Elecciones presidenciales de Argentina de 2019
Elecciones presidenciales de Argentina de 2019 nació en PASO.
Las elecciones presidenciales de Argentina de 2019 se llevaron a cabo el domingo 27 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Constitución nacional y las leyes electorales. Los candidatos surgieron de las elecciones primarias (PASO) que se realizaron el domingo 11 de agosto, donde resultaron escogidos los que superaron el 1,5 % de los votos válidos.
Además de elegir presidente y vicepresidente, los argentinos eligieron 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. En tres provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se eligieron ese mismo día, autoridades ejecutivas y legislativas. La Constitución establece que si una fórmula supera el 45 % de los votos afirmativos, resulta ganadora.
En las primarias obligatorias de agosto, Alberto Fernández, del Partido Justicialista (PJ) y candidato por la coalición Frente de Todos, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula, obtuvo una abultada victoria con el 47,79% de los votos válidos sobre el 31,80% logrado por Mauricio Macri, presidente en ejercicio del partido Propuesta Republicana (PRO) y apoyado por la alianza Juntos por el Cambio, que buscaba la reelección. En tercer lugar se ubicó Roberto Lavagna, de la alianza Consenso Federal, con un 8,15%.
En las elecciones generales Fernández triunfó en primera vuelta con el 48,24% de acuerdo con el escrutinio definitivo, seguido por Macri, que logró un 40,28%. En tercer lugar se ubicó Lavagna nuevamente con el 6,15% y el resto de los votos se distribuyó entre otros tres candidatos que superaron la barrera de las PASO. Fernández triunfó en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Macri, por su parte, se impuso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Santa Fe. El resultado constituyó la segunda elección más polarizada entre dos candidatos del período democrático iniciado en 1983 (solo superado por la elección de aquel año), con Fernández y Macri acaparando juntos un 88,52% de los votos positivos. También se trató de la primera instancia en la que un presidente en ejercicio buscó la reelección y resultó derrotado.
Las reglas electorales fundamentales para la elección presidencial fueron establecidas en el texto constitucional definido a partir de la Reforma constitucional de 1994 y, con excepción de la edad mínima, son las mismas reglas usadas en las elecciones de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.
Las principales reglas electorales para la elección presidencial son:
El detalle reglamentario se rige por el Código Electoral Nacional. Para esta elección se aplica también la Ley N.º 26 571, que fue introducido en 2011 las internas primarias abiertas, que fueron denominadas PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), para elegir los candidatos de cada alianza. El escrutinio lo realiza el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Interior.
El 14 y 17 de enero de 2019, el presidente Mauricio Macri publicó tres decretos (45, 54 y 55) modificando las reglas de votación para las personas que votan en el extranjero, las personas privadas de libertad y las fuerzas de seguridad asignadas a controlar la elección, así como la eliminación de algunas constancias y procedimientos documentales para realizar los escrutinios provisorio y definitivo, entre ellas las firmas de los fiscales de los partidos políticos en el acta de votación en cada mesa electoral. El cambio de reglas afecta a unas 464.000 votantes potenciales. El cambio de reglas no fue anunciado por el gobierno a los medios de comunicación y fue cuestionado un mes después por los partidos de la oposición, acusando al gobierno de preparar un fraude electoral.
Ante la insistencia del gobierno en cambiar las reglas electorales, la mayoría de los partidos de oposición presentaron su queja ante la justicia electoral. Frente a la cuestión, el 26 de marzo la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada estableciendo que era necesario mantener la documentación electoral establecida antes de los decretos de Macri. Poco después, Macri dictó un nuevo decreto postergando la entrada en vigencia de dos de los tres decretos hasta las elecciones de 2021, no resultando por lo tanto aplicables a las elecciones de 2019, pero manteniendo el Decreto N.º 45/19, que cambia las reglas sobre el voto en el extranjero, con una potencialidad de 360.000 votantes.
El 11 de abril de 2019, el presidente Macri realizó un nuevo cambio de las reglas electorales, mediante el Decreto N.º 259/2019, con el fin de prohibir las llamadas "listas colectoras", esto es que diferentes listas de candidaturas para una categoría (por ejemplo presidente de la Nación), compartan la misma candidatura para otra categoría (por ejemplo, gobernador de provincia). Los considerandos del Decreto dicen:
El camino a las elecciones presidenciales del 27 de octubre está jalonado por una serie de eventos que integran tanto el cronograma de la elección presidencial, aprobado por Acordada Extraordinaria N° 37/2019, del 13 de junio de 2019, de la Cámara Nacional Electoral, como importantes actos electorales provinciales en los que se eligen gobernadores y otras autoridades, con influencia indirecta en la elección presidencial.
El Partido Justicialista —peronista—, el kirchnerismo liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el Frente Renovador liderado por Sergio Massa, convergieron en el Frente de Todos. Al mismo se sumaron también sectores desprendidos del massismo, todos los gobernadores peronistas, el Movimiento Evita, Proyecto Sur liderado por Pino Solanas, la diputada Victoria Donda, sectores radicales como el Movimiento Nacional Alfonsinista liderado por el diputado Leopoldo Moreau y el Partido de la Concertación FORJA, liderado por Gustavo López, el Partido Socialista de Buenos Aires, liderado por Jorge Rivas, el Frente Patria Grande liderado por el dirigente social Juan Grabois, el Partido Solidario liderado por Carlos Heller, Nuevo Encuentro liderado por Martín Sabbatella, el Partido Comunista Revolucionario (PCR, maoístas), entre otras fuerzas políticas. El Frente cuenta también con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, la mayor central sindical del país, y de las dos CTA.
La coalición comenzó a ser gestada a comienzos de 2018, el 3 de febrero de 2018, en un acto de Alberto Rodríguez Saá y Jorge Capitanich organizado en Resistencia bajo el lema «Hay 2019.»
Con este frente se busca la unión de todos los sectores del peronismo (incluyendo al kirchnerismo), y fuerzas políticas progresistas, radicales, de centro izquierda y de izquierda, con el fin de evitar la continuidad de Mauricio Macri en el poder. Esta formación cuenta con el apoyo institucional del Partido Justicialista, presidido por José Luis Gioja, el aval de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Frente Renovador liderado por Sergio Massa, sectores separados del massismo como el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, de Red por Argentina, y el exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, así como uno de los triunviros de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, el líder de Proyecto Sur, el senador Pino Solanas, la diputada Victoria Donda del partido Somos. Otras agrupaciones políticas que han adherido al espacio son el Frente Patria Grande, el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo (PCEyT), Unidad Popular, Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, el Partido del Trabajo y la Equidad, Partido Solidario y el Movimiento Yrigoyenista.
El 28 de septiembre de 2018 se lanzó en espacio en el estadio del Club Ferrocarril Oeste. Dentro de esta alianza en formación se ubica la agrupación Red por Argentina, espacio que se creó luego de la ruptura del bloque Frente Renovador en la Cámara de Diputados. En donde Felipe Solá, Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Fernando Asencio y Jorge Toboada abandonaron el espacio para unirse a los bloques Libres del Sur de Victoria Donda y Peronismo para la Victoria de Leonardo Grosso.
El 18 de mayo de 2019 Cristina Fernández de Kirchner anunció mediante un video publicado en las redes sociales que sería candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández. Ese mismo día, Felipe Solá y Agustín Rossi anunciaron el retiro de sus precandidaturas en favor de Alberto Fernández. El 12 de junio de 2019, pocas horas antes de que venciera el plazo para inscribir las coaliciones electorales, se anunció que el Frente Renovador había decidido sumarse al espacio, con candidatos propios para la fórmula presidencial, compartiendo en una lista única las candidaturas parlamentarias, denominado la coalición con el nombre de Frente de Todos. Antes del cierre de listas, Daniel Scioli, Guillermo Moreno y Sergio Massa (para ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires) retiraron sus precandidaturas.
El oficialismo inscribió una alianza denominada Juntos por el Cambio, cuyo nombre no debe confundirse con el de su lista llamada «Juntos Somos el Cambio». La alianza está apoyada por los tres partidos principales de la coalición, la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana y la Coalición Cívica ARI y otros partidos que integraron en 2015 la coalición Cambiemos, a quienes se sumó un sector del peronismo, representado por Miguel Ángel Pichetto, exjefe de la bancada justicialista en el Senado de la Nación.
En los meses previos a la elección, la UCR se mostró dividida en tres sectores: uno que proponía mantener la alianza Cambiemos con Macri como candidato, otro que también proponía mantener Cambiemos, pero ampliada con nuevas fuerzas y otros candidatos presidenciales, y un tercer sector que proponía dar por terminada la alianza Cambiemos, para formar una nueva alianza sin el PRO, con fuerzas progresistas y peronistas. El 27 de mayo la Convención Nacional de la UCR resolvió mantener Cambiemos, pero con un nuevo formato ampliado, nombrando una comisión para que negocie con los otros partidos de la alianza, la posibilidad de una candidatura única integrada por un radical, o abrir las internas a múltiples candidaturas. Pese a la derrota en la Convención, el sector que quería retirarse de Cambiemos mantuvo la amenaza de hacerlo y formar una alianza diferente.
El PRO por su parte, hasta fines de mayo de 2019, no había definido institucionalmente a quién proponían como candidato de Cambiemos. El presidente en ejercicio Mauricio Macri anunció en repetidas ocasiones que no aceptaban otra candidatura que no fuera la propia para obtener la reelección. Pese a ello, el llamado «círculo rojo», integrado por grandes empresas, medios de comunicación e inversores nacionales y extranjeros, así como sectores internos, reclamó remover la candidatura de Macri debido a la alta imagen negativa del mismo, y llevar un candidato con mayor imagen positiva, entre los que se mencionaron a la gobernadora en ejercicio de la estratégica provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, o el exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, Martín Lousteau. El 28 de mayo de 2019, Vidal descartó ser precandidata a la presidencia y señaló que iría en busca de la reelección a la gobernación de Buenos Aires.
El 11 de junio de 2019, el presidente Mauricio Macri anunció en su cuenta de Twitter que su compañero de fórmula será el senador justicialista por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto. Al día siguiente, la alianza fue inscrita con el nombre Juntos por el Cambio.
Consenso Federal es una alianza electoral resultado de la fusión de dos espacios previos llamados respectivamente Consenso 2019 y Alternativa Federal.
Alternativa Federal fue un espacio surgido en septiembre de 2018, para agrupar al peronismo antikirchnerista y "superar la grieta", que estuvo liderado por Sergio Massa, líder del Frente Renovador y exjefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta y Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada mayoritaria de senadores peronistas durante el kirchnerismo y el macrismo.
En los meses posteriores a su conformación, Alternativa Federal se amplió con el apoyo de ocho gobernadores de provincia, la mayor parte de ellos peronistas: Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También se incorporó el Movimiento Libres del Sur, liderado por Humberto Tumini, quien inicialmente presentó su propia precandidatura presidencial y luego apoyó la candidatura de Urtubey.
Consenso 2019 fue un espacio surgido en marzo de 2019, liderado por Roberto Lavagna, exministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, apoyado principalmente por el dirigente sindical Luis Barrionuevo y el expresidente Eduardo Duhalde, todos pertenecientes al peronismo, al que se sumaron el Partido Socialista, y el GEN liderado por Margarita Stolbizer.
En los meses previos a la inscripción de las alianzas, los líderes de Alternativa Federal y Consenso 19 se reunieron para negociar la conformación de una alianza electoral común. Pero el intento fracasó debido a la negativa de Lavagna (líder de Consenso 19) de competir en internas con los otros candidatos presidenciales (Massa, Urtubey y Pichetto).
Pero pocos días antes de la fecha para inscribir las alianzas, Alternativa Federal quedó disuelta de hecho, luego de que varios gobernadores abandonaran el proyecto y se sumaran al frente de unidad que gestionaba el Partido Justicialista y el kirchnerismo, de que Schiaretti se alejara de las gestiones para tomar vacaciones, el Frente Renovador decidiera iniciar negociaciones para integrarse al frente impulsado por el Partido Justicialista, y Pichetto iniciara negociaciones para integrarse al frente oficialista liderado por Macri.
El 12 de junio de 2019, se anunció que Roberto Lavagna (Consenso 19) y Juan Manuel Urtubey (Alternativa Federal), se pusieron de acuerdo para integrar una fórmula en la que respectivamente fueran candidatos a presidente y vicepresidente, en representación de una alianza que llevaría el nombre de Consenso Federal 2030, con apoyo del GEN, Movimiento Libres del Sur, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Tercera Posición P3P, Nueva Dirigencia y Partido Celeste y Blanco.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad es una coalición electoral originada en el año 2011 y que desde entonces se presenta tanto a elecciones legislativas y presidenciales, superando el piso de las PASO del 1,5 %. Está conformada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO) e Izquierda Socialista. También cuentan con el apoyo de otras corrientes de izquierda como PSTU, Convergencia de Izquierda, MIR, MP La Dignidad, Opción Socialista, POR-Masas, Movimiento 20 de Diciembre, Pueblo en Marcha, CC-POR, Comunismo Revolucionario, Causa Obrera, FUT, etc. Se pretendió la conformación de un partido de la izquierda unificado iniciando conversaciones al interior de la coalición y con otros partidos de izquierda como Autodeterminación y Libertad, Nuevo Movimiento al Socialismo y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
Entre los nombres para la fórmula presidencial por parte del PTS se mencionaban las posibles candidaturas de Nicolás del Caño y Myriam Bregman. La fórmula designada por los dos principales partidos de la coalición y cuyos integrantes fueron elegidos en la Conferencia Electoral del Partido Obrero el 16 de marzo de 2019 y el XVII Congreso del PTS el 19 de abril está compuesta por Nicolás del Caño (PTS) para presidente y Romina del Plá (PO) para vicepresidenta. Su campaña hace eje y se diferencia de las demás fuerzas en la propuesta de ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El 12 de junio y luego de varias reuniones, se presentó públicamente la lista de unidad a nivel nacional, bajo el nombre de Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, en la que se suman a los partidos ya integrantes del Frente de Izquierda el Movimiento Socialista de los Trabajadores y Poder Popular, entre otras fuerzas. La docente Celeste Fierro retiró su precandidatura presidencial por el MST para ser candidata a diputada nacional.
Nicolás del Caño propuso la legalización de la Marihuana tanto para uso medicinal y recreativo.
El Frente NOS, cuyo nombre deriva de la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina, es un espacio político autodefinido como derecha republicana dirigido por Juan José Gómez Centurión, el cual cuenta con el apoyo del Partido Conservador Popular, el partido Valores para mi País de Cynthia Hotton y la coalición EnCenDer (Encuentro de Centro Derecha) junto con los partidos que esta compone: Acción Chaqueña, Fuerza Republicana, Nueva Unión Ciudadana de Buenos Aires, Nueva Unión Ciudadana de Entre Ríos, Fuerza Federal (CABA), Morera y Líderes para el cambio.
El Frente Despertar es una coalición electoral fundada en marzo de 2019, integrada por el Partido Libertario, Unite por la Libertad y la Dignidad, Unión del Centro Democrático y un sector del Partido Nacionalista Constitucional UNIR.
El sello del frente no se puede usar como alianza como se tenía planeado, ya que solamente el partido UNITE cumple con todos los requisitos necesarios para postularse para la elección presidencial- Impulsa la candidatura del economista y docente universitario José Luis Espert, quién anunció sus intenciones para competir por la presidencia de la nación el 23 de diciembre de 2018.
El 21 de junio de 2019 José Luis Espert confirmó en su cuenta de Twitter que su compañero de fórmula será Luis Rosales, exdiputado provincial de la provincia de Mendoza, licenciado en Administración, máster en Relaciones Internacionales y periodista.
Las principales políticas que dicho frente propone en materia económica son de orientación liberal, como reducir el gasto público al 25 % del PBI, para eliminar el déficit público, reducir la presión fiscal al sector productivo y realizar una apertura comercial; así como también disminuir sustancialmente el poder de los sindicatos.
Estos candidatos recibieron menos del 1,5% de los votos válidos en las elecciones primarias, requisito para pasar a las elecciones generales.
Ninguna encuesta predijo el resultado de las PASO, con márgenes de error tan amplios que señalaban defectos técnicos estructurales. Si bien, prácticamente todas las encuestas anticiparon que los votantes del Frente de Todos (Fernández-Fernández) superaban en cantidad a los votantes de Juntos por el Cambio (Macri-Pichetto), la diferencia en todos los casos era menor al 10% y el promedio de 4%, anticipando así una segunda vuelta electoral (balotaje). Pero el resultado, tomando en cuenta los votos válidos, fue de 15,99% de diferencia, cuadruplicando la estimación promedio, y el porcentaje logrado por la fórmula Fernández-Fernández, del 49,49 % de los votos afirmativos (es decir, sin tomar en cuenta los votos en blanco), anticipaba que el Frente de Todos podría imponerse sin necesidad de segunda vuelta, independientemente del porcentaje de Juntos por el Cambio.
Los especialistas atribuyeron el fracaso, por un lado a la manipulación política lindante con la defraudación que realizaron ciertas empresas encuestadoras ligadas al gobierno, y por otro lado a deficiencias técnicas causadas por los cambios tecnológicos y la reducción de costos de las encuestas. El especialista Daniel Schteingart sostuvo que la principal causa del error se debe a que la mayoría de las encuestas fueron realizadas mediante llamados telefónicos automatizados, mucho más baratos que las entrevistas personalizadas, pero mucho más inexactos, entre otras razones porque hoy la mayoría de la población tiene teléfonos móviles, mientras que solamente las personas de mayor edad continúan utilizando los teléfonos fijos a los que llaman las consultoras. De ese modo se generó un sesgo social y de edad, que benefició a Macri. Schteingart sostuvo también que algunas empresas cayeron en el denominado «efecto manada», que consistía en modificar los números obtenidos por la propia encuesta, para no alejarse demasiado del promedio de las encuestas publicadas, favoreciendo también de ese modo, al candidato oficialista.
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se realizaron el 11 de agosto. Con este sistema, los candidatos son elegidos dentro de cada alianza, en un mismo acto eleccionario obligatorio, en el que los ciudadanos pueden votar por cualquier precandidato de cualquier partido, pero solamente pueden emitir un voto. Cuando hay más de un precandidato por alianza, el que obtenga más votos será el elegido como candidato de esa alianza para las elecciones generales, a realizarse dos meses después. Las PASO también definen qué fuerzas pueden presentarse en las elecciones generales, ya que solamente aquellas que obtengan un mínimo de 1,5% pueden hacerlo.
En 2019 las diez fuerzas políticas que se presentaron para las elecciones presidenciales presentaron un solamente precandidato en la categoría de presidente y vice de la Nación. Debido a ello no fue necesario elegir internamente entre varios candidatos, pero la cantidad de personas que votaron en cada interna resulta un claro indicador de las preferencias del electorado, con vistas a las elecciones generales del 27 de octubre.
El viernes 9 de agosto, exfuncionarios del gobierno de Macri violaron la veda electoral y difundieron una encuesta de la empresa Elypsis, cercana al gobierno, que daba ganador a Macri en las PASO. La empresa despidió a los gerentes responsables, mientras que el presidente Macri los defendió.
Los resultados sorprendieron a la opinión pública nacional e internacional, porque las encuestas y algunos medios de comunicación anticipaban una gran paridad entre el oficialismo de Juntos por el Cambio y la principal alianza opositora organizada en el Frente de Todos. Pero los pronósticos no se cumplieron y la cantidad de ciudadanos que eligió votar en las internas de la principal oposición, superó por más de quince puntos porcentuales a la cantidad de gente que eligió votar en las internas del oficialismo.
Finalmente, de las diez fuerzas que se presentaron en las PASO, solamente seis superaron el 1,5% de votantes, quedando habilitadas para participar en las elecciones generales del 27 de octubre: Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Federal, Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Frente NOS y Unite por la Libertad y la Dignidad.
La noche misma de las elecciones, el presidente Macri anunció públicamente que el resultado había sido «muy malo» para el oficialismo y recomendó a sus seguidores «irse a dormir», cuando aún el escrutinio oficial no había hecho público ningún resultado, circunstancia que generó diversas críticas.
Al día siguiente comenzó en la Argentina y Wall Street, una corrida cambiaria y bursátil (esta última la segunda más grave que se tenga registrada en setenta años, con una caída del 48 %), y el aumento al doble del riesgo país a 1700 puntos básicos. y una devaluación del 23 %. Tras ello, el extitular del Banco Central Martín Redrado acusó al presidente Mauricio Macri de haber ordenado el lunes dejar correr el valor del dólar para que los “argentinos aprendan a quién votar”Días después el dictamen de la fiscalía ordenaba investigar si el Ejecutivo instruyó al BCRA para que no interviniera en el mercado cambiario el 12 de agosto, donde se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” investigándose si hubo una instrucción directa del presidente para causar una corrida cambiaria.Mientras el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne estuvo ausente de todas las reuniones del gabinete y en los anuncios económicos del gobierno. La ausencia de Dujovne generó diversas versiones. El diario Clarín informó que «todos conocían que Nicolás Dujovne había renunciado por escrito el martes (13 de agosto)» y afirmó que al ministro «ya se le conocían antecedentes de pánico ante situaciones de estrés». Finalmente, el martes 20 de agosto juró como nuevo ministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien hasta ese momento se había desempeñado como ministro de Economía de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Tras la subida inicial ese martes el dólar cayó un 2% y el índice del JP Morgan de riesgo país se redujo 7%.
Por la tarde el presidente dio un mensaje al país, respaldado por el logo oficial de la Presidencia de la Nación y acompañado por su candidato a vicepresidente, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, atribuyéndole la responsabilidad de la corrida cambiaria y bursátil al voto de la población a favor de la principal alianza opositora y afirmando que «esta elección no sucedió». Por su parte el candidato a vicepresidente agregó que "El presidente está en control, esto no terminó". Columnistas destacados de los dos principales grupos de prensa del país (La Nación y Clarín), cercanos al oficialismo, criticaron la postura del presidente y hablaron del "peligro de un Macri alienado", o afectado de una patología del poder llamada "mal de hubris".
El martes 13 de agosto por la mañana, Macri volvió a dirigirse a la población, esta vez sin estar acompañado por nadie, para disculparse por su mensaje del día anterior, en el que había responsabilizado a la ciudadanía por haber concurrido a votar mayoritariamente en las internas del opositor Frente para Todos, liderado por Alberto Fernández. Macri admitió que sería positivo mantener una conversación con Fernández, para garantizar la gobernabilidad. Luego del discurso de Macri continuó la corrida cambiaria y bursátil, con una nueva devaluación del peso de un 9%.
Esa misma tarde Macri y Fernández conversaron telefónicamente por primera vez. Ambos declararon a la prensa que estaban satisfechos con el encuentro y los acuerdos básicos alcanzados con el objetivo de preservar la institucionalidad, respetar la voluntad democrática de la población y tranquilizar a los mercados, iniciando un proceso de reuniones entre el oficialismo y la oposición para dar estabilidad a la economía durante el proceso electoral.
Tras la victoria definitiva el dólar bajaría 7 pesos el lunes posterior a las elecciones presidenciales.
Las elecciones resultaron en una confirmación de la pronosticada victoria en primera vuelta de Alberto Fernández, del Frente de Todos, que logró el 48,24% de los votos positivos contra el 40,28% que obtuvo el presidente en ejercicio Mauricio Macri, de la alianza Juntos por el Cambio. Sin embargo, el resultado del Frente de Todos fue relativamente ajustado de acuerdo a los pronósticos posteriores a las PASO, y la diferencia entre Macri y Fernández se achicó a menos de la mitad de la manifestada en dicha instancia, con un incremento porcentual de 7,35% para Macri y una caída porcentual de 1,26% para Fernández contando solo los votos positivos. En términos netamente posicionales, el resultado fue el mismo que en las primarias: Roberto Lavagna se ubicó en el tercer puesto con el 6,15% de los votos; seguido por Nicolás del Caño con el 2,16%; Juan José Gómez Centurión con el 1,71%; y José Luis Espert en último lugar con el 1,47% de los votos, convirtiéndose este en el primer candidato desde la instauración de las PASO que, luego de haber superado la barrera del 1,5 % en las primarias obligatorias, no lograba retener, al menos, ese resultado en las elecciones generales. A pesar de su derrota, Macri obtuvo un resultado mucho más alto de lo esperado, y la victoria de Fernández fue la más estrecha en cualquier elección definida en primera vuelta de la historia de Argentina con solo 7,96 puntos de ventaja entre el primer y segundo candidato más votado, en general solo superado por los resultados del propio Macri (2,68% en la segunda vuelta de 2015) y Néstor Kirchner (obtuvo 2,20% menos que Carlos Menem en la primera vuelta de 2003, la segunda vuelta no se realizó por la retirada de Menem).
La elección fue la segunda más polarizada del vigente período democrático argentino, con Fernández y Macri acaparando juntos el 88,52% de las preferencias electorales (resultado solo superado por el 91,91% obtenido por Raúl Alfonsín e Ítalo Luder en 1983), así como la primera vez desde la crisis de 2001 en que dos fórmulas superaron el 80% de los votos. La polarización se manifestó en todos los distritos del país, siendo Formosa la provincia más polarizada con un 93,67% de los votos registrados por Fernández y Macri, y Chubut la menos polarizada con un 81,77%. La polarización dejó a las terceras fuerzas con un caudal electoral extremadamente reducido: en términos de votos absolutos, solo Macri (con 2.689.897) y en menor medida Fernández (con 740.099), lograron obtener más sufragios que en las primarias, mientras que los otros cuatro candidatos perdieron votos a pesar del incremento en la participación electoral. De los cuatro terceros candidatos en la elección, Lavagna fue el que más votos perdió con respecto a las primarias, con 431.993 sufragios menos, mientras que Gómez Centurión perdió casi un 32% de su electorado (212.206 votos menos), y Espert un 28% (156.386 votos menos). Del Caño, como candidato del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT), logró retener un 80% del electorado obtenido en las primarias, y con 143.919 votos menos, fue el candidato que menos votos perdió en beneficio de la polarización a nivel nacional. Sin embargo, su resultado implicó un fuerte retroceso para la izquierda argentina, luego de haber experimentado notorios crecimientos electorales en las sucesivas elecciones de la década.
Fernández ganó en dieciocho de los veinticuatro distritos electorales del país. A saber: las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Macri, por su parte, logró imponerse por amplios márgenes en la ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Córdoba y Mendoza, así como triunfar por estrechos márgenes en Entre Ríos, San Luis y Santa Fe. La victoria de Macri en las tres últimas provincias (en las que había ganado en 2015) fue considerada sin embargo sorpresiva debido a los contundentes triunfos del justicialismo en las elecciones gubernativas de esos distritos.
En Mendoza, gobernada por la Unión Cívica Radical en coalición con Juntos por el Cambio, el oficialismo logró revertir ampliamente la tendencia desfavorable de las primarias de agosto luego de retener la gobernación en septiembre y finalmente imponerse por más de diez puntos ante el Frente de Todos. No obstante, Fernández logró imponerse tanto en Corrientes como en Jujuy, provincias también gobernadas por el radicalismo. El mejor resultado del presidente electo fue en Santiago del Estero, donde obtuvo el 74,95% de los votos contra el 18,37% de Macri, siendo a su vez la provincia donde el presidente derrotado tuvo su peor desempeño. Fue también la única provincia donde cualquiera de los candidatos superó los dos tercios de los votos, y la mayor diferencia entre el primer y segundo candidato más votado en la jornada. Los escenarios contrarios se dieron en Córdoba, donde Macri logró el 61,31% de los votos contra el 29,31% de Fernández, la única provincia donde el candidato justicialista no obtuvo al menos un tercio de los votos; y en Entre Ríos, donde se dio la menor distancia porcentual y absoluta, con solo 908 votos (0,10%) de diferencia en favor de Macri. Fue la segunda vez consecutiva que Entre Ríos ocupó este puesto: en la primera vuelta de 2015, Macri venció a Daniel Scioli en dicha provincia por solo 1.035 votos (0,12%).
En 2016 el presidente Mauricio Macri intentó establecer por ley el voto electrónico en las elecciones nacionales pero, aunque el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, no fue luego tratado por la Cámara de Senadores, debido a las vulnerabilidades que introducía la digitalización.
El gobierno trató de utilizar nuevamente el voto electrónico en las Elecciones legislativas de 2017, pero volvió a frustrarse cuando el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, fue denunciado y posteriormente imputado justicia supuestos delitos derivados de la supuesta compra de máquinas para la implementación del voto electrónico en el país, realizada tras el acuerdo con la República de Corea del Sur, respecto de maquinaria para llevar adelante un proyecto de voto electrónico pese a que no fue aprobado por el Senado de la Nación, Finalmente las máquinas de votación electrónica compradas por el gobierno de Mauricio Macri fueron destinadas al Congo donde por primera vez se utilizaron en una elección congoleña. El hecho generó inquietud acerca de la manipulación de votos y posteriores denuncias de fraude respaldadas por diversos organismos internacionales, de la Unión Europea y Estados Unidos. Las denuncias de fraude en ese país condujeron a masivas y violentas manifestaciones, que fueron duramente reprimidas. Las máquinas compradas por el gobierno del Congo fueron creadas por la firma surcoreana Miru Systems Co. para las elecciones argentinas de 2017 encargadas por el gobierno de Mauricio Macri; las 110.000 máquinas utilizadas en la elección congoleña tienen una pantalla y parte del software, como la presentación y el demo en español y con nombres de candidatos argentinos. La noticia fue divulgada por los diarios The Washington Post y The New York Times, y señaló que en los modelos de práctica aparecían los apellidos de los candidatos argentinos (Carrió, Stolbizer, De la Sota) y el formato de DNI.
En enero de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional dio a conocer informalmente que había decidido informatizar parcialmente el proceso electoral y eliminar los telegramas y actas que se confeccionan manualmente en cada mesa electoral, para reemplazarlos por un sistema de transmisión electrónica de datos desde "centros de transmisión electoral" ubicados en las escuelas donde están instaladas las mesas de votación, directamente al centro de cómputos. A tal efecto el 12 de diciembre de 2018, el gobierno contrató por 1,2 millones de dólares, a través de una licitación por parte del Correo Argentino, a la empresa SmartMatic International Holding para crear e implementar el software de trasmisión de datos desde las mesas al centro de cómputos. SmartMatic también ganó la licitación para realizar el escrutinio provisorio, con un costo de 17 millones de dólares.
Los partidos de oposición cuestionaron el cambio, sosteniendo que el sistema carecía de mecanismos para poder controlar tanto el software como la intangibilidad de los datos que antes contenían los telegramas y actas eliminados, durante el proceso de digitalización y transmisión. Entre los argumentos, los partidos de oposición denunciaron que la empresa contratada, SmartMatic, tenía antecedentes cuestionables, como la contratación por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para gestionar el voto electrónico en ese país entre 2004 y 2017, con múltiples denuncias de fraude electoral.
El 29 de marzo la Cámara Nacional Electoral sostuvo que no tenía competencia para intervenir en el escrutinio provisorio, a cargo del Poder Ejecutivo, y que por lo tanto era una facultad exclusiva del mismo establecer el mecanismo que considerara más conveniente para realizar esa tarea, pero ordenó también que, a los fines del escrutinio definitivo, el Poder Ejecutivo debía mantener las constancias en papel de cada mesa (urna, boletas, acta de escrutinio, telegrama y certificado de escrutinio) y entregar constancias oficiales del resultado electoral en cada mesa, a los fiscales de los partidos políticos.
Como consecuencia de la decisión de la Cámara Nacional Electoral, para el recuento de votos se dispuso utilizar dos sistemas: a) uno provisorio, a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, utilizando un software de la empresa SmartMatic, llamado Smarttally, con conteo electrónico de los votos, a partir de un sistema de reconocimiento óptico de caracteres en las imágenes escaneadas de los telegramas de cada mesa, primero en formato tiff y luego convertidas a formato png; b) otro definitivo, a cargo del Poder Judicial, con conteo manual de los votos, sin intermediaciones, según lo que dice cada acta firmada por las autoridades y fiscales de cada mesa y los fiscales, resolviendo también las impugnaciones realizadas en cada mesa.
El 29 de junio se realizó un simulacro de elecciones para probar el sistema de la empresa SmartMatic, que la empresa consideró exitosa, aun cuando la prensa señaló que había tenido graves irregularidades. Produciéndose varios errores técnicos en una prueba para las PASO que generaron una fuerte polémica.
La oposición también ha cuestionado la imposibilidad de auditar el software comprado a la empresa SmartMatic, debido a que el contrato no contempla la obligación de la empresa de exhibir el código fuente y que tratándose de propiedad privada, es la empresa la que se reserva el derecho a decidir quienes pueden acceder al código, haciendo imposible la fiscalización por parte de los partidos políticos no autorizados.
El secretario de Asuntos Polìticos, Adrián Pérez, afirmó que “Incluso se podía supervisar la conversión que se producía entre el formato tiff y png” fuentes del gobierno sostuvieron que fue la elección con mayor fiscalización de la historia y en la que ni siquiera existió un solo caso de impugnación, y por otro lado diversas fuentes denunciaron gran cantidad de irregularidades e impugnaciones, realizadas inclusive por el partido de gobierno, mientras que el escrutinio provisorio registró 6855 votos impugnados.
La Cámara Nacional Electoral ha aclarado que no tiene valor legal el escrutinio provisorio que el gobierno da a conocer la noche de la elección, y que el único escrutinio con valor legal es el definitivo, realizado durante los días siguientes por el Poder Judicial. Los partidos opositores y algunos observadores han criticado que el Poder Ejecutivo utilice en el escrutinio provisorio un sistema que arroje resultados susceptibles de ser utilizados propagandísticamente, que no puede ser controlado, ni auditado correctamente.
Algunos analistas como Hugo Alconada Mon señalaron el temor acerca de la posible influencia sobre la percepción ciudadana del resultado de las elecciones internas. En caso de que la difusión de resultados en las horas siguientes al cierre de los comicios se realizara de un modo no transparente, mediante un uso selectivo del orden de presentación de los datos, podría dejar en el electorado una percepción falsa acerca de los ganadores y perdedores de la elección, y «para cuando salgan los resultados oficiales del recuento definitivo, ya será tarde para modificar las percepciones».
El 1 de agosto de 2019, diez días antes de las elecciones primarias (PASO), la Cámara Nacional Electoral le ordenó al gobierno y al Correo Argentino una nueva serie de medidas para permitir la fiscalización de todos los pasos y nuevos ámbitos creados a fin de digitalizar y transmitir los resultados electorales durante el escrutinio provisorio. El tribunal cuestionó también que el escrutinio provisorio sea realizado por el Poder Ejecutivo, debido a que se trata "de una de las partes interesadas en su resultado", y sostuvo que "constituye un factor de descrédito del escrutinio provisorio que genera dudas sobre la integridad de ese procedimiento", recomendando que el mismo sea realizado por un ente que no dependa del gobierno.Días antes del fallo la oficina que depende del exdiputado del Pro Rodrigo Conte Grand había anticipado que la entrega del software para ser auditado por los partidos opositores solamente iba a realizarse el viernes previo a la elección, solamente dos días antes de los comicios del domingo. Los jueces consideraron que dicho plazo "resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad".
La justicia recordó que ya 2017 la CNE Comisión Nacional Electoral había establecido que el software del escrutinio provisorio debe ser entregado al menos 30 días antes de los comicios para ser auditado por las agrupaciones políticas, pauta que en estas elecciones no se cumplió.
Una semana antes de los comicios la Fundación Vía Libre publicó un informe firmado por los tres expertos en seguridad informática, Iván Arce, Enrique Chaparro y Javier Smaldone, dando cuenta que el software de la empresa Smartmatic, contratado por el gobierno para realizar el escrutinio provisorio, tenía múltiples vulnerabilidades que permitían "borrar o alterar los datos" de la votación. Sobre la base del informe de los expertos, el Frente de Todos presentó un amparo judicial para que no se utilice el cuestionado software en las elecciones.
Al resolver el amparo, la jueza electoral María Servini de Cubría resolvió que no había tiempo para analizar y evaluar el software y dispuso que el mismo fuera utilizado. Designó también peritos informáticos para que actúen de veedores del escrutinio provisorio. Beatriz Busaniche, representante de la Fundación Vía Libre dio cuenta de que "el Gobierno no puede garantizar la transparencia del proceso electoral", y que no entregó a los partidos políticos el software con la antelación establecida, con lo cual están en duda los resultados que se puedan informar la noche del domingo 11 de agosto.El 9 de octubre se presentó una denuncia contra Smartmatic por una defraudación de $5.000 millones la denuncia explicaba que se según el contrato la empresa no puso una sola computadoras, ni scanner, que los pagaron el Ministerio y el Correo. La denuncia pedia que se investigue penalmente si por orden de altos funcionarios nacionales se abonó más de $5.000 millones por un sistema plagado de deficiencias, que no cumple “mínimamente con lo requerido”. Smartmatic, que ya fue cuestionada en países como Italia, Filipinas, El Salvador y Venezuela.
Paralelamente diferentes especialistas advirtieron acerca de la mala reputación y los antecedentes de Smartmatic, la empresa contratada por el macrismo para realizar el escrutinio, denunciada por irregularidades en elecciones de varios países. Aunque, por su parte, una vez publicado los resultados definitivos de las PASO, publicados por la Justicia Nacional Electoral, una CEO de la empresa anglosajona Smartmatic reflexionó: “Después de una diferencia menor al 1% entre el provisorio y el escrutinio final, los argentinos reconocen y avalan la tecnología. Fuentes de la Cámara Nacional Electoral indicaron que “la diferencia entre escrutinio provisorio y definitivo fue inferior al 1%”
El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, afirmaron que la elección fue la más transparente y precisa en la historia de la democracia, pese a las especulaciones, denuncias y críticas de distintos profesionales en la materia y de varios de los referentes políticos del país, quienes señalaron la posibilidad de que existiera fraude.
“Los resultados del escrutinio definitivo plantean una coincidencia casi total respecto a los resultados del escrutinio provisorio que estaban cerrados antes de la medianoche del mismo día en el que se realizaron las elecciones.
El 24 de junio de 2019, el precandidato presidencial José Luis Espert denunció que el sistema informático electoral fue manipulado para alterar los documentos de identidad de los candidatos bonaerenses de la lista "Despertar", encabezada por él, con el fin de «causar la caída de la lista». Espert culpó al gobierno de Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, sosteniendo que la intención de ambos era «proscribirlo», impidiendo su presentación como candidato a presidente de la Nación, debido a que los votos que Espert podría recibir de acuerdo a las encuestas pertenecían a potenciales votantes de Macri y podían significar su derrota electoral. La alteración informática de los documentos de los candidatos se produjo simultáneamente con la partida de Alberto Asseff, líder del Partido UNIR y miembro de la alianza de Espert, hacia la alianza oficialista, apenas unas horas antes de la presentación formal de las listas de candidatos.
El 6 de agosto, a cinco días de las elecciones primarias, el precandidato a presidente José Luis Espert denunció haber recibido dos impactos de proyectiles lanzados a su camioneta blindada, cuando se trasladaba a entrevistas televisivas en la ciudad de Buenos Aires. Tras el hecho, el precandidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se solidarizó con Espert y repudió el ataque, al que describió como un «acto incalificable que enturbia la campaña electoral» y le reclamó al gobierno que vele por la integridad física de los candidatos y encuentre a los responsables. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó al día siguiente con Espert y le ofreció custodia policial. Los peritajes realizados por la policía de la ciudad de Buenos Aires determinaron que los impactos de proyectil eran producto de pedradas y que no se correspondían con proyectiles de armas de fuego, como se había reportado en un principio.
Carrio dirigente de la alianza oficialista Cambiemos, opinó en redes sociales, sin dar precisiones, que las elecciones primarias supuestamente habían sido objeto de fraude en perjuicio del frente Juntos por el Cambio organizado por una o varias organizaciones de narcotraficantes.
La elección fue organizada por el gobierno, mediante la contratación de la empresa venezolana StartMatic, que fue objeto de impugnaciones realizadas por el Frente de Todos, rápidamente fue desmentida por el gobierno y por su propio aliado político Adrián Pérez, encargado del proceso electoral quién descartó de lleno cualquier posibilidad de fraude y destacó que en estas PASO hubo menos telegramas con falencia que en elecciones anteriores. Las afirmaciones de Carrió fueron calificadas por diversos medios como "un ataque de Carrió a la democracia".
Los dichos de Carrió no fueron llevados a ningún órgano judicial, fue desestimada por diversas personalidades, como el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, perteneciente a Cambiemos, que sostuvo que "el resultado estaba en manos del gobierno". El fraude denunciado por la dirigente oficialista también fue descartado por la organización Reverso, un proyecto colaborativo contra las fake news integrado por sesenta medios de comunicación argentinos. También el periodista del grupo Clarín, Jorge Lanata, cercano al oficialismo, cuestionó duramente a quienes denunciaron que hubo fraude diciendo que "Están todos mal de la cabeza".
En las primeras horas del 26 de octubre se denunciaron graves irregularidades en el voto de argentinos en el exterior. Desde distintos países denunciaron que se abrieron los sobres del voto por correo sin presencia de todos los fiscales. Desde distintos puntos del mundo se denunciaron serias irregularidades en la apertura de sobres y conteo de sufragios, lo que puso en duda miles de votos del exterior. Fiscales del opositor Frente de Todos (FdT) denunciaron que miles los sobres se abrieron sin su presencia, por lo que se perdió la trazabilidad del voto. En total 385.000 argentinos que viven en el exterior estaban habilitados a votar, lo que representa el 1,15% del padrón electoral, superior al padrón de las provincias de Catamarca, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los apoderados del Frente de Todos comunicaron, irregularidades en los consulados de diferentes países y enumeraron que en Estocolmo la embajadora nombrada por Mauricio Macri se negó rotundamente a hacer el procedimiento con los votos por correo; en Nueva York los fiscales partidarios no pudieron acceder al procedimiento de conteo. En La Haya no estaba registrada la firma de todos los que votaron, por lo que no se puede fiscalizar la veracidad de la firma de la declaración jurada que va junto al voto. En Montevideo el consulado estaba directamente cerrado. También se registraron problemas en Viena, donde no había urnas por lo que los votos fueron puestos en una caja. En Londres, no se cargaron las firmas digitales por lo cual los votos no podrán computarse y en Miami no realizaron el procedimiento legales de recuento de sobres.
Días antes, la prensa denunció que Cambiemos entregó datos personales de argentinos en el exterior para beneficiar a Mauricio Macri, violando la ley de protección de datos personales. Diferentes embajadas argentinas usaron contactos privados cedidos al Estado para propaganda oficialista que implicó el uso de recursos públicos para recabar información que después se volcó a la propaganda del gobierno. Desde el consulado de Argentina en Madrid, se enviaron mensajes de "voluntarios de Juntos por el Cambio en el exterior" llamando a votar por el oficialismo. Finalmente se denunció la utilización de las embajadas para enviar correos electrónicos partidarios del macrismo, y la utilización de datos reservados para enviar mensajes llamando a votar a Cambiemos. El uso de los recursos oficiales para recabar datos para trámites y destinarlos a actividades partidarias fue denunciada por ciudadanos argentinos en Berlín, Austria, Perú, Canadá, Suiza, etc. También causó controversia la utilización de las instalaciones de la embajada argentina en Caracas, por parte del político Juan Guaidó para enviar un mensaje de agradecimiento a Mauricio Macri, y tiempo después emitir otro mensaje en el que llamaba a votarlo. Diversos embajadores argentinos utilizaron sus cargos para convocar a una marcha en apoyo a Mauricio Macri, en los países en que se desempeñan como diplomáticos. La propia Cancillería a cargo de Jorge Faurie habría dado la orden a los consulados y embajadas para que difundan la convocatoria partidista de Juntos por el Cambio violando la ley Nº 20.957 que no permite que los embajadores realicen actos proselitistas y establece que los embajadores son designados para cumplir tareas específicas, que nada tienen que ver con campañas electorales de ningún tipo. Las críticas incluían la observación del uso de recursos públicos con fines de financiamiento de la campaña electoral del oficialismo, lo que configuraría el delito de malversación de caudales públicos.
Diferentes medios se hicieron eco de las denuncias contra el gobierno por utilizar datos de contacto personal de ciudadanos argentinos en el exterior, sin su consentimiento, para pedirles que voten por Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
El 7 de octubre de 2019 se dio a conocer que la jueza María Romilda Servini y el fiscal Jorge Di Lello decidieron enviar al fuero penal la denuncia presentada por el abogado y excandidato a jefe de Gobierno porteño, Leonardo Martínez Herrero, contra la empresa Smartmatic, encargada del escrutinio, y los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que decidieron la contratación de la empresa, por posible defraudación al Estado. Del texto de la denuncia origen de autos se desprende que Leonardo Martínez Herrero puso en conocimiento del tribunal electoral "un hecho que podría resultar delictivo, consistente en un posible fraude económico en perjuicio de las arcas del Estado Nacional", fundamentó Servini su decisión de declararse incompetente y remitir el caso a la justicia federal penal.
El 29 de octubre de 2019 los apoderados del Frente de Todos y el PJ bonaerense presentaron una denuncia penal por la posible adulteración de los padrones electorales utilizados en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada electoral del 27 de octubre, numerosas personas se encontraron impedidas de emitir su voto debido a que en los padrones figuraban registrados con un documento posterior al que exhibían, pese a que no hubieran tramitado un nuevo documento luego de las elecciones primarias del mes de agosto, y no hubieran tenido inconvenientes en esa ocasión.
En la denuncia, se solicitó a la Justicia efectuar la comparación de los padrones electorales bonaerenses utilizados en las PASO y en las elecciones generales, "a fin de determinar si en el segundo hubo variantes en la denominación del documento cívico de los ciudadanos o en el ejemplar del mismo".
Esta situación se produjo de forma reiterada en La Matanza, José C. Paz, San Martín, Malvinas Argentinas, Escobar y Almirante Brown, distritos con mayorías opositoras a Juntos por el Cambio.
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