La Revolución de 1934 o huelga general revolucionaria en España de 1934 —también conocida como Revolución de octubre de 1934— fue un movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 durante el Segundo bienio de la Segunda República Española. Este movimiento estuvo alentado desde amplios sectores y por importantes dirigentes del PSOE y la UGT, como Largo Caballero o Indalecio Prieto y de forma desigual por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y el Partido Comunista de España (PCE).
Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, región en la que tuvieron lugar los sucesos más graves. También tuvo importancia en la ciudad industrial gallega de Ferrol (donde se registraron varios muertos y un número elevado de detenidos), en las cuencas mineras de Castilla la Vieja y en la Región de León y ciudades y villas de la provincia de Valladolid.
Tras las elecciones generales de 1933, los radicales forman un gobierno liderado por Alejandro Lerroux, y apoyado en las Cortes por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
La coalición de derechas CEDA de Gil Robles había ganado ampliamente las elecciones, obteniendo 115 escaños, mientras el Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux, de ideología centrista, tuvo 102. Sin embargo el presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora, se negó a encargar a Gil Robles la formación de gobierno ya que nunca había acatado la República como forma legítima de gobierno y encargó esta tarea al líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, leal al régimen republicano. Lerroux formó un gobierno monocolor, formado únicamente por miembros de su partido (seis ministros), que formaban el núcleo principal del gobierno, y otros siete ministros de partidos afines o independientes. Ningún cedista formó parte del nuevo ejecutivo, pero la CEDA apoyó al nuevo gobierno al ser afines con las reformas para revertir las políticas progresistas implementadas durante el anterior gobierno.
A pesar de que la CEDA estaba fuera del poder desde sectores del PSOE se llamaba a la insurrección. En el Comité Nacional que celebró el PSOE el 19 de septiembre se habló de "asaltar el poder por los medios que sean". El periódico "El Socialista", medio oficial del PSOE publicó al día siguiente, 20 de septiembre, un editorial "llamada al combate" en el que abogaba por la toma del poder "sin importar los medios".
En octubre de 1934, la CEDA retira su confianza al gobierno centrista de los radicales de Lerroux y exige participación. El presidente de la República Alcalá-Zamora, a pesar de los temores que le inspiraba la doctrina de Gil-Robles sobre el accidentalismo de las formas de gobierno, decide indicar a Lerroux que se incluyan tres ministros de la CEDA en el Gabinete.
Sin embargo, este nombramiento no es aceptado por los partidos de izquierda, especialmente el PSOE, que esperaban una convocatoria anticipada de elecciones generales.
En las elecciones anteriores, el PSOE, habiendo obtenido 1 627 472 votos, obtuvo 58 escaños; mientras que los radicales, con 806 340 votos, obtenían 104 escaños. Así, de los 8 535 200 votos emitidos, 3 365 700 fueron para partidos de derecha, 2 051 500 para partidos de centro y 3 118 000 para los partidos de izquierda. Esta diferencia se debió a la modificación de la legislación electoral, realizada en 1933.
Los socialistas desde su expulsión del gobierno en septiembre de 1933 y la consiguiente ruptura con los republicanos, y especialmente tras el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933, abandonaron la “vía parlamentaria” para alcanzar el socialismo y optaron por la vía insurreccional. Para muchos socialistas la lucha legal, el reformismo y la República parlamentaria ya no servían, convirtiéndose la revolución social en su único objetivo. Así lo justificó en enero de 1934 Francisco Largo Caballero, el líder socialista que protagonizó este cambio de orientación:
Pero para que la vía insurreccional fuera "legítima", según los socialistas, debía mediar una "provocación reaccionaria", que enseguida relacionaron con la entrada de la CEDA en el gobierno. Así pues:
Otros hechos que también influyeron en la radicalización socialista fueron la subida de Hitler al poder en Alemania en enero de 1933, la aparición de la violencia fascista de Falange Española (en enero de 1934 se produjo un asalto en el que varios estudiantes fueron agredidos a los locales en Madrid de la izquierdista Federación Universitaria Escolar, FUE, por una milicia falangista al mando de Matías Montero, que sería asesinado el 9 de febrero; el asesinato de la socialista Juanita Rico en julio por pistoleros falangistas), y la agresividad verbal de Gil Robles con continuas declaraciones contra la democracia y a favor del “concepto totalitario del Estado” y las demostraciones fascistas de las juventudes de la CEDA (las Juventudes de Acción Popular, JAP). Al menos al principio, la huelga general revolucionaria proyectada por los socialistas también era una forma de "defensa de la ‘legitimidad’ republicana frente a la legalidad detentada por el Gabinete radical-cedista [cuando éste se formara], de insurrección defensiva destinada tanto a proteger a las masas trabajadoras del fascismo como a corregir el rumbo de la República burguesa hacia la orientación revolucionaria a la que nunca había renunciado el movimiento obrero español". Sin embargo, al abandonar la “vía parlamentaria”, “los socialistas demostraron idéntico repudio del sistema institucional representativo que habían practicado los anarquistas en los años anteriores”.
El primer paso de la nueva estrategia socialista se produjo en enero de 1934 cuando Francisco Largo Caballero, el dirigente socialista que defendía la “vía insurreccional”, y sus partidarios desalojaron de la comisión ejecutiva de UGT a Julián Besteiro y a otros dirigentes socialistas contrarios a la estrategia “revolucionaria”. Así Largo Caballero acumuló en ese momento los cargos de presidente del PSOE con el de secretario general de la UGT, además de ser el líder más aclamado por las Juventudes Socialistas, lo que para Largo Caballero tenía unas consecuencias claras:
Antes del acceso de Largo Caballero a la presidencia de UGT, había habido un intento fallido de que la dirección moderada de UGT, presidida por Julián Besteiro, aceptara el abandono de la "vía parlamentaria", para lo que la dirección del PSOE había presentado un "Proyecto de bases" con diez puntos redactado por Indalecio Prieto en representación de la ejecutiva, al que Besteiro respondió con una "Propuesta de bases". En el primer documento predominaban las medidas revolucionarias (como la nacionalización de la tierra o la disolución del ejército, como paso previo a su reorganización democrática) frente a las medidas reformistas (en la administración, hacienda e industria, que no sería socializada, aunque los trabajadores tendrían cierto grado de control sobre las empresas, junto con "medidas encaminadas a su mejoramiento moral y material"), mientras que el segundo documento lo que propugnaba era la continuidad de las reformas del primer bienio manteniendo el régimen constitucional republicano. Además los "largocaballeristas", para aplicar su "Proyecto de bases", presentaron a debate cinco "puntos concretos de la acción a desarrollar", en el primero de los cuales se exponía la voluntad de organizar "un movimiento francamente revolucionario con toda la intensidad posible y utilizando todos los medios de que se pueda disponer". Largo Caballero en los meses siguientes ignorará prácticamente el "Proyecto de bases" y se centrará en lo que él llamará el "programa sucinto" del movimiento revolucionario:
Nada más producirse la derrota de los moderados "besteiristas" se formó una Comisión Mixta presidida por Largo Caballero e integrada por dos representantes del PSOE, dos de la UGT y dos de las Juventudes Socialistas, cuya misión era organizar la huelga general revolucionaria y el movimiento insurreccional armado. Inmediatamente la Comisión Mixta convocó en Madrid a delegaciones de las provincias que recibieron instrucciones de formar "comités revolucionarios" a nivel local coordinados por las "Juntas Provinciales", y a las que se les dijo que "el triunfo de la revolución descansará en la extensión que alcance y la violencia con que se produzca". Asimismo deberían constituirse, además de grupos de sabotaje de los servicios como electricidad, gas o teléfonos, milicias integradas por "los individuos más decididos" y que recibirían instrucción militar de los "jefes" a los que deberían obedecer.
La Comisión Mixta encargó a Indalecio Prieto la preparación militar del movimiento, con el avituallamiento de armas y la captación de la oficialidad en los cuarteles como principales cometidos. "La reconocida capacidad de trabajo y, en especial, la tupida red de relaciones personales que su polifacética actividad —periodista, diputado, ministro— le había permitido urdir a Indalecio Prieto, le deparó cierto éxito inicial en la captación de recursos financieros y en la adquisición de armas". Pero la actividad de Prieto se saldó finalmente con un rotundo fracaso, pues ni consiguió atraer a la oficialidad del ejército a la insurrección, ni consiguió hacer llegar a los "comités revolucionarios" las armas adquiridas. Tres importantes depósitos de armas —los almacenados en la Casa del Pueblo de Madrid, en la Ciudad Universitaria y en Cuatro Caminos, también en la capital— fueron descubiertos por la policía y a mediados de septiembre de 1934 la Guardia Civil impidió el desembarco en Asturias del alijo de armas que transportaba el buque Turquesa. (véase Horacio Echevarrieta).
Por otro lado los socialistas apoyaron la creación de Alianzas Obreras en las que se integraron pequeñas organizaciones proletarias, como Izquierda Comunista o el Bloque Obrero y Campesino, que eran las primeras que habían propuesto la idea de formar “alianzas antifascistas”, pero no la CNT, y solo muy al final el reducido Partido Comunista de España, que hasta entonces las había combatido con dureza.
La ocasión para la insurrección se planteó a la vuelta de las vacaciones parlamentarias que finalizaban el 1 de octubre de 1934 cuando la CEDA hizo saber que retiraba su apoyo al gobierno de centro-derecha de Ricardo Samper y que exigía formar parte del gobierno. Alcalá Zamora encargó la resolución de la crisis al líder del Partido Republicano Radical Alejandro Lerroux que accedió a la demanda cedista y formó el nuevo gobierno el 4 de octubre con la inclusión de tres ministros de la CEDA. Ese mismo día la Comisión Mixta socialista convocó la huelga general revolucionaria que se iniciaría a las 0 horas del día 5 de octubre. La CNT, que recientemente había protagonizado la insurrección anarquista de diciembre de 1933, se abstuvo de apoyar la convocatoria, salvo en Asturias.
En Madrid, la UGT declaró la huelga general en la medianoche del 4 al 5 de octubre, que se prolongaría durante los ocho días siguientes con un alto índice de participación, a pesar de que la CNT no la apoyó. Sin embargo, la acción insurreccional fracasó, y las tímidas tentativas de asalto de la Presidencia del Gobierno y de los otros centros de poder, después de dos horas de disparos, fueron dominadas con relativa facilidad por el Gobierno de la República, que encarceló a los sublevados. El día 12 de octubre Madrid recobró la normalidad. La razón del fracaso de la insurrección en Madrid, además de la falta de preparación "militar" de la misma (tal vez confiando ingenuamente que los militares de la guarnición de Madrid se sumarían a la rebelión), fue la falta de una dirección que transformara la huelga general en un insurrección, a pesar de que el Comité Nacional Revolucionario socialista tenía su sede en Madrid. "La capital apareció como el lugar en el que los huelguistas fueron abandonados a su suerte sin que, a la postre, existiera un ejército insurreccional al que dirigir. Hubo, pues, obreros huelguistas y grupos de jóvenes muy activos, pero no movimiento insurreccional. Como ha señalado Santos Juliá, «los insurrectos no supieron qué hacer con sus pistolas y su ametralladoras y los huelguistas no supieron qué hacer con su huelga..., mientras los dirigentes volvían a casa a esperar pacientemente la llegada de la policía»".
En la "España latifundista", (Andalucía, Extremadura y La Mancha), los jornaleros, agotados por la violenta represión gubernamental con motivo de la huelga general de junio, difícilmente pudieron secundar la nueva huelga. Así que estas tres regiones fueron las grandes "ausentes" de la revolución de octubre, aunque en algunas pocas localidades sí se produjo algún conato insurreccional. Fue el caso del pueblo albaceteño de Villarrobledo (donde una columna de campesinos se apoderó del casino donde resistieron hasta que conocieron el fracaso de Madrid, por lo que su líder, el secretario del jurado mixto, se suicidó mientras sus compañeros entonaban La Internacional), o de Algeciras y Prado del Rey, en la provincia de Cádiz, La Carolina en la provincia de Jaén, y Teba, en la provincia de Málaga. En todos ellos hubo enfrentamientos con la Guardia Civil, asaltos a los ayuntamientos, incendios de los juzgados e iglesias.
En Aragón, la razón fundamental del fracaso fue la misma que la de Extremadura, Andalucía y La Mancha: la represión gubernamental de la huelga campesina de junio. Tampoco allí la CNT se sumó al movimiento agotada tras la última huelga general que había convocado en solitario en abril-mayo de 1934 y que había durando treinta y seis días, además de porque según la Federación Local de Sindicatos, que contaba con unos veinte mil afiliados, el proyecto socialista anteponía la conquista del poder a lucha contra el capitalismo y el fascismo. La convocatoria solo fue secundada por algunos sectores obreros socialistas de Zaragoza, donde la CNT era hegemónica, y en la cuenca minera de Teruel. Sin embargo, hubo algunos brotes insurreccionales en Mallén y Tarazona, localidades en las que el Ayuntamiento fue ocupado y la bandera roja fue izada en sus balcones y los cuartelillos de la Guardia Civil fueron asediados, y en la comarca de Cinco Villas, donde al gobierno le costó cuatro días acabar con la rebelión.
También fue determinante la represión de la huelga de junio en el fracaso de la insurrección en La Rioja, donde solo hubo un enfrentamiento violento con la Guardia Civil en Casalarreina y cierta agitación en Logroño, y en Navarra, donde la protesta se manifestó bajo formas arcaizantes, como la destrucción de maquinaria agrícola o el incendio de graneros, debido a que en esta región habían sido siete mil los campesinos detenidos o deportados. En las ciudades de Pamplona, Tafalla, Alsasua(donde se produjo la única víctima mortal de la provincia: el día 8 en un choque con la Guardia civil un huelguista resultó muerto) y Tudela hubo un cierto seguimiento de la huelga, acompañado del sabotaje a las vías férreas y tendidos eléctrico y telefónico.
En Valencia, donde en 1934 UGT había desbancado a la CNT como primera fuerza sindical, se declaró la huelga general en los núcleos urbanos más importantes, produciéndose enfrentamientos armados con las fuerzas de orden público sobre todo en el sur (Alicante, Elda, Novelda, Elche, Villena y otras localidades). En la ciudad de Valencia tuvieron especial protagonismo los obreros portuarios y en la cercana localidad de Alcudia de Carlet se llegó a proclamar el comunismo libertario.
En Baleares, por efecto inducido de la sublevación en Barcelona, hubo dos huelgas insurreccionales, en Lluchmayor y Manacor, donde, según un cronista contemporáneo de los sucesos, "se paró el 6 y el 7 de octubre, pero en vista de que en Palma el movimiento no prendía y de la influencia decisiva que, por otra parte, produjo la capitulación de Cataluña, se dio el domingo por la noche la consigna de volver al trabajo".
En Cantabria, la huelga insurreccional se desarrolló del día 5 al 16. Aunque hubo enfrentamientos con la Guardia Civil y los carabineros en el puerto de Santander y en la factoría de Nueva Montaña, el epicentro fue la zona industrial de Torrelavega y la cuenca del Besaya. Hubo enconados combates en Torrelavega, Corrales de Buelna y, especialmente, en Reinosa, ciudad donde el Gobierno empleó el ejército con fuerzas enviadas desde Burgos. La normalidad no volvió a Torrelavega hasta el día 18 y el balance final fue de once muertos en la región.
También hubo enfrentamientos armados en zonas mineras del norte de Castilla y León tanto en las de Palencia como en las de León. En Barruelo de Santullán, donde los mineros ocuparon el cuartel de la Guardia Civil, fue preciso utilizar la artillería para sofocar la rebelión. En Guardo, tras incendiar el cuartel de la Guardia Civil y ocupar el Ayuntamiento donde fueron encarcelados los guardias civiles y los directivos de las compañías mineras, se llegó a organizar una economía socialista en la que el comité revolucionario presidido por el alcalde suprimió el dinero y emitió vales en su lugar. El gobierno tuvo que recurrir de nuevo a la artillería, y también a la aviación, para acabar con la insurrección. El pueblo fue ocupado por el batallón ciclista de Palencia.
La insurrección en la zona minera de León estuvo vinculada a la Revolución de Asturias, donde el plan era, una vez dominados los cuarteles de la Guardia Civil y los Ayuntamientos, cercar la capital y ocuparla. Pero el proyecto fracasó porque los insurrectos asturianos no pudieron enviar refuerzos y por la decidida actuación del gobernador civil de León. Así que la revolución se intensificó a nivel local, donde en poblaciones como Villablino, Bembibre o Sabero se proclamó la "república socialista" y se implantó una embrionaria economía de guerra supeditada a las necesidades del "ejército revolucionario" que se organizó.
Fuera de las zonas mineras de Palencia y León, solo se registraron algunos enfrentamientos con la Guardia Civil en Medina del Campo, Medina de Rioseco y Tudela de Duero.
Después de Asturias y de Cataluña, el lugar donde los acontecimientos de octubre de 1934 tuvieron mayor gravedad fue en el País Vasco. Allí, durante la semana que duró la huelga insurreccional (del 5 al 12 de octubre), hubo cuarenta víctimas mortales (la mayoría de ellas insurrectos), entre ellas, un personaje de la relevancia de Marcelino Oreja Elósegui, diputado por Vizcaya en 1931 y 1933 y destacado militante tradicionalista, cuyo asesinato acaecido en Mondragón conmocionó a todo el País Vasco.
El valor que concedieron los socialistas al País Vasco para el triunfo de la revolución en toda España se explica por la importancia estratégica de la zona minera e industrial de Bilbao y de Éibar, el principal centro de fabricación de armas del país (con unas treinta fábricas, dos de ellas cooperativas socialistas), además del peso de Vizcaya al ser uno de los bastiones históricos del socialismo español y base política de Indalecio Prieto, uno de los líderes del movimiento insurreccional. Sin embargo, los socialistas no pudieron contar con el PNV, el primer partido vasco tras las elecciones de noviembre de 1933, ni con su sindicato Solidaridad de Obreros Vascos (SOV) porque se trataba de dos organizaciones católicas contrarias a la idea del socialismo. De ahí que, nada más iniciarse la insurrección, la dirección del PNV ordenó a sus afiliados que se “abstuvieran de participar en movimiento de ninguna clase y prestasen atención a las órdenes que, en caso preciso, serían dadas por las autoridades”.
Si bien en Álava la “huelga general revolucionaria” convocada por los socialistas tuvo un escaso seguimiento, en Vizcaya y en Guipúzcoa sí que se produjo una huelga insurreccional que duró entre los días 5 y 12 de octubre, y en algunos puntos, como la zona minera de Vizcaya, el conflicto se prolongó hasta el lunes 15 de octubre.
La intervención de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto y del Ejército sofocó la revolución con un saldo de al menos cuarenta muertos, entre ellos, algunos dirigentes locales carlistas de Éibar y Mondragón y el diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, muertos por los izquierdistas, y varios huelguistas, muertos en los enfrentamientos armados.
En Barcelona, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña presidido por Lluís Companys, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proclama el Estado Catalán dentro de una República Federal Española, en la noche del 6 al 7 de octubre.
Este hecho provocó la proclamación al día siguiente del estado de guerra, publicado en el diario oficial del ministerio de la guerra y la intervención del ejército, mandado por el general Domingo Batet, que dominó rápidamente la situación después de algunas luchas —en las que murieron unas cuarenta personas—, de la detención de Companys y de la huida de Dencás, quien marchó a Francia. La autonomía catalana fue suspendida por el Gobierno que también designó un Consell de la Generalitat con el que sustituyó la Generalidad de Cataluña y en el que participaron diferentes dirigentes de la Liga Regionalista y el Partido Republicano Radical. También se detuvo a Azaña, quien se encontraba casualmente en Barcelona para asistir a los funerales del que fuera ministro de su gabinete Jaume Carner.
En Asturias la CNT mantenía una postura más proclive a la formación de alianzas obreras que en otras zonas de España. De esta manera esta organización y la UGT habían firmado en marzo un pacto con el que estuvo de acuerdo la FSA, federación del PSOE en Asturias, fraguando la alianza obrera plasmada en la UHP surgida el mes anterior. A La UHP se le irían uniendo otras organizaciones obreras como el BOC, la Izquierda Comunista y finalmente el PCE.
Los mineros disponían de armas y dinamita y la revolución estaba muy bien organizada. Se proclama en Gijón la República Socialista Asturiana y se ataca a los puestos de la Guardia Civil, las iglesias, los ayuntamientos, etc., estando a los tres días casi toda Asturias en manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Trubia y La Vega. A los diez días, unos 30 000 trabajadores forman el Ejército Rojo Asturiano. Hubo actos de pillaje y violencia no achacables a la organización revolucionaria. Pero la represión fue muy dura donde los revolucionarios encontraron resistencia. Desde el gobierno consideran que la revuelta es una guerra civil en toda regla, aún desconociendo que los mineros empiezan a considerar en Mieres la posibilidad de una marcha sobre Madrid.
El gobierno adopta una serie de medidas enérgicas. Ante la petición de Gil-Robles comunicando a Lerroux que no se fía del jefe de Estado Mayor, general Masquelet, los generales Goded y Franco (que tenía experiencia al haber participado en la represión de la huelga general de 1917 en Asturias) son llamados para que dirijan la represión de la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan tropas de la Legión y de Regulares desde Marruecos. El gobierno acepta su propuesta y el radical Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, justifica formalmente el empleo de estas fuerzas mercenarias, en el hecho de que le preocupaba la alternativa de que jóvenes reclutas peninsulares murieran en el enfrentamiento, por lo que la solución adoptada le parece muy aceptable.
Durante la revolución de 1934 la ciudad de Oviedo quedó asolada en buena parte, resultan incendiados, entre otros edificios, el de la Universidad, cuya biblioteca guardaba fondos bibliográficos de extraordinario valor que no se pudieron recuperar, o el teatro Campoamor. También fue dinamitada La Cámara Santa en la Catedral, donde desaparecieron importantes reliquias llevadas a Oviedo, cuando era corte, desde el Sur de España.
El general Eduardo López Ochoa, comandando las fuerzas militares gubernamentales, se dirigió a apoyar a las tropas sitiadas en Oviedo, y el coronel Juan Yagüe con sus legionarios y con apoyo de la aviación. La represión posterior fue muy dura. Se llevó a cabo por mercenarios cuyo mérito fue el haber sido despiadados sin limite contra los rifeños. Usaron los mismos métodos de represión contra obreros insurrectos que contra los aguerridos y agresivos guerrrilleros del Rif. Murieron más de 1000 obreros, otros dos mil fueron heridos y otros tantos miles encarcelados. El desafío no era pequeño pero la respuesta fue absolutamente desmedida y muchos historiadores lo consideran el punto de inflexión. Después de los miles de muertos de Asturias la via parlamentaria lo tendría mucho más difícil.[cita requerida]
En La Felguera, lugar de Langreo, y en el barrio de El Llano de Gijón se llegaron a dar breves experiencias de comunismo libertario:
En la cuenca minera palentina también se produjeron graves sucesos. El 5 de octubre los mineros de Barruelo de Santullán se levantaron en armas y se hicieron con el control del pueblo, ocasionando la muerte de un teniente coronel y dos números de la Guardia Civil, además del director del colegio marista. En estos enfrentamientos murieron también el alcalde socialista y cuatro mineros. En Guardo, los mineros tomaron al asalto y prendieron fuego al cuartel de la Guardia Civil; durante los enfrentamientos, perdió la vida un agente. La llegada del ejército ocasionó la huida a los montes de los revolucionarios, que posteriormente se fueron rindiendo y entregando a las autoridades. En el resto de España, hubo algunos incidentes reprimidos rápidamente por las fuerzas del orden republicanas.
Se estima que, en los quince días de revolución, hubo en toda España entre 1500 y 2000 muertos (aunque algunos autores hablan de 1000 y hasta 4000) de los que unos 320 eran guardias civiles, soldados, guardias de asalto y carabineros; y unos 35 sacerdotes. La ciudad de Oviedo quedó prácticamente destruida y se estima que en toda España fueron detenidas y sometidas a juicio entre 15 000 y 30 000 personas por participar en la revolución. Los datos son difíciles de comprobar debido a la fuerte censura que se aplicó.
En 1937 el ministro de la Guerra Diego Hidalgo Durán, responsable de la represión, confía su opinión a un periodista norteamericano corresponsal de guerra para la agencia Associated Press:
En la descripción de los hechos de octubre, especialmente los acaecidos en Asturias, los partidos y los diarios de la derecha (como ABC, portavoz de la derecha monárquica y maurista de Renovación Española; o El Debate, vinculado a la derecha católica "accidentalista" de la CEDA) tienden a utilizar esquemas “mítico-simbólicos” al calificar a los revolucionarios como “fieras”, como seres no humanos cuyo único instinto es solo matar y destruir, por lo que su destino final es estar muertos o presos. Esta expresión fue utilizada incluso por el diario liberal “El Sol”, que pedía clemencia para aquellos que hubieran actuado como hombres, y “para las fieras capaces de hechos monstruosos que ni un degenerado es capaz de imaginar El Sol no pide sino castigo tremendo, implacable, definitivo”. Honorio Maura en el diario ABC del 16 de octubre calificaba a los insurrectos asturianos como “'España ante la lista de crímenes que durante tres años ha presenciado desde Castilblanco a Asturias...la providencía de España que no abandono jamás a España ha juntado en un solo haz bien definido y bien visible toda la escoria, toda la podredumbre, toda la basura que roía sus entrañas" ; “Esas mujeres y esos niños degollados y ultrajados bárbaramente por unos chacales repugnantes que no merecen ser ni españoles ni seres humanos” (16 de octubre).
En cuanto a los hechos, especialmente los de Asturias, la derecha los vio como mero afán de destruir, especialmente lo más santo de la tradición española, su religión y su cultura —en alusión a la Catedral de Oviedo y a la Universidad—, y finalmente España misma. ABC en sus ediciones de los días 10 y 17 de octubre los calificó como una “empresa brutal, sanguinaria y devastadora”, cuyos autores estaban poseídos de “instintos viles del más repugnante materialismo”, y fueron autores de “vandálicos delitos” que constituyen una “macabra explosión marxista”.
El elemento esencial sobre el que gira la percepción derechista de la "Revolución de Octubre" es el considerarla como obra de la “Anti-España”, de la “Anti-Patria”, en una visión “mítico-simbólica” en la que se identifica el Bien con la Patria, España, contra la que lucha el Mal, la Anti-Patria o Anti-España, definiendo a la Patria desde un punto de vista esencialista como algo ajeno a la voluntad de los ciudadanos e identificándola, claro está, con los valores y las ideas de la derecha. "Quién define la voluntad de la Patria, a través de qué órgano se expresa su deseo y se hace oír su voz, es algo que no se plantea: se da por supuesto que esa voluntad no es otra que la perenne España tradicional, la misionera, conquistadora, unitaria y tridentina” y así “se expulsa de ella física, metafórica, política o jurídicamente, según los casos, a quienes no la sirven ni le son fieles porque no asumen ni practican su sistema de valores. De ahí se viene a producir la identificación final entre la Patria y la Derecha”.
En el Parlamento, según ABC, “estuvo todo el espíritu español” el día 9 de octubre, precisamente cuando solo asistieron a la sesión las derechas. José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica de Renovación Española, definió a la Patria en las Cortes como “algo más que un territorio, algo más que una comunidad idiomática”; ese más es un “acervo moral de tradiciones, de instituciones, de principios y de esencias”. Así los sucesos revolucionarios se entienden como un “agravio inferido a España”, como una “traición a la Patria”, jaleada por la “hedionda prensa de la Anti-Patria”. Al vencer a la revolución “España se recobró a sí misma”.
Esta idea de España se concreta en la relación de la Patria con el Ejército, como lo expresó Calvo Sotelo en un discurso célebre que fue pronunciado con motivo de los sucesos de octubre:
Honorio Maura dijo “Hoy en día, España entera está de uniforme” (ABC, 16 de octubre) y Ramiro de Maeztu, el mismo día también en ABC:
En cambio la acción represiva de las tropas que sofocaron la sublevación es apenas mencionada. Las destrucciones en “Asturias, la mártir”, y sobre todo en “Oviedo, la mártir” se atribuían exclusivamente a los revolucionarios.
Por último la derecha monárquica aprovechó la insurrección de las izquierdas para incitar a una "revolución auténtica y salvadora para España", pues la revolución “rojo-separatista” de octubre, como la llamaron, fue la comprobación de que la “revolución antiespañola” estaba en marcha y de que solo podía ser vencida por la fuerza. Honorio Maura escribe en ABC el 20 de octubre:
En conclusión, como ha señalado el historiador Julio Gil Pecharromán:
La primera octavilla de la Unión Militar Española (UME) que se distribuyó entre los militares españoles estuvo dedicada a la Revolución de Octubre de 1934. En ella la UME atribuía la derrota de la revolución a «un puñado de jefes, oficiales, suboficiales y soldados españoles que tuvo el heroísmo de unirse y dar la batalla a la otra parte antiespañola del Ejército, complicada criminalmente en el atentado contra la Patria» y que estaba integrada por «masones comprometidos». Ese «puñado de jefes, oficiales, suboficiales y soldados españoles» constituía el «auténtico Ejército español», «¡el Ejército español que salvó a España de la Revolución comunista y masónica de octubre!», mientras el Estado estaba «en manos de cobardes y traidores». Ese «auténtico Ejército español» encarnaba la «España eterna» frente a la «eterna Anti-España». La UME denunciaba que España era objeto del «apetito de extranjeros y de sectas insaciables, vengativas», un «Enemigo» que «promueve el separatismo, promueve los nacionalismos regionales, y la ruina del Sentimiento Religioso y la ruina de la Familia española y del Capital y del Trabajo, y el desprecio a la lengua española, y el desprestigio y la cizaña de nuestras fuerzas armadas y de todo cuanto en España haya significado y signifique UNIDAD, UNIÓN». Ese «implacable Enemigo» fue derrotado por el Ejército en Octubre pero «busca la revancha», «prepara un nuevo ataque», «filtrado en los más altos poderes de la república, en los más decisivos resortes del mando y de propaganda». «¡Ya veis españoles, como no se fusila a ningún culpable auténtico de crimen contra la Patria! Ni a Pérez Farrás, ni a Largo, ni a Prieto, ni a Azaña, ni a Teodomiro, ni a Peña. ¡Solo al pobrecito revolucionario engañado, indefenso y anónimo!». La octavilla acababa haciendo un llamamiento a «¡Un Ejército sin traidores! ¡Un Ejército de heroicos e inolvidables españoles!».
La historiografía ha debatido mucho sobre estos sucesos. Algunos autores señalan la importancia de estos hechos en la posterior Guerra Civil Española de 1936. Sin embargo, la historiografía más reciente ha tendido a descartar que la "Revolución de Octubre" pueda ser considerada como el "preludio" o la "primera batalla" de la Guerra Civil. Este es el punto de vista, por ejemplo, de Julián Casanova: «Plantear que con la insurrección de octubre se rompió cualquier posibilidad de convivencia constitucional en España, 'preludio' o 'primera batalla' de la guerra civil, es situar una insurrección obrera, derrotada y reprimida por el orden republicano, en el mismo plano que una sublevación militar ejecutada por las fuerzas armadas del Estado. La República siempre reprimió las insurrecciones e impuso el orden legítimo frente a ellas. Tanto anarquistas como socialistas abandonaron después de octubre de 1934 la vía insurreccional y las posibilidades de volver a intentarlo en 1936 eran prácticamente nulas, con sus organizaciones escindidas y muy debilitadas»-
El historiador estadounidense Gabriel Jackson, en su obra titulada La República española y la guerra civil (1931-1939), publicada en 1965, defiende que estos sucesos aumentaron los odios y la polarización a dos bandas de la política española entre «revolucionarios» y «conservadores», tensiones que acabarían llevándose por delante a los republicanos que intentaban mantener la legalidad de la Segunda República Española. Hugh Thomas tiene una opinión parecida (libro primero, capítulo 10).
El también estadounidense Stanley G. Payne, desmiente esta versión en varias de sus obras, señalando que los llamados «republicanos» —encarnados no ya en el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux sino en la coalición Izquierda Republicana de Manuel Azaña— podrían haber sido responsables de la desaparición de la II República Española por haber colaborado, según Payne sin apenas reservas, con las facciones más «extremistas», numerosas y «revolucionarias» de la época —representadas en un sector del PSOE— permitiéndoles todo tipo de «desmanes» a pesar de su colaboración probada en la Revolución de Octubre.
Muchos autores han sido los que han disertado, desde muy diversas posturas políticas, sobre octubre de 1934 y sus consecuencias: así Joaquín Arrarás, Juan A. Sánchez García-Saúco, Ricardo de la Cierva, Ángel Palomino, Paul Preston, Manuel Tuñón de Lara, y un largo etcétera, moviéndose desde una reacción espontánea de las masas trabajadoras y revolucionarias en contra de la inminente llegada al poder del conservadurismo, representado en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles, ganador por mayoría simple en las elecciones anticipadas de 1933. Paul Preston, ha criticado la siguiente conclusión: «Puesto que en las últimas elecciones de noviembre de 1933 la CEDA había surgido como el partido más numeroso representado en las Cortes, estos sucesos se han interpretado como un rechazo deliberado de las reglas de convivencia democrática por parte de las izquierdas. Según esta interpretación, el extremo egoísta de la izquierda, que intentaba alcanzar por la violencia lo que les había sido negado por el voto, haría que la derecha perdiera toda fe en las posibilidades de la legalidad y se vieran obligados a defender sus intereses por otros medios».
El historiador Santos Juliá manifiesta textualmente:
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