La ocupación policiaco-militar de Oaxaca dio inicio con la presencia de la Policía Federal Preventiva, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en la madrugada del 27 de octubre de 2006, horas después de los hechos que provocaron una trifulca entre miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y radicales priistas del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Sucesos que ocasionaron la muerte a cuatro personas, entre ellas a un camarógrafo voluntario de Indymedia Nueva York, de nombre William Bradley Roland. Hechos que fueron duramente criticados por la prensa nacional e internacional, por la supuesta participación del gobierno estatal para presionar al federal para que entrara la Policía Federal Preventiva, y así evitar la caída del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.
El embajador Tony Garza, envió una nota al gobierno mexicano para esclarecer la muerte del camarógrafo estadounidense.
La presión que ejerció Felipe Calderón al presidente Vicente Fox, para que resolviera el conflicto antes de dejar el cargo; y, la presión de los grandes empresarios y comerciantes oaxaqueños, así como de la jerarquía de la Iglesia católica, orillaron al gobierno federal a proceder con el uso de la Policía Federal Preventiva, para darle solución, no al conflicto en sí, sino al restablecimiento del orden público y a la gobernabilidad, la cual se perdió desde antes de los hechos del 27 de octubre de 2006.
Hasta ese momento, 5 de noviembre, la PFP había manifestado que el parte era de diez agentes heridos, más de treinta personas detenidas; mientras que la APPO dijo que en sus filas se contaba con más de doscientos heridos, más desesenta detenidos y unos catorce muertos. La marcha que se llevó a efecto ese día, donde se solicitó que se retirara la PFP y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, inició y terminó en calma.
La APPO, personas afines y gran parte de la sociedad civil (cabe mencionar que muchos no eran oaxaqueños) que integraban el foro ciudadano que se instaló en lugar de la mesa del diálogo con los gobiernos federal y estatal, se manifestaron en favor de la retirada de la PFP de la entidad y la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
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