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Desplazamiento forzado en Colombia



El desplazamiento forzado en Colombia, -delito de lesa humanidad-.[1]​ Se ha caracterizado por desplazamientos forzados de comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, a causa del conflicto armado interno, la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico. Según cifras de ACNUR, en 2017 Colombia fue el primer país con mayor cantidad de desplazados internos de las cuales 7.7 millones fueron desplazados internos.[2]​ El desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Más allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios.[3]

La historia de Colombia se ha caracterizado por violentos despojos de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Existen varios factores que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia. En los años de 1946 a 1958, (un periodo conocido como La Violencia) se despojó a más de dos millones de personas (la cuarta parte de la población del país) de sus tierras, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agro-industrial. En la época de La Violencia los principales causantes de desplazamiento masivos fueron los grupos legales e ilegales que integraban los partidos conservador y liberal de esa época.[6]

Los años 1980 a 1990 se le sumó un conflicto armado interno, narcotráfico y violencia generalizada que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las áreas urbanas. La expansión de los cultivos ilícitos significaba un ingreso económico a los grupos insurgentes en Colombia. El control de los cultivos y su comercialización generaba en ciertos lugares de Colombia enfrentamientos armados que causaban desplazamientos forzosos y un cambio en las actividades productivas de los campesinos indígenas.[6]

Por otro lado la apertura económica y la dinámica de los mercados globales generó en Colombia diferentes obras de infraestructura que en muchos casos ocasionaron desplazamiento de grupos étnicos y campesinos.[6]​ La presión generalizada proveniente del conflicto armado interno, disputas territoriales entre actores armados, la apertura económica y sus efectos en el desarrollo de Colombia, los mercados de cultivos ilícitos.[5]​ La magnitud del desplazamiento forzado, propició que del abandono se pasara al despojo de tierras pues la desocupación de los territorios implicó que muchas tierras deshabitadas fueran apropiadas por diversas vías: algunos acudieron a mecanismos violentos de despojo, otros a recursos legales para formalizar la toma de tierras y unos más aprovecharon la vulnerabilidad del mercado para comprar tierras a bajo costo. [7]

Según las cifras del Registro Único de Víctimas de Colombia, al 1 de octubre de 2018 se registraron 7.446.404 víctimas de desplazamiento forzado, constituyendo el 79,7% del total de los hechos victimizantes del conflicto armado interno colombiano,[8]​ siendo los años 2001 y 2002 los picos más altos registrados de este hecho con 661.470 y 765738 personas desplazadas respectivamente.[9]​ Además, durante los primeros seis meses del 2018, hubo 35.409 desplazados, según Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento). Y estos desplazamientos se concentraron en su mayoría, en tres zonas: Catatumbo en Norte de Santander; el Nudo de Paramillo (Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba) y la cuenca del Pacífico (Nariño, Chocó y, en menor medida, Cauca).[10]

Los lugares donde más ocurren desplazamientos forzados son los corredores de cultivos ilícitos, tráfico de armas, zonas de combates entre el ejército y grupos insurgentes, y en menor medida zonas donde se desarrollan proyectos de infraestructura que pueden afectar a algunas comunidades. Los territorios ricos en recursos energéticos y mineros (esmeraldas, carbón, petróleo, oro, etc.) son también lugares donde se presenta esta problemática. A esto se le suma el desplazamiento asociado a la violencia por bandas criminales y el conflicto armado.[6][5]

En cuanto a los departamentos con mayor cantidad de población desplazada por el conflicto armado interno, Antioquia registra un total de 1.510.585 personas expulsadas.[9]

El conflicto armado ha obligado a miles de personas a desplazarse a las grandes ciudades de Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son grandes receptores de desplazados así como las capitales departamentales. La población desplazada afecta en muchos casos las cifras de las ciudades, aumentando los niveles de desempleo, pobreza y de localidades marginales.[6]

La población en condición de desplazada llega a las ciudades y conforma la clase más pobre; los desplazados se convierten en vendedores ambulantes, creadores de cultura popular, organizadores comunitarios, portadores de cultura política, entre otros. Los lugares donde esta población conforma sus hogares son sitios de ladera y zonas de la periferia de las ciudades, conocidos como "asentamientos subnormales". Ante la carencia de territorios urbanizables accesibles, esta población se ve obligada a invadir las zonas de periferias de las ciudades, que son ilegales, de alto riesgo y construidas en barrios informales.[11]



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