En su sexagésimo segundo período de sesiones, en noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. El día fue observado por primera vez en 2009.
Se invitó a los Estados miembros a dedicar ese día especial a la promoción de actividades nacionales concretas de conformidad con los objetivos y metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, titulado "Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y más allá". "Lograr el desarrollo social para todos en un mundo globalizado".
El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 62/10 decide declarar que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social.
La economía digital está transformando el panorama laboral. Durante la última década, la expansión de la conectividad de banda ancha, la nube informática y los datos han llevado a la proliferación de plataformas digitales, que han penetrado en varios sectores de la economía y la sociedad. Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 han propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital. La crisis también ha puesto al descubierto y exacerbado la creciente brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y entre los propios países; en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes.
Si bien es cierto que las plataformas laborales digitales ofrecen a los trabajadores oportunidades de generar ingresos y beneficios derivados de los arreglos laborales flexibles, en particular para las mujeres, las personas con discapacidad, la juventud y los trabajadores migrantes, también plantean algunos problemas.
Un llamamiento a la justicia social en la economía digital
La economía digital está transformando el panorama laboral. Durante la última década, la expansión de la conectividad de banda ancha, la nube informática y los datos han llevado a la proliferación de plataformas digitales, que han penetrado en varios sectores de la economía y la sociedad. Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 han propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital. La crisis también ha puesto al descubierto y exacerbado la creciente brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y entre los propios países; en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes.
Aunque las plataformas laborales digitales ofrecen a los trabajadores oportunidades de generar ingresos y beneficios derivados de los arreglos laborales flexibles, en particular para las mujeres, las personas con discapacidad, la juventud y los trabajadores migrantes, también plantean algunos problemas.
Para los trabajadores, estos problemas tienen que ver con la regularidad del trabajo y los ingresos, sus derechos a unas condiciones de trabajo justas, la protección social y un nivel de vida adecuado, la utilización de las aptitudes y el derecho a formar parte de los sindicatos. Las prácticas de control algorítmico, que en algunos casos aumentan la vigilancia en el lugar de trabajo, también son motivo de creciente preocupación. Las consecuencias derivadas de la crisis por COVID-19 están exponiendo los riesgos y las desigualdades de los trabajadores que trabajan en plataformas basadas en la ubicación.
Las empresas tradicionales, por su parte, se enfrentan a la competencia desleal de las plataformas ya que muchas, por su carácter novedoso, no están sujetas a regulaciones en cuanto a la fiscalidad, otras obligaciones o a la gestión de la mano de obra. Además, necesitan fondos para financiarse y poder adaptarse continuamente a las transformaciones del mundo digital, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y la inadecuada disponibilidad de infraestructuras digitales fiables en el Sur global.
Muchos países han establecido regulaciones que empiezan a abordar algunas de las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo en plataformas laborales digitales. Sin embargo, es necesario un diálogo y una coordinación internacional en materia de políticas, ya que estas plataformas funcionan en múltiples jurisdicciones. La promoción del diálogo y la coordinación nacional, regional e internacional de las distintas partes interesadas es también fundamental para garantizar una seguridad en las regulaciones y que se apliquen normas laborales universales, dada la diversidad de respuestas de los países y las empresas de plataformas.
Ese año, la celebración del Día promueve los esfuerzos de la comunidad internacional por buscar soluciones para lograr el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza; promover el pleno empleo y el trabajo decente, la protección social universal, la igualdad entre los géneros y el acceso al bienestar social y la justicia para todos. Es por todo ello que este día quiere fomentar el diálogo con los Estados miembros y las instituciones de las Naciones Unidas y otras partes interesadas sobre las medidas necesarias para superar la brecha digital, ofrecer oportunidades de trabajo decente y proteger los derechos humanos y laborales en la era moderna de las tecnologías digitales.
Antecedentes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización.
Esta Declaración señera es una decidida reafirmación de los valores de la OIT. Es el resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción de este texto, los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 182 Estados Miembros subrayaron la contribución clave de nuestra Organización tripartita al progreso y la justicia social en el contexto de la globalización. Se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través de la Agenda de Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales.
Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización, que permita conseguir mejores resultados y que estos se repartan de manera más equitativa entre todos. La Declaración constituye una brújula para la promoción de una globalización equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una herramienta práctica para acelerar el progreso en la aplicación de la Agenda de Trabajo Decente a nivel de país. Asimismo, refleja una perspectiva productiva que destaca la importancia de las empresas sostenibles para la creación de más empleo y oportunidades de ingresos para todos.
La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Reconoce además que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluida la tecnología de la información, para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves, como agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las sociedades y entre unas y otras, y grandes obstáculos para que haya una
mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en la economía mundial.
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General declara que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social
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