16000–31999 casos confirmados 10000–15999 casos confirmados 5000-9999 casos confirmados 2500–4999 casos confirmados
500–999 casos confirmados 250–499 casos confirmados 100-249 casos confirmados 50–99 casos confirmados 10–49 casos confirmados
Los primeros casos de la pandemia de COVID-19 en Bolivia fueron confirmados el 10 de marzo de 2020. Se trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz que habían regresado desde Italia. Al 21 de abril de 2021, se han confirmado 291 675 casos de personas infectadas y 12 695 muertes en total.
El 12 de marzo el gobierno de la presidente Jeanine Áñez adoptó las primeras medidas, declarándose Estado de emergencia sanitaria por COVID-19, cuya duración estaba prevista hasta el 30 de abril de 2020, pero que fue extendida hasta el 10 de mayo de 2020, para posteriormente aplicar la “cuarentena dinámica”. El 1 de agosto de 2020 se decidió una nueva extensión de la cuarentena "condicionada y dinámica" hasta el 31 de agosto de 2020.
El sistema sanitario boliviano se vio prácticamente colapsado a partir de junio de 2020. Los centros de salud llegaron al límite de admisión de pacientes, cientos de personas murieron sin atención hospitalaria, y los cementerios quedaron saturados.
Hasta el 2 de abril de 2021 se habían registrado 273 327 casos confirmados, 222 924 recuperaciones y 12 280 muertes. La tasa de letalidad (fallecidos respecto a confirmados) es del 4% y la tasa de recuperación (recuperaciones respecto a confirmados) es del 54%.
Nota: Año 2020
Oruro (ORU), Santa Cruz (SCZ), Cochabamba (CBB), La Paz (LPZ), Potosí (PTS), Chuquisaca (CHQ), Pando (PND), Tarija (TRJ) y Beni (BNI)
Activos
Activos
Activos
Casos
Activos
(2)TRJ
De los 340 municipios de Bolivia, 141 de estos (36.2%), han sido afectados con nuevos casos de COVID-19. Entre los municipios afectados, se encuentran todas las capitales de departamento, incluyendo también la ciudad de El Alto.
Nota: La información gubernamental presentada en el siguiente cuadro, pertenece al Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) dependiente del Ministerio de Salud de Bolivia. Estos datos por municipios, pueden variar ligeramente, con las cifras de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de los 9 Departamentos de Bolivia.
Entre las medidas implementadas junto a la Organización Panamericana de la Salud se encontraba el apoyo a la implementación de procedimientos detallados en una guía de lineamientos técnicos sobre la vigilancia de eventos respiratorios inusitados.
Cuarentena dinámica: Bajo ese criterio, los 68 municipios en condición de riesgo alto continuarán con la suspensión de todas las actividades públicas y privadas, las personas realizarán salidas una vez por semana para el abastecimiento de alimentos y atención en el sistema financiero, según el número de la cédula de identidad. Mientras que los 152 municipios con riesgo medio podrán retornar las actividades en el sector público y privado en una jornada laboral de 6 horas, de lunes a viernes. Las personas menores de 18 años y mayores de 65 podrán salir de lunes a viernes por las mañanas, por una hora, con fines de esparcimiento cerca a su domicilio. Los 119 municipios con condición de riesgo moderado podrán retornar a las actividades en el sector público y privado con 8 horas laborales diarias, se prohíbe la circulación por espacios públicos de 7 de la noche a 5 de la mañana.
Además de las diferentes medidas de restricción de circulación conocidas como cuarentena en Bolivia, los niveles de gobierno desplegaron campañas de comunicación y control en el territorio nacional, emitiendo recomendaciones para evitar la desinformación y garantizar la implementación de las acciones definidas como parte del plan de emergencia.
Con respecto al acceso al territorio boliviano, migraciones estableció la implementación de una declaración jurada sobre las trayectorias de viajes de ciudadanos que ingresan a Bolivia.
Como parte de las medidas destinadas a frenar el contagio de la enfermedad se habilitaron plataformas de información al ciudadano, entre ellas una línea gratuita de atención a consultas sobre la enfermedad, una aplicación para teléfonos móviles con información, y un portal en línea boliviasegura.gob.bo con información oficial actualizada sobre casos detectados y medidas de prevención.
El 14 de octubre del 2020, una de las cámaras legistlativas, bajo la presidencia de Eva Copa, aprobó una ley que regula el uso de dióxido de cloro como tratamiento para pacientes diagnosticados de COVID19 y propone "dotar gratuitamente a establecimientos de salud, la Solución de Dióxido de Cloro como medio de prevención y tratamiento alternativo del Coronavirus".
En respuesta el ministerio de Salud (quien ya había emitido un comunicado respecto a los peligros, falta de efectividad y respaldo científico de este tratamiento) reiteró su postura y declaró que la sustancia está prohibida como tratamiento a nivel nacional.
Tras el anuncio de la detección del primer caso se registraron diferentes eventos entre la población local, entre ellos: compra masiva de barbijos y alcohol en gel, bloqueo de accesos a hospitales, protestas y manifestaciones solicitando diferentes acciones del gobierno. También se registraron protestas en la ciudad de El Alto.
El 19 de marzo un paciente en observación que debía permanecer en aislamiento en la ciudad de Cochabamba trató de huir siendo atrapado cuando intentaba realizar un viaje interdepartamental hacia la ciudad de Oruro.
En la frontera con Argentina, al sur del país, de registró un bloqueo del puente internacional, que el día 19 de marzo tuvo como evento inusitado la auto agresión de un dirigente que terminó en llamas, el evento se registró como parte de las medidas de presión exigiendo medidas gubernamental para frenar la epidemia de dengue y la expansión de la pandemia de COVID-19.
Se suspendieron operaciones en la Minera San Cristóbal.
Según un informe de la gobernación de Cochabamba, una pareja con caso positivo de COVID-19 de ese departamento, asistió a un matrimonio de 300 personas en el municipio rural de Santivañez, dicha fiesta duró 2 días (7 y 8 de marzo de 2020), se dispuso la cuarentena inmediata de esas zonas rurales, después de revelarse la información. Incluso el ministro de gobierno, Arturo Murillo, advirtió que si se comprueba la irresponsabilidad de esta pareja en las investigaciones policiales. Pedirá 10 años de cárcel a la justicia por atentado contra la salud pública.
El 12, 13 y 14 de marzo de 2020, en el municipio de Patacamaya, se efectuó una fiesta patronal con bebidas alcohólicas, donde un fotógrafo que participaba en la misma contrajo el COVID-19. Un grupo de trabajadores médicos del departamento de La Paz, anunciaron una acción penal contra alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque, que autorizó dicha fiesta, donde emergieron casos positivos y con el desenlace del primer fallecido de Patacamaya el 29 de marzo. Desobedeciendose así, el decreto supremo 4179, promulgado el 12 de marzo, por la presidenta Jeanine Añez. Donde se prohibían fiestas y reuniones sociales, que las alcaldías están encargadas de hacer cumplir la prohibición.
Debido a la inestabilidad política que venia desde los polémicos comicios presidenciales, junto con la llegada de la pandemia, y por consecuencia la crisis sanitaria internacional, llevan al declive del Producto Interno Bruto del país, lo que conllevaría a un surgimiento de nuevos conflictos sociales, quiebre de empresas, y que durara entre dos a tres años, según las declaraciones del expresidente constitucional y candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert. Asimismo, se refirió que esto se pudo detener con buenas políticas en beneficio de la población, y resalto que el despilfarro y corrupción del anterior gobierno, en una etapa de mayor bonanza y no dio interés en la industrialización, llevara a una crisis económica profunda.
El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), señala que la pandemia provocará una contracción del 2,9% en el Producto Interno Bruto para el año 2020, y que los países que dependen de la extracción de minerales serán perjudicados, y podría empeorar si la crisis epidemiologica y la pandemia se radicalice para la segunda mitad del presente año 2020.
Más de 800 surtidores del país reportan una perdida considerable de 20 millones de bolivianos (unos 3 millones de dólares actuales), que puede ser un riesgo para la continuidad de las empresas y una pérdida de más de 16 mil empleos, explicó la gerente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio (Asosur), Susy Dorado.
La presidenta constitucional, Jeanine Añez mediante el Ministerio de Economía, y firmada por el ministro José Luis Parada, emitió la resolución ministerial 043/2020 del 7 de febrero, que modifica el manual de operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) del 30 de julio de 2015, restringiendo información de las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria a la opinión pública, resguardando la confidencialidad y reserva de la información para la seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado.
Según informe de la calificadora económica Moody’s señala que el siguiente gobierno tendrá retos, y que el déficit fiscal llegara a un 13%, con desaceleración de la economía boliviana acompaña de inestabilidad política a medida que caen las exportaciones de gas y aumenta el desempleo, conduciendo a una recesión económica desde la Hiperinflación de la década de 1980.
En el campo de hidrocarburos, la calificadora de riesgos proyecta la mayor caída en la demanda del gas boliviano, llegando para un 50% menos en el precio, advirtiendo que si no repunta a otras opciones de exportación, las tasas de crecimiento bajaran con perdidas.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) calcula un aumento de 200.000 personas sin empleo, estimando una perdida de más de 400 millones de dólares americanos, producto de la pandemia. Mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que mediante el Boletín Estadístico de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) indica que en el cuarto trimestre de 2019 el desempleo llegó a 191 mil personas, representando un 4,83% de la población económicamente activa. A su vez, el INE informó que la actividad económica se contrajo en 2,63% en el primer trimestre de este año con una tasa de crecimiento acumulado de 0,55% en relación al año 2019 (3,09%), resultado de las medidas de la alerta sanitaria iniciadas desde el 12 de marzo.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz conversó con funcionarios de la Cámara de industria y comercio (CAINCO) sobre sus propuestas para el plan de la reactivación económica del país, que consiste en dos campos: Plan de empleo para personas que cueste conseguir una fuente de ingreso y enfocar en los sectores que generen empleos.
Los supermercados sufrieron una baja en el volumen de ventas hasta un 30% en los dos meses de cuarentena, debido a la reducción de horas de trabajo de 16 a solo siete horas al día, con dificultades de abastecimiento y que la gente tiene menos dinero, influyendo el miedo y la inseguridad, informó Sergio Weise, la Asociación de Supermercados de Bolivia (ASOBOSUPER).
La actividad más importante del primer semestre como fue la Larga Noche de museos fue cancelado, con el fin de resguardar a la salud de sus visitantes. Sin embargo, se desarrolló la Larga noche de museos virtual entre los días 18 al 23 de mayo con más de 800 actividades a nivel nacional, con 1.607.325 interacciones.
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