El desfalco o malversación es el acto en el que uno o más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón de un cargo. Es un tipo de fraude financiero. Puede referirse tanto a caudales privados (entre un empleado y su patrón o entre socios de la misma empresa) como públicos (llamado detrimento patrimonial).
El desfalco es una ofensa estatutaria, por lo que la definición de este crimen varía de estatuto a estatuto. Sus elementos típicos son: (1) la conversión (2) fraudulenta (3) de la propiedad (4) de otro (5) por una persona que tiene posesión lícita de ella. En otras palabras, es un crimen contra el patrimonio, esto es, contra el derecho del propietario de controlar la disposición y uso de la propiedad. El elemento de la conversión requiere una interferencia sustancial en los verdaderos derechos de propiedad del dueño (a diferencia del hurto).
Escasas evaluaciones se han realizado en los países en desarrollo, recibiendo especial atención dos tipos de intervención anticorrupción: la divulgación pública de información sobre corrupción y las campañas de movilización electoral contra el fraude electoral. Ambas han tenido más éxito en controlar la corrupción cuando hay votos en juego. Por su parte, se debe tomar en cuenta la dinámica del poder local y las percepciones de la población, las cuales influyen en cuan activamente los ciudadanos participen en tales iniciativas. Asimismo, es clave el apoyo gubernamental a las intervenciones, ya que de esto puede depender el éxito de los programas.
El desfalco se refiere a las acciones criminales que comete un ciudadano al robarle a su empleador; el peculado, en cambio, es la malversación de fondos públicos por personas con cargos de confianza en la organización encargada de administrar tales fondos.
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