El segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera se inició el 11 de marzo de 2018, tras su victoria en la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile de 2017. Su mandato se extenderá hasta el 11 de marzo de 2022, fecha en la que debe producirse la investidura de su sucesor.
El cambio de mando se realizó el día 11 de marzo de 2018, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde prestó el juramento de rigor, asumiendo en el mediodía e iniciando de inmediato sus funciones.
Su primer acto como presidente de la República fue el nombramiento y toma de juramento o promesa de sus ministros de Estado. Luego realizó una reunión cumbre junto a sus ministros y los representantes extranjeros en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
El 26 de marzo el Jefe de Estado anunció auditoría "en forma inmediata" al Sename.
El 9 de abril el Presidente anunció una nueva ley migratoriaen la cual se regulariza a 300 000 inmigrantes ilegales, se crea la "Visa de Responsabilidad Democrática" para ciudadanos de Venezuela además de la "Visa consular de turismo simple" y el "Visado para fines humanitarios" para los oriundos de Haití, con el fin de regular la situación migratoria que se traía desde el gobierno anterior.
El 13 de abril el mandatario asistió a la VIII Cumbre de las Américas, en la cual criticó al presidente venezolano Nicolás Maduro y afirmó "Es indudable que en Venezuela no hay democracia"
El 3 de mayo Piñera firmó el proyecto de ley que fija imprescriptibilidad total en delitos de abusos contra menores.
El 23 de mayo el Gobierno presentó la "Agenda Mujer" con 12 puntos.
El 28 de mayo Sebastián firmó un proyecto de reforma constitucional que contempla "garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres".
A su primer año de gestión, el gobierno de Sebastián Piñera anotó un aumento del crecimiento económico, al llegar este al 4,0%; el cual fue el mayor ritmo de crecimiento económico en los últimos cinco años, es decir, desde el término de su primer mandato, donde había logrado, igualmente, un 4,0% de crecimiento en 2013. Estas cifras situaron 2018 muy por encima del 1,7% promedio anual obtenido por la gestión del segundo período de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2017. Una de las razones del crecimiento se halla en el aumento de la inversión. Como señala The Heritage Foundation:
En el primer año de gobierno, aumentó también la inversión en el tópico de maquinarias y equipos industriales, el cual explica, especialmente, los buenos indicadores económicos del segundo semestre de 2018.
Al respecto de la competitividad, el 27 de julio el mandatario afirmó:
Allí culpaba directamente al gobierno de Michelle Bachelet por la vulnerabilidad fiscal a nivel país. Sin embargo, el 31 de julio desde Moody's respondieron lo siguiente:
Aseguraron que "el deterioro lo empezamos a observar desde 2010 y fue gradual, pero constante y persistente", es decir, mientras Sebastián Piñera era presidente. No obstante, durante el primer gobierno de Piñera el salto en la deuda pública fue del 5,8% al 12,7%, mientras el salto en el segundo gobierno de Bachelet fue del 12,7% al 23,6%.
Por su parte, en el Índice de Libertad Económica, desde el cual Chile había caído desde el puesto 10 al puesto 20 a nivel mundial al finalizar el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se revirtió dicha tendencia, para en cambio volver a subir dos puestos a nivel mundial durante 2018, a partir de expectativas más confiables para los negocios, motivadas por el gobierno de Sebastián Piñera, y la recuperación de la inversión luego de cuatro años anteriores de contracción, como señaló la institucionalidad a cargo del análisis, The Heritage Foundation.
Al respecto del mercado laboral, 31 de agosto de 2018 se había dado a conocer una estadística del INE en que se señala que el desempleo aumentó a un 7,3 % entre los meses de mayo a julio, la cifra es la más alta desde 2011, durante su primer gobierno.
En mayo de 2018, su gobierno adoptó la "Agenda de la Mujer" en respuesta a manifestaciones feministas masivas. Prevé promover la paridad en los consejos de administración de las empresas, o un derecho "universal" a una plaza en una guardería para las trabajadoras con un contrato de trabajo estable (lo que limita considerablemente su alcance en un país en el que el empleo precario está muy extendido, especialmente para las mujeres). Menos de la mitad de las mujeres chilenas tienen acceso a un trabajo remunerado, y el 31% trabaja sin contrato ni protección social o sanitaria.
El 3 de junio de 2020, fue promulgada la Ley 21236 llamada de «Portabilidad Financiera», la que permitió una mayor competencia en la refinanciación de los productos financieros, especialmente para créditos de consumo, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, reduciendo los costos asociados y optimizando los tiempos para cambiarse de una institución financiera a otra, en un escenario donde Chile es el país con la mayor bancarización en América Latina.
El 22 de marzo de 2019, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la nueva estación de Metro Parque Almagro, en Santiago Centro, para participar del recorrido inaugural de Línea 3, la cual conectó las comunas de La Reina y Quilicura en 30 minutos.
El 12 de marzo de 2019, presentó de manera oficial Red o Red Metropolitana de Movilidad, el nuevo nombre que en sus palabras, busca “cambiar de raíz y para mejor” el sistema de transporte público “no solo para la capital sino para todas las regiones de Chile”. En esa línea, también fue presentada la Red Concepción de Movilidad.
En relación a la seguridad ciudadana y para hacer frente a los casos de delitos y violencia ocurridos en la vía pública, el gobierno lanzó en mayo de 2019 el «Plan Calle Segura», que dotó a las policías con mayor cantidad de vehículos para realizar patrullajes, incrementa la videovigilancia en vías de distintas ciudades del país donde existe una importante cantidad de denuncias de actos de delincuencia. Asimismo, fue lanzado el sitio web Comisaría Virtual de Carabineros de Chile, con el objetivo de realizar en línea algunos de los trámites que están disponibles en sus unidades policiales de forma presencial, además de una base de datos interconectada entre ambas policías para información sobre robos de vehículos, sus piezas y otras especies.
Durante octubre de 2019 se dio uno de los estallidos sociales más grandes de la historia del país. Si bien el ciclo de protestas chilenas comienza en el año 2006 con la Revolución Pingüina, en 2019 se daría su momento más álgido. Luego de semanas de evasiones masivas por parte de estudiantes secundarias/os, el viernes 18 de octubre, luego de sucesivas reuniones, el Ministrio del Interior Andrés Chadwick anuncia la determinación de realizar querellas por Ley de Seguridad del Estado ante responsables de incidentes públicos. Durante la tarde, la mayoría de la red de Metro es suspendida por las movilizaciones, lo que radicaliza la protesta en las calles de Santiago. En medio de la crisis, se viraliza la imagen del presidente en una pizzería del barrio alto celebrando el cumpleaños de su nieto, mientras en la capital del país se producía una revuelta inédita desde el retorno a la democracia.
Tras el Estado de emergencia y toque de queda declarado por el presidente Sebastián Piñera en pleno estallido social del país iniciado en octubre de 2019, la mayor parte de la población chilena surgieron diversas denuncias de abusos y excesos ejercidos por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile ratificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También se denunció en redes sociales un sinnúmero de instancias de uso de violencia excesiva por parte de los agentes estatales de orden; incluidas algunas que ocurrieron durante transmisiones de televisión en vivo.
El día 30 de octubre la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y expresidenta del país, Michelle Bachelet, envió una misión para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por el gobierno. En tanto, el equipo de investigadores enviado por Amnistía Internacional afirmó que lo ocurrido en Chile era «realmente grave» y destacaron que las violaciones a los derechos humanos se registraron a nivel masivo y por un tiempo sostenido, con consecuencias serias para la población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó preocupación ante el uso excesivo de la fuerza pública y urgió al Estado chileno para que entablara un diálogo con las partes involucradas.
Hasta el 30 de diciembre, el INDH presentaba 980 acciones judiciales en representación de 1140 personas: 22 recursos de amparo, 5 querellas por homicidio, 18 querellas por homicidio frustrado, 137 querellas por violencia sexual (incluidas 4 violaciones),777 querellas por torturas y tratos crueles, 16 por lesiones y 5 recursos de quejas. El organismo visitó 9589 personas detenidas, incluidos 1100 menores de edad.
A raíz del Plebiscito nacional de Chile de 2020 los partidarios de la opción de Apruebo y Rechazo realizaron manifestaciones en apoyo a estas.
La acusación constitucional contra Sebastián Piñera fue un intento de juicio político abierto con el objetivo de poner término anticipado al segundo mandato de Sebastián Piñera como presidente de Chile. Este proceso se inició el 19 de noviembre de 2019 con la presentación de la acusación firmada por 10 diputados, exigencia que establece la Constitución de 1980, y en consecuencia de los hechos suscitados durante la crisis política de octubre de 2019, especialmente en el uso de la fuerza militar y sus posteriores efectos. Esta acusación fue rechazada en la Cámara de Diputados, al plantearse que la acusación no cumplía con los requisitos que la Constitución Política señala, argumento aprobado el 12 de diciembre de 2019, por 79 votos a favor y 73 en contra, por lo que finalmente se tuvo por rechazada la acusación constitucional, concluyéndose este proceso.
El abogado chileno Carlos Zambrano presentó un recurso de amparo contra el Presidente de la República alegando que el decreto supremo N°472 para declarar Estado de Excepción hacía casi dos semanas sería ilegal. El 1 de noviembre, la dirigente social Roxana Miranda y la abogada de Derechos Humanos, Mónica Araya Flores, presentaron ante tribunales una acción penal contra Sebastián Piñera y el recién renunciado Andrés Chadwick, por delitos de lesa humanidad. El 4 de noviembre, 16 abogados integrantes de la Defensoría Popular, la Cooperativa Jurídica y el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, presentaron una querella por el delito de crimen de lesa humanidad, establecido en la Ley 20.357, al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, contra el Presidente Sebastián Piñera.[cita requerida] A comienzos de diciembre, el senador Alejandro Navarro presentó la querella por presuntos delitos de lesa humanidad en contra del Presidente de la República. El 17 de diciembre, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible el trámite que interpuso el senador Navarro.
El 14 de enero de 2020, la coalición política Frente Amplio, presentó al Centro de Justicia de Santiago, una querella criminal por presuntos delitos de lesa humanidad contra el Presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el general director de Carabineros, Mario Rozas; el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara; y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En la acción judicial, de 32 páginas, se hacen presente una serie de delitos que se habrían cometido en el marco de las protestas sociales en Chile, desde el 18 de octubre hasta la fecha: Homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales, privación de libertad física, sin atender a la entrega de información referente al paradero del detenido y mutilación de ojos. El 17 de enero, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por crímenes de lesa humanidad en contra el Presidente de la República y de las autoridades de Estado.
El 19 de marzo de 2020, Sebastián Piñera decreto, por 90 días, un estado excepcional de catástrofe, según justifico, para «anticiparnos, prepararnos, para las etapas que vienen en esta pandemia que es el coronavirus». Según el jefe de Estado, la medida es clave para «proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y el traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas». Una de las herramientas a disposición es, en efecto, el toque de queda.
Listado de jefes de la Defensa Nacional:
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó una querella criminal contra el Presidente Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y los actuales subsecretarios de Salud y de Redes Asitenciales, Paula Daza y Arturo Zúñiga, respectivamente, por la muerte de 62 vecinos de su comuna a causa de Covid-19. La acción judicial se presentó en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago y fue presentada por el abogado Ramón Sepúlveda y los delitos que se les imputan a las autoridades son: cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino. Jadue declaró: «Han adoptado decisiones evidentemente erradas y retardadas, además de ocultar y negar información relevante a las autoridades locales». El 22 de junio, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta. La Municipalidad de Recoleta informó que estos fallecimientos habrían ocurrido por el «actuar negligente y grave en el control de la pandemia».
El 22 de junio, la diputada Claudia Mix interpuso en la Fiscalía una denuncia criminal en contra del Presidente Sebastián Piñera y en contra de todos quienes resulten responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad y poner en peligro la salud pública durante el funeral de Bernardino Piñera.
Comenzó el año con una polémica, por el caso Catrillanca, puesto que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue informado de que Camilo Catrillanca estaba desarmado, vía telefónica, pero indicó no haberse dado por enterado, puesto que tuvo interferencias en la comunicación, lo que generó escepticismo incluso en su sector; ante esto, hubo manifestaciones pidiendo su renuncia, posibilidad que fue descartada por el ministro Chadwick; adicionalmente, algunos parlamentarios evalúan una acusación constitucional contra el ministro. En tanto, el presidente de la República le dio su respaldo. Adicionalmente y dentro del contexto del juicio por el caso Luchsinger-Mackay, se desarrollaron una seguidilla de incidentes en la Araucanía, con disturbios, ataques incendiarios, bloqueos de ruta y otras manifestaciones.
El 9 de agosto de 2018 hizo su primer cambio de gabinete y el 13 de agosto aceptó la renuncia de Mauricio Rojas Mullor, uno de sus ministros recién nombrados, debido a la controversia en torno a una entrevista de 2016 en que calificó al Museo de la Memoria como «algo para que la gente no piense, para atontarte».
En el contexto del conflicto en la región de la Araucanía y del procesamiento de imputados del caso Luchsinger-Mackay, varios grupos de comuneros tomaron municipalidades de la región en apoyo a Celestino Córdova, acusado de haber perpetrado el crimen. A comienzos de agosto, algunos habitantes de las respectivas comunas afectadas exigieron el desalojo de los ocupantes, lo que se transformó en una tensa jornada en la que el municipio de Curacautín y Victoria fueron desalojados por Carabineros y al mismo tiempo las municipalidades de Ercilla y Traiguén fueron incendiadas.
En agosto y septiembre de 2020, varios gremios de camioneros realizaron un paro nacional alegando inseguridad en el sur del país. Esto derivó en el envío al Congreso por parte del ejecutivo del proyecto de ley Juan Barrios, quien fue considerado como «mártir de los camioneros».
El 10 de marzo de 2021 el Consejo de Monumentos Nacionales decidió la remoción temporal del monumento presente en honor a Manuel Baquedano ubicado en la plaza homónima en el centro de la capital con la intención de efectuar reparaciones debido a los daños que le provocaron sujetos con anterioridad. Entre los mayores daños realizados estuvo el intento de quemar la estatua y el cortar una de las patas del caballo, lo que generaba un riesgo estructural.
Ante el intento de quema el ejército calificó a los atacantes como "Antichilenos" y "cobardes desadaptados". Horas antes de su remoción un grupo de militares en retiro y otros civiles realizaron un homenaje en el lugar y en el momento un grupo de soldados.
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y el Segundo gobierno de Michelle Bachelet, las cifras de inmigración en Chile alcanzan niveles históricos. Varias comunidades de inmigrantes que anteriormente eran pequeñas, empezaron a alcanzar cifras nunca antes vistas en el país (venezolanos, haitianos, colombianos). Este hecho ha puesto el tema en la discusión política de Chile y el gobierno actuó en la materia.
La primera medida tomada por el gobierno fue la elaboración de una nueva ley en relación a la inmigración, según el gobierno tiene en sus fundamentos "Un sentido de urgencia, una migración segura, ordenada y regular, la igualdad de derechos y obligaciones, la integración, y el respeto a los derechos fundamentales" Además de la regularización de 300 000 inmigrantes ilegales.
En diciembre de 2018, el gobierno anunció que Chile no firmaría el Pacto Mundial sobre Migración, sin embargo el gobierno sí firmó el Pacto Mundial sobre Refugiados.
A mediados de 2019, a raíz del éxodo masivo de venezolanos de su país, surge una crisis inmigratoria en el Complejo fronterizo Chacalluta, el senador Felipe Kast, integrante de la coalición de gobierno opinó que: "Es positivo que el Gobierno esté implementando una política migratoria ordenada y humanitaria; cerrando las fronteras a personas con antecedentes penales, y apoyando a niños y mujeres que buscan reunirse con sus familiares residentes en Chile" mientras que José Antonio Kast fue más crítico con la gestión y acusó a legisladores estarían creando "puentes para generar flujos migratorios que no estén acordes con el sistema legal establecido en Chile" y afirmó que al país no le corresponde "asumir todas las responsabilidades humanitarias".
La oposición hizo un llamado a tener un "enfoque humanitario" en la materia de inmigración, condenó "los intentos por sembrar odio" y respaldó la gestión del INDH en la crisis. José Miguel Insulza responsabilizó al gobierno por la crisis, Heraldo Muñoz llamó a "hacer una excepción" y el Frente Amplio afirmó que "Hay una inconsecuencia brutal".
Sebastián Piñera asoció el desempleo en el país con el aumento explosivo de inmigrantes afirmando que: "en los últimos 4 o 5 años, producto de la inmigración, la fuerza de trabajo aumentó en un millón de personas, lo cual significa que la exigencia de crear empleos es mucho mayor que la que teníamos antes, y, por tanto, en parte este aumento muy fuerte de la fuerza de trabajo no ha podido ser contrarrestado uno a uno por la creación de empleos" al igual que el ministro Felipe Larraín quien afirmó que: "Este es un país abierto a la migración, pero eso tiene un efecto en el mercado laboral".
Simultáneamente el canciller Teodoro Ribera firmó un acuerdo con la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, sobre colaboración en inmigración y refugio.
Luego de que Chile entrara en la fase 4 del coronavirus a mediados de marzo de 2020, el gobierno de Sebastián Piñera decretó el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas del país para el tránsito de personas extranjeras, a partir del 18 de marzo de 2020.
Aún así la comuna de Colchane experimentó olas inmigratorias sin precedentes provenientes desde Venezuela y que al llegar a Chile los inmigrantes fueron alojados en escuelas para ser posteriormente trasladados a otras zonas del país.
Sebastián Piñera ha mostrado cercanía con los líderes latinoamericanos afines a su sector político como por ejemplo Mauricio Macri y ha sido crítico con aquellos que no lo son, en especial con el gobierno venezolano.
El 13 de abril, el ejecutivo asistió a la VIII Cumbre de las Américas, en donde se reunió con otros líderes de la región.
El 11 de mayo de 2018, Argentina y Chile anunciaron que trabajan en última etapa de eliminación del “roaming” entre ambos países.
El 5 de junio del mismo año el canciller Roberto Ampuero, mientras se discutían sanciones contra el gobierno caribeño, lanzó duras críticas contra el canciller venezolano Jorge Arreaza y el gobierno que este representa.
El 1 de octubre de 2018 se dio la lectura del fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el caso marítimo entre Bolivia y Chile el cual resultó favorable a Chile, el gobierno celebró el resultado junto a la oposición y la ciudadanía.
En el contexto de la crisis presidencial de Venezuela de 2019, el Gobierno de Chile se sumó a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Además el presidente Piñera asistió al concierto Venezuela Aid Live.
En marzo de 2019, Chile fue sede del primer «Encuentro de Presidentes de América del Sur», que formó parte de la primera Cumbre del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), una organización de carácter regional que fue fundada en dicho año como una propuesta de los presidentes chileno y colombiano, Sebastián Piñera e Iván Duque.
En agosto de 2019, el canciller Teodoro Ribera en represenación del gobierno de Chile firmó un Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2019-2022 con Silvia Rucks del Sistema de las Naciones Unidas. El canciller afirmó el compromiso del gobierno con la consonancia con Naciones Unidas y el multilateralismo. Entre el 2 y el 15 de diciembre del mismo año, fue celebrada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual fue presidida por el gobierno chileno, pero que sin embargo, debió ser trasladada la sede del evento a Madrid, España, debido a las protestas que ocurrían en el país sudamericano en dicho año.
En abril de 2018, Cadem indicó que el nivel de aprobación del mandatario llegó a 58 % y el de su gabinete a un 54 %, de la lista de ministros el primero es el canciller Roberto Ampuero, con un 77 %, después aparece Gonzalo Blumel, de la Secretaría General de la Presidencia, con un 69 % seguido del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien registró un 67 % de aprobación y en cuarto lugar se encuentra el ministro del Interior Andrés Chadwick con un 63 %.
La aprobación de Piñera superó el mejor índice de Bachelet el cual llegó a 54 %.
Tras la presentación de la nueva política migratoria, Cadem afirmó que la aprobación del Jefe de Estado llegó a un 60 %, la encuesta también midió la aprobación de la nueva ley migratoria, un 75 % se mostró a favor de la iniciativa del Gobierno, mientras que el 17 % la desaprobó.
La encuestadora Adimark registró en mayo de 2018 un 54 % de aprobación y un 30 % de desaprobación, luego al mes siguiente, la aprobación disminuyó a un 50 % y la desaprobación subió a un 40 %.Durante el mes de agosto del mismo año su aprobación cayó al 49 %. Su desaprobación alcanzó al 41 %. En el mes de agosto su aprobación se redujo a un 48 %.Finalizó 2018 con un 37 % de aprobación
En octubre de 2019, en medio de las protestas que se desarrollaron en el país, Piñera alcanzó el porcentaje de aprobación más bajo de un presidente desde el retorno a la democracia. Según la encuesta Cadem, su nivel de aprobación llegó a 14 %, mientras que su desaprobación a 78 %. Su aprobación registró una nueva baja a comienzos de noviembre de 2019, ya que una nueva encuesta a cargo de Cadem dio a conocer que esta correspondía a 13 %, mientras que la desaprobación a 79 %.
El 12 de enero de 2020, la encuesta Ipsos dejó al presidente Piñera como el 4º presidente peor evaluado de América Latina, quedando solo por encima del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y Nicolás Maduro de Venezuela. El 16 de enero, Piñera alcanzó la aprobación más baja de un presidente chileno. Según la encuesta CEP, la aprobación del mandatario disminuyó al histórico el 6 %, mientras que su desaprobación corresponde al 82 %.
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