El Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como Informe Rattenbach, es un dictamen de la comisión acerca de las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de las Malvinas.
El 25 de enero de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación de una «comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del Informe Rattenbach». El 7 de febrero, anunció el levantamiento del secreto sobre el Informe mediante un decreto y creó una comisión para analizarlo, integrada por el hijo del teniente general (R) Benjamín Rattenbach.
Tras la guerra de las Malvinas y en diciembre de 1982, la Junta Militar de Gobierno integrada por el teniente general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Oscar Franco y el brigadier general Augusto Jorge Hughes, ordenó la creación y constitución de una comisión con el objeto de evaluar las responsabilidades militares, políticas y estratégicas en la guerra del Atlántico Sur.
Este informe ha sido catalogado como "el documento más objetivo y fidedigno sobre la responsabilidad de los jefes militares y subalternos, que podría ser la base para un futuro juicio por la verdad sobre este conflicto bélico".
La comisión se creó por decreto secreto el 2 de diciembre de 1982 (resolución nro. 15/82) durante el periodo en que el gobierno nacional estuvo a manos del general Reynaldo Bignone y llevó el nombre oficial de Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur.
La comisión estuvo compuesta por:
La comisión recibió amplios derechos para solicitar "informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlo dentro del término que se fije bajo apercibimiento de Ley. Al efecto, no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido".
El fin de la investigación fue definido en el decreto como:
La comisión entregó el resultado de su trabajo en un informe escrito de cinco partes diferentes:
Por último, se redacta el acta de constancia de finalización de la comisión, donde se nombran los destinatarios de los diez ejemplares firmados del informe, estos son, la Junta Militar, los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y un ejemplar para cada uno de los seis miembros de la comisión.
Su texto hace responsables de la derrota a los niveles superiores de la guerra pero destaca:
El informe recomendó penas graves para los responsables de lo que calificó como una "aventura militar" (que implicaban la pena de muerte para algunos), pero su influencia sobre el juicio posterior fue casi nula. Sin embargo, desde el punto de vista político e histórico, el informe sepultó cualquier intento de los dirigentes militares y políticos de la época por encubrir o relativizar sus responsabilidades.
A pesar de ello, según habrá de señalar Augusto Rattenbach, hijo del teniente general (R) Rattenbach, el informe habría sido adulterado para proteger a algunos de los altos jefes militares que participaron en la guerra, eliminándose referencias a los cargos "en lo penal militar" y a la rendición sin combatir en las Islas Georgias del Sur.
La revista "Siete Días", de Editorial Abril en sus ediciones nº 858 y 859 (23 y 30 de noviembre de 1983) le dedicó su tapa y gran parte del número a dicho documento; de esa forma éste salía a la luz de manera extraoficial.
Fue publicado en forma de libro al menos en dos ocasiones.
En abril de 2007, los diputados nacionales Federico Storani y Pedro Azcoiti presentaron un proyecto de ley (expediente 1350-D-2007) para proceder a la publicación del informe.
El 25 de enero de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la conformación de "una comisión para la reapertura y conocimiento público del informe Rattenbach". El 7 de febrero, anunció el decreto 200 que estipula la disponibilidad para conocimiento público del informe en un plazo no mayor a 30 días.
El 22 de marzo de 2012, se oficializó la entrega del informe a las autoridades. El texto desclasificado es el que fue difundido casi tres décadas atrás, sin recortes, sin censuras ni agregados.
Es posible acceder a través de diversas páginas web.
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