La Operación Alacrán es el nombre dado a un operativo y trama de corrupción preparado por miembros del gobierno y denunciada en 2019 por parte de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela y que habría buscado evitar la reelección de Juan Guaidó el 5 de enero de 2020 como presidente de la Asamblea por medio de la compra de la voluntad de legisladores opositores a cambio de millones de dólares. A los legisladores se le habría pedido que votaran en contra de Guaidó, o de que no fueran a la elección para romper el cuórum necesario.
En noviembre de 2019, el diputado José Guerra denunció sobre una estrategia de "comprar" parlamentarios de la oposición a través de lo que denominó "Maletín Verde" con el objetivo de romper con la mayoría calificada con la que cuenta la oposición en la Asamblea Nacional.
El 1 de diciembre de ese mismo año, el portal Armando.info publicó una investigación en la que concluye que nueve parlamentarios habrían mediado con cartas de buena conducta ante la Fiscalía de Colombia a favor de dos empresarios vinculados al gobierno. Luego de la difusión de la investigación, los diputados Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y José Gregorio Noriega fueron suspendidos y expulsados de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular.
La diputada Delsa Solórzano, en declaraciones a CNN Radio Argentina, responsabilizó a Nicolás Maduro de dirigir la supuesta operación. Según la diputada, el gobierno acude a este método al no poder encarcelar ni allanar las inmunidades de diputados, denunciando un incremento considerable de la persecución política a medida que se acercaba el 5 de enero y explicando que fuerzas de seguridad se habrían presentado en las viviendas de varios diputados sin suplentes, y que el único que tiene suplente, según ella, habría aceptado el soborno.
A raíz de la acusación, algunos partidos decidieron realizar investigaciones internas, como el Comité de Conflictos de Voluntad Popular. El 20 de diciembre, la Asamblea Nacional señaló que los legisladores involucrados eran los diputados principales José Gregorio Noriega, Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez, y los diputados suplentes Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña, exmiembro de Acción Democrática. La diputada Arkiely Perfecto fue expulsada del partido Movimiento Democracia e Inclusión por presuntamente recibir sobornos, según denunció el jefe de esta formación política Nicmer Evans. Otros diputados relacionados con la acusación de compra de legisladores son José Antonio España y José Gregorio Aparicio, ambos compañeros de fracción parlamentaria de Adolfo Superlano y Domínguez, Independientes por la Renovación y el Cambio.
El Centro de Comunicación Nacional de la Asamblea Nacional condenó la sentencia de írrita emanada del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de diciembre, que anuló la reforma parcial del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional aprobada el 17 de diciembre por la AN, que tiene la intención de permitir el voto por Internet de diputados que están exiliados (perseguidos por el gobierno), declarando que la decisión va de la mano con la “compra de las conciencias de algunos diputados que han traicionado a sus electores".
Otros diputados señalados son Franklyn Duarte, Lucila Pacheco, Guillermo Luces, Freddy Paz, Richard Arteaga, Kerrins Mavárez, Luis Loaiza, Manuel González, Williams Gil, Omar Ávila, Alexis Lamazares, Teresa Azuaje, Edmundo Prieto, Yuretzi Idrogo, Luisa Albertina Castillo, y los dirigentes y los dirigentes Negal Morales y Alexis Vivenes.
Parte de los diputados señaladas acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de la reforma parcial del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional.
El 3 de diciembre, Conrado Pérez reconoció haber firmado un expediente de la empresa Salva Foods, pero aseguró que no conoce al empresario Alex Saab y que la única vinculación que tuvo con él fue cuando lo citaron a la Comisión de Contraloría, a la cual asistieron solamente sus abogados, resaltando que “nosotros no estamos dando cartas de buena conducta al ciudadano Alex Saab”, poniendo su cargo a la orden para que investigaran su gestión.
Adolfo Superlano rechazó las acusaciones, asegurando que estaba siendo acusado por decir que no iban a reelegir a Guaidó.
Los diputados Luis Parra y Guillermo Luces negaron las acusaciones en su contra. Parra aseguró que el artículo de investigación forma parte de una “guerra sucia” y acusó al portal Armando.info de funcionar como una supuesta red de extorsión. Luces aseguró que su firma en los documentos presentados por el portal es falsa.
En una rueda de prensa realizada el 20 de diciembre, José Gregorio Noriega rechazó la expulsión de su partido Voluntad Popular, asegurando que las imputaciones de corrupción en su contra son falsas y criticando el comportamiento de otros militantes del partido. Noriega retó a que se demostraran las acusaciones y aseguró que ejercería acciones legales contra quienes realizaron las acusaciones. Mediante un comunicado de prensa, Voluntad Popular manifestó que el diputado Noriega se negó a dar respuesta sobre las acusaciones de corrupción en su contra, por lo que se tomó la decisión de expulsarlo de sus filas. El diputado se negó a aceptar preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa.
José Brito afirmó que «hay una rebelión en la Asamblea» contra el presidente del parlamento, Juan Guaidó, y que se abstendría en la votación para un nuevo mandatario legislativo el 5 de enero de 2020.
El 27 de enero de 2020, Rafaela Requesens denunció que Luis Parra, mediante un intermediario de Yaracuy, le pidió que no lo criticara tan fuertemente en las redes sociales, prometiendo que de cumplir "él mismo hablaría con Maduro" para liberar a su hermano Juan Requesens y a Gilber Caro.
Luego de que la corresponsal del medio digital Crónica Uno, Mónica Salazar, difundiera una denuncia, dos semanas después el Colegio Nacional de Periodistas, el 30 de enero, confirmó intentos de sobornos al gremio periodístico con altas sumas de dinero para expresar públicamente el respaldo a Luis Parra y su junta directiva proclamada el 5 de enero.
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