Las leyes antiprotesta ucranianas son un grupo de diez leyes que limitaban la libertad de expresión y el derecho de reunión. Las leyes fueron aprobadas por la Rada Suprema el 16 de enero de 2014 y aprobadas por el Presidente Víktor Yanukóvich el día siguiente en medio del Euromaidán, movimiento que comenzó en noviembre. Las leyes fueron conocidas colectivamente como «las leyes dictatoriales» (en ucraniano: закони про диктатуру, zakony pro dyktaturu) por activistas del movimiento, organizaciones no gubernamentales, estudiantes y medios de comunicación ucranianos.
Las naciones de Occidente criticaron las leyes por su naturaleza no democrática y su capacidad para reprimir los derechos para protestar, la libertad de expresión y la actividad de organizaciones no gubernamentales.comunidad internacional en general como «draconianas»: Timothy Snyder, historiador estadounidense, declaró que habían establecido en la nación una dictadura y John Kerry, secretario de Estado estadounidense, las tachó de «antidemocráticas».
Fueron descritas por los medios de comunicación, por expertos y laLas leyes fueron desarrolladas por los parlamentarios Vadym Kolesnychenko y Volodymyr Oliynyk, del Partido de las Regiones, apoyados por un bloque consistente de su propio partido, el Partido Comunista y algunos miembros parlamentarios independientes. Fueron adoptadas con violaciones procedimentales. Con la finalidad de reforzar las nuevas leyes, el ministro de Relaciones Interiores, Vitaliy Zakharchenko, prometió que «cada ofensa será enfrentada duramente por nuestro bando».
Nueve de las leyes antiprotesta fueron canceladas por la Rada el 28 de enero de 2014.
Mientras se adoptaban las leyes, la Rada violó gran cantidad de sus propias reglas procedimentales. La votación de las leyes fue hecha en su mayoría a mano alzada. Esto estaba permitido por las reglas de procedimiento, pero solamente cuando no hay «posibilidad técnica» para votar a través del sistema electrónico. Además, las manos fueron «contadas» en unos pocos segundos, basándose en el número de miembros parlamentarios incluidos en los grupos parlamentarios, mientras varios de los miembros en realidad estaban ausentes. La mayoría de las leyes fueron adoptadas sin consideración previa de los comités parlamentarios como era requerido y sin tiempo para el examen de las leyes, incluso por parte los miembros parlamentarios.
Las leyes tenían provisiones tales como:
El 28 de enero, la Rada votó para revocar nueveThe New York Times describió como un arreglo, el Parlamento aprobó versiones más limitadas de algunas restricciones: por ejemplo, la destrucción de monumentos fue criminalizada nuevamente, pero se especificó cubrir solamente monumentos antifascistas y no estatuas de Lenin.
de las leyes, con 361 de los 450 miembros parlamentarios a favor. En lo queLa oposición ucraniana advirtió que las nuevas medidas inflamarían las protestas aún más, e hizo un llamamiento a una gran concentración en Kiev el domingo. El 16 de enero fue denominado como Jueves Negro, debido a la brutalidad de los enfrentamientos.
La opositora política encarcelada y ex primera ministra de Ucrania. Yulia Tymoshenko. dijo lo siguiente acerca de las leyes disputadas:
El Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea denunció las leyes, declarando que «el gobierno se ha movido en un ataque abierto a los derechos y libertades fundamentales, adoptando incluso una falla cínica de los procedimientos parlamentarios y las leyes de los principios democráticos que violan la constitución y las obligaciones internacionales de Ucrania, restringiendo el derecho de reunión, la libertad de expresión y los medios de comunicación», y advirtió en contra del uso de la violencia en protestas que ayuda al establecimiento del régimen de Yanukóvich como una dictadura.
El alcalde de Leópolis, Andriy Sadovy, declaró las leyes como inconstitucionales y dijo que no serían aplicadas ni consentidas en la ciudad.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Leonid Kozhara, destacó en una declaración que las leyes «apuntaban a implementar en la legislación ucraniana una serie de reglas que ya existían en la mayoría de los países europeos, y que cumplía con los estándares democráticos aceptados internacionalmente y con prácticas internacionales».
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