El escándalo de Dragacol fue un caso de corrupción que se presentó por la contratación entre el entidades del gobierno colombiano y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A (Dragacol), en marzo de 1999.
En uno de los casos, el Ministerio de Transporte pagaron 1224 millones de pesos colombianos por la draga "Josefina" cuando dicha maquinaria estaba supuestamente embargada, pero en realidad estaba siendo operada para realizar otro contrato en Cartagena de Indias. Dragacol no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura.
Se descubrió también que existieron fallas en la conciliación laboral por cerca de 26 mil millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo y Dragacol, firmada el 6 de noviembre de 1998. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el senador Javier Cáceres Leal. Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos.
Un fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director General Marítimo de la Armada de la República de Colombia (Dimar). De los 26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los 4.000 millones de pesos. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al exministro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al exministro fue posteriormente revocada por la Corte Constitucional.
Las siguientes personas fueron investigadas por el escándalo de dragacol.
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