Las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) son órganos administrativos creados para proteger y promover los derechos humanos en un país determinado. Hay unas 112 INDH, la mayoría de las cuales cumplen con las normas establecidas por los Principios de París y reconocidas por las Naciones Unidas.
El cumplimiento de los Principios es requerido para la acreditación ante la ONU, que únicamente para las instituciones nacionales, no se lleva a cabo directamente por un organismo de la ONU sino a través de revisión por pares realizado por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CICINDH). Las instituciones acreditadas por el CICINDH con 'estatus A', es decir, el pleno cumplimiento de los Principios de París, disfrutan de un acceso mucho mayor a los comités de tratado y otros órganos de derechos humanos de la ONU. La secretaría para el proceso de revisión (para la acreditación inicial y renovación de la acreditación cada cinco años) es proporcionada por la Sección Mecanismos Regionales e Instituciones Nacionales y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNDH).
Las instituciones nacionales se pueden agrupar en dos grandes categorías: Comisiones de derechos humanos, y agencias de Defensor del pueblo u Ombudsman. Aunque la mayoría de las defensorías del pueblo ejercen sus facultades por una sola persona, las comisiones de derechos humanos tienen varios miembros, y son generalmente representativas de los diversos grupos sociales y tendencias políticas. A veces son como estos creadas para tratar temas específicos, tales como discriminación, aunque algunos son organismos con responsabilidades muy amplios. Instituciones nacionales especializadas existen en muchos países para proteger los derechos de un grupo particularmente vulnerable, por ejemplo las minorías étnicas y minorías lingüísticas, los pueblos indígenas, los niños, los refugiados o las mujeres.
Sin embargo, en términos generales las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un mandato explícito y específico de promoción y protección de derechos humanos, lo que puede incluir la investigación de denuncias, la documentación, y la formación y educación en materia de derechos humanos, mientras que el modelo de ombudsman clásico tiende a trabajar más estrechamente en el manejo de quejas sobre deficiencias administrativas. Si bien todos las violaciones de los derechos humanos son casos de mala administración, solo una pequeña proporción de la carga de trabajo de un Defensor del Pueblo trata de violaciones de derechos humanos.
En la mayoría de los países, se prevé la creación de una institución nacional de derechos humanos por medio de la Constitución, una Ley de derechos humanos o una iniciativa específica de la legislación. El grado de independencia de las instituciones depende de la legislación nacional, y la mejor práctica requiere una base constitucional o legal en lugar de (por ejemplo) un Decreto Presidencial. También hay derechos que protegen las instrucciones.
Se han establecido en muchos países comisiones especiales para asegurar que las leyes y reglamentos relativos a la protección de los derechos humanos sean efectivamente aplicadas. Las comisiones tienden a estar compuesto por miembros de diversos orígenes, con un interés particular, competencia o experiencia en el campo de los derechos humanos.
Las comisiones de derechos humanos se dedican principalmente a la protección de todos que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado en contra de la discriminación o los malos tratos, y promueven la protección de las libertades civiles y los demás derechos humanos. Algunas comisiones se ocupan de presuntas violaciones de los derechos reconocidos en la Constitución y/o en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Una de las funciones más importantes de muchas comisiones de derechos humanos es la de recibir e investigar denuncias de individuos (y, ocasionalmente, de los grupos), alegando violaciones de los derechos humanos cometidas en violación de la legislación nacional vigente. Si bien hay diferencias considerables en los procedimientos seguidos por varias comisiones de derechos humanos en la investigación y resolución de quejas, muchos confían en la conciliación o arbitraje. No es inusual que se conceda autoridad a una comisión de derechos humanos para imponer medidas jurídicamente vinculadas a las partes en una queja. Si no se ha sido establecido un tribunal especial para asuntos de derechos humanos, la Comisión podrá ser capaz de transferir las quejas no resueltas a los tribunales ordinarios para una determinación final.
Las instituciones nacionales suelen ser capaces de hacer frente a cualquier problema de derechos humanos con derecho a demandar la participación directa de una autoridad pública. En relación con las entidades no estatales, algunas instituciones nacionales de derechos humanos tienen por lo menos una de las siguientes funciones:
El grado en que las recomendaciones o resoluciones elaborados por un organismo de derechos humanos pueden aplicarse varía según el grado re respeto a los derechos humanos en un determinado país.
Otra función importante de una comisión de derechos humanos es la revisión de manera sistemática del conducto, de la política y del programa legislativa de un gobierno con el fin de detectar deficiencias en la observancia de los derechos humanos, y sugerir formas de mejorar. A menudo, esto incluye asesoramiento independiente al gobierno y/o a la legislatura sobre la compatibilidad con los derechos humanos de los proyectos de ley o políticas.
Las comisiones de derechos humanos también pueden vigilar el cumplimiento del Estado con sus propias leyes y con las leyes internacionales de derechos humanos y si es necesario, recomendar cambios. La realización de los derechos humanos no pueden alcanzarse solo a través de la legislación y disposiciones administrativas, por lo tanto, las comisiones suelen ser confiados con la importante responsabilidad de mejorar la concienciación de la comunidad de los derechos humanos.
De acuerdo con los Principios de París, las instituciones nacionales de derechos humanos están obligados a preparar "informes sobre la situación nacional en materia de derechos humanos en general, y sobre cuestiones más específicas", y esto se hace principalmente en sus informes anuales.
La promoción y la educación sobre los derechos humanos puede implicar informar al público acerca de las funciones y actividades propias de la comisión; estimular el debate acerca de diversas cuestiones importantes en el campo de los derechos humanos, la organización de seminarios y reuniones, la prestación de servicios de asesoramiento, así como la producción y difusión de publicaciones sobre derechos humanos.
Estas son las organizaciones u entidades que velan por los derechos humanos.
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