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Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina



El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, conocido también como Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o "Convenio de Oviedo",[1]​ es un tratado impulsado por el Consejo de Europa y suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997. El objetivo de este convenio es impedir el abuso del desarrollo tecnológico en lo que concierne a la biomedicina y proteger la dignidad humana y los derechos humanos. Pretende servir de infraestructura de base para el desarrollo de la bioética en Europa, siempre manteniendo el respeto a la dignidad humana.

Para su entrada en vigor eran necesarias 5 ratificaciones, incluyendo 4 miembros del Consejo de Europa.[2]​ Finalmente, el tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 1999.[2]

El Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina ha sido ratificado por 29 Estados y otros 6 han firmado el tratado sin haberlo ratificado.[3]​ Países como Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda y Reino Unido, entre otros, no han ni firmado ni ratificado el convenio.[3]​ La ratificación española tiene lugar el 23 de julio de 1999, aunque es el 1 de enero de 2000 cuando entra en vigor (excepción acordada).[4]

Posteriormente, con la intención de desarrollar más en profundidad algunos elementos incluidos en el Convenio, el Consejo de Europa aprueba cuatro protocolos adicionales: el Protocolo adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos (1998),[5]​ el Protocolo adicional sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano (2002),[6]​ el Protocolo adicional sobre la investigación biomédica (2005)[7]​ y el Protocolo adicional sobre los análisis genéticos con fines médicos (2008).[8]

España ha ratificado el Protocolo adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos en 2000 y el Protocolo adicional sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano en 2014.[9]​ Los otros dos protocolos no han sido firmados ni ratificados por España, sin embargo ambos aspectos son tratados en la Ley de Investigación biomédica (2007)[10]



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