El Ministerio Público de Venezuela es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano, tiene carácter autónomo e independiente. Está bajo la dirección del Fiscal General de la República que es elegido por la Asamblea Nacional para un período de siete años.
El artículo 285 de la Constitución de Venezuela establece que el Ministerio Público tiene como función:
Según se expone en la reseña histórica del Ministerio Público, en la época de la colonia el rol de Fiscal General era ejercido por un funcionario nombrado por la corona española, cuya tarea se concentraba en velar por el cumplimiento de la Ley Española en la Capitanía General de Venezuela.
Luego de haber sido adelantados los procesos independentistas que dieron origen a la nación venezolana, en 1819, en el marco del origen de la república, fue cuando se estableció la figura del Procurador General, quien estaba a cargo de velar por el cumplimiento y aplicación del orden jurídico. Años después, en 1830, la Constitución de la Gran Colombia, consagraría al Ministerio Público como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, en la figura del Procurador General de la República. No fue sino hasta 1901 cuando en la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela se establece el Ministerio Público, a cargo del Procurador General de la Nación, diferenciando sus funciones de las correspondientes al Poder Judicial.
Mucho después, en 1935, Isaías Medina Angarita promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público, designando para su dirección al Procurador General. Más tarde, en 1948, el Congreso Nacional reformó dicho instrumento jurídico y designó como Fiscal General a Fernando Álvarez Manosalva. En 1953, con la llegada del dictador Marcos Pérez Jiménez al poder, son asignadas nuevamente las funciones del Ministerio Público a la Procuraduría. Sin embargo, tras el derrocamiento de Pérez, en 1961 la Constitución de la República de Venezuela establecería al Ministerio Público como una institución autónoma e independiente de los demás poderes, a cargo del Fiscal General de la República.
En la quinta república, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) se crea el Poder Ciudadano, el cual actualmente se ejerce por órgano del Consejo Moral Republicano, integrado por el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, y, al mismo tiempo, se establece su autonomía.
En 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a petición del diputado Pedro Carreño, inició un procedimiento judicial que culminó con la destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general, procedimiento que constitucionalmente sólo puede realizarlo la Asamblea Nacional (AN). El 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, designó a Tarek William Saab como titular del Ministerio Público. Ortega Díaz, actualmente prófuga de la justicia venezolana por estar vinculada a delitos de extorsión, soborno y corrupción, desacató la sentencia del TSJ sobre su destitución y se fugó a Bogotá, Colombia, desde donde ha participado en distintos planes sediciosos contra Venezuela, como tratar de crear un Estado paralelo. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y varios mandatarios y fiscales del mundo manifestaron su rechazo y desconocimiento a la destitución de Luisa Ortega Díaz.
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