La Dirección General de Seguridad (DGS) fue un organismo autónomo español dependiente del Ministerio de Gobernación y responsable de la política de orden público en todo el territorio nacional de España.
El organismo fue renombrado brevemente como Dirección General de Orden Público entre 1921 y 1923, año en que recuperó su designación original. Finalizada la Guerra Civil Española, el organismo incrementó su papel de control del orden público durante la Dictadura de Franco, convirtiéndose en uno de los resortes principales de la represión franquista. Fue suprimida en 1979 al asumir sus funciones la actual Dirección General de la Policía.
El 24 de marzo de 1858 ya se creó una Dirección General de Seguridad y de Orden Público, siendo nombrado para el cargo Manuel Ruiz del Cerro. No obstante, este organismo tendría una existencia muy corta, y en octubre de ese año fue disuelto.
En 1886 se volvió a crear una Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de Gobernación, que centralizara todos los servicios policiales y cuerpos de seguridad existentes en la época. Como primer Director General de Seguridad fue nombrado el mariscal Antonio Dabán y Ramírez de Arellano. El organismo fue suprimido en julio de 1888, aunque volvería a ser creado nuevamente a finales de 1912. A partir de entonces, el nuevo organismo se convirtió en un importante resorte de las políticas gubernamentales de orden público.
Entre junio de 1921 y noviembre de 1923 el organismo fue denominado «Dirección General de Orden Público», recuperando luego su denominación original.
Tras el comienzo de la Guerra civil española, la DGS quedó bajo control republicano, pero se vio impotente para controlar los paseos, checas y otros "actos incontrolados" que se hicieron habituales en los primeros meses. En aquellos días de julio el director de Seguridad Alonso Mallol se vio horrorizado por aquella situación y no fue capaz de ponerle freno eficazmente. En este contexto, hay que señalar un hecho que no es de menor importancia: durante los primeros días de la contienda, grupos de anarquistas y de otras facciones se hicieron con el control de numerosas fichas policiales y expedientes personales pertenecientes a los archivos del Ministerio de la Gobernación. A finales de julio de 1936, Manuel Muñoz Martínez fue nombrado al frente de la DGS. Su labor al frente de la misma hizo que se le acusase de pasividad o implicación en los asesinatos de la Cárcel Modelo de Madrid y las matanzas de Paracuellos. Sin embargo, su implicación en Paracuellos ha sido desmentida por algunos historiadores como Ian Gibson, que recuerda que para entonces la DGS existía más sobre el papel que en la realidad:
Tras los llamados "Sucesos de Mayo" en Cataluña, la DGS se hizo cargo de la represión sobre los grupos insurrectos y, en particular, sobre el pequeño Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), labor de la que se encargó Ricardo Burillo Stholle como jefe superior de Seguridad en Barcelona.
Tras el final de la guerra civil y el establecimiento de la Dictadura franquista, ésta reorganizó profundamente la DGS con la concentración de numerosos servicios bajo su control directo e incrementando con ello su poder. La política del bando vencedor distaba mucho de la reconciliación nacional y se basaba enteramente en la visión de victoria sobre los vencidos. La nueva Ley para la Seguridad del Estado terminó de remarcar este nuevo carácter de la DGS.
José Ungría Jiménez fue nombrado nuevo Director General inmediatamente después del final de la guerra, y José Finat y Escrivá de Romaní a continuación de él. De hecho, Escrivá de Romaní destacará por su durísima represión e incluso llegó a invitar a Heinrich Himmler para que visitara Madrid, con la idea de establecer una colaboración policial con la Gestapo. Su última decisión como Director General de Seguridad fue poner en marcha el llamado "Archivo Judaico", un conjunto de documentos elaborados por los gobiernos civiles para fichar y tener controlados a los judíos residentes en España, unos 6.000. Con la ocupación alemana de Francia en 1940, la Policía franquista estableció en el país galo una red de agentes con el objetivo de perseguir o detener a los dirigentes de la República española en el exilio. Uno de aquellos policías era Pedro Urraca Rendueles, conocido por ser uno de los jefes de la red y por sus métodos. Desde el comienzo, contaron con el apoyo de las autoridades de la Francia de Vichy y la "Gestapo" alemana. Así, rápidamente cayeron numerosos líderes y personalidades destacadas del antiguo bando republicano. Entre otros fueron detenidos el exministro de Gobernación Julián Zugazagoitia o el Presidente de la Generalitat Lluis Companys, el exministro Juan Peiró o uno de los antiguos Directores de la DGS en época republicana, Manuel Muñoz Martínez.
Su sede, que para esta época estaba situada en la Real Casa de Correos de la famosa Puerta del Sol (Madrid), se hizo famosa como centro de torturas, con conocidos casos como los del dirigente comunista Julián Grimau, el Presidente Companys, o del dirigente socialista Tomás Centeno, este último muerto en extrañas circunstancias en las dependencias de la Dirección General. La etapa de Carlos Arias Navarro como Director General, bajo el ministerio de Camilo Alonso Vega, fue especialmente destacada por la represión. El Cuerpo General de Policía también tenía oficinas en la Puerta del Sol, incluyendo las de la Brigada Político-Social.
El 13 de septiembre de 1974, la organización armada ETA-V Asamblea perpetró el llamado atentado de la Calle del Correo mediante la colocación de una potente bomba en la próxima cafetería Rolando. El objetivo lo constituían los numerosos policías que habitualmente visitaban el establecimiento, pero entre los trece muertos que provocó la explosión, sólo uno resultó ser policía. ETA nunca se atrevió a reivindicar el atentado.
Tras la muerte de Franco y el comienzo de la Transición, en 1978 la DGS fue reorganizada orgánicamente para adaptarla a la realidad de la época. En 1979 el organismo fue suprimido, convirtiéndose así en la actual Dirección General de la Policía.
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