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Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo



La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) es la misión de Fuerzas de Paz establecida por el Consejo de Seguridad por medio de la resolución 1279 (30 de noviembre de 1999), con el fin de cooperar en el restablecimiento de la paz, después de la Segunda Guerra del Congo.

Con sede en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), desde el 11 febrero de 2018 la Representante Especial del Secretario General, máxima responsable de la misión es la jurista argelina Leila Zerrougui.[1]

La MONUSCO tiene por misión el apoyo para la plena aplicación del Acuerdo de 31 de diciembre para la celebración de elecciones, convocadas para el 23 de diciembre de 2018,[2]​ la transferencia pacífica del poder y la consolidación de la estabilidad en el DRC. En su calidad de Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Leila Zerrougui es la representante más importante de las Naciones Unidas en el país y tiene autoridad general sobre las actividades de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.[1]

La misión está compuesta por 15.775 militares (15.051 soldados y 724 observadores militares), 1.132 policías (más 950 observadores extranjeros), 1.995 civiles locales y 617 voluntarios. Ha sufrido 94 bajas desde su instauración (68 militares, 9 observadores militares, 1 policía, 8 observadores extranjeros y 8 locales).

Militares: 15.051 soldados (más de 1000 de la India, Pakistán, Uruguay, Bangladés, Sudáfrica y Nepal) y 724 observadores militares de 49 países.

Policía Civil (CIVPOL): 320 de 20 países:

Empleados civiles, voluntarios de las Naciones Unidas y personal del Congo: 2.636

Los Representantes Especiales del Secretario General en la MONUSCO han sido:

El personal de la MONUC resultó involucrado en 140 casos de acusaciones de abuso de explotación sexual entre diciembre de 2004 y agosto de 2006.[3]​ Se ha informado de nuevos casos especialmente entre 2008 y 2014.[4][5]​ A pesar de la declaración sobre "tolerancia cero" algunas de las misiones de la ONU se han enfrentado a acusaciones similares, entre ellas las misiones de Eritrea, Burundi, Sudán, Liberia, en Costa de Marfil[3]​ y República Centroafricana.[6]



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