El motín del 2 de agosto de 1810 fue una revuelta ciudadana ocurrida en Quito, capital de la entonces Audiencia y Cancillería Real de Quito, en la que un grupo de patriotas asaltó el Real Cuartel de Quito con la intención de liberar a los próceres que habían participado el año anterior en la Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito y que habían sido acusados de crímenes de lesa majestad para los cuales el fiscal pedía pena de muerte.
El pueblo quiteño asaltó dos cuarteles y una cárcel pero las autoridades realistas respondieron ejecutando a los presos. Luego, la lucha se extendió a las calles de la ciudad. Entre 200 y 300 personas (1% de la población de entonces), perdió la vida en la refriega. El saqueo de las tropas realistas produjo pérdidas valoradas entre 200 y 500 mil pesos de la época. La matanza como represalia, ordenada por el gobernador realista, Manuel Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas, I conde de Ruiz de Castilla, tuvo amplia repercusión en toda la América Hispana, como un acto de barbarie y justificación de la "Guerra a Muerte" decretada por el libertador Simón Bolívar.
La primera Junta de Gobierno Autónoma fue un gobierno ejecutivo que se creó en el territorio de la Presidencia de Quito a raíz de la invasión napoleónica a España, y que dio inicio al proceso revolucionario que se extendería hasta 1812. Esta revolución, tuvo lugar en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1809, después del derrocamiento de Manuel Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas, I conde de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, por un grupo de sublevados que formaron una junta de gobierno provisional. A este evento se le conoce en el Ecuador y otros países de la región como Primer Grito de Independencia Hispanoamericano, debido a que constituyó el inicio del proceso de emancipación de Latinoamérica. Además, a los gestores de este hecho se les conoce como los patriotas del 10 de agosto de 1809. De los participantes en la sonada, 32 acabaron siendo encarcelados y luego asesinados por órdenes de Ruiz de Castilla en el Motín del 2 de agosto de 1810.
El pueblo de Quito vio afectados sus intereses por las medidas tomadas por el Gobierno colonial, al mismo tiempo que los ideales de la Ilustración y la Revolución francesa, fueron propagados por intelectuales como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, que los extendieron entre todas las clases sociales de la población. La decadencia del régimen colonial español que era evidente en todo el continente, fue un detonante para intentar una sublevación contra el régimen, disfrazada bajo las llamadas máscaras de Fernando VII, en las que se fingía lealtad al rey español para evitar represiones, pero que tenían como fin lograr un gobierno autónomo.
El 6 de octubre de 1808 el cabildo de Quito recibe las noticias de la invasión napoleónica a España y las Capitulaciones de Bayona, por las que Fernando VII abdicó la corona en el emperador francés Napoleón Bonaparte. Este tema se discutía con frecuencia en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales, como intelectuales liberales influidos por la Ilustración.
El más conocido entre estos capítulos es el llamado Complot de Navidad, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1808 durante una reunión efectuada en la Hacienda Chillo-Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar, II marqués de Selva Alegre. En ella los invitados discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la Audiencia a causa de las reformas borbónicas, todo ello con planes autonomistas para Quito.
El 22 de febrero de 1809, Pedro de Montúfar, que ejercía como alcalde de Quito, recibió varias cartas de la Junta Central Suprema en las que se solicitaba que el Cabildo demostrase la fidelidad de la ciudad al depuesto rey Fernando VII, enviando cartas al virrey de Nueva Granada y a los Infantes de España; por ello el 17 de marzo se acordó el reconocimiento a la Junta Central como representante de la autoridad del Rey hasta que se consiga su restablecimiento en el trono, así como una ceremonia religiosa en la Catedral donde el Cabildo, el tribunal de la Real Audiencia y el cuerpo militar, jurasen dicha lealtad.
Sin embargo, el Complot de Navidad con planes autonomistas para Quito, salió a la luz pública los últimas días de febrero, cuando fue denunciado a los españoles por unos sacerdotes mercedarios a los que el coronel Salinas había hecho partícipes del plan buscando apoyo de esa congregación religiosa. El presidente Manuel Ruiz Urriés de Castilla ordenó apresar a Juan de Dios Morales, Nicolás de la Peña, el cura José Riofrío, el mismo Salinas y otros asistentes a la reunión decembrina; aunque luego tuvo que liberarlos por falta de pruebas, ya que los expedientes del proceso fueron extraídos de la oficina del secretario que lo llevaba.
Ante lo que las autoridades españolas de la Presidencia consideraban ya una tentativa innegable de sublevación de los quiteños, estas enviaron un comunicado al Cabildo que fue leído el 25 de abril, en el que se refiere a la reunión de diciembre en la hacienda del Marqués de Selva Alegre como «una Junta que se ha supuesto iba a entablarse contra el Gobierno actual» y se solicitaba que se detenga, denuncie e investigue estos movimientos que manchaban la imagen de lealtad de la ciudad.
Durante la noche del 9 a la madrugada del 10 de agosto de 1809 en casa de Manuela Cañizares, dama quiteña comprometida con la causa independentista. Decidieron reunirse un grupo conformado por nobles criollos, doctores, marqueses con el obejtivo de organizar una junta suprema de gobierno. En esta junta se designó a Juan Pío Montufar Marqués de Selva Alegre como Presidente, el obispo Cuero y Caicedo como vicepresidente, en el despacho del Interior a Juan de Dios Morales, en el de Gracia y Justicia a Manuel Rodríguez de Quiroga y en el de Hacienda a Juan Larrea.
En la mañana del 10 de agosto de 1809 los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, con el fin de entregar al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, el oficio mediante el cual se le había cesado de sus funciones. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjeran enfrentamientos armados. La tropa se formó en la Plaza de la Independencia, al mando de Salinas, cerca de las cinco de la mañana.
El doctor Antonio Ante se presentó, según relata el historiador Pedro Fermín Cevallos, en el Real Palacio antes de las seis de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia, para entregarle el siguiente oficio:
Esta supuesta muestra de fidelidad al rey era una estrategia conocida como la máscara de Fernando VII. Estrategia militar en la que supuestamente se juraba lealtad al rey, pero que tenía el único fin de lograr la autonomía sin temor a represalias.
La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del movimiento patriota. Sin embargo, en la misma época, tampoco quedaban dudas de que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por Eugenio Espejo (1747-1795) y que, sobre todo, al asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo, ejecutaba un acto revolucionario que, en última instancia, movilizaba un proyecto autonomista.
El júbilo popular fue inmenso, destaca Pedro Fermín Cevallos:
Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular de San Agustín, el día 16 de agosto.
En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Cevallos destaca la prisión de los siguientes funcionarios coloniales:
Inicialmente la Junta había considerado entre sus proyectos el organizar un ejército de dos mil hombres para defender la ciudad de Quito. Los revolucionarios solicitaron ayuda a los territorios de Cuenca, Guayaquil y Popayán, pero éstos se negaron al enterarse de la campaña que acababa de emprender el virrey del Perú José Fernando de Abascal en contra de la asonada, dejando solos a los quiteños, que contaban con apenas 800 fusiles, y debieron enviar 2000 hombres (solo 200 o 300 armados con fusiles, el resto con lanzas y sables) capitaneados por un inexperto Francisco Javier de Ascázubi, a tomar Pasto y Popayán, pero la mayoría de sus tropas desertaron y Ascázubi sería apresado por los pastenses.
Los quiteños terminaron rodeados por realistas tanto al norte como al sur, y sufrieron serias dificultades para alimentarse, por lo que fueron fácilmente vencidos por un ejército de cinco mil realistas limeños y neogranadinos que avanzaron arrasando todo a su paso, con el apoyo del Corregimiento de Pasto, Gobierno de Guayaquil y Gobierno de Cuenca.
Juan de Salinas comprometió al sargento mayor Mariano Pozo, riobambeño de 36 años de edad, para que propagara las ideas independentistas en Cuenca, lugar al que debía viajar con una escolta de catorce soldados para relevar a los que estaban en esa urbe. Los delegados secretos llegaron el 8 de agosto y se entrevistaron con el capitán Francisco García-Calderón sobre los aprestos revolucionarios.
La noticia de los hechos sucedidos en Quito la madrugada del 10 de agosto, fueron conocidos en Cuenca varios días después debido a que Blas Santos, encargado del servicio postal, llevó la nueva al interventor de la Renta de Correos Joaquín Tovar. En esos mismos días, una carta enviada a Mariano Pozo desde Quito fue requisada por José Neyra y Vélez, que la entregó al gobernador Melchor de Aymerich, quien a su vez pidió a Francisco García-Calderón que le cediera los dineros públicos que tenía a su cargo, con el pretexto de levantar tropas e iniciar la marcha sobre la provincia rebelada, pero como no presentó las respectivas libranzas legales, éste se negó.
Mientras tanto, Aymerich había mandado a desarmar la escolta disponiendo la prisión del sargento Pozo y de otros vecinos, a quienes acusó de revolucionarios por simples chismes y delaciones. El 24 de agosto, mientras el alcalde Fernando Guerrero de Salazar y el capitán García-Calderón almorzaban juntos en casa de este último, fueron detenidos por el teniente Manuel Rodríguez y Villagómez, que los condujo a un cuartel hasta el 5 de septiembre, fecha en que fueron remitidos a Guayaquil.
Las autoridades coloniales cercanas a Quito, desde el primer momento, consideraron que la Junta Soberana era una sublevación independentista y se apresuraron a reprimirla a sangre y fuego. A ningún funcionario español de la época convencieron las declaraciones de fidelidad al rey Fernando VII.
Poco ayudaron circulares como esta, que envió Quito a los cabildos de las ciudades más cercanas, hablando claramente de conceptos prohibidos por los españoles, como patria, libertad e independencia:
Al mismo tiempo, solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron al virrey del Perú el bloqueo de la costa ecuatoriana para asfixiar a Quito.
Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana. En Popayán, el alférez real Gabriel de Santacruz contestó lo siguiente:
En Guayaquil, la opinión también fue contraria a la revolución de Quito. Solo la familia del futuro presidente Vicente Rocafuerte fue invitada por Montúfar y Morales a dar un golpe similar en el puerto, pero el gobernador Cucalón apresó a Rocafuerte y a su tío, Jacinto de Bejarano, antes de que pudieran actuar. Bejarano era medio hermano de uno de los próceres, Juan Pablo Arenas. Así, poco a poco Quito empezaba a sentir la presión de los ejércitos realistas sobre sus hombros:
Desesperado, Montúfar remitió al puerto de Esmeraldas una carta para que se la entreguen a cualquier buque inglés, pidiendo el apoyo de Gran Bretaña para la Junta Soberana. La carta, dirigida "al Gabinete de San James y al augusto monarca de los mares", dice:
Lamentablemente, el apoyo británico a la independencia hispanoamericana se materializaría muchos años después.
Enterado de los hechos de Quito el virrey de la Nueva Granada, Antonio Amar y Borbón, se reunió con los notables de Bogotá, para auscultar sus criterios. Los monárquicos le advirtieron del peligro que significaba la revolución quiteña, mientras que los criollos le insinuaron que formara una Junta Soberana. La reunión le sirvió para convencerse del peligro de una revuelta similar en la capital del virreinato, por lo que reforzó la seguridad en Bogotá y despachó hacia Quito 300 soldados para aplastar a la Junta Soberana.
Los quiteños no obtuvieron apoyo de los pueblos cercanos. El 6 de octubre, un presionado Montúfar obligó a Ruiz de Castilla a abandonar el Palacio Real, donde vivía, y lo confinó en una quinta en Iñaquito, en las afueras de la capital.
La personalidad débil de Montúfar le hizo flaquear. Así la describió el historiador Pedro Fermín Cevallos:
Aunque se le considera sincero entusiasta de la independencia, no tuvo el liderazgo suficiente para continuar la lucha. El 12 de octubre de 1809 renunció a la presidencia, que recayó en otro aristócrata, José Guerrero, conde de Selva Florida. Pero la Junta tenía en sí misma el germen de su fracaso:
Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809 la Junta no tuvo otra opción que devolver el mando al conde Ruiz de Castilla, negociando con él que no se tomarían represalias y permitiendo el ingreso a la ciudad sin resistir de las tropas coloniales de Lima y Bogotá.
Ruiz de Castilla se mostró contento de que le devolvieran "el mando que me confió la piedad del rey", pero en el marco de una junta provincial, obediente al virrey de la Nueva Granada y a la Junta Central de España. El viejo conde retornó a su palacio el 25 de octubre, entre los vítores de sus simpatizantes. En la cercana Ambato, el ejército de Melchor de Aymerich, con 2200 soldados se preparaba para ingresar a Quito. Pero Ruiz de Castilla le ordenó a Aymerich retonar con su ejército a Cuenca, mientras esperaba la llegada de 700 hombres procedentes de Guayaquil, al mando de Manuel de Arredondo, un oficial español hijo de uno de los virreyes del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo. En total, los españoles tenían una fuerza militar de 3500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la Junta, y restableció solemnemente la Real Audiencia de Quito, faltando a su palabra de manera escandalosa.
Luego persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de Agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Con la ciudad ocupada por el ejército colonial de Arredondo, Ruiz de Castilla ordenó a la Audiencia el inicio de procesos penales contra todos los patriotas, que fueron detenidos en su mayoría, al menos lo que no tenían títulos nobiliarios. Al respecto precisa Pedro Fermín Cevallos:
Ruiz de Castilla decretó la pena de muerte para todos los que protegieran a los próceres, con este bando:
El obispo de Quito, Cuero y Caicedo, un entusiasta de la independencia, denunció las irregularidades que la Audiencia y sus fiscales cometieron en todos los procesos ante el virrey de Santa Fe, sin éxito. En el proceso se recurrió a la tortura y la falsificación de documentos. El fiscal fue el propio Tomás de Arrechaga, nombrado pocos meses antes Protector de Indios de la Junta. El ex miembro del senado quiteño pidió la pena de muerte para 46 personas y el destierro para 30 más.
Ruiz de Castilla, como presidente de la Real Audiencia, debía dictar sentencia. Pero tras varias tribulaciones no lo hizo y se limitó a enviar el expediente de dos mil páginas al virrey de Santa Fe de Bogotá. Víctor Félix de San Miguel, un funcionario de la Audiencia, escoltado por soldados, partió la madrugada del 27 de junio de 1810 a Bogotá con el expediente. Según Pedro Fermín Cevallos, el expediente sobrevivió a la revuelta bogotana del 20 de julio de 1810 y se conserva en un archivo público de Colombia.
Para aquel entonces, ya se sabía que estaba viajando hacia Quito Carlos Montúfar, quien había sido nombrado en España comisionado regio de Quito, y que probablemente absolvería a los patriotas enjuiciados. No obstante, la tensión aumentaba entre las tropas coloniales y los quiteños.
Los realistas de Quito y la Audiencia vieron con malos ojos la anunciada llegada del comisionado regio Carlos Montúfar. Por ello, enviaron prontamente a Bogotá el juicio en contra de los patriotas, esperando de vuelta las sentencias de muerte dictadas por el virrey. La persecución de todos los implicados, de todas las clases sociales, fue implacable:
La tensión entre los quiteños y los realistas iba en aumento. Empezaron a correr rumores de asesinato de los presos y del propio comisionado regio, quien aún no arribaba a Quito:
Un capitán de apellido Barrantes amenazó con ejecutar a los presos si las turbas intentaban asaltar la cárcel, rumor que empezó a correr a fines de julio y principios de agosto. Entonces, grupos de vecinos empezaron a trazar el plan para liberar a los presos. Se atacarían dos cuarteles: el Real de Lima y el de Santa Fe, que actualmente forman el Centro Cultural Metropolitano de Quito, y una casa cercana denominada El Presidio, donde estaban presos los hombres del pueblo llano.
Llegó entonces el jueves 2 de agosto de 1810. Ese día, poco antes de las dos de la tarde las campanas de la catedral tocaron a rebato. Era la señal convenida para que los conspiradores, que paseaban discretamente por la Plaza Mayor, y los atrios de la catedral y la iglesia de El Sagrario, entraran en acción. Se estima que no menos de tres mil soldados tenía el ejército colonial, a los que pensaba enfrentarse un puñado de patriotas.
El primer ataque fue contra El Presidio, según destaca Pedro Fermín Cevallos:
El segundo ataque fue contra el Cuartel Real de Lima, en la actual calle Espejo:
El capitán realista Galup, al advertir el asalto, grita "fuego a los presos" y desenvaina la espada para atacar. Cae, sin embargo, luchando valerosamente atravesado por una bayoneta. En el primer momento, y tomados por sorpresa, los por lo menos 500 soldados de la guardia (del batallón de Pardos y Morenos de Lima) no ofrecieron demasiada resistencia; pero después reaccionaron y disparando un cañón hicieron fuego sobre los asaltantes.
Mientras esto ocurría, el tercer grupo, que debía atacar el cuartel de Santa Fe, no lo hizo. Esto dio tiempo a los militares neogranadinos de reaccionar. El combate empezó a generalizarse en las calles. El oficial realista Villaespesa cae muerto, por lo que el comandante de los neogranadinos, Angulo, se hizo presente en su cuartel y tomó el mando de la situación.
Al llegar Angulo y no ser atacados, los soldados neogranadinos usan uno de sus cañones para volar la pared que separaba su cuartel del Real de Lima, en donde se suman a la lucha. Los ocho quiteños que atacaron el cuartel fueron tomados por sorpresa; dos de ellos, Mideros y Godoy, cayeron muertos al intentar escapar. Angulo mandó cerrar la puerta del cuartel y empezaron las ejecuciones.
Al observar esto, la gente que había liberado a los detenidos en El Presidio intentó atacar el cuartel, pero desde el vecino Palacio Real y las ventanas del cuartel empezaron a llover las balas realistas, dispersando a los sublevados. En el interior, los soldados empezaron a cumplir su amenaza de ejecutar a los presos. Contrariamente a la creencia popular de que los mataron en los sótanos del cuartel -reforzada por la instalación de un museo de cera en el siglo XX-, la mayor parte fueron ejecutados en los pisos altos y solamente uno de los presos del sótano murió. Inclusive, quienes estaban en las catacumbas lograron alcanzar las alcantarillas y la quebrada bajo el edificio y lograron huir por ellas.
Particular horror tuvo la ejecución del prócer Manuel Quiroga, asesinado frente a sus hijas, que habían ido a visitarlo:
La forma en la que el joven sublevado Mariano Castillo se salvó de la masacre, haciéndose pasar por muerto, fue muy comentada:
Pero los principales líderes no tuvieron la suerte del joven Castillo. Según Pedro Fermín Cevallos, los más conocidos próceres ejecutados fueron:
Hubo, sin embargo, otros próceres que se salvaron de la muerte por otros medios:
Consumada la ejecución de los patriotas, las tropas coloniales empezaron a disparar contra el pueblo que se encontraba afuera del cuartel y en las calles cercanas. Algunos de los conjurados respondieron con fuego de fusiles y escopetas. El combate empezó en la actual calle García Moreno. Los sublevados disparaban contra las fuerzas coloniales, hasta que fueron obligados a retroceder hacia la actual calle Rocafuerte, donde se encuentra el Arco de la Reina y el Museo de la Ciudad (antiguo hospital San Juan de Dios).
Los soldados realistas subieron al Arco y desde ahí cogieron en dos fuegos a los quiteños, frente a la Iglesia de la Compañía. Los quiteños se dispersaron, dirigiéndose a los barrios de San Blas, San Roque y San Sebastián. Un testigo presencial, citado por Cevallos, dice:
El testigo continúa su descripción del combate, en donde quiteños desarmados se enfrentaron a a los soldados realistas, que tenían la orden de disparar a quien encontraran en la calle:
Hasta algunas mujeres quiteñas se sumaron a la lucha, como refleja este testimonio:
Pero la orden de Ruiz de Castilla, en su criminal afán, iba más a allá del simple saqueo: había dispuesto incendiar la ciudad como castigo. Otro español, el oidor de la Real Audiencia Tenorio, se opuso a la criminal orden. Pero los soldados cumplieron con el resto de la disposición, que consistía en:
A la matanza, las tropas realistas se sumaron al saqueo. Precisan los testigos presenciales, en testimonios conservados por Cevallos:
Sobre la cantidad de víctimas, se estima que alcanzaron entre 200 y 300, aproximadamente el 1% de la población de la ciudad. Parreño, en sus Casos raros acaecidos en esta capital dice:
Los realistas reportaron no menos de 200 soldados desaparecidos, así como haber disparado por lo menos 20 mil tiros de fusil sus tropas. Anunciaron oficialmente que los muertos del pueblo fueron solo 80, contando con los presos. El saqueo se estimó en por lo menos medio millón de pesos. La intervención del obispo José Cuero y Caicedo contribuyó a detener los enfrentamientos y pacificar la ciudad. Con una procesión improvisada, el obispo paseó por las calles, en aras de detener la refriega. Luego, se apersonó en palacio para negociar con Ruiz de Castilla y sus soldados:
La matanza del 2 de agosto de 1810, tuvo repercusión continental. Así en Caracas:
En Bogotá, Francisco José de Caldas protestó por los hechos en su periódico “Diario Político”. Caldas conocía bien el Ecuador pues lo había recorrido en varias expediciones científicas. Para el bogotano Miguel Pombo, Quito fue "el pueblo que primero levantó su cabeza para reclamar su libertad".
Una de las justificaciones de la "Guerra a Muerte declarada por Bolívar contra España en Valencia, el 20 de septiembre de 1813, fue la criminal matanza de civiles desarmados en Quito ordenada por Ruiz de Castilla:
Para el Libertador, los acontecimientos que se dieron en Quito, fueron el preludio de las atrocidades que en toda la Nueva Granada y Venezuela cometerían los comandantes realistas, como Toribio Montes y José Tomás Boves, a los que Bolívar respondería con la declaratoria de "guerra a muerte", que implicaba la ejecución de civiles realistas como represalia: "españoles y canarios, contad con la muerte aún si sois indiferentes", declaró Bolívar. No es nada evidente que, a la imagen de España, los libertadores eran traidores al Rey, porque el Rey había renunciado al trono en favor del hermano de Napoleón.
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