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Crisis legislativa de Ecuador de 2007



La crisis legislativa de Ecuador de 2007 tuvo lugar cuando el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 de los 100 diputados del Congreso ecuatoriano. El hecho ocurrió como antesala al referéndum aprobatorio que dio paso a la instalación de la Asamblea Constituyente de 2007.

Una vez iniciado el periodo legislativo 2007-2011, durante los primeros días de enero de 2007, los partidos Social Cristiano (PSC), Sociedad Patriótica (PSP), Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y Unión Demócrata Cristiana (UDC) formaron un bloque de mayoría con la intención de bloquear el pedido del presidente Rafael Correa de convocar a una Asamblea Constituyente. Para esto buscaron el apoyo de la Izquierda Democrática (ID) y del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) intentando alcanzar las tres cuartas partes necesarias para levantar el candado constitucional y realizar reformas a la Constitución por medio del propio Congreso.[1]​ El presidente Rafael Correa rechazó este intento y aseveró que el pueblo ecuatoriano apoyaba la instalación de una Asamblea.[2]

El 11 de enero se anunció que el PSP abandonaría a los otros tres partidos de mayoría y apoyaría el pedido del presidente para la instalación de la Asamblea. El acuerdo fue concretado por el ministro de gobierno, Gustavo Larrea, e incluiría el nombramiento de los dirigentes de las 18 comisiones permanentes del Congreso.[3]​ Sin embargo, tan sólo unos días después el PSP regresó a la mayoría conformada entre el PSC, el PRIAN y la UDC y juntos se repartieron el control de las 18 comisiones.[4]​ Correa respondió tildando al expresidente Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica, como “traidor”, “lobo con piel de oveja” y “víbora”.[5]

Una vez posecionado, el presidente Correa envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el estatuto a aprobarse para que se realizara el llamado a consulta popular.[6]​ El TSE remitió el estatuto al Congreso, donde fue rechazado por la mayoría formada por el PSP, PSC, PRIAN y UDC, que fue bautizada como "la empacadora",[7]​ y que llevaba adelante sus propias reformas a la Constitución, por vía del Congreso.[8]​ El presidente respondió aseverando que si el Tribunal Electoral no tomaba una decisión, formaría un Tribunal adhoc que tramitara la consulta.[8]

El 28 de febrero el Tribunal Supremo Electoral recibió un nuevo estatuto por parte del presidente Correa, donde se dejaba la puerta abierta a la revocatoria del Congreso y del presidente.[6]​ A pesar de que en primer momento se anunció que el nuevo estatuto sería remitido al Congreso, el TSE decidió aprobarlo y anunciar que la consulta popular se llevaría a cabo el 15 de abril del mismo año.[9]

El 6 de marzo la mayoría del Congreso votó a favor de la destitución del presidente del Tribunal Supremo Electoral, la titularización de su suplente y el llamado a juicio político para los cuatro vocales que aprobaron la convocatoria a consulta popular. Esto a pesar de que según la Constitución vigente, la única forma de destituir a un vocal del TSE era a través de un juicio político.[10]​ La medida fue promovida por Luis Tapia, jefe del bloque del PSP, y criticada por diputados de minoría, entre ellos Martha Roldós, quien aseguró que el hecho era inconstitucional.[11]

Un día después, el 7 de marzo de 2007, el Tribunal Supremo Electoral aprobó con 4 votos afirmativos (de 7) la destitución de los 57 diputados que votaron a favor de la remoción del presidente del TSE y del pedido a juicio político a los 4 vocales. Mediante una cadena nacional, Jorge Acosta, presidente del Tribunal Supremo Electoral, anunció que por encontrarse en época de elecciones el TSE era la máxima autoridad y que entraba en sus facultades el destituir a cualquier funcionario público que intentara frenar la consulta popular.[12]

Los diputados destituidos intentaron ingresar a las instalaciones del Congreso, pero fueron impedidos de hacerlo por miembros de la policía.[13]​ El Congreso, por su parte, quedó paralizado por más de un mes debido a falta de quorum. El 10 de abril se realizó la primera sesión del mismo con la presencia de los diputados suplentes.[14]

Para intentar recuperar sus cargos, los diputados destituidos presentaron un amparo constitucional ante un juez, pero fue rechazado,[15]​ por lo que apelaron ante el Tribunal Constitucional. El mismo falló a favor de los diputados, ordenando que se restituyera el cargo a 50 de ellos. Sin embargo, la sesión se vio interrumpida por manifestantes en contra de los diputados destituidos que se tomaron las instalaciones del Tribunal Constitucional.[16]

Un día después de la decisión, el 24 de abril de 2007, el Congreso destituyó a todos los vocales del Tribunal Constitucional, aseverando que debido a eso, la decisión del Tribunal de devolver los puestos a los diputados destituidos quedaba anulada.[17]

En noviembre del mismo año, el Congreso en su totalidad fue cesado por la Asamblea Constituyente de 2007.[14]

Del Partido Social Cristiano (PSC):[18]

Del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP):[18]

Del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN):[18]

De la Unión Demócrata Cristiana (UDC):[18]



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