La crisis carcelaria en Venezuela hace referencia a las actuales condiciones precarias en las que vive gran parte de la comunidad rea de Venezuela.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por diputados de la Asamblea Nacional, defensores de derechos humanos y periodistas, los centros penitenciarios están fuera del control de Estado y los mismos son gobernados por presos que fungen como líderes, conocidos coloquialmente en Venezuela por el nombre de pran, de la prisión. Estos líderes continúan delinquiendo desde de la prisión, dedicándose al secuestro, el tráfico de drogas y armas, entre otros delitos.
Los medios de prensa han realizado diversos reportajes sobre fiestas temáticas organizadas dentro de la Cárcel de Yare, como otras cárceles venezolanas, por los jefes de bandas o pranes. En dichas fiestas según denuncias diversas habrían sido invitadas prostitutas.
Además, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela cuenta con una sobre-población rea superior al 190 %, con alto riesgo de brotes de enfermedades y de colapsos en las estructuras de los penales, lo que significa, en muchos casos, que presos sin distinción de los delitos que cometieron se encuentran recluidos en la misma zona o área de la prisión, algunos todavía esperando condena.
Si bien el colapso del sistema carcelario comenzó a finales de la década de los años 1990, la misma se ha acentuado durante la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez y desde 2013, por Nicolás Maduro.
A partir del año 2009 se inicia el lanzamiento del Operativo Bicentenario de Seguridad seguido del operativo Madrugonazo al Hampa en el año 2011. Esto se tradujo en un incremento de la población penitenciaria pasando de 32.624 en 2009 a 48.602 en 2011.
El 26 de julio de 2011 se crea el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario para hacer frente a la crisis a cargo de Iris Varela desde su conformación.
En el año 2013 se lanza un nuevo operativo denominado Patria Segura.
El 13 de julio de 2015 se lanza un nuevo operativo denominado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP)
En el Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch, la organización afirmó que "las cárceles venezolanas se encuentran entre las más violentas de América Latina". En el informe se expone: "la escasa seguridad, el deterioro de la infraestructura, hacinamiento, insuficientes guardias y mal entrenados, además, la corrupción carcelaria usa bandas armadas para controlar eficazmente las cárceles". También se mencionó que cientos de muertes violentas ocurren en las cárceles venezolanas cada año.
En 2014, la Organización para las Naciones Unidas (ONU) denomina el estado en el que se encuentra el sistema penitenciario venezolano como "una tragedia" debido a las pésimas condiciones de higiene, altísimo hacinamiento, la violencia extrema que se presenta dentro de ellas, estando el sistema carcelario venezolano entre los peores del continente..
En las cárceles de Venezuela, existen informes de que hay presidiarios que tienen fácil acceso a armas de fuego, drogas y alcohol. De acuerdo con Alessio Bruni del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura "un problema típico del sistema penitenciario en Venezuela es la violencia armada, practicada libremente dentro de las prisiones, causando cientos y cientos de personas muertas cada año ", según el comité de la ONU, se alertó por los informes que muestran que entre 2004 y 2014, 4.791 reclusos murieron y 9.931 resultaron heridos.
Carlos Nieto, director de la organización no gubernamental una Ventana a la Libertad, alega que los jefes de las pandillas adquieren armas militares del propio estado, "ellos tienen los tipos de armas que sólo se pueden obtener de las fuerzas armadas del país....nadie más tiene ese tipo de armas". El uso de Internet y los teléfonos móviles son comunes, por lo que los delincuentes pueden participar desde la cárcel, en delitos perpetrados al exterior de las prisiones. Un preso explicó: "Si hay un lío entre guardias y nosotros, les disparamos", también comentó que había "visto a un hombre a quién le habían decapitado para jugar fútbol con su cabeza."
En un documental de Journeyman Pictures titulado Venezuela - Prison Party, un reportero visita la cárcel de San Antonio en la isla de Margarita. La prisión se describe como un "paraíso", con piscinas, bares, un ring de boxeo y muchas otras comodidades para cualquier visitante de los presos, que pueden permanecer la noche en la cárcel por un máximo de hasta tres días a la semana. La prisión de San Antonio está controlada por El Conejo, un poderoso traficante de drogas encarcelado quien ha creado su propia patrulla dentro de la prisión. En una entrevista con la ministra de prisiones Iris Varela, la ministra explicó que todas las prisiones estaban bajo su control y que no había anarquía. Varela también era conocida por estar al tanto de la actividad de El Conejo, como mostró el crítico Carlos Nieto al reportero mediante una foto de Varela con El Conejo y su mamá. El profesor Neelie Pérez de la Universidad de Caracas, explicó cuan difícil es para el gobierno controlar las cárceles sin recurrir a la violencia, y que, por lo tanto, recurre al reconocimiento y legitimación de prisioneros de alto rango en las prisiones, para ejercer como jefes con la denominación de Pranes. Pérez también afirma que hay indicios de que el crimen se organiza desde dentro de estas prisiones.
Edgardo Lander, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, con un doctorado en sociología de la Universidad de Harvard, explicó que las cárceles venezolanas son "prácticamente una escuela para delincuentes", ya que los jóvenes reclusos salen "más formados y fortalecidos en la industria del crimen que cuando entraron". También explicó que las prisiones son controladas por pandillas y que "muy poco se ha hecho" para evitar este problema.
En las cárceles venezolanas, los internos participan en torneos de gladiadores para resolver disputas. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, denunció la práctica de El Coliseo, comentando que "La Comisión reitera al Estado la necesidad de tomar medidas inmediatas y eficaces para prevenir que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir" después de que 2 reclusos murieran y 54 más resultaran heridos como resultado de estas prácticas.
Sin embargo, un año después, un "coliseo" en la cárcel de Uribana dejó 2 muertos y 128 heridos. Los heridos tuvieron que ser asistidos por una iglesia de la zona.
Según Alessio Bruni del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en promedio, la ocupación de las cárceles venezolanas es del 231% de su capacidad. Bruni señaló como ejemplo la cárcel de Tocorón en Venezuela, la cual cuenta con 7.000 reclusos a pesar de que la capacidad para la que fue diseñada es de solo 750.
Diferentes grupos de derechos venezolanos informan que las 34 cárceles de Venezuela tienen 50.000 personas, sin embargo, se supone que deberían contener solamente cerca de un tercio de esa cantidad. En 2012, La Planta, una prisión construida en 1964 con una capacidad de 350 reclusos, contenía cerca de 2.500 reclusos, muchos poseedores de armas de grueso calibre.
Según la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUDH) "en las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines" Venezuela aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con lo cual sería posible un monitoreo independiente de los centros de detención por un mecanismo internacional de protección de derechos humanos.
La situación de las mujeres privadas de libertad según la organización Observatorio Venezolano de Prisiones no se ajusta a la legislación venezolana debido a que no se les garantiza alimentación adecuada a las internas, así como tienen suspendidas las visitas conyugales en gran parte de los recintos penitenciarios. En el caso del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, conocido como Uribana, las presas son aisladas como forma de castigo. Así lo relató una de ellas: “Es oscuro, no nos pasan agua, si la pasan es sucia y no nos sacan a tomar sol, nos tienen encerradas, las necesidades las debemos hacer aquí mismo donde dormimos”
Según el Informe de Seguimiento en la República Bolivariana de Venezuela de los Indicadores Internacionales de Justicia Juvenil, en Venezuela existen alrededor de 2.052 adolescentes privados de libertad (2016), distribuidos en 53 entidades de atención socioeducativas en todo el territorio nacional, de las cuales 32 pertenecen al Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el resto está bajo la administración de las Gobernaciones en 8 estados en el país. El 26 de septiembre de 2018, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad presentó el informe especial sobre la Situación de los derechos humanos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal en los recintos carcelarios de Venezuela. La investigación indica que persiste un alto índice de adolescentes privados de libertad, sobre todo, en los casos con medidas preventivas de privación de libertad.
En el Estado Miranda en el primer semestre de 2018, existe un total de noventa (90) adolescentes del sexo masculino y dieciséis (16) del sexo femenino, que permanecen privados de libertad en comisarías policiales, lo cual los expone a compartir espacios con adultos.
De los trescientos treinta y ocho (338) presos políticos contabilizados por la Organización No Gubernamental Foro Penal Venezolano, se han registrado un total de quince (15) adolescentes privados de libertad por razones eminentemente políticas, a los cuales se le atribuyen delitos que van desde instigación al odio hasta terrorismo.
La situación de los adolescentes privados de libertad por causas políticas, se caracteriza por no poder tener contacto con sus familiares o representantes legales, encontrarse compartiendo espacios con presos por delitos comunes y mayores de edad, ser sometidos de manera sostenida a maltrato físico y verbal, ejercicios forzados y golpes en la cabeza. En la gran mayoría de los casos, el Tribunal ha ordenado la libertad bajo fianza de los adolescentes pero las medidas no han sido acatadas por las fuerzas policiales que los retienen. Desde el año 2016 la Defensoría del Pueblo no hace público el Diagnóstico Defensorial Responsabilidad Penal de Adolescentes.
A continuación se presentan en orden cronológico los principales hechos acontecidos por esta crisis:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado venezolano que tomara medidas cautelares en los siguientes centros penitenciarios por la situación de extrema gravedad y urgencia de las personas privadas de libertad:
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