Crisis cambiaria en Argentina de 2018
La crisis económica y sanitaria en Argentina iniciada en 2018 se refiere a una gran crisis económica, financiera y social iniciada el 25 de abril de 2018 durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, que se encontraba en curso en diciembre de 2019, al momento de asumir la Presidencia de la Nación, Alberto Fernández. En marzo de 2020, se suma una crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, que impacta la salud, economía y condiciones sociales. Diferentes observadores [¿quién?] consideran que se tratan de dos crisis consecutivas: la crisis económica de 2018-2019, seguida de la crisis generada por la pandemia, iniciada en 2020.
La crisis comenzó cuando los prestamistas internacionales decidieron no otorgar un nuevo financiamiento al gobierno argentino, dejándolo a las puertas del default, ocasionando una crisis cambiaria que devaluando el peso argentino frente al dólar estadounidense y llevó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Esta situación tuvo efectos diversos, generalmente negativos, en la economía, en el que se encuentran el comienzo de varias intervenciones de reservas del BCRA al tipo de cambio para mantener estable a la moneda local hasta la actualidad, un programa de rescate financiero con el Fondo Monetario Internacional, la escalada de la prima de riesgo soberana, un aumento sustancial de la inflación, y, como consecuencia directa de este último, una caída de la economía, y el aumento de la pobreza y la desocupación. En septiembre de 2019 el gobierno anunció restricciones temporal a la compra de dólares que duraría hasta diciembre de 2019 (lo que se conoce como «cepo»).
En diciembre de 2019 asumió la presidencia Alberto Fernández, en un contexto de crisis económica y social. En ese marco se anunció un cambio en el modelo económico con un dólar controlado con la aplicación de impuestos a la compra de divisas manteniendo la restricción y se busca la reestructuración de la deuda externa, proceso que comenzó en enero de 2020 y finalizó el 31 de agosto con una aceptación cercana al 99%. Para marzo de 2020 se sumó la crisis global generada por la pandemia de COVID-19
El 10 de diciembre de 2015 asume Mauricio Macri como presidente y nombra a Alfonso Prat Gay al frente de Economía y a Federico Sturzenegger en el Banco Central. Una semana después se anunció la liberalización del régimen cambiario, tras lo cual el peso experimentó una depreciación del 42 % en el mercado oficial, al pasar de 9,83 a 13,95 por dólar. A partir de ese momento, el tipo de cambio pasó a ser flotante bajo administración. Para fines de agosto de 2018, el peso cotizaba cercano a los 40,00 por dólar, habiendo experimentado una devaluación del 304 % desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. El peso fue la moneda de peor desempeño en el mundo en 2017.
El BCRA utilizó un esquema de metas de inflación, en el que buscó limitar las subas de precios mediante la disminución de la liquidez de pesos en la economía que eran absorbidos mediante bonos de corto plazo llamados Lebacs. Esto produjo un crecimiento del stock de letras, que pasó de un 57 % de la base monetaria en enero al 88 % en septiembre del mismo año. Según un informe del CEPA, la política monetaria del organismo conducido por Federico Sturzenegger, le costó desde enero del 2016 al Estado más de 419 000 millones de pesos a las arcas públicas. Sumado al déficit cuasifiscal del stock de deuda en Lebacs y Letes que aumentó a 900 000 millones de pesos, y meses después a 1,2 billones de pesos, es decir, unos 75 000 millones de dólares. Eso es el 14 % del PBI, considerándose un déficit fiscal en forma de déficit cuasifiscal.
El 28 de diciembre de 2017, el jefe de gabinete Marcos Peña realiza una conferencia de prensa junto al presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el de Finanzas, Luis Caputo. En esa conferencia se anunció el cambio en las metas de inflación para 2018 que pasaron de 10 a 15 puntos. La conferencia fue vista por diversos analistas como un avance sobre la independencia del Banco Central.
Para intentar contener el dólar en junio de 2018 el presidente del Banco Central argentino, Federico Sturzenegger combinó subas de tasas -de hasta 40%- y venta de divisas de las reservas. Sin embargo, el valor del dólar fue inmune a las estrategias del Banco Central, y se elevó hasta niveles récord en la historia. Sólo en 2018 se encareció más de 50%. Durante su primer año de gestión el déficit fiscal consolidado del Estado, incluyendo al Banco Central, superó el 9 % del PBI, los intereses de la deuda del Tesoro se duplicaron en solo un año. La devaluación obligó al Banco Central a sacrificar más de 6 000 millones de dólares de sus reservas totales por más de 54 000 millones de dólares y fijar una tasa de referencia récord de 40%.
Tras prometer la "baja paulatina" de tasas que las llevó del 24 por ciento al nivel de 40% anual; afirmó que el Banco Central no intervendría más en el mercado cambiario para volver a vender cinco días después más de 650 millones de dólares, que apenas logró frenar la corrida por un día. Durante su gestión el valor del peso argentino alcanzó su mínimo histórico, la devaluación de la moneda Argentina fue la mayor de todas,[¿cuál?] las tasas de interés fueron fijadas en 40% la tasa más alta del mundo. Así mismo el país se ubicaba con las tasas de interés más altas del globo seguido de lejos por Surinam (25%), Venezuela (21,7%) y Haití (20%).
El 14 de junio de 2018 envuelto en críticas y en medio de la crisis cambiaria renunció el presidente del Banco Central envuelto en controversias por su eficiencia en el combate contra la inflación, pérdida de credibilidad y en medio de un clima de turbulencias cambiarias por la apreciación del dólar. Su gestión terminó con un aumento de la tasa de interés al 40 por ciento, el sacrificio de 8 500 millones de dólares de las reservas en dos meses, y el pedido de auxilio financiero del FMI por 50 mil millones de dólares. Tras 30 meses de gestión Sturzenegger dejó una inflación acumulada de 95%, y una devaluación del peso de 175%. Producto de la devaluación, el Banco Central perdió 11.715 millones de pesos por operaciones concertadas en operaciones de dólar futuro, dichas pérdidas se produjeron por los contratos que negoció el organismo cuando conducía Federico Sturzenegger.
Su gestión terminó abruptamente con un aumento de la tasa de interés al 40 por ciento, el sacrificio de 8 500 millones de dólares de las reservas en dos meses, y el pedido de rescate financiero al FMI por 50 mil millones de dólares.
Pocos meses después en agosto se desató una nueva corrida cambiaria que provocó, a fines de ese mismo mes, una caída de los bonos y acciones argentinas, el aumento del riesgo país en 700 puntos, y el aumento del valor del dólar, que llegó a superar los 40 pesos. La corrida provocó que las variables financieras, monetarias y bursátiles se derrumbase. A esto se le sumó una mayor pérdida de reservas, caída de las acciones, y el derrumbe de los bonos. Sacrificándose más de 9.000 millones de dólares en reservas sobre un total de 53.000 millones. Además el gobierno subió la tasa de interés al 60% la más alta del mundo. El intento del gobierno por tranquilizar los mercados no dio sus frutos y minutos después que el jefe de Gabinete, Marcos Peña saliera a intentar calmar la corrida, el mercado le dio otra vez la espalda y el dólar siguió en ascenso. Paralelamente peso argentino, que se colocó como la segunda peor moneda emergente de 2018.
En una nueva corrida cambiaria los días 29 y 30 de agosto, la moneda argentina se devaluó un 15 por ciento en un solo día, en tanto la tasa de interés superó el 60%, convirtiéndose en la más alta del mundo. El Riesgo País se subió en 780 puntos (siendo el segundo de la región, después de Venezuela, y el sexto a nivel mundial), a la vez que se dispararon los seguros contra default. Con la suba del riesgo país de un 107%, Argentina se ubicó entre los más países más riesgosos para inversores. Los títulos de los bancos argentinos en Wall Street se devaluaron por riesgo de un nuevo corralito.
A consecuencia de las dos crisis cambiarias al final de 2018 Argentina se encontraba primero entre los países del mundo cuya moneda perdió más valor, perdiendo un 100.2 por ciento de su valor en tan solo un año. Hacia diciembre el país se consolidó como el país en crisis con la tasa de interés más alta del mundo, con tasas superiores al 60 frente a Venezuela 20,8%, Turquía 17,8% y México 7,8%.
Además el riesgo país se disparó en 2018 132%. Según analistas financieros la política errática de un Banco Central sobreendeudado catapultaron el alza al dólar, recalentaron la inflación y condenaron a un año de recesión económica, en el que se recurrió al auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional. El riesgo país argentino tuvo el mayor crecimiento mundial, creciendo siete veces más que el de Venezuela.
A comienzos de 2018 el gobierno argentino atravesó una corrida cambiaria que causaría que el peso argentino perdiera la mitad de su valor en dólares. En mayo el presidente anunció públicamente que se recurriría al FMI:
Un mes después se anunció el otorgamiento de un préstamo de 50.000 millones de dólares, el más grande de la historia del organismo y equivalente a un 11% del PBI de la Argentina en 2018. Apenas tres meses después se firmó un nuevo acuerdo con el FMI, donde se aumentó el préstamo a 57.100 millones de dólares, a los que se sumaron 5.650 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El eje de los requerimientos del FMI fue que el gobierno llegue al déficit primario cero en 2019, aunque en julio de 2019 aceptó cambiar las metas originales y desembolsar las sumas restantes.
En el período 2016-2018 se fugaron 88.084 millones de dólares. El país sufrió una severa fuga de capitales que en superó los 55.000 millones de dólares más de dos tercios de los dólares que ingresaron al país desde el inicio del rescate del FMI. La inversión se fugó del país y llegó a su máximo desde que el Indec mide la Posición de Inversión Internacional Neta, la fuga de inversiones se disparó 192,6% en la comparación interanual y llegó al récord histórico de 68.279 millones de dólares. La deuda pública se disparó y llegó casi al 95% del PBI en el tercer trimestre de 2018, mientras que el ratio de deuda en 2015 era de 52,6% del PBI, siendo el endeudamiento de 2018 más alto desde 2004, mientras que la deuda pública en dólares subió 75,4%, como resultado del salto del dólar que trepó un 105%.
Simultáneamente se dio a conocer que la casi totalidad de la deuda externa en dólares tomada por el presidente Macri ha sido utilizada para fugar capitales y pagar intereses: entre diciembre de 2015 y marzo de 2019, el país se endeudó en 107.525 millones de dólares, de los cuales 106.779 millones volvieron a salir en el mismo período. Hacia agosto de 2019, la deuda pública como porcentaje del PBI superó el 100%, duplicando el tamaño que tenía en diciembre de 2015, con el agravante de que el 80% de la misma fue contraída en dólares, convirtiendo a la Argentina en el país que más aumentó su deuda externa en 2019. Para 2018/2019 Argentina tuvo la mayor caída industrial del mundo
La producción manufacturera local registró un descenso interanual del 10,8 por ciento.
El lunes 12 de agosto de 2019 -tras las elecciones primarias de Argentina de 2019- se desencadenó en la Argentina y Wall Street, una nueva corrida cambiaria y bursátil, la segunda más grave de la historia de la humanidad, con una caída del 48% de la bolsa y las acciones, que devaluó el peso en un 40% en pocas horas (de $42 a $66 el dólar), que luego el Banco Central logró atenuar un poco, cerrando el día con una devaluación del 25% ($57) y un riesgo país que duplicó su valor para alcanzar 1700 puntos básicos.
El 19 de agosto de 2019 asume Hernán Lacunza como nuevo Ministro de Hacienda. Tras su asunción el riesgo país se disparó casi un 14 por ciento, con una suba de 200 puntos en pocas horas a 1.879 puntos, mientras que las acciones de empresas argentinas bajaron más de 15% en Wall Street y los bonos cayeron 8 por ciento. Mientras que los bonos y acciones argentinas bajaron en el mercado internacional y el riesgo país se consolidó como el segundo más alto del mundo tras Venezuela.
El 28 de agosto de 2019 el gobierno pospone el pago de cuatro letras de corto plazo del Tesoro Nacional (Lecap, Lecer, Letes y Lelinks), así como proponerles una postergación forzada del plazo de pago a los acreedores de títulos de deuda, tanto bajo legislación argentina como bajo legislación extranjera. El gobierno inicia una etapa lo que denomina "reperfilamiento", pero diversas entidades y especialista caracterizaron la medida como un "virtual default selectivo".
En 2018 Argentina fue catalogada entre las economías hiperinflacionarias, aplicando el International Accounting Standard 29 (IAS 29), de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Además las acciones argentinas en Wall Street se derrumbaron hasta 70% durante 2018.
El 1 de septiembre de 2018, como efecto de la crisis cambiaria argentina, la agencia calificadora Standard & Poor's bajó la calificación de deuda argentina. En cuanto a caída de reservas, Argentina fue el país del mundo de mayor deterioro, con una merma del 8,3%.
Desde a principios de 2018 se sumaron 4,8 millones de pobres, pasando la pobreza del 24 al 36 por ciento. Los datos de Indec quedaron bajo sospecha desde que la exdirectora de la Encuesta Permanente de Hogares Cynthia Pok renunció en 2017 denunciando presiones para dibujar el índice de pobreza. Al mismo tiempo llevó a la baja de los salarios argentinos medidos en dólares. A su vez la situación ha ido desarrollando una desconfianza y descontento por varios sectores de la sociedad hacia el gobierno. En septiembre el riesgo país se disparó en 780 puntos (siendo el más alto de la región, excluyendo a Venezuela, y el sexto a nivel mundial), a la vez que se dispararon los seguros contra default. Con la suba del riesgo país de un 107%, Argentina se ubicó entre los más países más riesgosos para inversores. Los títulos de los bancos argentinos en Wall Street se devaluaron por riesgo de un nuevo corralito. El año 2018 finalizó con una caída del PBI del 2,3% medido en pesos (el segundo país del mundo con mayor caída), y de 25% medido en dólares, pasando de 637.000 millones de dólares en 2017, a 475.000 millones de dólares en 2018, una cifra inferior a todas las alcanzadas a partir de 2011.
La pobreza aumentó un 20%, del 25,7% en 2017 al 32%, provocando que 2,6 millones de personas más cayeran por debajo de la línea de pobreza. La indigencia o pobreza extrema, aumentó un 50%, pasando de 4,8% en 2017 al 6,7%. Durante el año se perdieron 191.300 puestos de trabajo registrados, que representaban el 1,5% del total.
Para 2019 la pobreza se había elevado al 40 por ciento, y por efectos de la crisis económica 1 de cada 3 menores de edad sufría hambre en la Argentina.
Respecto al salario mínimo comparado con los demás países de la región, Argentina cayó a partir de fines del 2015 mientras que en ese momento ocupaba el primer lugar latinoamericano de mayor salario mínimo en dólares u$s589, dos años y medio después retrocedió al séptimo lugar con 263 dólares. En dos años y medio el salario mínimo se redujo en más de un 50% en dólares. El salario mínimo en dólares bajó a 222. Además la jubilación cayó gracias a la devaluación, desde los 310 en enero de 2016 a 213, una caída de un tercio, mientras que el salario mínimo pasó de 437 a 263 dólares, lo que representa una baja del 39,8%.
Tras dos años y medio de gestión de Macri un estudio del Monitor de Clima Social (MCS) relevado periódicamente por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un centro interuniversitario que integran la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET); la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham reveló que la mitad de los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires disminuyeron las raciones de comida en el último año, la mitad de los ciudadanos tienen alguien de su hogar que perdió el trabajo en los doce meses. En febrero de 2018, un 37 por ciento de los hogares disminuyeron las porciones de comida por razones económicas. Ese porcentaje subió en éste Monitor, el de junio, al 48 por ciento del mismo año y el 40 por ciento pasó momentos de hambre por razones económicas durante el último año.
En septiembre de 2018 la relatora especial sobre alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elver, escribió un duro informe sobre la situación del país advirtiendo que cuatro millones de argentinos enfrentan una seria inseguridad alimentaria y padecen hambre.
Para comienzos de 2019 según datos de la UCA durante 2019 tres de cada diez niños y adolescentes comieron menos que en 2018 y más del 13 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes directamente pasó hambre. Durante su gestión el riesgo alimentario creció a la par del aumento de la pobreza que el en 2018 llegó al 51,7 por ciento en la franja que va de los 2 a los 17 años.
En agosto de 2019 se conoció el informe de la situación social en Argentina mediante datos elaborados por un conjunto de organismos nucleados bajo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que señaló que en entre 2016 y 2018, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en Argentina se incrementó en casi seis millones de personas, llegando a 14,2 millones a fines de 2018 tras dos años de gestión de Stanley, con un incremento de 71%, uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial junto con Nigeria, Tayikistán, Afganistán, Sierra Leona y Botsuana. El estudio fue elaborado por cinco organismos multilaterales: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fernández nombró en el ministerio de Economía al joven economista Martín Guzmán. La primera medida del equipo económico fue enviar al congreso el proyecto de «ley de Solidaridad y Reactivación Productiva», que fue aprobado el 21 de diciembre. El 17 de diciembre se firmó la suspensión provisoria del Consenso Fiscal 2017 que habían firmado los gobernadores con el gobierno nacional y que obligaba a los gobiernos provinciales a reducir impuestos durante 2020. En enero el gobierno anuncia el comienzo de las negociaciones para reestructurar los vencimientos de deuda, llegándose a un acuerdo con los acreedores a fines de agosto.
El 15 de enero, el INDEC publicó la inflación del mes de diciembre de 2019, que fue del 3,7 %, cerrando el año 2019 con una inflación acumulada del 53,8 %. El 13 de febrero, el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de enero de 2020, que fue del 2,3 %, el menor valor desde julio de 2019 cuando fue del 2,2 %, esto debido a la implementación del programa Precios Cuidados, el no aumento en las cuotas de la medicina prepaga y en combustibles y el congelamiento de los precios de los medicamentos, de tarifas de servicios públicos y del transporte. El 12 de marzo, el IPC de febrero fue del 2 %, la menor en dos años, pero los alimentos y bebidas crecieron más que el promedio, con 2,7 %.
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