Cortes de Burgos de 1315. Cortes del reino de Castilla celebradas en la ciudad de Burgos en el año 1315, durante la minoría de edad de Alfonso XI de Castilla.
Fueron las segundas Cortes reunidas durante el reinado de Alfonso XI, tras las Cortes de Palencia de 1313, y en ellas quedó establecido definitivamente que la tutoría del rey Alfonso XI sería compartida por la reina María de Molina y por los infantes Pedro y Juan de Castilla. Y a las Cortes acudieron numerosos procuradores del tercer estado, nobles y eclesiásticos, ya que, como señalan diversos historiadores, fueron «las primeras Cortes con verdadera autoridad desde que muriera Fernando IV», y a causa de ello acudieron a ellas todos los que deseaban «confirmar sus privilegios o adquirir nuevas mercedes».
Y al igual que había ocurrido durante las Cortes de Valladolid de 1295, que fueron las primeras celebradas en el reinado de Fernando IV de Castilla, padre de Alfonso XI, los concejos del reino hermanados entre sí asumieron, como señalan diversos autores, un importante papel político y se erigieron en garantes de la supervivencia de la «comunidad política del reino», debido a la debilidad de la monarquía en esa época.
En la Concordia de Palazuelos, rubricada el día 1 de agosto de 1314, quedó establecido que los infantes Juan y Pedro de Castilla serían los tutores del rey Alfonso XI durante su minoría de edad junto con la reina María de Molina, abuela de Alfonso XI, que tendría la custodia del niño rey. Pero en dicha concordia también quedó demostrada la división existente entre el infante Juan y sus partidarios, y los que apoyaban a la reina María de Molina y a su hijo, el infante Pedro. No obstante, los acuerdos de Palazuelos produjeron resultados inmediatos, ya que el día 3 de agosto de 1314 Alfonso XI, con el consentimiento de sus tres tutores, ordenó a los caballeros y concejos de la Hermandad de Castilla que se abstuvieran de hacer cualquier daño a los obispos, iglesias o monasterios de su territorio.
Con la muerte, en 1313, de la reina Constanza de Portugal, viuda de Fernando IV y madre de Alfonso XI, el infante Juan, que la apoyaba y pretendía defender sus derechos como madre del rey, perdió uno de sus principales argumentos para aspirar a la tutoría del rey, y el rey Dionisio I de Portugal, padre de la reina Constanza, dejó poco a poco de intervenir en los asuntos castellanos, debido a sus problemas internos, por lo que el infante Juan intentó conseguir el apoyo del rey Jaime II de Aragón, que hasta entonces había apoyado a su yerno, el infante Pedro de Castilla. Y este último alcanzó un gran prestigio en esa época debido a sus victorias sobre los musulmanes del reino nazarí de Granada, a los que arrebató varias plazas y castillos.
Según consta en la Gran Crónica de Alfonso XI, en diciembre de 1314 los infantes Juan y Pedro, mientras se encontraban en Sepúlveda con el magnate Juan Núñez II de Lara, señor de Lara, acordaron convocar una reunión de las Cortes en Burgos al año siguiente para que se ratificase en ellas lo establecido en la Concordia de Palazuelos, y dispusieron además que la reina María de Molina y el rey Alfonso XI, que se encontraban en Toro, se dirigieran a Burgos. Y cuando estos últimos se dirigían hacia dicha ciudad, la reina tuvo conocimiento de que había fallecido su hermano, Alfonso Téllez de Molina.
En las Cortes de Burgos de 1315 se ratificó lo dispuesto sobre la tutoría del rey en la Concordia de Palazuelos de 1314, y se decretó además que en caso de que muriera alguno de los tres tutores, permanecerían en el cargo los que continuasen vivos, y los tres tutores se comprometieron además a que no pudiese acceder a la tutoría del rey nadie a excepción de la reina María de Molina y de los infantes Pedro y Juan. Y por todo ello se rompieron los sellos anteriores de los tutores y comenzaron a usar uno nuevo, al tiempo que se disponía que la cancillería real debería encontrarse junto al rey y a su abuela, la reina María de Molina.
A las Cortes de Burgos de 1315 asistieron el arzobispo de Santiago de Compostela y los obispos de Burgos, Sigüenza, Palencia, Salamanca, Ávila, Coria, Badajoz, Astorga y Lugo, a los que se sumaron los abades del monasterio de San Salvador de Oña y el del monasterio de San Millán de la Cogolla, y también consta que el bajo clero estuvo representado, aunque otros historiadores han cuestionado esta afirmación, y diversos autores señalan que la presencia masiva de prelados en las reuniones de Cortes no era frecuente, pues solían enviar delegados que les representasen, y por ello deducen que los que asistieron intentaron «sensibilizar» a los tutores del rey con respecto a los problemas del clero.
Por otra parte, y basándose en una de las peticiones que los prelados formularon, diversos autores afirman que también es posible que a las Cortes acudiera, o él mismo o sus procuradores, el obispo de Calahorra. El abad del monasterio de San Benito de Sahagún no acudió personalmente a las Cortes, pero, según consta en un documento otorgado en Medina del Campo el día 26 de julio de 1326, encargó a Alfonso, limosnero mayor de Sahagún, y a Juan, que era el sacristán de San Mancio, que presentaran sus demandas ante las Cortes. El abad de Sahagún mantenía en esos momentos un pleito con los miembros del concejo facundino, aunque los tutores del rey pusieron fin, momentáneamente, al mismo.
El día 2 de julio de 1315, durante las Cortes de Burgos, quedó establecida la Hermandad general, de la que formaron parte ciento tres caballeros y alrededor de un centenar de concejos de los reinos de Castilla, León, Galicia, Toledo, Asturias, y las Extremaduras, aunque los concejos de Andalucía no formaron parte de ella. La Hermandad general se constituyó para que los concejos hermanados entre sí pudieran defenderse de los daños ocasionados por los «ommes poderossos», los nobles, y los malhechores durante la minoría de edad del rey, y diversos historiadores señalan que la alianza entre los nobles y los concejos al crear la Hermandad no se basó en la «solidaridad» entre ellos, sino en que tanto unos como otros deseaban controlar las acciones de los tutores del rey y defenderse de los posibles agravios y daños que pudieran recibir de los mismos.
Algunos de los concejos que entraron a formar parte de la Hermandad general fueron los de Orduña, Valmaseda, Santo Domingo de la Calzada, Amedo, Nájera, Haro, Logroño, Calahorra, San Sebastián, Guetaria, Mondragón, Castro Urdiales, Laredo, Oviedo, Avilés, Valdés, Villaviciosa, Grado, y Pravia.
Y también consta que acudieron a las Cortes de Burgos los representantes de varios concejos alaveses, entre los que se contaban los de Vitoria, Treviño, Salinas de Añana, Salvatierra, Peñacerrada, Portilla de Ibda, y Berantevilla, aunque el historiador César González Mínguez señaló que los dos últimos debían formar un único concejo en 1315, y todos esos concejos alaveses también entraron a formar parte de la Hermandad general. Sin embargo, todas las hermandades concejiles, entre las que se contaba la Hermandad General de Andalucía, fueron disueltas por Alfonso XI en las Cortes de Valladolid de 1325, contando con el apoyo del estamento eclesiástico, al alcanzar la mayoría de edad, y posteriormente el mismo monarca volvió a decretar su disolución en las Cortes de Madrid de 1329.
Los crímenes y violencias cometidos por la nobleza y los malhechores, y la inseguridad y los desórdenes públicos alcanzaron, según afirman diversos historiadores, sus cotas más altas en esta época, y por ello los concejos, además de hermanarse entre sí, recurrieron para protegerse a la figura de los comenderos, que eran nobles poderosos que los protegían a cambio de ciertas compensaciones. Y en esta época destacó en Asturias la figura del magnate Rodrigo Álvarez de las Asturias, que fue comendero de numerosos lugares en ese territorio, y la del infante Felipe de Castilla, hijo de Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina, que fue comendero de la Iglesia de Lugo.
Tres ordenamientos surgieron de las Cortes de Burgos de 1315, y fueron publicados por la Real Academia de la Historia en 1861. El primero de ellos contiene la carta de la Hermandad general que los caballeros hijosdalgo y los hombres buenos de los reinos de Castilla, León, Toledo y las Extremaduras formaron para oponerse a los posibles desmanes de los tutores, el segundo contiene el ordenamiento de las Cortes de Burgos de 1315 y en él se intentaron resolver las posibles diferencias acerca del ejercicio de la tutoría y se tomaron algunas disposiciones en lo referente a la administración del reino, y en el tercer y último ordenamiento los tutores respondieron a las demandas efectuadas por los prelados del reino. Y en el Palacio Real de Madrid se conservan varias copias de dichos ordenamientos, aunque presentan algunas variantes en relación con los publicados.
Además, durante las Cortes de Burgos falleció el magnate Juan Núñez II de Lara, que era uno de los principales partidarios del infante Juan, y fue sucedido en el cargo de mayordomo mayor del rey Alfonso XI por Alfonso de Valencia, hijo mayor y heredero del infante Juan, que lo desempeñó hasta 1316, en que falleció. Y a la muerte de este último el cargo de mayordomo mayor del rey quedó vacante hasta 1318, en que fue ocupado por el magnate Don Juan Manuel, nieto de Fernando III de Castilla y partidario del infante Juan. La muerte de Juan Núñez II de Lara privó al infante Juan de uno de sus partidarios más destacados y de su principal valedor ante la corte portuguesa, por lo que el infante Juan comenzó a buscar el apoyo del rey de Aragón y se alejó del rey de Portugal.
Y la Gran Crónica de Alfonso XI señaló que Don Juan Manuel, aprovechando la ausencia del infante Pedro, que se encontraba en las Cortes de Burgos, saqueó las posesiones de este último en Almazán y en Berlanga de Duero. Y el infante Pedro se propuso acudir allí para combatir a Don Juan Manuel, pero su madre y el infante Juan le persuadieron para que aguardara a que finalizaran las reuniones de Cortes, ya que entonces ellos también le ayudarían, y el infante Pedro estuvo conforme «por guardar el servicio del rrey e por que non viniese daño a la tierra».
Diversos historiadores señalan la particularidad de que durante la minoría de edad de Alfonso XI, los tutores del rey omitieron el término «ordenamiento» para referirse al documento que contenía las resoluciones de los acuerdos tomados durante las Cortes. Y en el caso de las Cortes de Burgos de 1315, los representantes concejiles solicitaron expresamente a los tutores la confirmación de los «fueros, franquezas e libertades e buenos vsos e costunbres e preuillegios e cartas e quadernos que auemos», aunque se usó el término «ordenamiento» para aludir al contenido del cuaderno de las Cortes, y para referirse a disposiciones promulgadas por los anteriores monarcas castellanos.
Y una vez finalizadas estas Cortes, el infante Pedro se dirigió a la frontera e inició una campaña contra los musulmanes granadinos, y el infante Juan se dirigió a Cuéllar para entrevistarse con Don Juan Manuel e intentar sosegarlo, y poco después se le concedió a este último el cargo de adelantado mayor del reino de Murcia, a pesar de que los fueros y privilegios de dicho reino fueron los únicos que no fueron confirmados por los tutores del rey, debido a los problemas existentes entre los concejos de dicho reino y Don Juan Manuel y sus vasallos, que los quebrantaban y cometían toda clase de abusos. Y por todo ello, el día 8 de diciembre de 1317 el infante Pedro, que conocía los problemas existentes en Murcia, les confirmó sus fueros y privilegios en nombre de su sobrino Alfonso XI.
A la muerte del rey Fernando IV de Castilla se produjo un endurecimiento de las leyes relativas a los judíos, provocada por la pérdida de autoridad de la monarquía, que los protegía, por la influencia que alcanzaron los procuradores de las ciudades en la vida política castellana, y por la crisis económica y demográfica que asolaba Castilla. Y por todo ello, durante la minoría de edad de Alfonso XI los representantes de los concejos abordaron en las reuniones de Cortes cuestiones esenciales que afectaban profundamente, como señalan diversos autores, a la «dignidad» de los judíos y a los intereses jurídicos y económicos de las comunidades hispano-hebreas de Castilla.
Uno de los objetivos de los procuradores era intentar apartar a los judíos, los clérigos y los caballeros de las actividades fiscales, y reemplazarlos por hombres buenos de las villas y ciudades, y otro de sus objetivos era que los caballeros y hombres buenos se encargaran también de recaudar los impuestos, e impedir que los judíos o musulmanes participaran en dicha recaudación, y en las Cortes de Burgos de 1315 se acordaron las siguientes medidas con respecto a los judíos:
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