La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un organismo creado para los pueblos indígenas descentralizado de la administración pública federal del Estado mexicano, creado el 21 de mayo de 2003, por decreto del presidente Vicente Fox Quesada con el objetivo de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de México, de acuerdo con el artículo segundo de su Ley de creación y según lo establecido por el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Este organismo vino a sustituir al Instituto Nacional Indigenista de México, cuya creación data de 1948..
En el año de 1948, el presidente Miguel Alemán Valdés decretó la creación del Instituto Nacional Indigenista, organismo que tendría como funciones las siguientes:
En el año de 2000, con la llegada de Vicente Fox Quezada a la presidencia de México, se presentó una iniciativa de reforma a varios artículos constitucionales, con la finalidad de plasmar en la ley fundamental del país, los derechos de los pueblos indígenas y para cumplir con los acuerdos establecidos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dicha reforma incluía, entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional Indigenista y la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Después de casi tres años de negociaciones parlamentarias, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y se publicó el decreto presidencial de su creación el 21 de mayo de 2003, según el cual la comisión inició sus funciones formalmente el 5 de julio de 2003.
Las principales funciones de la CDI son:
La CDI está compuesta por una dirección general, encabezada actualmente por Roberto Serrano Altamirano, quien fue nombrado por el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida el 10 de febrero de 2018. Una unidad de planeación y consulta, una unidad de coordinación y enlace, una coordinación general de administración y finanzas, una coordinación general de proyectos especiales, una dirección general de asuntos jurídicos y 24 delegaciones estatales.
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