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Operación Orión



Paramilitares

Paramilitares

La Operación Orión fue uno de los diecisiete operativos militares de la guerra urbana de la Comuna 13 de Medellín llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002.

El operativo buscaba acabar con la presencia de grupos de Milicias Urbanas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Se realizó bajo la declaratoria de Estado de Excepción. Hubo 80 civiles heridos, 17 bajas cometidas por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, AUC , 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias, según la Corporación Jurídica Libertad.[2]​ También murió en combate el teniente de la Armada Mario Villegas. Esta operación ha sido cuestionada por las víctimas civiles que dejó un gran número de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas arrojadas al sitio de La Escombrera,[3]​ ya comprobado que la Escombrera es la mayor fosa común de Antioquia.

Álvaro Uribe, acabando de ser elegido, prepara una guerra sin cuartel contra la guerrilla en la Comuna 13 como en todo el país. De hecho en Medellín, la Comuna 13 es la última cuyas milicias no han sido eliminadas.

El 13 de octubre, después de la muerte de dos estudiantes alcanzados por balas perdidas en los límites de la Comuna 13, el alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, se comunica con el Presidente de la República. Este envía al Comandante del Ejército Nacional, Carlos Alberto Ospina, ese mismo día, viniendo especialmente por vía aérea de la región de Ibagué. Por la tarde, acuerdan en la alcaldía los principios de intervención.

El día 16, el Ejército, la Policía Nacional y paramilitares montaron una base de operaciones en la calle 35 con carrera 92 del barrio Santa Mónica (Comuna 12), entrada estratégica hacía los barrios periféricos como Belencito-Corazón, Betania o Las Independencias, en la comuna 13; en esta base se adaptaron carpas de la Cruz Roja, un hospital móvil, y cerca de 60 socorristas.[4]

Además, actuaron en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); hubo denuncias muy serias sobre la actuación de las fuerzas del Estado, en complot con grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),[5]​ al momento de adelantar los allanamientos de casas, y las detenciones de personas, las cuales eran señaladas por hombres encapuchados vestidos con uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares; todo transeúnte era un guerrillero potencial para la Policía, hasta que los Registros de Antecedentes Judiciales y una exhaustiva requisa demostrara lo contrario. Según la Personería de Medellín, se realizaron innumerables capturas arbitrarias y detenciones selectas de habitantes, que posteriormente desaparecieron. Entre el armamento incautado, había armas de corto y de largo alcance, como fusiles AK-47, subametralladoras, y explosivos. Miembros del ejército lograron desactivar un bus cargado con explosivos por los guerrilleros.[6]

Hay además fuertes indicios, testimonios de paramilitares desmovilizados y pruebas fotográficas que muestran hombres encapuchados con vestimenta militar pero sin insignias ni señales propias de las Fuerzas Militares de Colombia dando órdenes a militares y señalando viviendas,[7]​ lo cual mostraría que la operación Orión fue una operación conjunta de fuerzas del estado y grupos paramilitares. [8]

El presidente de Colombia para la época, Álvaro Uribe viajó a Medellín con la entonces Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, para presidir el Consejo de Seguridad que decidió la implementación de las medidas de control.[9]

Cuatro militares, seis civiles y seis rebeldes, por lo menos, murieron en los combates, en los que, según reportes oficiales, se registraron más de 200 heridos. No obstante, otras fuentes incluyen alrededor de 70 desaparecidos a manos de los paramilitares, y ejecuciones extrajudiciales, realizadas por el Ejército y presentadas en los medios nacionales de comunicación como producto de las balas perdidas.[10]​ 243 personas fueron arrestadas; de ellas, 29 fueron identificadas como 'cabecillas de milicias urbanas'. También, se decomisaron 20 fusiles, una subametralladora, 2 carabinas con mira telescópica, 2 escopetas, 4 lanzagranadas de 40 milímetros, 50 kilos de explosivos, municiones y equipos de comunicación. 2 oficiales y 2 soldados murieron en las operaciones.[11]​ Según Luis Pérez, alcalde de Medellín de esa época, durante la Operación Orión fueron liberados 72 secuestrados[12]​ en esa zona de la ciudad.

Los gobiernos de Andrés Pastrana, luego de Álvaro Uribe ordenó diecisiete operaciones militares, incluida Orión, durante los años 2001 y 2002, año en el que comenzó a operar la « política de seguridad democrática »; además, en este periodo se consolidó el dominio paramilitar. En este contexto, la desaparición forzada se incrementó, convirtiéndose en una estrategia para generar terror en la población civil con total impunidad.[13]

En mayo de 2003, la revista Noche y niebla del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) publicó el dossier "Comuna 13, la otra versión", donde documentó violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía y los paramilitares entre 1998 y 2002 en Medellín: 67 se referían a la Comuna 13.[14]​ Fue tratado con desprecio por las autoridades públicas: el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, sólo quiso verlo como una "mentira monumental".[15]

El Bloque Cacique Nutibara, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizó operaciones con la Fuerza Pública para luchar contra las milicias de las guerrillas en la comuna 13. De acuerdo con ellos, los paramilitares asentaron en el barrio La Palomera y la Arenera; desde allí, por medio de un teniente -hasta ahora no identificado- de la Estación de Policía de San Cristóbal, se coordinaban con las fuerzas estatales, principalmente, para no coincidir en el mismo espacio en el trascurso de las operaciones, y para identificar y ejecutar presuntos milicianos o guerrilleros capturados.

En declaraciones a la Corte Federal del Distrito Sur de New York, el exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y comandante del bloque Cacique Nutibara confirmó que tal organización tomó parte en la Operación Orión durante la ocupación de la comuna 13 en alianza con la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.[16]​ Por tales declaraciones, el general Mario Montoya fue llamado a rendir versión libre ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en diciembre de 2011.[17]

La ONG Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la detención, sin orden judicial, de tres activistas sociales, líderes comunales en la comuna 13. Igualmente, expresó inquietud por otros defensores de Derechos Humanos en el área.[18]

Se trata de un terreno de cerca de tres hectáreas de botaderos de materiales de construcción, utilizados por grupos armados al margen de la ley para ocultar los cuerpos de sus víctimas.[3]

La Corporación Jurídica Libertad, que adelanta procesos judiciales de víctimas del conflicto, ha logrado identificar a cerca de 105 personas que estarían sepultadas en La Escombrera.[19]​ El exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien comandó el Bloque Cacique Nutibara, operando en Medellín, fue uno de los primeros en reconocer que hombres bajo su mando sepultaron personas allí. Estas declaraciones las dio en una de las audiencias de Justicia y Paz. Juan Carlos Villada Saldarriaga, más conocido como ‘Móvil 8’,[20]​ y Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias “Aguilar”, también reconocieron su responsabilidad e identificaron cuatro puntos donde podrían estar sepultadas cerca de 45 víctimas.[21]

Desde entonces, los familiares de las víctimas han venido denunciando y exigiendo el cierre definitivo de La Escombrera, donde aún se siguen depositando desechos de construcción.

En agosto del 2015, luego de recibir recomendaciones de grupos forenses de Argentina, Guatemala y Perú, la Fiscalía inició la exhumación en La Escombrera; específicamente, en La Arenera, punto señalado por ‘Móvil 8’. Después de cinco meses de trabajo, no hubo ningún hallazgo.[19]

En febrero de 2020, Jurisdicción Especial para la Pazla (JEP) ordena a la Alcaldía de Medellín, a la Fiscalía, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), a Medicina Legal, a la Personería y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de remitir la información que tuviera sobre los cuerpos hallados de la Escombrera, con una lista de 417 víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 entre 1978 y 2016.[22]​ En julio, la JEP, en ausencia de respuestas salvo de la Alcaldía de Medellín, reactiva su solicitud. La JEP solicita en el mismo tiempo de la Gobernación de Antioquia una propuesta de dignificación y memoria histórica de las víctimas de desaparición forzada en la comuna 13.[23]

Los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, firmado en 2016 es explícito en el reconocimiento de las víctimas, y como parte de este, puso un gran énfasis en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación. y la garantía de no repetición.

Se ha constituido una comisión para generar procesos artísticos y culturales que preserven la historia y la realidad actual de la Comuna 13 de Medellín. Se busca profundizar el mandato de la Comisión de la Verdad, en un ejercicio que integre la memoria, el turismo y la transformación social, además de utilizar el arte como herramienta de transformación, dar voz a las víctimas, honrarlas e incluir su historia. en la verdad del conflicto armado y las operaciones militares realizadas en la Comuna 13. Para muchos de los habitantes de la Comuna 13, el pasado sigue siendo doloroso y se muestra a través del arte, especialmente con el movimiento hip hop, y el grafiti como un bien cultural compartido con la comunidad internacional. Las verdades, los recuerdos ayudarán a reconocer no solo la violencia que atravesó la comunidad en el contexto del conflicto, si no  también la resistencia, los afrontamientos y la dignidad de quienes habitan y aún están reconstruyendo la Comuna 13.



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