Javier Iguacel
Javier Alfredo Iguacel (Capitán Sarmiento, 16 de octubre de 1974) es un ingeniero petrolero y político argentino, que ocupa desde 2019 la intendencia de Capitán Sarmiento. Se desempeñó como Ministro de Energía de la Nación Argentina (2018) y luego como secretario de esa misma área tras una reestructuración del gabinete, ocupando el cargo hasta su renuncia, el 28 de diciembre de 2018.
Iguacel estudió en el Colegio Marista Manuel Belgrano y se recibió de Ingeniero en Petróleo. Entre 1997 y 1999 trabajó en la petrolera YPF -Repsol, Pecom y pluspetrol
En las elecciones de 2015 se presentó como candidato a intendente del Partido de Capitán Sarmiento, en la Provincia de Buenos Aires, por Cambiemos perdiendo ante el candidato justicialista Oscar Ostoich.En 2019 se postuló por segunda vez cómo candidato a intendente de Capitán Sarmiento por la coalición Juntos por el Cambio, siendo electo con el 47,3% de los votos derrotando a la candidata del Frente de Todos, Irma Negri.Como ministro de energía fue denunciado por el caso de los parques eólicos. Expertos en energía renovable calcularon que el contrato de cuatro de los seis parques eólicos que el Grupo Macri compró y luego revendió a las pocas semanas perjudicó al estado en más de 700 millones de dólares.
En enero de 2016 fue designado, Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, ente dependiente del ministerio de Transporte de la Nación.
Apenas asumió, Iguacel quedó en la mira de la justicia penal por la designación de un ciudadano estadounidense que no cuenta con el título de ingeniero en la gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial, un área que maneja todas las obras y licitaciones que lleva adelante el organismo.En 2019 el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a Javier Iguacel, por el delito de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes de funcionario público", debido a la polémica "compensación por la devaluación del peso" retroactiva a las compañías distribuidoras de gas que generó una fuerte suba en las boletas del servicio de hasta el 50 por ciento.
En noviembre de 2017, se lo hizo responsable por un puente ferroviario por el cual no podían pasar los trenes. El organismo admitió un "error de cálculo". En total la obra vial costó 1200 millones de pesos.
En marzo de 2018, Iguacel, a través de una resolución, dictaminó el cierre de cinco colegios industriales que ofrecían tecnicaturas de nivel terciario orientadas al trabajo en la obra pública –que no se dictan en ningún otro establecimiento– que funcionan desde 1947. Estos cierres dejaron sin trabajo a 300 docentes y a la deriva a 1200 alumnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tucumán y Santa Cruz.
En 2019 de conoció en el marco de la Causa Autopistas del Sol conocida popularmente como Causa de los peajes un entramado del negocio dirabte la época de Iguacel en su paso por Vialidad Nacional que habilitó la prórroga de las concesiones por 500 millones de dólares direccionado en beneficio de las empresas de la familia del presidente Mauricio Macri. Por las maniobras de corrupción para el direccionamiento de las concesiones de los peajes en beneficio del Grupo Socma de Macri fueron imputados presidente Mauricio Macri, el exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
Como secretario de energía, en septiembre de 2018 anunció la suspensión de la construcción del Gasoducto del Noreste, que hubiera permitido conectar a la red de gas a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones y al norte de la de Santa Fe, que dependen de garrafas para acceder al combustible domiciliario.
En su paso por la Dirección Nacional de Vialidad, Iguacel nombró en la gerencia de “Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial” a un ciudadano estadounidense que no contaba con un título profesional de ingeniero, lo que le valió una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos y usurpación de títulos.
En mayo de 2018 fue imputado penalmente por su responsabilidad en las fallas de la construcción de un puente sobre la Ruta 5, en el marco de la obra de autopista Luján-Bragado. Este puente, cuyo costo ascendió a $ 55 millones, no tiene el ancho que requiere el paso de las formaciones ferroviarias para las cuales fue pensado. La solución implementada, que consistió en recortes laterales que permiten ensanchar el paso, fue criticada por referentes de la Unión Ferroviaria que alertaron sobre la falta de condiciones de seguridad para la circulación de los trenes.
Iguacel fue criticado por haber utilizado fondos públicos por 25 mil pesos mensuales en un curso para mejorar su oratoria, tal como lo demuestran las facturas emitidas por la Escuela de Arte de la que es propietaria la actriz Cecilia Maresca. El funcionario también fue criticado por poseer 2 millones de pesos en sociedades offshore, y por figurar en los Paradise Papers.En 2019 comenzó a ser investigado en una causa por 500 millones de dólares que involucraba a las acciones que Socma empresa del presidente Mauricio Macri que tenía en Ausol, para determinar las condiciones en que se efectuó la venta de los papeles de la empresa de Macri, cuyo valor se disparó un 400% tras los aumentos de las tarifas y la prórroga del contrato en cuestión, en la causa se investigan las maniobras del Poder Ejecutivo para extender los contratos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, sin llamado a licitación, y el reconocimiento a la empresa Ausol S.A propiedad de la familia Macri de 500 millones de dólares mediante un fraude millonario contra el Estado en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, en manos de Ausol.
Al mismo tiempo se lo criticó por defender y beneficiar a Ángelo Calcaterra, —primo de Mauricio Macri—, quien sufrió un pedido de embargo millonario en el marco de la investigación por el pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en la causa denominada Lava Jato. Iguacel se opuso a que el municipio de San Antonio de Areco le cobrara una millonaria tasa de mensura a IECSA, la firma que conducía Calcaterra y en represalia dio de baja convenios de Vialidad Nacional con la comuna. El intendente Francisco Durañona lo acusó de defender los intereses de la firma vinculada a la familia presidencial, que debía abonar unos 25 millones en tasas municipales. Finalmente Iguacel dejó sin obras a ese distrito por no beneficiar a la empresa del primo del presidente con excepción de tasas municipales.
actividades de espionaje ilegal, armado también se vio involucrado en el Stornelligate un escándalo políto de armado de causas judiciales falsas y maniobras coercitivas sobre empresarios, sindicalistas y políticos opositores, que involucran al fiscal Carlos Stornelli, al periodista de Clarín Daniel Santoro, al periodista oficialista Luis Majul, al juez federal Claudio Bonadío, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a las diputadas de la Coalición Cívica Ari: Paula Ovieto y Elisa Carrió, a Javier Iguacel y al propio presidente Mauricio Macri, entre otros.
Junto con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, fue acusado por crear la empresa Corredores Viales S.A., con capital accionario integrado por el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. Esta nueva empresa, considerada una "Vialidad paralela" y forma de privatización encubierta, reemplazaría a la entidad estatal pero con condiciones que la eximen de ajustarse al régimen de contrataciones y a la legislación de obra pública.
Iguacel enfrenta una causa penal por lavado de dinero ya que apareció vinculado a una firma offshore que había quedado al descubierto a partir de la filtración conocida como Paradise Papers, las actividades offshore del funcionario estarían “vinculadas a su paso por Pluspetrol", una petrolera de capitales argentinos donde se desempeñó hasta mayo de 2015.
En enero de 2019 fue denunciado junto a otros funcionarios por los ajustes al contrato de una obra vial que beneficiaron directamente a la empresa Iecsa, propiedad de Ángelo Calcaterra al momento de la firma inicial de los contratos. Iecsa, luego vendida a Marcelo Mindlin, obtuvo un incremento del 120% del contrato inicial, más del doble de lo obtenido por otras dos empresas encargadas de otros tramos de la obra, que renegociaron incrementos del 45%.
En marzo de 2019, en el marco del escándalo conocido como Dalessiogate, un importante empresario petrolero se presentó a la justicia y aportó pruebas denunciando que tras la llegada al gobierno de Cambiemos, tanto Vialidad Nacional —dirigida por Iguacel—, como YPF, cancelaron los contratos que su empresa tenía con el Estado, lo que motivó la crisis de la compañía y la quiebra. Según el denunciante, la maniobra se ejecutó con el objetivo de llevarla a una situación de crisis que permitiera venderla a precio vil. Según su denuncia, este mecanismo fue usado no sólo con OPS sino con otras empresas y medios de comunicación. Posteriormente el empresario sería extorsionado para que aporte 1.2 millones de dólares para levantar la quiebra. El empresario denunció amenazas, espionaje sobre su familia y otras maniobras coercitivas.
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