El negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina consiste en el acto de negar el terrorismo de Estado que culminó en la dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional». El negacionismo del terrorismo de Estado ha ido tomando diferentes formas a través del tiempo, desde negar la existencia de desaparecidos, la justificación de los hechos cometidos, la ponderación de que se trató de una guerra sucia «entre dos sectores equivalentes que produjeron daños simétricos» hasta la minimización del número de víctimas, declarando que el número de 30 000 desaparecidos es simbólico y no real, cuando por una ley, promulgada por la gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, debe hablarse oficialmente de 30 000 desaparecidos.
Las expresiones negacionistas se manifiestan en diversos escenarios, que varían en función de las personas involucradas y los medios de comunicación utilizados, entre otros factores. Existen variadas modalidades de negacionismo, aquellas que van de la simple negación de los hechos a mecanismos más sutiles, con sofisticados abordajes de racionalización, relativización y trivialización. En un principio, la idea central de los negacionistas fue la de rechazar que haya existido violaciones de los derechos humanos en el país y la pretensión de compararlo con otras experiencias violentas como forma de «reducir» los hechos al contexto general de violencia del siglo XX.
El argumento principal de los negacionistas se encuentra en que en las décadas de 1970 y 1980 hubo en el país una guerra sucia entre la Fuerzas Armadas y «elementos subversivos», como calificaba el régimen de facto a organizaciones armadas y a todo aquel que se oponga a la idea de sociedad occidental y cristiana.
Otro planteo es el cuestionamiento de la cantidad de víctimas. El debate sobre la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura argentina fue muy arduo y continúa vigente. En el caso del terrorismo de Estado, cuestionar la cifra de 30 000 detenidos desaparecidos, con el argumento del número de legajos de personas desaparecidas recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1985, más los agregados posteriormente, aproximadamente 8900, puede ser leído como una forma de negacionismo.
Al igual que en otros casos de terrorismo de Estado o genocidios, el Proceso de Reorganización Nacional planificó los crímenes de lesa humanidad con la intención de instalar en el postgenocidio estos discursos negacionistas, por eso se utilizaron centros clandestinos de detención y tortura.
Ya en 1977, Jorge Rafael Videla, el entonces presidente de facto, afirmaba que «en toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. Argentina está finalizando esta guerra y, consiguientemente, debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra». Luego, en 1979, profundizaría esa idea:
Ya en democracia, y condenado por el genocidio, reconocería la intención de ocultar los delitos afirmando que «no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta 5000, 10 000, 30 000. No había otra manera. Había que desaparecerlos».
El Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo marcó el tono del negacionismo frente al Terrorismo de Estado.
De esta manera, la propia Junta Militar negaba su responsabilidad en los crímenes cometidos.
El informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recopiló los datos de miles de denuncias de detenidos desaparecidos. Según Hugo Vezzetti presentaba a las víctimas como «hípervíctimas», es decir, silenciando la pertenencia política de los sobrevivientes y testigos. De este modo fueron excluidos los testimonios que reivindicaban y asumían «su pasado como militantes revolucionarios».
Emilio Crenzel criticó el informe porque dijo que utilizaba la teoría de los dos demonios, igualando el terrorismo de Estado y las organizaciones armadas. Luego del programa televisivo «Nunca más» el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, fue criticado - (¿por quién?) - por haber «igualado ambos terrorismos». El libro Disposición Final de Ceferino Reato causó una controversia - ¿dónde? - luego de que en una entrevista el exdictador Jorge Rafael Videla afirmara: "Pongamos que eran 7.000 u 8.000 las personas que debían morir. No podíamos fusilarlas. Tampoco podíamos llevarlas ante la justicia" (página 59). Luego, el exdictador envío una carta al diario La Nación negando que él hubiera admitido la muerte de esa cantidad de personas, pero Reato mostró documentos firmados por Videla reconociendo esos dichos (Diario La Nación del 21 de mayo de 2012). Por su lado, Reato sostiene que el número de 30 mil desaparecidos no se corresponde con la cantidad de personas que ha registrado la secretaría de Derechos Humanos de la Nación a lo largo de las gestiones de funcionarios de distintas fuerzas políticas.
El primer acto de negacionismo en sentido reducido fue el libro del expolicía bonaerense, luego condenado a cadena perpetua en más de una oportunidad por múltiples delitos de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz, La otra campana del Nunca Más, donde afirmaba que el informe de la CONADEP era una mentira «fabricada por los perpetradores de la “guerra subversiva”».
En el marco de los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad, el juez federal Daniel Rafecas afirmó que «Los discursos negacionistas son inherentes a los procesos genocidas» y advirtió que dichos discursos buscan la impunidad de los represores, en la exposición «Genocidio y Negacionismo: disputas en la construcción de la Memoria», que compartió con el sociólogo Daniel Feierstein en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Este juez investigó la Megacausa del Primer Cuerpo de Ejército: «La implementación de los centros clandestinos de detención tiene que ver con la preparación de la impunidad posterior: eran escondidos, ocultos. La forma de exterminio masivo como los vuelos de la muerte son parte de esta idea de esconder. Y todo esto coronado por la conferencia de prensa de Videla en la que ante periodistas extranjeros esboza esta teoría negacionista».Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; nombres no válidos, p. ej. demasiados
En 2017, un grupo de más de 1500 académicos, investigadores e integrantes de distintas universidades públicas emitieron un comunicado en rechazo de las declaraciones de algunos funcionarios gubernamentales sobre la última dictadura militar afirmando que formaban parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Señalando entre otras acciones destinadas a hacer primar el negacionismo el desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban las responsabilidades corporativas en los crímenes dictatoriales y que aportaban pruebas a los juicios y/o asistían a las víctimas, como el Grupo Especial de Relevamiento Documental, los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas, el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, la asignación de personal militar para dirigir el Programa Nacional de Protección de Testigos, han ido a la par con la limitación de los programas destinados a la difusión y reflexión sobre el terrorismo de Estado en instituciones educativas y de la sociedad civil, como el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, la Red Nacional de Educación y Memoria y los diversos programas provinciales que conformaban parte de la misma.
Este comunicado era para repudiar las expresiones públicas del Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, negando que el número de víctimas fuera 30 000, del director general de la Dirección nacional de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, afirmando que la cifra de desaparecidos era menor a 30 000 y negando la existencia de un plan genocida sistemático, y el entonces presidente Mauricio Macri, manifestando su desconocimiento. La doctora en Derecho Penal Valeria Thus definizó estas expresiones como un potencial e «(incipiente) negacionismo estatal», que podría relacionarse con acciones tendientes a instalar la impunidad. El hecho de que el presidente Mauricio Macri contestara a la pregunta de cuánta gente había sido asesinada: "No tengo ni idea. Es un debate en el que no voy a entrar, ya sea que hayan sido 9.000 o 30.000", lo calificó como "la primera vez que la retórica negacionista ha entrado en el discurso político general".
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