El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, por su acrónimo) fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos en aquel entonces, a fin de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. En diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, en 1990 se creó el Fobaproa. Ante posibles crisis financieras que propiciaron la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, se esperaba que el Fobaproa asumiría las carteras vencidas y capitalizaría a las instituciones financieras. En los años siguientes el Fobaproa, su concepción, implementación y los principales beneficiarios del mismo se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo.
En septiembre de 1982 se dio la conjunción de tres factores interrelacionados graves:
Ante esa situación, el presidente José López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. El gobierno federal desembolsó tres billones de pesos para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25,000 millones de dólares.
En 1983 se creó el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario (Ficorca). En medio de la recesión económica derivada de la crisis de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y la actividad productiva. Comenzó la desprivatización de las empresas paraestatales.
Luego de la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés. En 1987, la crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar.
A finales de 1994 se da la crisis más grave de la historia contemporánea mexicana. La crisis provocó que las tasas de interés se dispararan causando el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores.
Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos, y los ahorradores no habrían podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva. Un sistema con ese riesgo se convierte en poco confiable, dando lugar a un pánico que lleva a la fuga de más capitales y a que las empresas no puedan cumplir obligaciones, lo que agrava aún más la crisis económica. Ante ese peligro, el gobierno federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552.000 millones de pesos por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PIB de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. Para septiembre de 1999 el costo ascendía a 873 mil millones de pesos.
Mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa absorbiera la cartera vencida a los bancos, en enero de 1995 el gobierno federal creó el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen a capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Adicionalmente, la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (Udis). Según la propia reglamentación del Fobaproa, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos.
A consecuencia del error de diciembre, muchas empresas se vieron imposibilitadas para pagar sus deudas, por lo que para reestructurar las mismas, en 1996 se creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe), que funcionó con recursos fiscales a instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acorde con datos de la propia dependencia, el Ucabe sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9.700 millones de dólares.
Resultó ser el programa más dañino para las finanzas públicas del gobierno mexicano durante la operación de rescate bancario. Gracias a este, el Fobaproa compró a los bancos todo tipo de chatarra financiera, es decir, créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate y en cambio redujeron las pérdidas de bancos, accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos pero los transfirieron al Fobaproa.
El Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) fue instrumentado por el Fobaproa para inducir a las instituciones a efectuar aportaciones de capital cuando su situación financiera, aunque solvente, presentaba un deterioro importante en sus activos y ponía en riesgo su viabilidad. Mediante el PCCC, las instituciones transfirieron al Fobaproa los derechos para que este recibiera el cobro sobre ciertos créditos, a cambio de un instrumento de pago a cargo del Fobaproa con garantía del gobierno federal. Por su parte, las instituciones de crédito se comprometieron a aportar, en términos generales, 1 peso de capital por cada 2 pesos de derechos de cobro cedidos al Fobaproa.
Los instrumentos de pago emitidos por el Fobaproa tienen una vida de 10 años y sus vencimientos ocurrirán entre septiembre de 2005 y diciembre de 2006, devengan intereses capitalizables trimestralmente, y son prepagables. En términos generales, las obligaciones en moneda nacional devengan la tasa de interés Cetes, y las notas documentadas en moneda extranjera la tasa de interés LIBOR.
En marzo de 1998, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León envió al Poder Legislativo un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividades crediticias y facilitar la capitalización de los bancos. Por tanto, con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el Poder Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos.
Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el Fobaproa y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) adquirieran como resultado de la crisis. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552.000 millones de pesos.
Las iniciativas fueron:
La promulgación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario o LPAB en diciembre de 1998 por parte del Congreso de la Unión dispuso la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como un intento de lanzar un "nuevo sistema de protección al ahorro bancario".
Este se encarga de proteger el ahorro de la gente y así evitar que haya pérdidas, tiene como objetivos principales implementar un sistema de protección al ahorro bancario, concluir los procesos de recuperación de instituciones bancarias, así como administrar y vender los bienes a cargo del IPAB para obtener el máximo valor posible de recuperación.
Esta ley ordenó al IPAB la asunción de las operaciones instrumentadas por el Fobaproa de conformidad con el articulado transitorio de la LPAB. La LPAB señala que el Instituto no es causahabiente universal del Fobaproa. Esto significa que el IPAB nace con una personalidad jurídica propia y con mandatos y facultades establecidas en la ley que lo rige.
El argumento principal de los defensores del Fobaproa es que los costos totales de no haber rescatado a la banca hubieran sido mayores debido al pánico que se pudo haber generado en los mercados financieros; profundizando la crisis iniciada en diciembre de 1994.
El más importante argumento en contra es que la expropiación bancaria habría sido menos costosa y habría dado lugar a una menor corrupción.
El mismo año que el Fobaproa se asumió como deuda pública, se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por los economistas Fausto Hernández Trillo y Marcos Ávalos en 2006 (publicado por las Naciones Unidas, a través de la CEPAL) pronosticó que serían 70 años -asumiendo que el país tuviera un crecimiento económico anual de 4%-.
No obstante, según un análisis del medio mexicano «Arena Pública», el crecimiento promedio del PIB mexicano en la última década (2008-2017) ha sido de tan solo 2.3%, por ello el pronóstico de los economistas está desfasado y la deuda podría tardar en pagarse muchos años más.
Se estima que, como consecuencia de las decisiones tomadas durante la administración de Ernesto Zedillo, el pago del Fobaproa habrán impactado a tres generaciones.
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