La Unión Europea
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La Unión Europea (UE) es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui géneris de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por veintisiete Estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993.
Con ese acto, la supraestructura «Unión Europea» aunaba y se fundaba sobre las tres Comunidades Europeas preexistentes —la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Económica Europea (CEE/CE)— y les añadía la política exterior común y la cooperación judicial y policial, formando un sistema complejo conocido como «los tres pilares». Sin embargo, con la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la Unión Europea sucedió, por completo aunque con ciertas particularidades, a las Comunidades Europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de derecho internacional.
La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar, en la actualidad, un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada.
Todo esto desemboca en una peculiarísima comunidad de Derecho, cuya naturaleza jurídica y política es muy discutida, si bien sus elementos fundacionales y su evolución histórica, todavía abierta, apuntan, en el presente, a una especial forma de moderna confederación o gobernanza supranacional, acusadamente institucionalizada y con una inspiración histórico-política de vocación federal —en el sentido de un federalismo internacional nuevo, no de un Estado federal clásico— que se detecta con cierta claridad en ámbitos como la ciudadanía europea, los principios de primacía y efecto directo que le son aplicables a su ordenamiento jurídico en relación con los ordenamientos nacionales, el sistema jurisdiccional o la unión monetaria (el sistema del euro).
La Unión Europea, y antes las Comunidades, promueve la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos de actuación, en su origen esencialmente económicos y progresivamente extendidos a ámbitos indudablemente políticos. Para alcanzar sus objetivos comunes, los estados de la Unión le atribuyen a esta determinadas competencias, ejerciendo una soberanía en común o compartida que se despliega a través de los cauces comunitarios.
La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus instituciones son siete: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El Consejo Europeo ejerce funciones de orientación política general y de representación exterior, y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales; el Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas —a excepción de los procedimientos legislativos especiales, donde el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo—; la Comisión o Colegio de Comisarios aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión; el Tribunal de Justicia ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario; el Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios; y el Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro.
La Unión cuenta también con otros órganos, instancias y organismos de funciones y atribuciones diversas, como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre otros.
En 2012 la Unión Europea ganó el Nobel de la Paz, que fue otorgado por unanimidad de todos los miembros del jurado, «por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia, y los derechos humanos en Europa». En 2017 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por lograr «el más largo período de paz de la Europa moderna, colaborando a la implantación y difusión en el mundo de valores como la libertad, los derechos humanos, y la solidaridad».
Tras la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2020, el club comunitario se ve abocado a un proceso de refundación.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los símbolos de la UE como la bandera, el lema, el himno o el Día de Europa no son jurídicamente vinculantes, aunque todos ellos se encuentran en uso. Pese a esto, dieciséis países miembros declararon su lealtad a los símbolos de la Unión Europea en una declaración anexa al tratado.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba sumida en la devastación. Alemania estaba destrozada, en términos de pérdidas de vidas humanas y daños materiales. Si bien Francia y Reino Unido resultaron oficialmente vencedoras frente a Alemania en el conflicto, ambos países sufrieron importantes pérdidas (aunque menores que las de Alemania) que afectaron gravemente a sus economías y su prestigio a nivel mundial. La declaración de guerra de Francia y Reino Unido a la Alemania nazi tuvo lugar en septiembre de 1939. Una vez finalizado el conflicto en Europa el 8 de mayo de 1945, el régimen alemán fue responsabilizado por el inicio de la guerra, ya que su política expansionista le había llevado a ocupar y en algunos casos anexar territorios de otros países del continente. Alemania, que perdió una parte considerable de su territorio anterior a la guerra, fue ocupada por ejércitos extranjeros que dividieron su superficie territorial en cuatro partes, tal y como se consensuó en la Conferencia de Yalta.
En los años posteriores, los resentimientos y la desconfianza entre las naciones europeas, dificultaban una reconciliación. En este contexto el ministro francés de asuntos exteriores Robert Schuman defendió decididamente la creación de Alemania Occidental, resultado de la unión de las tres zonas de ocupación controladas por las democracias occidentales, dejando de lado la zona ocupada por la URSS. Schuman, de origen germano-luxemburgués, había poseído las tres nacionalidades (francesa, alemana, luxemburguesa) durante diferentes etapas de su vida. Este hecho le hizo comprender la complejidad de los conflictos europeos y desarrollar pronto un interés por la unificación europea.
En 1946, Winston Churchill dio un discurso en la Universidad de Zúrich, considerado por muchos como el primer paso hacia la integración durante la posguerra. Aunque, generalmente se considera que el verdadero primer paso se dio el 9 de mayo de 1950, cinco años después de la rendición del régimen nazi, cuando Schuman lanzó un llamamiento a Alemania Occidental y a los países europeos que lo deseasen para que sometieran bajo una única autoridad común el manejo de sus respectivas producciones de acero y carbón. Este discurso, conocido como Declaración Schuman, fue acogido de manera dispar dentro de los gobiernos europeos y marcó el inicio de la construcción europea, al ser la primera propuesta oficial concreta de integración en Europa. El hecho consistía en que al someter las dos producciones indispensables de la industria armamentística a una única autoridad, los países que participaran en esta organización encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos.
La declaración marcó el inicio de la integración de los estados europeos como un movimiento en contraposición a la anterior tendencia nacionalista y las tensas rivalidades que ocasionó entre los estados de Europa. Esta nueva realidad fue propiciada en gran medida por el fin de la tradicional hegemonía europea en el mundo tras la II Guerra Mundial, que concienció a los europeos de su propia debilidad ante el surgimiento de dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que tenían un poder superior al del heterogéneo grupo de estados europeos. Además, las consecuencias del conflicto favorecieron el deseo entre los ciudadanos de crear un continente más libre y justo en el que las relaciones entre países se desarrollaran de forma pacífica para evitar por todos los medios un nuevo enfrentamiento entre los estados europeos.
La propuesta de Robert Schuman fue acogida de forma entusiasta por el canciller de la República Federal de Alemania Konrad Adenauer. En la primavera de 1951, se firma en París el Tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), concretando la propuesta de Schuman. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (conocidos como “los seis”), logran un entendimiento que favorece el intercambio de las materias primas necesarias en la siderurgia, acelerando de esta forma la dinámica económica, con el fin de dotar a Europa de una capacidad de producción autónoma. Este tratado fundador buscaba aproximar vencedores y vencidos europeos al seno de una Europa que a medio plazo pudiese tomar su destino en sus manos, haciéndose independiente de entidades exteriores. El tratado expiró en 2002, a pesar de que su función quedó obsoleta tras la fusión de los órganos ejecutivos y legislativos en el seno de la Comunidad Europea, que adquirió personalidad jurídica, y también gracias al Acta Única Europea de 1986.
En mayo de 1952, ya en plena Guerra fría, se firmó en París un tratado estableciendo la Comunidad Europea de Defensa (CED), que permitía el armamento de Alemania Occidental en el marco de un ejército europeo. Cinco miembros de la CECA ratificaron el tratado, pero en agosto de 1954, los parlamentarios franceses lo rechazaron, como consecuencia de la oposición conjunta de gaullistas y comunistas. Es así que el antiguo Tratado de Bruselas de 1948 es modificado para crear la Unión Europea Occidental (UEO) que fue hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999 la única organización del continente encargada de la defensa y la seguridad europea. Aunque reforzó el antiguo tratado, la UEO fue una entidad a la sombra de la OTAN, pese a lo cual se encargó durante su existencia de la defensa de los países europeos ante un hipotético ataque.
Un impulso de importancia mayor llega en 1957 con la firma de los Tratados de Roma. Los seis deciden avanzar en la cooperación en los dominios económico, político y social. La meta planteada fue lograr un “mercado común” que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y de capitales. La Comunidad Económica Europea (CEE) es la entidad internacional, de tipo supranacional, dotada de una capacidad autónoma de financiación institucionalizada por este tratado. Este documento formó una tercera comunidad de duración indefinida, el Euratom.
En 1965, se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres comunidades europeas por medio de la creación de la Comisión Europea (CE) y el Consejo de la Unión Europea (CUE). El Acta Única Europea firmada en febrero de 1986 entró en aplicación en julio de 1987, y tuvo por misión el redinamizar la construcción europea, fijando la consolidación del mercado interior en 1993 y permitiendo la libre circulación igualmente de capitales y servicios. Por este tratado, las competencias comunitarias son ampliadas a los dominios de la investigación y el desarrollo tecnológico, medio ambiente y política social. El Acta Única consagró también la existencia del Consejo Europeo, que reúne los jefes de estado y de gobierno e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior (la Cooperación Política Europea) así como una cooperación en materia de seguridad.
El Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, firmado en febrero de 1992 y en vigor a partir de 1993, introdujo una nueva estructura institucional, la cual se mantuvo hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Dicha estructura institucional estaba compuesta por los conocidos tres pilares de la Unión Europea: el primer pilar era el pilar comunitario, que correspondía a las tres comunidades (la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero); el segundo era el pilar correspondiente a la política exterior y de seguridad común, que estaba regulada en el título V del Tratado de la Unión Europea; y el tercero era el pilar correspondiente a la cooperación policial y judicial en materia penal, cubierta por el título VI del Tratado de la Unión Europea. Estos tres pilares funcionaban siguiendo procedimientos de decisión diferentes, ya que el primer pilar funcionaba mediante el procedimiento comunitario, mientras que los otros dos se regían por el procedimiento intergubernamental. El Tratado de Maastricht también creó la ciudadanía europea y permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Con este tratado también se decidió la creación de una moneda única europea, el Euro, que entraría en circulación en 2002 bajo control del Banco Central Europeo.
A lo largo de estos años, la CEE/UE comenzó a expandirse por el continente europeo, fundamentalmente entre los países de la Europa occidental: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1973; Grecia en 1981; España y Portugal en 1986; Alemania oriental en 1990; y Austria, Finlandia y Suecia en 1995.
En 1999, entró en vigor el Tratado de Ámsterdam que recogía los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, incluyendo explícitamente el principio de desarrollo sostenible. Dos años después se firmó el Tratado de Niza, que entraría en vigor en 2003. Mientras tanto, en 2002, se extinguió la CECA tras finalizar su periodo de validez (50 años), y su ámbito de actuación quedó englobado en el de la Comunidad Europea.
El 1 de mayo de 2004 tuvo lugar la mayor ampliación que se ha dado en la Unión Europea, con la entrada de 10 nuevos miembros de Europa oriental: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. Más tarde, el 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el tratado constitucional. La ratificación del tratado fue iniciada por la aprobación del Parlamento, pero algunos estados convocaron referendos en 2005. El primero fue el que se celebró en España, donde el documento fue aprobado con el 76,73 % de apoyo. Sin embargo, la ratificación alcanzó un obstáculo importante cuando los votantes de Francia y los Países Bajos rechazaron el documento. Esta ratificación en gran medida se detuvo, con solo unos pocos estados tratando de aprobarlo aún. Luxemburgo siguió adelante con su voto y aprobó la constitución en un 57 %. Esto no cambió las cosas, sin embargo, y los dirigentes anunciaron que entraban en un "período de reflexión" sobre el rechazo.
Seguidamente, se incorporaron Rumania y Bulgaria en la ampliación de la Unión Europea de 2007, mientras que el 25 de marzo de 2007 (en el 50.º aniversario de la firma de los Tratados de Roma) los líderes europeos pusieron fin formalmente al "período de reflexión" con la firma de la Declaración de Berlín. La declaración tenía por objeto dar un nuevo impulso a la búsqueda de un nuevo acuerdo institucional antes de realizar las elecciones europeas de 2009. Adentrado ya 2007, el Consejo Europeo acordó que la Constitución había fracasado, a pesar de que la mayoría de las propuestas que incluía el texto se incluyeron posteriormente en la reforma de los tratados de la Unión, en contraposición a la constitución, la cual iba a reemplazar todos los tratados anteriores. De este modo, el 13 de diciembre de 2007, se firmó el conocido como Tratado de Lisboa.
Este tratado tenía como objetivo mejorar el funcionamiento de la Unión Europea mediante la modificación del Tratado de Maastricht y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Roma). Algunas de las reformas más importantes que introdujo el Tratado de Lisboa fueron la reducción de las posibilidades de estancamiento en la toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la UE, la eliminación de los para entonces obsoletos tres pilares de la Unión Europea, y la creación de las figuras de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la UE. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 también hizo que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fuese jurídicamente vinculante para los Estados miembros.
Por otra parte, la Gran Recesión iniciada en 2008 y la Crisis del euro afectaron la economía de la mayoría de los Estados miembros, pese a lo cual Croacia consiguió convertirse el 1 de julio de 2013 en el miembro número 28 de la Unión. En medio de la recesión, la UE y sus Estados miembros enfrentaron la Crisis migratoria en Europa que puso a prueba el sistema europeo común de asilo y el espacio Schengen.
En 2020 la UE ha afrontado la salida del Reino Unido de la Unión Europea Brexit, efectiva desde enero de ese año. Además, la pandemia de enfermedad por coronavirus ha sumido a la Unión en una crisis sin precedentes. La situación de crisis sanitaria desatada en varios de sus Estados miembros ha abierto un périodo de incertidumbre que previsiblemente marcará la evolución del proyecto de refundación de la Unión Europea.
La Unión Europea está formada por 27 países europeos soberanos independientes que se conocen como los estados miembros. La Unión fue fundada por seis países de Europa occidental (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, y Luxemburgo) y se amplió en seis ocasiones, por los cuatro puntos cardinales de la geografía europea. A diferencia de los estados de los Estados Unidos, los estados miembros de la Unión Europea no están obligados a una forma republicana de gobierno. La Unión está compuesta de veintiuna repúblicas y seis monarquías, de las cuales cinco son reinos y una es un ducado (Luxemburgo).
En el territorio de la Unión Europea, los tres países más extensos son 1.º Francia, 2.º España y 3.º Suecia; y los tres países menos extensos son Malta (con una superficie más de dos mil veces inferior al país más grande de la Unión Europea), Luxemburgo y Chipre (ver Anexo:Países de la Unión Europea por superficie). En cuanto a jurisdicción sobre el mar, un país de la Unión Europea, Francia (con más de 11 millones de km²), tiene la más extensa zona económica exclusiva del mundo.
El territorio de la Unión Europea consiste en el conjunto de territorios de sus 27 Estados miembros con algunas excepciones que se exponen a continuación. El territorio de la UE no es el mismo que el de Europa, ya que, en primer lugar, hay estados europeos que se encuentran fuera de la UE, como Reino Unido, Islandia, Suiza, Noruega y Rusia. Además, ciertos territorios europeos de los estados miembros no forman parte de la UE (por ejemplo, las Islas Feroe). Tampoco forman parte de la UE varios territorios situados fuera del continente asociados a los estados miembros (por ejemplo, Groenlandia, Aruba, las Antillas Neerlandesas y las Colectividades Territoriales francesas). Por el contrario, sí hay ciertos territorios de ultramar que son parte de la UE pese a estar situados fuera del continente europeo, como las Azores, Islas Canarias, Ceuta, Melilla, Guayana Francesa, Guadalupe, Madeira, Martinica, San Martín, La Reunión y Mayotte.
La superficie combinada de los estados miembros de la UE cubre un área de 4 237 473 kilómetros cuadrados. El paisaje, el clima, y la economía de la UE se ven influidas por sus costas, que suman 53 563,9 kilómetros de largo. La UE tiene la tercera costa más larga del mundo después de Australia y Canadá. La combinación de los estados miembros comparte fronteras terrestres con 21 estados no miembros para un total de 13 271 kilómetros, la quinta frontera más larga del mundo.
En Europa la UE tiene fronteras con Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Turquía, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Albania, Montenegro y Serbia. Por último, tiene fronteras con: San Martín en el Mar Caribe; Brasil y Surinam en América del Sur y con Marruecos en África.
Algunos estados miembros poseen territorios fuera del continente europeo, los cuales pueden formar parte de la Unión; son denominados generalmente regiones ultraperiféricas o territorios de ultramar. Las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que como tales forman parte de la Unión Europea, se encuentran en África, junto a Marruecos, pero no son consideradas regiones ultraperiféricas por parte de la Unión Europea.
Hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no se especificaba cómo un país podía salir de la Unión (aunque Groenlandia, un territorio de Dinamarca, se retiró en 1985 siendo necesario para ello la modificación de varios tratados) pero esto ya no ocurre con el Tratado de Lisboa, ya que este contiene un procedimiento formal para la retirada.
Los miembros de la Unión han crecido desde los seis estados fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) a los 27 que conforman la Unión Europea, tras la salida del Reino Unido (1973-2020):
Hay una serie de territorios de ultramar de los Estados miembros, que son legalmente parte de la Unión Europea, pero tienen ciertas exenciones en función de su lejanía de Europa. Estas regiones ultraperiféricas disponen de una aplicación parcial de la ley de la UE y en algunos casos se encuentran fuera del Espacio Schengen. Todos estos territorios utilizan el euro como moneda y son:
Las regiones ultraperiféricas están formadas por varias regiones insulares y una región en el noreste del continente sudamericano, a miles de kilómetros de Europa, pero que integran de derecho la Unión Europea y que forman un grupo peculiar y bien definido en el seno de esta. Esta situación compartida ha llevado a las regiones ultraperiféricas a estrechar lazos de unión y afirmar su voluntad de cooperar entre ellas para lograr que la Unión Europea no olvide las características de estas regiones, para conseguir un desarrollo sostenible a largo plazo, y dotarlas de una posición de igualdad respecto del resto del territorio de la Unión.
Los representantes de las regiones ultraperiféricas, están llevando a cabo unas reuniones periódicas de la Conferencia de Presidentes de las regiones ultraperiféricas, con la idea de preparar un programa de cooperación entre las RUP, el RUP PLUS.
Hay territorios de los Estados miembros en los que no se aplica toda la legislación de la Unión Europea, por lo que su estatus es entonces más próximo al de las regiones ultraperiféricas (RUP), aunque sin tener los fondos estructurales que tienen esos territorios asignados. Al igual que las RUP, y a diferencia de los países y territorios de ultramar, estos territorios si que forman parte del territorio de la Unión Europea.
Un caso especial es el Norte de Chipre, donde la legislación de la Unión Europea no se aplica, pese a ser parte del territorio jurídico de la Unión, ya que sus ciudadanos, los cuales votaron a favor de la adhesión de Chipre a la Unión Europea y de la reunificación de Chipre, también votan a los representantes chipriotas del Parlamento Europeo. Este caso, es una excepción del Tratado de adhesión de Chipre, ya que se está esperando una evolución en las negociaciones entre las dos repúblicas chipriotas. El resultado de esta división de la isla es la creación de una línea de demarcación bajo mandato internacional de la ONU, por el norte y el sur, además de dos zonas de soberanía británica (Acrotiri y Dhekelia).
En el Mar Báltico, las Islas Åland de Finlandia también cuentan con un estatus especial. Estas islas, las cuales disfrutan de una amplia autonomía, tuvieron un referéndum separado del de Finlandia relativo a la adhesión de su país a la UE, en el cual se aprobó su adhesión a la Unión, aunque con algunas excepciones.
Otros casos son los municipios que tienen un estatus especial por razones geográficas o históricas. Estos estatus se refieren al uso del euro y del IVA. Sobre todo destacan los casos de los exclaves alemanes e italianos de Büsingen am Hochrhein y Campione d'Italia, respectivamente. También tiene estatus de territorio especial la localidad italiana de Livigno, la cual pese a no ser un exclave se beneficia del estatus extraterritorial regulado desde los siglos XIX y XX.
En el Mar del Norte, la isla alemana de Heligoland, aunque es parte del territorio de la Unión Europea, está excluido de la unión aduanera y no está sujeta a régimen fiscal alemán. Al igual que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el resto de plazas de soberanía española en África, las cuales tienen un estatus especial respecto al IVA, la PAC y la PPC.
El Monte Athos o Estado Monástico Autónomo de la Montaña Sagrada también tiene un estatus especial dentro de República Helénica, ya que el Monte Athos forma parte del espacio Schengen y de la Unión Europea, aunque solo están autorizados a entrar en su territorio aquellos varones que cuenten con una autorización, además de esto, el acceso está prohibido a toda criatura femenina (excepto gallinas y gatos).
Finalmente, la isla Clipperton, bajo la administración directa del gobierno francés, por lo que es parte del territorio de la Unión. Sin embargo, la isla no es parte del espacio Schengen y, ya que no hay habitantes permanentes, no hay elecciones al Parlamento Europeo.
Los países y territorios de ultramar son países que no forman parte del territorio comunitario (a diferencia de las regiones ultraperiféricas). Los ciudadanos de los países y territorios de ultramar tienen la nacionalidad de los estados miembros de que dependen (sin embargo, en algunos casos sus ciudadanos no poseen una ciudadanía plena de tales estados).
Existen veinticinco países y territorios de ultramar:
Para que un Estado se incorpore a la Unión Europea debe cumplir unas condiciones económicas y políticas conocidas como los criterios de Copenhague, por haberse tomado el correspondiente acuerdo en el Consejo Europeo de 1993 celebrado en la capital danesa. Los criterios de Copenhague establecen cuándo un país candidato está listo para adherirse a la Unión. Entre los principales criterios están los siguientes:
Hay cinco países candidatos oficiales para formar parte de la UE, los cuales son Turquía (desde 2004), Macedonia del Norte (desde 2005), Montenegro (desde 2010), Serbia (desde 2012) y Albania (desde 2014). Un informe de la Comisión Europea de octubre de 2009 valoró positivamente a Macedonia del Norte (por aquel entonces, Antigua República Yugoslava de Macedonia) para una futura ampliación, pero instó a retrasar el proceso con Turquía.
Actualmente son candidatos potenciales Bosnia y Herzegovina y el territorio de Kosovo (bajo administración interina de la ONU), según lo dispuesto en la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque Bosnia y Herzegovina ha mostrado su interés en pertenecer al grupo europeo, su adhesión se enfrenta a muchos problemas económicos y políticos, lo cual llevará a que el país lleve a cabo grandes reformas en su sistema económico, político y judicial. El caso de Kosovo es diferente, ya que este territorio cuenta con un estatus especial a la hora de su posible entrada en la Unión Europea, ya que la Comisión Europea lo reconoce como candidato potencial pero no como un país independiente, sino que se refiere a él con la denominación Kosovo según la Resolución 1244, ya que los Estados miembros se encuentran divididos entre aquellos que lo reconocen como un país independiente y los que no han aceptado la declaración de independencia de Kosovo y lo consideran parte integrante de Serbia.
A pesar de que Noruega se encuentra en el Espacio Económico Europeo, es parte del espacio de Schengen, y que participa en muchos de los programas, instituciones y actividades de la UE, los noruegos impidieron el cumplimiento de la agenda de su gobierno para incorporarse a la UE en dos ocasiones, mediante referéndum, en 1972 y 1994. Del mismo modo Islandia es miembro del EEE y del espacio de Schengen, y debido a una grave crisis económica inició los trámites para ser un miembro de la UE, pero tras las elecciones del 2013, donde vencieron los partidos de centroderecha en contra de la adhesión de Islandia a la UE, el nuevo ministro de Exteriores de Islandia informó al comisario de Ampliación de la decisión del nuevo Ejecutivo de no seguir adelante con las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta la convocatoria de un referéndum sobre esta cuestión. Algo parecido ocurre con Suiza que, aunque también pertenece al espacio de Schengen, rechazó su adhesión en votaciones realizadas en 1994 y 2001.
En los tratados anteriores al de Lisboa no había previsto ningún procedimiento jurídico que regulara la retirada de los Estados. Así por ejemplo, en la Convención de Viena no se preveía ni la denuncia ni el retiro de un Estado miembro. El propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconocía el carácter irrevocable de los compromisos asumidos por los Estados. Sin embargo, la no previsión de un procedimiento jurídico de retirada en los Tratados no es motivo suficiente para impedir que un Estado decida sobre su continuidad en la Unión Europea.
El 23 de junio de 2016 se realizó el Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, en el cual la opción de «Salir de la UE» gana con un 51,9 % mientras que «Continuar en la UE» obtiene un 48,1 %, sin embargo, en Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar además de la mayoría de Londres, predominó la opción de la permanencia. Tras los resultados del referéndum, el Primer ministro David Cameron anunció su dimisión del cargo, así, el 13 de julio del mismo año, Theresa May asumió el cargo en su reemplazo, David Cameron argumentó que un liderazgo fresco debe llevar al país a la opción elegida en la votación. Este referéndum inició el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, concluyendo en diciembre de 2020.
Las Marco institucional de la Unión Europea son los organismos políticos e instituciones en los que los estados miembros delegan parte de sus poderes y soberanía. Con ello se busca que determinadas decisiones y actuaciones institucionales provengan de órganos de carácter supranacional cuya voluntad se aplica en el conjunto de los estados miembros, desapoderando así a los órganos nacionales de cada país.
Las normas y procedimientos que las instituciones deben seguir se establecen en los tratados, negociados por el Consejo Europeo y en conferencias intergubernamentales y ratificadas por los parlamentos nacionales de cada Estado. El Tratado de Lisboa, modifica nuevamente el Tratado de la Unión Europea, pero también el TCE, que pasaría a llamarse Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La legitimidad de la producción normativa de la Unión tiene una doble vertiente: legitimidad internacional en la acción del Consejo y el Consejo Europeo, por un lado, en tanto que la Unión es una organización internacional regida por Derecho Internacional y convencional; y democrática, por otro, ya que el Parlamento Europeo recoge el principio de formación democrática del Derecho, al ser una Institución cuyos miembros son elegidos en unas elecciones directamente por los ciudadanos.
El Tratado de Lisboa ha consolidado la transformación formal del marco institucional supremo con siete instituciones. Las tres principales en el proceso de toma de decisiones son el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. También cobra gran importancia el Consejo Europeo como institución que determina la dirección y las prioridades de la Unión.
El Parlamento Europeo es el parlamento de la Unión Europea. Desde 1979, es elegido directamente cada cinco años en las elecciones europeas. Por lo tanto, es la primera institución supranacional directamente elegida del mundo y el órgano representativo de alrededor de 385 millones de personas, quienes constituyen el segundo electorado democrático más grande del mundo (después de la India). El Parlamento es considerado la "primera institución" de la Unión Europea: es mencionado en primer lugar en los tratados y su Presidente tiene preferencia protocolaria sobre todas las demás autoridades a nivel europeo. Comparte con el Consejo la competencia legislativa y presupuestaria, teniendo el control sobre el presupuesto de la Unión Europea. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, es responsable ante el Parlamento. En concreto, el Parlamento Europeo elige al Presidente de la Comisión, aprueba (o rechaza) la designación de la Comisión en su conjunto, e incluso puede destituirla como órgano presentando una moción de censura.
El actual Presidente del Parlamento Europeo es el italiano Antonio Tajani que fue elegido en enero de 2017 y que preside una cámara compuesta por una gran variedad de partidos asociados en grupos. Los dos principales grupos del Parlamento Europeo (juntos poseen el 61% de los escaños) son el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
El Consejo, antes Consejo de la Unión Europea (CUE), comúnmente conocido como Consejo de Ministros, reúne en su seno a los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en distintas formaciones, cuyos intereses nacionales incrusta en el proceso decisorio guiado por la búsqueda de un acuerdo común. El Consejo ejerce junto con el Parlamento Europeo el poder legislativo de la Unión. Ostenta la titularidad formal de importantes potestades ejecutivas, pero cuyo ejercicio debe atribuir por imperativo constitucional a la Comisión. Si bien en los últimos tiempos sus funciones legislativas, antes exclusivas, han ido debilitándose en favor de la igualdad con el Parlamento Europeo, el paralelo declive político de la Comisión parece estar propiciando un desplazamiento de retorno simultáneo al Consejo del centro de gravedad del poder decisorio y ejecutivo, que en ocasiones más parece residir en este órgano que en el propio Ejecutivo comunitario. Ello no obstante, el Consejo aparece cada vez más deslumbrado por su alter ego en las alturas, el Consejo Europeo.
El Consejo es, pues, cámara co-legisladora donde se hallan representados los Estados de la Unión a través de sus gobiernos nacionales, asegura su plena participación en igualdad de condiciones, en garantía del llamado principio de representación nacional. Cuando delibera y decide sobre un acto legislativo, las sesiones del Consejo son públicas.
La Presidencia del Consejo cambia entre estados miembros cada seis meses: de enero a junio y de julio a diciembre. Los Gobiernos trabajan aunando fuerzas para manifestarse con una sola voz en cuestiones de política exterior, asistidos por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
El Consejo Europeo, que no debe confundirse con el Consejo de Europa o con el Consejo de la Unión Europea, es un organismo político de carácter predominantemente intergubernamental, conformado por los jefes de Estado o de gobierno de los estados miembros de la Unión Europea junto con el presidente permanente del Consejo y el presidente de la Comisión Europea. Sus funciones son de orientación política y de jefatura colectiva simbólica, fijando las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes; la potestad legislativa le está expresamente vedada por los Tratados. Los miembros del Consejo Europeo se citan periódicamente en reuniones conocidas como "Cumbres europeas". Sus oficinas se encuentran en el Justus Lipsus de Bruselas, sede del Consejo de la Unión Europea.
El presidente del Consejo Europeo o informalmente el presidente de la Unión, es una de las más altas posiciones institucionales de la Unión Europea, y sin duda la más simbólica. Su proyección exterior se corresponde con la más alta representación de la UE en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, al nivel de los jefes de Estado. Su mandato tiene una duración de dos años y medio renovables una sola vez, sustituyéndose así el viejo sistema rotatorio anterior al Tratado de Lisboa.
La Comisión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas hasta la entrada en vigor del Tratado de Niza) es la rama ejecutiva de la Unión Europea. Este cuerpo es responsable de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados constitutivos y, en general, se encarga del funcionamiento ordinario de la UE. Se le encomienda la vigilancia en el cumplimiento del interés supremo de la Unión, separado del individual de cada Estado miembro.
Una vez nombrada, la Comisión Europea solo puede ser destituida mediante una moción de censura aprobada por una mayoría de dos tercios en el Parlamento Europeo, lo que la dota de un margen de autonomía superior al de la mayoría de los ejecutivos en sistemas parlamentarios.
Al frente de la Comisión se encuentra el Presidente, que ostenta la máxima representación de la misma y ocupa el primer puesto en la cadena de jerarquía, preeminencia que viene reforzada por la legitimidad democrática directa e individualizada que le aporta al cargo su elección directa por el Parlamento Europeo.
Conforme a su posición principal, el Presidente es también quien está al frente de los demás miembros de la Comisión, los denominados Comisarios, que tienen atribuidas las competencias y los servicios que decida asignarles el Presidente de la Comisión a través de la carta de nombramiento que envía a los titulares y al Parlamento Europeo. Cada Comisario europeo es responsable de los departamentos (direcciones generales y servicios) y, en su caso, Agencias ejecutivas que les asigne el Presidente. Estos ámbitos competenciales se conocen en la jerga comunitaria por el nombre de "carteras", y dado que no tienen estructura administrativa propia, son gestionados por el propio Comisario y, en su nombre, por su gabinete.
Además, de las ya mencionadas, el marco institucional de la Unión Europea cuenta con otras tres instituciones no políticas: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.
Los órganos son asimilables a instituciones de menor rango (aunque no gozan de ese estatuto). Aunque sus funciones son concretas, tienen competencias que van mucho más allá de la simple gestión y gozan de independencia en el ejercicio de sus funciones. Los organismos son estructuras subsidiarias de otras instituciones pero con autonomía funcional, generalmente versada en ámbitos especializados de gestión vicaria.
Las agencias europeas son organismos especializados que se encargan de un aspecto específico (científico, técnico, jurídico o social) de la estructura de la Unión Europea. Se encuentran distribuidas en los países miembros de la UE. Su función es proporcionar cooperación entre los estados miembros y ayuda a sus ciudadanos en las áreas de su competencia.
Estas agencias han contribuido de manera significativa al funcionamiento efectivo de la UE, gracias a su especialización en áreas determinadas de la arquitectura comunitaria. Al ser, en su mayoría, instituciones descentralizadas e independientes han servido para fortalecer el carácter plurinacional de la Unión.
Las agencias se dividen en cuatro categorías englobadas en dos tipos: las agencias “reguladoras” y las “ejecutivas”. Las agencias reguladoras, que se dividen a su vez en tres categorías, se encuentran descentralizadas y se encargan de una competencia concreta sin límite de tiempo; se conocen como agencias de los “tres pilares”. Las últimas, las agencias ejecutivas, se encuentran en la sede de la Comisión Europea (Bruselas o Luxemburgo) y se han creado por un tiempo determinado, para realizar una tarea específica.
Actualmente, el presidente del Consejo Europeo es el político polaco Donald Tusk, que fue designado en agosto de 2014 y asumió su mandato el 1 de diciembre del mismo año. Mientras que la comisión actual está presidida por Jean-Claude Juncker desde el 1 de noviembre de 2014. En estos momentos, la Comisión cuenta con 28 comisarios, 7 de ellos son vicepresidentes.
Uno de los rasgos diferenciadores de la Unión Europea frente a otras organizaciones internacionales es el alto grado de desarrollo de sus instituciones de gobierno. El gobierno de la Unión Europea siempre ha oscilado entre el modelo de conferencia intergubernamental, donde los estados conservan el conjunto de sus prerrogativas y el modelo supranacional donde una parte de la soberanía de los estados es delegada a la Unión. En el primer caso, las decisiones comunitarias son de hecho tratadas entre estados y deben adoptarse por unanimidad. Este modelo, cercano al principio de las organizaciones intergubernamentales clásicas, es defendido por la corriente euroescéptica. Según ellos, son los jefes de estado o de gobierno quienes tienen la legitimidad democrática para representar a los ciudadanos y son entonces las naciones quienes deben controlar las instituciones de la Unión. El segundo caso es el de la corriente eurófila, que estima que las instituciones deben representar directamente a los ciudadanos mediante un modelo de federalismo y elecciones directas. Para ellos, una Unión Europea federal resolvería muchos problemas relacionados con la soberanía, la legitimación democrática, la división de poderes comunitaria, el reparto de competencias, la fiscalidad y la aspiración a un modelo de bienestar común.
De este modo, el modelo de gobierno de la Unión es un modelo híbrido: por un lado está el Consejo de la Unión Europea, el cual es el representante de los estados, y en el que las decisiones no requieren unanimidad, y donde los votos de cada estado son ponderados por su peso demográfico; y por otro lado está el Parlamento Europeo, el cual es la única institución europea elegida por sufragio universal, es decir, es la única que representa a los ciudadanos.
Por lo que la Unión Europea, en su calidad de comunidad de Derecho y de acuerdo con su personalidad jurídica única, se ha dotado desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht de un marco institucional y de gobierno único que funciona en régimen de democracia representativa. De acuerdo con el enunciado del artículo 3.1 del Tratado de la Unión, el marco institucional "tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones". En el funcionamiento y la estructura orgánica de la Unión se distinguen los que de acuerdo con la denominación que les otorgan los Tratados son, por este orden, las instituciones, los órganos y los organismos, incluidas las agencias de la Unión.
Las competencias que tiene el gobierno de la Unión Europea, son las que se citan a continuación:
Diputados y grupos de la IX Legislatura del PE:
187 Partido Popular Europeo (EPP)
147 Socialistas y Demócratas (S&D)
98 Renovar Europa
76 Identidad y Democracia (ID)
67 Los Verdes-Alianza Libre Europea (GRE/EFA)
61 Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)
39 Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL)
29 No adscritos
Un partido político europeo es una organización que sigue un programa político y está formada por partidos e individuos de distintos países y que, por consiguiente, está representada en algún Estado miembro de la Unión Europea. En concreto, según el Tratado de la UE los partidos políticos a escala europea contribuyen a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión.
Desde julio de 2004 los partidos políticos europeos tienen a su disposición una financiación anual por parte del Parlamento Europeo. Esta financiación está destinada a abarcar aproximadamente hasta el 85% de los gastos de los partidos sufragando gastos que estén directamente relacionados con los objetivos establecidos en el programa político del partido (reuniones, gastos administrativos, campañas relacionadas con las elecciones europeas, publicaciones, etc.). Sin embargo, tal subvención no se puede utilizar en gastos de campañas o financiación de partidos o candidatos de comicios no europeos, así como el pago de las deudas y gastos relacionados con su amortización.
Para ser poder aspirar a dicha financiación pública, las organizaciones antes mencionadas deben poseer personalidad jurídica propia en el Estado miembro donde tenga su sede, tener representación significativa en al menos una cuarta parte de los estados de la Unión, respetar la libertad, la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho (y manifestarlo en particular en su programa, estatutos y actividades); y finalmente haber participado en las elecciones europeas, o haber manifestado su intención de hacerlo.
Los partidos políticos europeos forman los grupos políticos en el Parlamento Europeo, y para ello se necesitan al menos 25 diputados de una quinta parte de los estados miembros. Tras la aprobación de los presidentes de los grupos, los escaños en el hemiciclo del Parlamento Europeo se asignan a los diputados con arreglo a su adscripción política. También puede darse el caso de que algún diputado no pertenezca a ningún grupo, por lo que formará parte de los no inscritos.
Actualmente el Parlamento está compuesto por 7 grupos políticos: el Grupo del Partido Popular Europeo, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Renovar Europa, Identidad y Democracia, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, el Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica.
Dado que el Parlamento Europeo no elige a ningún gobierno, en él no hay grupos "gubernamentales" ni "de oposición". En vez de la confrontación predomina la búsqueda de consensos entre los partidos mayoritarios, en los que tradicionalmente tienen un peso especial los dos grupos más grandes, el PPE (democristianos) y el PSE (socialdemócratas). Esto se debe a que ningún grupo político alcanza la mayoría absoluta necesaria para ganar una votación, a diferencia de otros parlamentos donde solo es necesaria la mayoría simple.
El derecho de la Unión Europea es el conjunto de normas y principios que determinan el funcionamiento, corporación y competencias de la Unión Europea. Se caracteriza por tratarse de un orden jurídico sui generis, diferenciado tanto del derecho internacional como del orden jurídico interno de los estados miembros. El sistema legal comunitario se articula sobre el conjunto de competencias que los estados han atribuido a la Unión por la vía del derecho.
El derecho originario es aquel contenido en los diversos tratados que los Estados miembros suscriben, siendo las fuentes de mayor rango aquellas que posibilitan la aparición del derecho derivado, que está sometido al originario. El derecho derivado no solo cederá en caso de contradicción con el originario, sino que, además, debe estar fundamentado y originado en los diferentes tratados que lo componen.
Los tratados de la Unión Europea son de dos tipos fundamentalmente. De un lado están los tratados fundacionales, en los cuales se incluyen todas las normas contenidas en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (mientras existió), el Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
El resto de tratados son modificativos y complementarios, incluyéndose en esta categoría los tratados que han modificado las disposiciones fundacionales. Los más importantes son: el Tratado de Fusión, el Acta Única Europea, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa. Aunque también son tratados modificativos los tratados de adhesión de cada uno de los estados que se han ido adhiriendo a la Unión.
El derecho derivado es aquel que se ha desarrollado a través de las distintas normas que han aprobado las distintas instituciones europeas. Las normas que pueden aprobar estas instituciones son: los reglamentos, las directivas y las decisiones.
Los reglamentos son normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que poseen efecto directo en los países miembros, y que prevalecen sobre el Derecho nacional de cada uno de ellos. Existen cuatro procedimientos para la aprobación de reglamentos. En primer lugar, el reglamento será adoptado por el Consejo a propuesta de la Comisión y con la aprobación del Parlamento. Por otro lado, la Comisión podrá dictar reglamentos por iniciativa propia en los casos previstos por los tratados, así como cuando reciba la correspondiente delegación del Consejo para tal emisión reglamentaria.
Las directivas comunitarias son mandatos dirigidos a uno o varios países miembros, siendo competentes para su emisión el Consejo; la Comisión; y el Consejo junto con el Parlamento. Su rasgo más característico es la ausencia de eficacia directa en los Ordenamientos a los que va dirigida, necesitando de una transposición por parte del Estado miembro para que entren en vigor y hagan nacer en los ciudadanos derechos y obligaciones. De esta manera, la directiva contiene unos objetivos que los estados habrán de cumplir usando los medios del derecho interno, dentro del plazo indicado. El incumplimiento del deber de transponer las directivas no hace decaer el derecho del ciudadano de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones (responsabilidad vertical limitada).
Finalmente, las decisiones son más limitadas porque, aun teniendo carácter obligatorio, no suelen tener carácter general, sino que se dirigen a destinatarios precisos. Se pueden comparar con los actos administrativos en el ámbito interno.
La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea es el texto en el que se recogen todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión.
La carta no forma parte del Tratado de Lisboa (estaba previsto que formara parte de la Constitución Europea, pero al no aprobarse esta, se modificó la previsión), pero por la remisión en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea tras la reforma de Lisboa se hace vinculante para todos los estados, excepto Polonia. En 2009, el Consejo Europeo aseguró a la República Checa que en la siguiente reforma del Tratado, esa cláusula de excepción se extendiese también a este país.
Los derechos fundamentales son la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia, los cuales ya se recogen en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea del Consejo de Europa, en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, y a su vez en las propias constituciones de los estados miembros de la Unión, así como en otros convenios internacionales que han firmado los estados de la Unión Europea.
Entre las grandes prioridades de la Unión Europea figura la de crear un espacio de justicia, libertad y seguridad. El Tratado de Lisboa introduce cambios importantes en las actuales normas europeas sobre libertad, seguridad y justicia y facilita una actuación más amplia, legítima, eficaz, transparente y democrática de la UE en este campo. Antes de su entrada en vigor, las decisiones importantes en esta materia tenían que adoptarse por unanimidad en el Consejo, mientras que al Parlamento y al Tribunal de Justicia Europeos les correspondía un papel menor. La actuación de la Unión Europea con respecto a la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada al suprimirse la distinción entre diferentes ámbitos políticos (los denominados «pilares») que antes caracterizaba a la estructura institucional.
No obstante, los estados miembros tienen la posibilidad de emprender iniciativas legislativas sobre cooperación policial operativa, justicia penal y cooperación administrativa (siempre que cuenten con el respaldo de una cuarta parte del total de países). La Comisión Europea asume el papel como guardiana de los Tratados y como garante, junto al Tribunal de Justicia Europeo, de la correcta aplicación de todas las decisiones. Los Parlamentos nacionales participan de manera más activa en el examen y la elaboración de dictámenes sobre temas de justicia, libertad y seguridad.
El Tratado de Lisboa garantiza las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes. Por su parte, el Tribunal de Justicia obtiene más poderes para asegurar la correcta aplicación de la Carta. Todos estos cambios contribuyen a un proceso decisorio más amplio, legítimo, eficaz, transparente y democrático para el espacio común de libertad, seguridad y justicia, y ponen fin a los repetidos bloqueos de propuestas a que daba lugar el principio de unanimidad.
Es de señalar, no obstante, que dos estados miembros (Irlanda y Dinamarca) han juzgado necesario negociar o prorrogar ciertas disposiciones particulares sobre aspectos concretos de justicia, libertad y seguridad para mantener algunos puntos de sus normativas nacionales.
La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad dirige un nuevo servicio diplomático en el que se integran de inmediato, fusionadas, las delegaciones internacionales del Consejo y de la Comisión presentes en cerca de 125 países, así como las Representaciones especiales de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.
Este servicio es el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, o también simplemente Servicio Exterior), creado el 1 de diciembre de 2010, según lo previsto por el Tratado de Lisboa. Como servicio diplomático que es, tiene por cometido el apoyar y asistir en el ejercicio de sus funciones al Alto Representante, como máximo responsable de la acción exterior de la Unión, en todos los ámbitos de su actividad.
Además, la Unión Europea también cuenta con una política de vecindad, la cual persigue que la UE no sea un ente ajeno a su entorno ni desvinculado de sus vecinos. Con estas políticas se busca intensificar las relaciones bilaterales con algunas antiguas repúblicas soviéticas así como los estados de la cuenca sur del Mediterráneo. Dentro de este contexto, se está desarrollando un gran proyecto, el Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo, enfocado a largo plazo a buscar una relación de acercamiento entre la UE y la Liga Árabe. En relación con los vecinos del este, existe otra iniciativa, la Asociación Oriental, llevada a cabo entre el bloque comunitario y las antiguas repúblicas soviéticas.
Todo esto hace que el efecto de la política exterior de la Unión Europea se sienta a través del proceso de ampliación, ya que el atractivo que para varios estados tiene adquirir la calidad de miembro es un factor importante que contribuye a la reforma y a la estabilización de los países del antiguo bloque comunista en Europa.
Por lo que en los últimos años la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, ha ganado mayor representación en organismos como el G7 o el G20, a través del Alto Representante de la Unión, aunque los estados miembros se representan en la Organización Mundial del Comercio a través de su comisario comercial.
Finalmente también hay que destacar que la Unión Europea es el mayor donante mundial de ayuda humanitaria, y la principal financiadora de las agencias de Naciones Unidas implicadas en la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo, a través del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO).
La defensa y la seguridad son tradicionalmente materias de soberanía nacional, aunque la política de la Unión Europea en esta área fue establecida como el segundo de los tres pilares de la Unión en el Tratado de Maastricht de 1992, aunque no fue hasta el Tratado de Ámsterdam (1997) cuando se definieron los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).
En la cumbre de Helsinki de diciembre de 1999, el Consejo Europeo aprobó la creación de nuevos órganos políticos y militares permanentes, como el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE). El EMUE es un departamento de la Unión Europea, responsable de supervisar las operaciones en el ámbito de la Seguridad Común y Política de Defensa. Este departamento depende directamente del gabinete del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, actualmente Federica Mogherini, y se ocupa de la alerta temprana, la evaluación de la situación y el planeamiento estratégico de las misiones Petersberg (misiones humanitarias, mantenimiento de la paz, gestión de crisis) y de todas las operaciones dirigidas por la UE. Formalmente, el EMUE, forma parte de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, y ha dirigido una serie de despliegues militares desde su creación.
El potente impulso que el Tratado de Lisboa ha supuesto en el ámbito institucional para la política común de seguridad y defensa, parece apuntar, con el fuerte impulso de un núcleo duro de países encabezados por Francia, Italia, España, Reino Unido (hasta 2020), Polonia y Alemania, a un relanzamiento significativo de la política común de seguridad y defensa. Si uno de los Estados miembros de la Unión Europea es atacado, los demás están obligados a protegerlo con cada segundo de la cláusula de defensa mutua contenida en el artículo 42, punto 7, del Tratado de Lisboa.
En 2011, la Unión Europea era, en su conjunto, la primera potencia económica del mundo, superando a los Estados Unidos. Según los datos del FMI ese año, el PIB (nominal) de la UE fue de 15,65 billones de dólares (el estadounidense fue de 15,29 billones). Por su parte, el PIB (nominal) per cápita de la UE en 2011 fue de 34 500 dólares, por lo que se sitúa en el puesto número 38 a escala global.
Aun así, desde 2009 la economía europea se encuentra en una crisis económica, la denominada crisis del euro, que ha provocado que el crecimiento económico en estados como Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, España o Italia haya sido negativo en algunos ejercicios. Las causas de la crisis eran diferentes según el país. En algunos de ellos, la deuda privada surgida como consecuencia de una burbuja en el precio de los activos inmobiliarios fue transferida hacia la deuda soberana, y ello como consecuencia del rescate público de los bancos quebrados y de las medidas de respuesta de los gobiernos a la debilidad económica postburbuja. La estructura de eurozona como una unión monetaria (esto es, una unión cambiaria) sin unión fiscal (esto es, sin reglas fiscales ni sobre las pensiones) contribuyó a la crisis y tuvo un fuerte impacto sobre la capacidad de los líderes europeos para reaccionar. Los bancos europeos tienen en su propiedad cantidades considerables de deuda soberana, de modo que la preocupación sobre la solvencia de los sistemas bancarios europeos o sobre la solvencia de la deuda soberana se refuerzan negativamente.
Como consecuencia de esta crisis económica, la Unión Europea intenta aumentar la integración económica y política entre sus estados miembros, habiendo aprobado para ello medidas comunes de carácter fiscal, una mayor coordinación económica de la eurozona, el refuerzo de los fondos de rescate para países en dificultades económicas y adelantando la puesta en funcionamiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Así mismo, la mayor parte de los Estados de la UE acordaron adoptar el Pacto del Euro, consistente en una serie de reformas políticas dirigidas a mejorar la solidez fiscal y la competitividad de sus miembros.
Esta política tiene el objetivo declarado de mejorar el bienestar económico de determinadas regiones de la Unión. Alrededor de un tercio del presupuesto de la UE se dedica a esta política. El objetivo que se persigue es la eliminación de las disparidades de riqueza en toda la UE, la reestructuración de las zonas industriales en declive y la diversificación de las zonas rurales con un sector agrícola en declive.
La ampliación más importante de la UE tuvo lugar en mayo de 2004 con diez nuevos estados miembros, en su mayoría procedentes de Europa Central u Oriental, seguida por la adhesión de Bulgaria y Rumanía en enero de 2007. La mayoría de estos países son más pobres que los miembros pretéritos y esto ha significado que la renta per cápita media de la UE se ha reducido, lo cual ha hecho que algunas regiones de la anterior UE-15 ya no puedan optar a la ayuda financiera comunitaria, ya que la mayoría de las regiones de los nuevos estados miembros cumplen los requisitos para recibir dichos fondos.
Para conseguir esta convergencia socioeconómica la Unión dispone de varios Fondos Estructurales:
La Unión Europea, dispone además de una serie de iniciativas reservadas para acciones de carácter innovador, las cuales en origen eran 13, y actualmente tan solo se mantienen cuatro:
El presupuesto de la Unión Europea contiene todos los ingresos y todos los gastos de la UE. Si bien ha ido aumentando a lo largo del tiempo, actualmente su límite está fijado en el 1,27 % del PIB de la Unión. El presupuesto anual se fija dentro de un marco financiero plurianual previamente establecido para un período no inferior a cinco años (actualmente 7 años).
Debido a que la Unión Europea tiene un parlamento y una administración distinta e independiente de sus estados miembros, gestiona también de forma independiente los gastos dirigidos a las políticas comunes de la Unión. Para hacer frente a estos gastos, la Unión Europea tiene un presupuesto acordado de más 133 800 millones de euros anuales, lo que equivale a un 1 % de la riqueza que generan cada año los países miembros.
La Unión Europea se nutre de los recursos que le transfieren los estados miembros y que le corresponden por derecho, los conocidos como recursos propios, los cuales provienen fundamentalmente de las exacciones agrícolas, de los derechos de aduanas, de una cuota sobre el IVA y de una cuota en relación con el PIB. Mientras que el resto de recursos tienen fundamentalmente un carácter testimonial, ya que suponen solo un 1 % de los ingresos de la Unión, como son las multas impuestas por la Comisión Europea o el excedente positivo, si hay, del año anterior.
Los gastos de la Unión Europea se dividen en cinco bloques principales: crecimiento sostenible (empleo, innovación, educación, política social, etc.); ciudadanía, seguridad y justicia; política exterior de la UE; gastos de administración y compensaciones (ayudas a los países miembros con menor desarrollo).
El Mercado interior de la Unión Europea (MIUE) es una combinación de unión aduanera y zona de libre comercio. Así, los miembros de la Unión actúan como bloque, definiendo los mismos aranceles al comerciar con el exterior (para evitar la competencia interna), anulando entre ellos los aranceles en frontera y permitiendo el libre tránsito de personas, así como de capitales y servicios (libre prestación de servicios y libertad de establecimiento de empresas).
En 2007, se decidió darle un nuevo rumbo al MIUE otorgándole prioridad al consumidor y a las pequeñas empresas.
El Acuerdo de Schengen, firmado en 1985, tiene como objetivo finalizar con los controles fronterizos dentro del espacio de Schengen para armonizar los controles fronterizos externos, con la creación de una zona de libre circulación.
Todos los países del espacio de Schengen, con la excepción de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, son miembros de la Unión Europea. Por otra parte, Irlanda ha optado por permanecer fuera del acuerdo de Schengen aunque participa en ciertos asuntos, al igual que el Reino Unido cuando era estado miembro.
El Espacio Económico Europeo (EEE) comenzó a existir el 1 de enero de 1994, con motivo de un acuerdo entre países miembros de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Su creación permitió a los países de la EFTA participar en el mercado único europeo sin tener que adherirse a la UE. Los miembros de la asociación son los 28 países integrantes de la UE, e Islandia, Liechtenstein y Noruega.
Por su parte Suiza, como miembro de la EFTA, también tenía derecho a entrar en el Espacio Económico Europeo, pero tras un resultado negativo a la entrada en un referéndum nacional en diciembre de 1992, no ratificó el acuerdo. Las relaciones de Suiza con la UE están regidas por un conjunto de tratados bilaterales y entró a formar parte del espacio Schengen en noviembre de 2008.
La UE opera una política de competencia destinada a garantizar una sana competencia económica y empresarial en el mercado único. La Comisión como regulador de la competencia en dicho mercado, es responsable de aprobar fusiones, desmontar carteles y busca la liberalización económica y la prevención de las ayudas estatales.
El Comisario de Competencia, actualmente Joaquín Almunia, es una de las posiciones más poderosas de la Comisión, que destaca por la capacidad de afectar los intereses comerciales de las corporaciones transnacionales. Por ejemplo, en 2001 la Comisión por primera vez impidió un fusión entre dos empresas con sede en los Estados Unidos (GE y Honeywell), que ya había sido aprobado por la autoridad nacional. Otro caso de alto perfil dio lugar a que la Comisión multara a Microsoft en más de € 777 millones tras nueve años de acción legal.
El Tratado de la Unión Europea, en vigor desde 1993, prevé la creación de una unión económica y monetaria con la introducción de una moneda única (que por aquel entonces se pensaba llamar ECU). De ella formarían parte los países que cumplieran una serie de condiciones y se introduciría de forma gradual. La fecha inicialmente prevista se fue retrasando hasta que, finalmente, los estados miembros de la Unión Europea acordaron el 15 de diciembre de 1995 en Madrid la creación de una moneda común europea —ya bajo la denominación de «euro»— con fecha de puesta en circulación en enero del año 2002.
El euro es la moneda de la eurozona o zona del Euro, compuesta en 2014 por 18 de los 28 estados miembros de la UE que comparten esta moneda única. Los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002, fecha en la que 1 euro se cambiaba por 0,9038 dólares estadounidenses (USD). Otros hitos de la moneda europea se dieron en julio de 2002, cuando el euro sobrepasó la paridad con el dólar en el mercado de divisas, y en julio de 2008 cuando el euro alcanzó su valor máximo hasta el momento, al cambiarse 1 euro por 1,5990 dólares.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fue creado en 1998, de conformidad con el TUE, para introducir y gestionar la nueva moneda, efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Es también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. Una de las principales tareas del BCE es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, preservando el poder adquisitivo del euro.
En 2006 el Consejo Europeo aprobó la entrada de Eslovenia en el Euro para el 1 de enero de 2007. Un año después, los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron la entrada en la zona euro de Malta y Chipre para el 1 de enero de 2008. Después, en 2008, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron la entrada de Eslovaquia en la zona euro a partir del 1 de enero de 2009, y en 2010, los ministros aprobaron la entrada de Estonia en la zona euro a partir del 1 de enero de 2011. Finalmente, en 2013, se aprueba que Letonia entre en la eurozona a partir del 1 de enero de 2014. El resto de los estados que ingresaron a la UE con las ampliaciones de 2004 y 2007 están tomando las medidas para implementarlo como divisa propia. Por su parte, tanto Dinamarca como el Reino Unido decidieron quedarse fuera (opt-outs) de la zona euro cuando se ratificó el Tratado de Maastricht, aunque se espera que Dinamarca realice un referéndum en los próximos años sobre esta cuestión.
La UE es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1995, y a su vez, los 27 estados miembros de la Unión son miembros de la OMC. Es importante destacar que la UE es la primera potencia comercial del planeta, ya que representa más del 20% del comercio internacional (importaciones y exportaciones). En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la Unión atendiendo a su PIB.
La UE es el principal socio comercial de Rusia, la mayoría de países africanos, los países europeos no pertenecientes a la UE y, a partir de 2005, también de la República Popular China, con la que las transacciones superan los 100 000 millones de euros al año.
La UE ha señalado que está interesada en cerrar acuerdos de libre comercio con los países latinoamericanos, los cuales están integrados en varios grupos regionales. Uno es la Comunidad Andina constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, y otro es el SICA, a la vez que también ha celebrado acuerdos de cooperación con México y Chile, y está en negociaciones para la liberalización del comercio con el Mercosur. Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur comenzaron en 1995 y continúan hasta el día de hoy. El 21 de febrero, ambos bloques se reunieron en Asunción para concretar el acuerdo, sin embargo aún persisten ciertas diferencias.
En 2007, los estados miembros de la UE (27) tenían un consumo interior bruto de energía de 1 825 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), de las cuales, alrededor del 46 % de la energía consumida se producía en los propios estados miembros, mientras que el 54 % restante se importó. En estas estadísticas, la energía nuclear es tratada como la energía primaria producida en la UE, independientemente de la fuente del uranio, del que menos del 3 % es producido en la UE.
La UE ha tenido el poder legislativo en el ámbito de la política energética a lo largo de su existencia, teniendo sus raíces en la originaria Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La introducción de una política obligatoria e integral de la energía fue aprobada en la reunión del Consejo Europeo en octubre de 2005, y el borrador de la política fue publicado en enero de 2007.
La Comisión tiene cinco puntos clave en su política energética: aumentar la competencia en el mercado interior, fomentar la inversión y aumentar las interconexiones entre las redes de electricidad, diversificar las fuentes de energía con mejores sistemas para responder a una crisis, establecer un nuevo marco para la cooperación energética con Rusia, al tiempo que pretende mejorar las relaciones con los estados ricos en energía de Asia Central y del Norte de África, el uso de las fuentes de energía existentes de manera más eficiente y el aumento del uso de las energías renovables y, finalmente, aumentar la financiación de nuevas tecnologías energéticas.
La UE importaba en 2007 el 82 % del petróleo, el 57 % del gas y el 97,48 % del uranio. Existe la preocupación de que la dependencia de Europa respecto a la energía de Rusia ponga en peligro a la Unión y a sus países miembros. Por lo que la UE está tratando de diversificar su suministro de energía.
El Consejo Europeo de marzo de 2007 aprobó un plan energético obligatorio que incluye un recorte del 20 % de sus emisiones de dióxido de carbono antes del año 2020 y consumir más energías renovables para que representen el 20 % del consumo total de la UE (contra el 7 % en 2006). Por otra parte se estableció el compromiso de lograr una cuota mínima de un 10 % de biocombustibles en el consumo total de gasolina y gasóleo de transporte en 2020.
El futuro reparto del esfuerzo de ese porcentaje del 20 % tendrá en cuenta las especificidades energéticas de cada estado. Además, la UE se compromete a llegar hasta un 30 % en la reducción de gases de efecto invernadero en caso de compromiso internacional que involucre tanto a otras potencias como a los nuevos países industrializados.
La UE está trabajando para mejorar sus infraestructuras transfronterizas, por ejemplo a través de las redes transeuropeas (RTE). Los proyectos de las RTE incluyen el túnel del Canal, el corredor Mediterráneo, el LGV Est, el túnel ferroviario de Fréjus, el puente de Oresund y el túnel de base del Brennero. En 2001, se calculó que en 2010 la red comprendería 75 200 kilómetros de carreteras, 78 000 kilómetros de vías de ferrocarril, 330 aeropuertos, 270 puertos marítimos y 210 puertos interiores.
Otro proyecto de infraestructura es el sistema global de navegación por satélite Galileo, construido por la Unión Europea y puesto en marcha por la Agencia Espacial Europea (ESA). Tras años de retraso, el proyecto pretende completar una red de 26 satélites en órbita para 2017, más seis de repuesto. Galileo fue lanzado en parte para reducir la dependencia de la UE sobre el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) estadounidense, y también para dar una cobertura mundial más completa y permitir una exactitud mucho mayor, dada la antigüedad del sistema GPS. Algunos han criticado al sistema Galileo debido a su elevado coste, sus varios retrasos, y por su percepción de redundancia, dada la existencia del sistema GPS.
La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea y uno de sus propósitos originales. La política tiene como objetivos el incrementar la producción agrícola, asegurar la certeza del suministro de los alimentos, mejorar la calidad de vida de los agricultores y estabilizar los mercados al asegurar precios razonables para los consumidores. Hasta hace poco, operaba mediante un sistema de subsidios y de intervención en el mercado; hasta la década de 1990 la política representaba el 60 % del presupuesto anual de la Unión Europea, y hoy en día aún representa el 40 %.
Los controles de precios y la intervención en los mercados tuvieron como resultado la sobreproducción, la cual se almacenaba para mantener los niveles mínimos de precios. Para disponer de este superávit, a menudo se vendían en el mercado mundial internacional a precios por debajo de los precios garantizados por la Unión o, por otra parte, los agricultores a menudo recibían subsidios que equivalían a la diferencia entre los precios mundiales y los de la Unión. Este sistema se ha criticado por vender más barato que la producción de los países en vías de desarrollo. La sobreproducción también ha sido criticada por los ambientalistas por los métodos de producción intensivos. Por otra parte, los que apoyan a la Política Agrícola Común, argumentan que la ayuda económica para los agricultores, les asegura un estándar de vida razonable imposible económicamente si no existiera.
Desde el comienzo de la década de 1990, la política se ha ido reformando. Al principio, estas reformas incluían la política de separar una porción de tierra de la producción, imponer cuotas en la producción lechera, etc. Los gastos agrícolas abandonarán los subsidios relacionados con la producción específica por relacionarlos con el tamaño de las fincas agrícolas, para permitir que el mercado establezca los niveles de producción y a la vez asegurar la renta de los agricultores. Las reformas también incluyen la abolición del régimen de azúcar entre los estados miembros y las naciones africanas y caribeñas y su relación privilegiada.
En el terreno de la investigación y exploración espacial en Europa existe la Agencia Espacial Europea (ESA en sus siglas en inglés). En ella colaboran 18 Estados europeos, aunque se espera que los miembros que trajo la ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007 vayan incorporándose a la Agencia en los próximos años. Su sede central se encuentra en París. El lugar desde el que se efectúan los lanzamientos de los vehículos Ariane de la Agencia es el Puerto espacial de Kourou, situado en la Guayana Francesa.
En el terreno de la física nuclear, destaca la Organización Europea para la Investigación Nuclear (más conocido por sus antiguas siglas, CERN), el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial. Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, entre la comuna de Meyrin (en el cantón de Ginebra) y la comuna de Saint-Genis-Pouilly (en el departamento de Ain). En la actualidad hay 20 Estados miembros, y la Comisión Europea actúa como observador. Uno de sus proyectos estrella es el Gran Colisionador de Hadrones, sobre el que los científicos e investigadores han puesto grandes expectativas.
En lo que se refiere a la Política Exterior y de Seguridad Común, la Unión Europea cuenta con una alta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y las Políticas de Seguridad. Es a petición de esta o de un Estado miembro que se toman las decisiones por consenso en el Consejo Europeo de Ministros de Exteriores. En materia de defensa se contemplan mecanismos para la realización de misiones fuera de las fronteras de la Unión. Estas misiones son voluntarias y pueden tener carácter civil y militar. Su origen se halla en las Misiones de Petersberg.
La Política Común de Seguridad y Defensa forma parte de la Política Exterior y de Seguridad Común y se desarrolla en el Tratado de la UE, Título V, Sección 2. Pese al objetivo explícito de desarrollar una política común de defensa, la UE sigue trabajando desde el ámbito de la intergobernabilidad en esta área, es decir, no de modo comunitario sino a través de la cooperación voluntaria de cada Estado miembro. Es por ello que se adoptan mecanismos de doble velocidad, abriendo la puerta a actuaciones conjuntas entre aquellos estados miembros que voluntariamente decidan cooperar en materia de defensa.
Ello se realizará a través de la Agencia Europea de Defensa, que tiene como misión promover una política de defensa común y armonizar las políticas militares y de seguridad y defensa. La AED está compuesta por todos los estados miembros, exceptuando Dinamarca, y cuenta con un presupuesto de alrededor de 30 000 millones de euros anuales.
La Política de Seguridad y Defensa Común ha desarrollado 34 misiones, de las cuales 14 han tenido naturaleza militar. La UE no tiene una fuerza militar propia, pero cuenta con las fuerzas rápidas de despliegue.
Asimismo, el Tratado de la UE establece la alineación de la PCSD con la OTAN, por lo que:
(l)os compromisos y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de esta. (Art. 42.7)
También el Tratado institucionaliza la militarización de los Estados miembros en cuanto que afirma que «[l]os Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares». En ese sentido, se promueve la llamada «industria de defensa equilibrada», lo que, traducido, pretende promover el desarrollo de la industria y la tecnología armamentista y la cooperación del negocio de las armas a nivel comunitario. El objetivo es, por ello, doble: por un lado, desarrollar y apoyar el crecimiento de la industria militar, a la vez que una mayor cooperación e integración de la defensa entre los estados miembros.
Ya en 2007 se creó la Base de Defensa de Tecnología e Industria como estrategia para el desarrollo del complejo militar-industrial y las nuevas decisiones de Bruselas confirman la apuesta por desarrollar una política de defensa común a partir de una mayor integración y desarrollo de la industria armamentística europea. Pese a que la UE ya representa, en términos agregados, una de las primeras fabricantes y exportadoras de armas global, y a que su gasto militar agregado es del 28% en términos globales. Además la UE alberga 30 de las 100 mayores empresas de armamento del mundo, entre ellas BAE Systems, Thales, Grupo Airbus (EADS), Finmeccanica.
En diciembre de 2013, el Consejo Europeo de Defensa acordó aumentar los esfuerzos de integración militar. Con ello se decidió también aumentar la I+D militar y pese a las propias leyes de la UE, se ha desarrollado la idea de la investigación de doble-uso (con aplicaciones en el ámbito militar y en el civil). El Programa Marco de Investigación de la UE, llamado Horizonte 2020, y con un presupuesto de 30 000 millones de euros ha abierto así la puerta también a la I+D militar y en seguridad, a la que se reservan explícitamente 2000 millones de euros.
La concepción mayoritaria es que la UE es el resultado de los esfuerzos para gestionar los conflictos pacíficamente tras dos guerras mundiales que devastaron el viejo continente. Estos objetivos de paz, que originariamente inspiraban los discursos de integración europea, han dado paso a una voluntad política más abiertamente orientada a la competitividad y a hacer de la Unión Europea un polo económico y financiero mundial integrado (de hecho, ya el principal incentivo de la integración fue a través de las primeras comunidades económicas del carbón y el acero).
La política de defensa europea, además, está supeditada a la OTAN, con el interés por parte de EE. UU. de que el Viejo Continente alivie la carga financiera y militar estadounidense en la Alianza, aumentando su apoyo financiero, militar y político a la organización.
La primera estrategia de desarrollo sostenible en la Unión Europea se realizó en 2001, y posteriormente se actualizó en 2006, ya que se quería mejorar las deficiencias derivadas de los nuevos retos. Esta política se centra fundamentalmente en el cambio climático, en la política energética, así como en la educación, la investigación y la financiación pública para conseguir instalar patrones sostenibles de producción y consumo.
La Unión Europea cuenta con una de las legislaciones de medio ambiente más severas del mundo, la cual se introdujo después de estar varias décadas estudiando los principales problemas medioambientales existentes en la Unión. La UE cuenta con la Agencia Europea de Medio Ambiente, que tiene por misión facilitar a la UE y a los países miembros la toma de decisiones sobre la mejora del medio ambiente, y coordinar la Red europea de información y observación del medio ambiente.
Las actividades prioritarias en relación al medio ambiente se enfocan en la lucha contra el cambio climático, mantener la biodiversidad, reducir los problemas de salud derivados de la contaminación y el uso de los recursos naturales de manera más responsable. De esta forma, lo que se persigue con estas políticas es la protección del medio natural, de una manera que se contribuya al crecimiento económico, impulsando la innovación y la empresa. La Unión Europea ha puesto en marcha a través de un libro de medidas, un paquete ambicioso que marque su propio liderazgo en la preparación para un acuerdo mundial. En ese sentido, se ha convertido en la primera potencia mundial que adopta objetivos jurídicos vinculantes de tal alcance en materia de clima y energía. El primer compromiso que los países miembros han adquirido ha sido la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 10%.
La red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva de Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
Esta red de espacios coherentes se fundamenta en la política de conservación de la naturaleza de la Unión Europea según su Directiva de Hábitats, que complementa la Directiva de Aves de 1979.
La Red Natura 2000 se creó a través de la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales de fauna y flora silvestres (más conocida como Directiva de Hábitats), de 21 de mayo de 1992. Esta red debe permitir alcanzar los objetivos establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992.
El programa LIFE, creado en 1992, financia medidas que contribuyen al desarrollo, la aplicación y actualización de la política y la legislación comunitaria de medio ambiente. Este instrumento financiero pretende igualmente facilitar la integración del medio ambiente en las demás políticas y lograr un desarrollo sostenible en la Unión Europea.
En 2016 se crea un catálogo de especies invasoras de la Unión
En lo referente a la preservación y recuperación de los bosques, a nivel de integrantes de la Unión Europea, los países con más superficie de bosques son Suecia (más de 28 millones de hectáreas), Francia (más de 25 millones de ha.: 2/3 en sus departamentos metropolitanos y 1/3 en sus departamentos de ultramar), Finlandia (más de 22 millones de ha.) y España (más de 18 millones de ha.).
La Unión Europea ocupa el 3º puesto en el ranking mundial de población, con un total de 501 105 661 personas que se estiman que viven en la UE en 2011 frente a las 313 232 044 en Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea tiene aproximadamente 188 millones de habitantes más que los Estados Unidos (En 2020, la UE perdió 67 millones de habitantes al abandonar el Reino Unido la Unión).
El número de habitantes de la Unión podrá incrementarse en el próximo decenio, en parte debido a la inmigración pero sobre todo gracias al proceso de ampliación, que podría dar cabida a Islandia, a Albania, a varios estados de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia (Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Kosovo) e incluso a Turquía, con lo cual el total de la población de la Unión aumentará en cerca de 100 millones de habitantes.
Pese a que la población de la UE constituye la tercera potencia demográfica del mundo, por detrás de China y la India, solo contribuyó en 2003 en menos de un 2% al aumento de la población mundial, que se incrementó en 75 millones.
En la mayoría de los países del Sur de Europa se ha producido un cambio desde una situación de altos índices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de nacimientos y defunciones, aunque este fenómeno apareció décadas después que en otros países europeos más desarrollados. Actualmente ninguno de los países miembros de la Unión Europea registra niveles suficientes de natalidad. Aun así, los niveles de natalidad están creciendo en los últimos años, lo que junto con la inmigración, hace que el crecimiento de la Unión Europea sea positivo.
En España, la natalidad se redujo en más de la mitad entre 1960 y 1990, de 21,7 a 10,2 nacimientos por mil habitantes. En ningún otro país de la Unión la tasa de nacimiento bajó tanto como en España, pero por otra parte este país ostenta la mayor tasa inmigratoria (2003). En 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años, la continua caída en la tasa de mortalidad la elevó a 62 años en 1950, para llegar en 1985 casi a los 80 años para las mujeres y 73 para los hombres.
Antes de la ampliación de 2004, la población de la Unión crecía a una tasa anual de 0,23% (2,3 por mil) debido principalmente al incremento de la población inmigrante cuyo saldo adicional en el año 2000 fue de 735 000 personas, mientras que el crecimiento natural de la población, durante el mismo año, fue de 372 000 habitantes.
Sobre la tasa de crecimiento natural de la población debe anotarse que la tasa de natalidad de casi todos los países de la Unión está creciendo, con excepción de Alemania, Italia, Grecia y Suecia. Las tasas más altas de natalidad se observan en Irlanda (16,1 nacidos por mil habitantes), Francia (12,29) y Países Bajos (10,2). En el otro extremo aparecen Alemania (8,3) y Grecia (9,1).
La inmigración es responsable de aproximadamente tres cuartas partes del crecimiento total del número de habitantes de la UE, según datos de 2001. Alemania y España fueron los principales responsables de este crecimiento en términos absolutos con cerca de 230 000 inmigrantes netos cada uno (sumados suponen el 44% del total).
Sin embargo en términos porcentuales, los mayores crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6,7 inmigrantes por cada 1000 habitantes), seguidos de España (5,6) e Irlanda (5,1). Aunque aún con migración neta positiva, las menores tasas se dan en Francia, Bélgica y Países Bajos. La media de la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes.
En los últimos años debido a la crisis económica del 2008-09 el número de inmigrantes ha descendido en países como España, llegando incluso a producirse un proceso migratorio de estos países hacia otros europeos como Alemania.
En la Unión Europea la esperanza de vida es de las más altas del mundo, con 79,4 años de vida media (76,4 para los hombres y 82,4 en el caso de las mujeres), y un Índice de Desarrollo Humano superior al de las potencias emergentes y al de Estados Unidos.
En este contexto la población de la UE, experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte países como Alemania, donde durante varios años la población envejece exponencialmente, debido a la disminución del número de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de vida. Por otra parte Francia es el único gran estado (en cuanto a número de habitantes se refiere) de toda la unión que ha logrado mantener una tasa de natalidad suficiente. A esta base la situación francesa añade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de emigración.
Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los países que más crecieron en 2010 han sido Irlanda y Luxemburgo, y los que menos Alemania e Italia.
La Unión Europea cuenta, en todas sus instituciones, con 24 idiomas oficiales y de trabajo. Sin embargo, en la Comisión Europea, por ejemplo, el colegio de comisarios negocia sobre la base de documentos presentados en inglés, francés, alemán, italiano y español. De facto, las principales lenguas oficiales y de trabajo son el inglés y el francés, tanto por su uso hablado, así como por su uso en la primera redacción de los documentos oficiales.
En los estados miembros se utilizan, además de los 24 idiomas señalados, unas 60 lenguas más, cooficiales solo en parte del territorio o no oficiales (lenguas regionales y minoritarias). Una de las políticas claves de la UE es la de promover el aprendizaje por todos los ciudadanos de por lo menos dos idiomas aparte de su lengua materna. El objetivo no es únicamente facilitar la comunicación entre ciudadanos, sino también fomentar una mayor tolerancia hacia los demás y un respeto para la diversidad cultural y lingüística de la Unión. Varios programas de cooperación promueven el aprendizaje de los idiomas y la diversidad lingüística mediante, por ejemplo, intercambios escolares, el desarrollo de nuevos métodos, o becas para el profesorado de idiomas. De alguna manera de esto habla su lema "unida en la diversidad" (latín: «In varietate concordia»).
En la Unión Europea, como lenguas maternas las dos más habladas son el alemán (18%) y el francés. El inglés como lengua materna apenas cuenta con hablantes, pero es la primera por el número total de hablantes (51%), seguida por el alemán.
Hay divergencias en el nivel de conocimiento de idiomas entre los estados miembros. Mientras que el 89% de suecos y 86% de daneses es capaz de comunicarse en inglés, cinco de los estados miembros todavía tienen, según un barómetro de 2006, mayoría de población monolingüe: Irlanda (el 66% de habitantes solo habla su lengua materna), Italia (59%), Hungría (58%), Portugal (58%) y España (56%).
Según un estudio de la Comisión Europea en 2005, cuatro de cada cinco ciudadanos de la Unión Europea tienen creencias religiosas o espirituales. Más en concreto, el 52% de la población afirma creer en la existencia de Dios y un 27% creen en la existencia de alguna clase de espíritu o fuerza vital. Sólo el 18% de los ciudadanos declararon no tener ningún tipo de creencia religiosa.
De los 27 estados de la Unión Europea, así como de los estados en negociaciones de adhesión (Turquía, Macedonia del Norte, Islandia, Montenegro y Serbia), existen algunas diferencias entre sus ciudadanos por motivos religiosos. En general, la mayoría de ciudadanos europeos que profesan alguna religión se adscriben al cristianismo, en alguna de sus diferentes ramas (católica, protestante u ortodoxa). Así, mientras que en algunos países como Italia, España, Francia o Irlanda predomina la religión católica; en otros como Suecia o Dinamarca predomina la religión protestante, y en otros como Grecia o Rumania la religión ortodoxa. Asimismo, en otros países como Turquía, la religión musulmana es la mayoritaria.
Además, el porcentaje de agnósticos y ateos en los estados de la UE también varía según el estado en el que se encuentre. Según los últimos eurobarómetros, mientras que tan solo menos de un 2% de malteses no creen en la existencia de Dios, en España, el 24% de la población se declara no creyente o atea y en Francia entre el 30-35%. Los países con porcentajes más altos de ateísmo o agnosticismo son República Checa (60%) y Estonia (76%).
En el conjunto de la UE, según un eurobarómetro de 2006, el 46% de los ciudadanos europeos considera que la religión ocupa una posición muy importante en la sociedad. Así, entre los países donde la religión tendría mayor importancia para la población se encuentran Chipre, Italia, Malta, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Portugal y España, en ese orden.
Entre los países miembros de la Unión Europea se encuentran casos, como Dinamarca, donde existe una religión de carácter estatal. La aconfesionalidad del estado no es por tanto un requisito para entrar en la Unión (siendo este un aspecto interno de cada país) pero sí que se garantice la libertad religiosa para cualquier credo, según recoge la Carta de los Derechos Fundamentales:
El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht dio reconocimiento oficial a la dimensión cultural de la integración europea, al atribuir ciertas competencias (bastante reducidas) de acción cultural a la Comunidad Europea. Según el tratado, la Comunidad Europea debe impulsar las culturas de los estados miembros, teniendo especial cuidado en preservar la diversidad, pero poniendo también de manifiesto el "patrimonio cultural común".