Ley de Residencia

La ley N° 4.144 de Residencia de Extranjeros, más conocida como Ley de Residencia o Ley Cané, fue una legislación argentina de 1902 que autorizó al Poder Ejecutivo a impedir la entrada y a expulsar extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. El extranjero contra quien se hubiera decretado la expulsión tendría tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarco. A partir de esta ley, el Poder Ejecutivo podía acusar y castigar (expulsar) a personas extranjeras sin que en ningún momento interviniera el Poder Judicial. ^[1]​

Esta ley en cuestión, la cual recién terminó siendo derogada en 1958, fue utilizada por sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas. Surgió a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 1899, a raíz del cual el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de expulsión de extranjeros.

Durante sus 56 años de vigencia se utilizaron diversos "criterios de expulsión", pero fundamentalmente dirigidos contra los movimientos de resistencia obrera —sobre todo en sus primeros tiempos de aplicación—, en ocasiones también para la deportación de "tratantes de blancas" u otros delincuentes y de espías alemanes concluida la Segunda Guerra Mundial, y alcanzó incluso a los pequeños comerciantes españoles) durante la campaña peronista "contra el agio y la especulación" en 1946.

La Ley de Residencia se insertó dentro de una serie de medidas represivas (promovidas por los sectores terratenientes e industriales entonces en el gobierno en la figura del Partido Autonomista Nacional) y llevadas a cabo por medio del Estado contra anarquistas, socialistas y activistas obreros en general. Estas medidas incluyeron el estado de sitio, allanamiento de locales de la Federación Obrera Regional Argentina y del Partido Socialista, incautamiento de periódicos como La Vanguardia y La Protesta, represión de huelgas y manifestaciones mediante arrestos y deportaciones. Además de aportar un plus en la prostitución.

El mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó en noviembre de 1902 el proyecto que luego se convirtió en la Ley de Residencia hacía hace referencia a “la huelga en que se han declarado numerosos obreros de distintos gremios, que amenazan el orden público, los intereses del comercio y la navegación y, por consiguiente, la riqueza pública”.

Cuando la reforma constitucional de 1949 dispuso en el art. 31 que “La ley establecerá las causas, formalidades y condiciones…para expulsar del país a los extranjeros”, el convencional radical Moisés Lebensohn afirmó que “La Ley de Residencia, sancionada por la oligarquía para reprimir al movimiento obrero, cuya derogación comprometieron los diputados gremialistas, no solo queda, sino incorporada al texto constitucional”.^[2]​

José Marotta, diputado nacional por la Capital Federal, Partido Peronista (1946-1950), afirmó: “En el Parlamento argentino jamás se han sentado más trabajadores… no puede ser más propicio el momento para satisfacer esa acariciada y vieja aspiración. Es un deber ineludible en homenaje a tantos luchadores obreros que fueron mártires…”..^[3]​

Cuando la oposición -incluido el diputado conservador Pastor- intentó derogarla, la mayoría peronista se opuso y el diputado Montiel integrante de esa bancada fundaba su negativa en que "antes la ley nos sacrificaba a nosotros porque la manejaban ellos, ahora la ley la manejamos nosotros y no se debe temer arbitrariedades".^[4]​Cuando John William Cooke presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados afirmó en un discurso cuando el cuerpo trataba respecto de la Ley de Residencia que sería útil contra los “extranjeros indeseables” que podían llegar al país en la posguerra y votó contra su derogación.^[5]​

Debe tenerse en cuenta que el contexto internacional de posguerra y que peronismo había modificado el Código Penal dándoles más justicia los trabajadores; el Diputado Cooke fundamenta la no derogación: "Nosotros establecemos que para el habitante de la Republica no existe el derecho de expulsión sino cuando es fundado en sentencia de los tribunales con las debidas garantías de toda otra decisión judicial" y además " Cuando se sancionó la Ley 4144 no regía el actual Código Penal". (ver: Zaffaroni, Eugenio y Arnedo, Miguel "Codificación Penal Argentina" y Duhalde, Eduardo Luis "Acción Parlamentaria John William Cooke" Colihue.

Uno de los casos en que fue aplicada fue el del comunista paraguayo Obdulio Barthe, que fue detenido en Buenos Aires, brutalmente torturado y expulsado en 1950 al Paraguay que en ese entonces estaba gobernado por Federico Chaves, donde estuvo cuatro años en prisión.^[5]​^[6]​^[7]​^[8]​

También fueron expulsado trabajadores y activistas gremiales que provenían de regímenes autoritarios, como por ejemplo Francisco Guerreiro Apolonio, trabajador petrolero, a quien el gobierno argentino no le permite viajar para refugiarse en Holanda y lo entregan en Portugal a la policía del dictador fascista António de Oliveira Salazar.^[4]​^[9]​ El italiano Armando Mirra que se atrevió a cuestionar la política inmigratoria argentina en la revista Tempo, fue deportado en tanto su familia argentina continuaba en el país.^[9]​ Se conoce la expulsión durante el gobierno peronista de 13 estudiantes peruanos en total, algunos de los cuales al llegar a su país fueron recluidos en el presidio El Frontón. Hilda Wajselfisz, estudiante de Bellas Artes nacida en Polonia fue detenida y deportada en 1954 por decreto reservado firmado por Perón y Ángel Borlenghi. ^[10]​ Por su parte, el griego Kiriakos Kisikis fue extraditado en 1951 y quedó en el campo de concentración de Makronisos. ^[11]​

Fue derogada en 1958, bajo el mandato presidencial de Arturo Frondizi.

El presupuesto de la expulsión resulta así tan amplio y genérico que al Poder Ejecutivo no le era requerido mencionar alguna sentencia judicial y, ni siquiera, algún hecho concreto sino que le bastaba expresar su opinión sobre el individuo en cuestión para fundamentar su decisión.

Cabe agregar que el extranjero contra quien se hubiere decretado la expulsión, tenía tres días para salir del país y el Poder Ejecutivo quedaba autorizado también a mantenerlo detenido hasta el momento del embarque.

Finalmente, la ley disponía que el Poder Ejecutivo podía impedir la entrada al país a los extranjeros cuyos antecedentes autorizaran a incluirlo en los casos mencionados.

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