La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, es una fuerza de observación establecida en 2019 para estudiar la situación de los derechos humanos durante el régimen de la Revolución bolivariana.
El mandato fue creado el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 para evaluar las violaciones de derechos humanos desde 2014: incluido la persecución a grupos opositores, la inmigración, la crisis alimentaria, el sexismo estatal hacia la mujer y niña venezolana, entre otros; desde los inicios de la presidencia de Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos liderada por Michelle Bachelet informó lo siguiente en su informe de 2019:
En el ámbito de la crisis presidencial de Venezuela, Juan Guaidó expresó que «el Informe de la ONU pone a Maduro a nivel de los crímenes atroces cometidos por [Muamar El] Gaddafi», mientras que Maduro descalificó el informe «por estar plagado de falsedades».
Desde el establecimiento del chavismo como corriente política dominante en Venezuela a finales de los años 90’s, surgieron grupos sociales de tipo comunitario autodenominados “colectivos”, que apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y actualmente de Nicolás Maduro. Estos grupos manifiestan estar dedicados a la promoción de la democracia, de grupos políticos y actividades culturales, sin embargo la mayoría de ellos actúan como grupos paramilitares para la defensa del chavismo.
Este comportamiento negativo se ha intensificado desde inicios del mandato de Nicolás Maduro en el año 2013. Desde entonces, factores de oposición al chavismo han documentado y denunciado conductas de intimidación y hasta hechos delictivos por parte de estos colectivos con el apoyo del Estado, quienes frecuentemente intervienen en las marchas opositoras para arremeter contra los manifestantes, lo que provoca hechos de consecuencias trágicas.
Ya finalizando su mandato constitucional en 2018, Nicolás Maduro solicitó públicamente en diversas ocasiones estar preparados para el combate en caso de que sucediera un golpe de Estado en su contra o una intervención militar extranjera, alimentando aún más la actitud negativa de estos grupos.
No obstante, los colectivos no han sido los únicos grupos que infunden temor en la población civil. Desde que inició el mandato de Maduro en 2013, las fuerzas de seguridad del Estado también han sido empleados como instrumentos de intimidación en contra de la población civil. En la mayoría de las protestas de oposición en contra de Maduro, la intervención de los cuerpos de seguridad estatal ha dejado como consecuencia elevados saldos de heridos y fallecidos, sin que las autoridades pertinentes castiguen a los culpables. Destaca también el funcionamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes violando la Ley pero con apoyo del Estado realizan operativos en los sectores populares del país para supuestamente combatir la delincuencia, pero con la aplicación de ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles desarmados.
El propio Estado venezolano ha criminalizado de facto la protesta. La práctica frecuente es acusar de traición a la patria a cualquier manifestante, quienes en detrimento de sus derechos constitucionales, son enjuiciados en tribunales militares, aunque estos tribunales existen solo para procesar militares, no civiles.
Respecto a lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó en 2018 un informe donde se documentaba como las fuerzas de seguridad del Estado utilizaban las detenciones arbitrarias como mecanismo para intimidar a los disidentes del gobierno de Nicolás Maduro. Igualmente denuncia el escrito que las personas detenidas con frecuencia eran sometidas a torturas y tratos crueles. Asimismo se expone en el informe casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. Posteriormente en 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso su informe oral en donde denunciaba los actos delictivos cometidos por los colectivos armados pro-gubernamentales, destacando también las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el FAES y la negativa expresa del Ministerio Público a iniciar investigaciones sobre estos hechos.
Inclusive la oposición ha denunciado que Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, ha liberado reos en diversas ocasiones para arremeter contra los participantes de las distintas marchas opositoras.
De hecho, la tendencia en la alta esfera del chavismo es la difusión de odio en contra de la oposición venezolana, quien es vista no como un adversario político sino como un enemigo que se debe erradicar. Es ejemplo de esto, Diosdado Cabello, quien a través de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acusa públicamente de distintos delitos a varios individuos de oposición, aun sin presentar pruebas de sus acusaciones.
Incluso el propio Nicolás Maduro en 2018 amenazó con aplicar ejecuciones extrajudiciales a cualquier opositor que considerara "terrorista", esto en alusión al asesinato del exfuncionario Óscar Pérez en manos de efectivos de seguridad del Estado.
La misión está jerarquizada entre los miembros de las Naciones Unidas:
La misión es una de los pocas que no se encuentran en el área dentro del país o territorio, Valiña lo explica:
El 17 de septiembre de 2020 la Misión Internacional publicó un reporte describiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela desde 2014. El 5 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que extendió el mandato de la Misión por dos años más.
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