas de trabajo eran:[cita requerida]

El día martes 15 de febrero de 2011, la COREMA aprobó por unanimidad un proyecto minero a cielo abierto, emplazado en Isla Riesco, en la Región de Magallanes cuyo estudio de impacto ambiental[3]​ presenta varias falencias.[cita requerida] El proyecto pretende extraer carbón sub bituminoso que sería utilizado para alimentar centrales termoeléctricas situadas en las zonas cupríferas del norte del país.

El proyecto "Mina Invierno" pone en riesgo al menos un parque nacional de acuerdo con organizaciones ambientalistas y ciudadanas, y significará la tala rasa de 1.500 hectáreas de bosque nativo.[4][5]

La polémica ha sido extendida por el hecho que el presidente de la república tiene intereses directos en una de las compañías ejecutoras del proyecto ya que es accionista de Copec que pertenece al grupo Angelini[6]​ impulsor del proyecto junto con el grupo Von Appen.[5]



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