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Juicio Automotores Orletti



El Juicio Automotores Orletti forma parte de la investigación judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico- militar argentina, en el marco del Plan Cóndor. Durante su sustanciación se determinó la responsabilidad por las desapariciones forzadas, torturas y exterminio de personas cometidos en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti. Éste se encontraba ubicado en un taller mecánico en calle Venancio Flores N° 3521 del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la actualidad recuperado como sitio de memoria. El centro clandestino funcionó entre mayo y noviembre de 1976 bajo el mando del entonces Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), René Otto Paladino en coordinación con Operaciones Tácticas 1, a cargo de Rubén Víctor Visuara, Operaciones Tácticas 18, bajo el mando de Eduardo Rodolfo Cabanillas y de la SIDE uruguaya. La estructura de mando de este centro clandestino tuvo la particularidad de no ser piramidal: participaban activamente en las sesiones de torturas tanto los miembros de la SIDE argentina y uruguaya como delincuentes reclutados para los grupos de tareas como es el caso de Honorio Carlos Martínez Ruiz, miembros de la Policía Federal e incluso miembros de la Triple A.[1]

El centro clandestino era un taller mecánico rentado. La SIDE pagó 240 mil pesos por los primeros dos meses de alquiler al propietario, llamado Santiago Cortell, quien creía alquilarlo a una empresa dedicada a la importación y exportación de bienes.

Por allí pasaron más de 300 personas, incluido un grupo de uruguayos a quienes se secuestró para robarles un botín de 10 millones de dólares que luego fue repartido entre la SIDE y el grupo de tareas que intervino en el operativo.

La causa fue elevada a juicio por los casos que se les imputan a los ex represores argentinos, no así a los uruguayos implicados, quienes no podrán ser juzgados en Argentina hasta que no cumplan las condenas impuestas en causas en su país, a pesar de que la extradición de los mismos se encuentra aprobada. Estos son los oficiales del Ejército José Ricardo Arab Fernández, José "Nino" Gavazzo Pereira, Luis Alberto Maurente Mata, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio y de los oficiales de la Policía Ricardo José Medina Blanco y Ernesto Soca. El civil Osvaldo "Paqui" Forese, presuntamente fallecido en Mar del Plata.

Llegan a juicio oral los siguientes imputados:[2]

También están imputados en la causa miembros del Ejército y la Policía de Uruguay. Se trata de los oficiales del Ejército José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Luis Alberto Maurente Mata, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio y de los oficiales de la Policía Ricardo José Medina Blanco y Ernesto Soca.

El 31 de mayo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a los imputados por los delitos de homicidio calificado por alevosía cometidos en abuso del ejercicio de la función pública y privación ilegítima de la libertad en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados. La condena no fue encuadrada en el marco del delito internacional de genocidio. Las penas fueron las siguientes:

No resultaron condenados los imputados Rubén Víctor Visuara y Néstor Horacio Guillamondegui debido a que el primero falleció antes de la sentencia y, el segundo, fue separado del juicio por razones de salud.



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