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Masacre de Cayara



La masacre de Cayara fue la tortura, asesinato y desaparición de alrededor de 40 personas entre el 14 de mayo de 1988 y el 8 de septiembre de 1989 en el distrito de Cayara del departamento peruano de Ayacucho.[1][2][3][4]

El 13 de mayo de 1988 a las 22:30 dos vehículos del Ejército peruano fueron emboscados por miembros de Sendero Luminoso en Erusco, cerca del distrito de Cayara, resultando muertos 4 efectivos militares y 15 heridos. Los senderistas se llevaron 10 fusiles FAL y una ametralladora HK.[5]​ Tres horas después, siendo ya el 14 de mayo, el jefe de la Base de Huancapi fue informado del combate, ordenando la salida de una patrulla con dirección a Erusco, llegando a las 5:30, para ubicar al personal militar sobreviviente.[1]

El jefe político militar de la plaza, el general EP José Valdivia Dueñas, al ser informado de lo sucedido y recibir una carta anónima con una lista de los supuestos senderistas,[6]​ convocó a sus oficiales del Cuartel de Ayacucho para poner en marcha el "Plan Persecución", un operativo con 10 unidades militares y 200 soldados, cuyo objetivo era realizar operaciones ofensivas a partir de las 5:30 horas del 14 de mayo en las localidades de Huancapi, Erusco, San Pedro de Hualla y Huancaraya con el fin de capturar a los terroristas que participaron en la emboscada, y recuperar el armamento sustraído al convoy. La acción militar comenzó a las 9:00 en Cayara, donde se cerró el acceso por carretera.[1][2][4]

La primera víctima fue Esteban Asto Bautista,[Nota 1][6]​ asesinado a la entrada de Cayara. A continuación los militares detuvieron a cinco hombres[Nota 2]​ de un grupo de vecinos que celebraba la festividad de la Virgen de Fátima en el exterior de la iglesia de la localidad; los detenidos fueron confinados en el templo, torturados y asesinados al día siguiente.[1]

A las 15:00 las unidades militares se trasladaron a Ccechua. En Ccechuaypampa se encontraron con aproximadamente 80 hombres, mujeres y niños que regresaban de realizar labores agrícolas, y eligieron a varios varones para torturarlos.[Nota 3][6]​ Luego, asesinaron con instrumentos de labranza a 24 personas, y remataron a los moribundos con tiros de gracia.[1][6]​ Los nombres de los asesinados y sus edades son los siguientes:[6]

Durante la noche fueron detenidos Indalecio Palomino De La Cruz, César De La Cruz Ipurre, Avelino Tarqui Quiape, Domitila Esquivel Fernández y Benedicta María Valenzuela Ccayo y conducidos al local del Consejo Distrital de Cayara, donde fueron interrogados por los soldados sobre su vinculación en la emboscada y torturados.[6]

Esa misma noche Magdaleno Gutiérrez se refugió herido de bala en casa de Valeriana Ipurre Marcatoma de Apari. Fue atendido por Valeriana y su madre, Segundina Marcatoma Suárez, pero fueron interrumpidas de madrugada por efectivos militares quienes expulsaron a Valeriana y sus hijos de la vivienda. Gutiérrez y Segundina Marcatoma fueron desaparecidos al día siguiente.[6]

El 15 de mayo los miembros del ejército asesinaron a tres personas más.[1]

Además de las torturas y asesinatos, se cometieron actos de vandalismo y saqueo contra la propiedad pública del poblado, y los inmuebles de los sospechosos incluidos en la lista en posesión del Ejército.[6]

Según la información de los medios de comunicación que publicaron la lista, los sospechosos de la emboscada del 13 de mayo eran:[6]

El 20 de mayo Simón Palomino Vargas, Juez Provincial de Cangallo, inició diligencias ante las denuncias de los familiares de los asesinados y desaparecidos. Pero su labor judicial fue impedida por miembros del ejército que no colaboraron con la inspección de las fosas de Ccechuaypampa. Cinco días después los militares exhumaron los cadáveres y los trasladaron a Hualla, donde fueron incinerados.[1]​ El 27 de mayo el Juez de Cangallo, César Carlos Amado Salazar, encontró cinco fosas comunes vacías con restos de piel y cabello humano.[6]

fiscal especial Carlos Escobar[5]

El 29 de junio de 1988 fueron desaparecidas cinco personas que habían denunciado la masacre.[1]

El 8 de septiembre de 1991 fue asesinada en su domicilio Martha Crisóstomo, técnica de enfermería de Cayara y testigo de la masacre, por ocho encapuchados uniformados.[1]

El 14 de diciembre de 1991 tres testigos, entre los que se encontraba Justiniano Tinco García, alcalde de Cayara, fueron interceptados por militares encapuchados mientras viajaban en un camión con otras 12 personas. El alcalde, una mujer y el conductor fueron asesinados.[1]

Una fosa con 3 cadáveres fue hallada el 10 de agosto. Pertenecían a Alejandro Ichihaya, Samuel García y Jovita García. Posteriormente los restos de los varones desaparecieron al ser trasladados a Cangallo para realizar las autopsias correspondientes.[2]

En el lugar de la masacre se ha construido un santuario de la memoria, denominado en quechua Kuyasqanchikuna yuyanapag.[3][4]



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