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Enrique Gil Botero



Enrique de Jesús Gil Botero (Fredonia, Antioquia, 9 de diciembre de 1953) es un abogado colombiano que se desempeñó como Consejero de Estado de Colombia entre enero de 2008 y diciembre de 2015, del cual fue presidente entre abril de 2008 y marzo de 2009. Desde el 9 de marzo de 2017 al 7 de agosto de 2018, fue Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, en reemplazo de Jorge Eduardo Londoño.

Gil Botero es un abogado antioqueño, miembro del Partido Conservador Colombiano y séptimo Ministro de Justicia del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Ha sido Consejero de estado, litigante, árbitro de la cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, catedrático y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2008 fue elegido Magistrado del Consejo de Estado, llenando la vacante del Magistrado Ricardo Hoyos Duque, también antioqueño y Conservador. Gil Botero fue apoyado por el entonces Ministro del Interior Carlos Holguin Sardi y el presidente Álvaro Uribe.

Fue presidente del Consejo de Estado en entre 2008 y 2009, y durante este último año fue asesinado por sicarios, su hermano Luciano Gil Botero, ingeniero eléctrico, quien departía con dos amigos den la vía pública, cuando fue acribillado por dos hombres movilizados en una motocicleta.

Después de terminar su periodo en el Consejo de Estado, Gil Botero fue contratista de la Fiscalía General de la Nación, dichos contratos generaron un escándalo al ser, según la opinión pública, el pago por el voto del entonces magistrado Gil por la continuidad del Fiscal Eduardo Montealegre en su cargo.[1]

El 16 de julio de 2015, Gil Botero fue elegido Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2016 - 2019, a proposición de la Canciller Colombiana María Ángela Holguín ante la OEA,[2]​ durante el año 2016 se desempeñó como relator especial de la Comisión en México.[3]

Durante el año 2016, Gil Botero estuvo en primera plana nacional por el interés de su partido, el Partido Conservador Colombiano, de tenerlo en la terna para elegir al nuevo Procurador General de la Nación y retener dicha entidad para el partido. Así pues, su partido propuso al Presidente su nombre, junto con el de Wilson Ruiz y Jaime Arrubla Paucar para elegir su ternado. Santos finalmente optó por ternar a María Mercedes López.

Sin embargo, su partido continuó el interés por tener a Gil Botero en uno de los altos cargos del estado y en los primeros días de 2017 el nuevo presidente Conservador, el Senador Hernán Andrade propuso al Presidente Juan Manuel Santos ternar a Gil para suplir una de las cuatro vacantes en la Corte Constitucional de Colombia.

Finalmente, Santos optó por designar a Gil Botero como Ministro de Justicia de Colombia, en reemplazo de Jorge Londoño el 24 de febrero de 2017.

Enrique Botero Gil es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y en derecho constitucional de la Universidad de Salamanca en España; igualmente es egresado del Programa de Alto Gobierno de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

Gil Botero fundó en 1993, junto con otros profesionales del derecho (entre los que se cuentan el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Javier Tamayo Jaramillo, el tratadista y académico Gilberto Martínez Rave y el también exconsejero de Estado Ricardo Hoyos Duque, el IARCE. Entre los cargos públicos y privados desempeñados desde entonces, figuran:

Igualmente se ha destacado en la academia, como profesor en las siguientes universidades:

Gil Botero tuvo un destacable paso por el Consejo de Estado, fue elegido presidente del alto tribunal en 2008, con apenas meses como magistrado.

Ideológicamente, Gil Botero estuvo en el bloque de magistrados cercanos al Presidente Álvaro Uribe y de posturas Conservadoras. Fue ponente de numerosos procesos de Reparación administrativa por parte del estado.

El más destacable de todos y que generó un gran boom mediático en el país, fue la condena al estado por los crímenes del grupo Paramilitar los Doce Apóstoles, del que se acusa encabezaba el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, quien se enfrenta a un proceso por su financiación. En 2013 Gil Botero señaló que dicho grupo paramilitar fue financiado por los comerciantes de su área de influencia y tenía respaldo por parte de la Fuerza Pública y la Iglesia Católica. De igual manera Gil Botero Condenó al estado a responder por la Masacre de El Aro, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre en el municipio de Ituango, Antioquia en 1997, donde perdieron la vida 15 campesinos en estado de indefensión y otros tantos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.[4]

En los últimos meses como magistrado, Gil Botero votó a favor de mantener el periodo de cuatro años del fiscal Eduardo Montealegre hasta 2016 y no conservar el periodo institucional, que culminaría el periodo del fiscal en 2014. 20 de los 23 votos, fueron a favor de la postura tomada por Gil Botero.

El 24 de febrero del 2017 fue designado por el presidente Santos como Ministro de Justicia y del Derecho,[5]​ quien lo definió como un jurista con las mejores credenciales, y le asignó la primordial tarea de aportar desde la Justicia para que Colombia siga consolidándose como la mejor aliada de los derechos de los colombianos, comenzando por este derecho suprema, el más sublime de toda sociedad, que es el derecho a la paz.

Al iniciar su gestión al frente de la cartera de Justicia, sus principales retos son: sacar adelante el Plan Decenal de Justicia, y principalmente seguir impulsando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encontraba a un debate de ser aprobada por el Congreso al posesionarse Gil Botero y que es parte fundamental del acuerdo de paz logrado con las Farc.[6]

Tomo posesión en 9 de marzo del 2017 en la Casa de Nariño el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno buscará una concertación con las Altas Cortes sobre temas sensibles de la justicia por iniciativa del nuevo titular de la cartera de Justicia.[7]




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