Primera República Española
Primera República Española cumple los años el 17 de mayo.
¿Qué día nació Primera República Española?
Primera República Española nació el día 17 de mayo de 873.
¿Cuántos años tiene Primera República Española?
La edad actual es 1151 años. Primera República Española cumplió 1151 años el 17 de mayo de este año.
¿De qué signo es Primera República Española?
Primera República Española es del signo de Tauro.
La Primera República Española fue el régimen político vigente en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio lugar a la restauración de la monarquía borbónica.
El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. En sus primeros once meses se sucedieron cuatro presidentes del Poder Ejecutivo, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta que el golpe de Estado del general Pavía del 3 de enero de 1874 puso fin a la república federal proclamada en junio de 1873 y dio paso a la instauración de una república unitaria bajo la dictadura del general Serrano, líder del conservador Partido Constitucional. El período estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos: la tercera guerra carlista, la sublevación cantonal y la Guerra de los Diez Años cubana. La Primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza con la Revolución de 1868 que dio paso al reinado de Amadeo I de Saboya, al que siguió la república, y termina con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto.
El rey Amadeo I renunció al trono de España el día 11 de febrero de 1873. La abdicación estuvo motivada por las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado, como la guerra en Cuba, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los monárquicos alfonsinos, que aspiraban a la restauración borbónica en la figura de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, las diversas insurrecciones republicanas y la división entre sus propios partidarios. Además de eso, el efímero monarca contó con un apoyo popular prácticamente nulo. El detonante final fue la crisis de gobierno originada a causa del conflicto artillero iniciado con el nombramiento de capitán general a Baltasar Hidalgo de Quintana, a quien no podían ver los oficiales de artillería desde el 22 de junio de 1866, pidiendo todos su licencia absoluta o retiro. El gobierno decide la disolución del cuerpo de artillería obteniendo el 7 de febrero 191 votos en las cortes, los mismos que habían elegido a Don Amadeo, que no usó la prerrogativa regia a favor de los artilleros y firmó el decreto de disolución del cuerpo de artillería el 9, abdicando seguidamente el 11 de febrero.
El lunes 11 de febrero, el diario La Correspondencia de España dio la noticia de que el rey había abdicado e inmediatamente los federales madrileños se agolparon en las calles pidiendo la proclamación de la República. El gobierno del Partido Radical de Ruiz Zorrilla se reunió y en su seno las opiniones estaban divididas entre el presidente y los ministros de procedencia progresista, que pretendían constituirse en gobierno provisional para organizar una consulta al país sobre la forma de gobierno —postura que también apoyaba el partido constitucional del general Serrano, porque de esa forma no se produciría la proclamación inmediata de la República—, y los ministros de procedencia demócrata encabezados por Cristino Martos y apoyados por el presidente del Congreso de los Diputados, Nicolás María Rivero, que se decantaban por la reunión conjunta del Congreso y del Senado que, constituidos en Convención, decidirían la forma de gobierno, lo que conduciría a la proclamación de la República dada la mayoría que formaban en ambas cámaras la suma de republicanos federales y de estos radicales de procedencia demócrata.
El presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados para pedir a los diputados de su propio partido, que tenían la mayoría absoluta en la Cámara, que aprobaran la suspensión de las sesiones al menos veinticuatro horas, las suficientes para restablecer el orden. Asimismo pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I y anunció que el gobierno presentaría un proyecto de ley de abdicación. Con todo ello Ruiz Zorrilla pretendía ganar tiempo, pero fue desautorizado por su propio ministro de Estado Cristino Martos cuando este dijo a la Cámara que en cuanto llegara la renuncia formal del rey el poder sería de las Cortes y «aquí no habrá dinastía ni monarquía posible, aquí no hay otra cosa posible que la República». Así se aprobó la moción del republicano Estanislao Figueras para que las Cortes se declararan en sesión permanente, a pesar del intento de Ruiz Zorrilla de que los radicales no la apoyaran. Mientras tanto el edificio del Congreso de los Diputados había sido rodeado por una multitud que exigía la proclamación de la República, aunque la Milicia Nacional logró disolverla.
Al día siguiente, martes 11 de febrero, los jefes de distrito republicanos amenazaron al Congreso de los Diputados con que si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde iniciarían una insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus diputados en Madrid en el mismo sentido. Entonces los ministros demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes del Congreso y del Senado, Rivero y Figuerola, decidieron que se reunieran ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I, y a continuación, ante la ausencia del presidente del gobierno Ruiz Zorrilla, el ministro de Estado Martos anunció que el gobierno devolvía sus poderes a las Cortes con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado. Entonces, varios diputados republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos cámaras, constituidas en Asamblea Nacional, aprobaran como forma de gobierno la República y eligieran un Poder Ejecutivo responsable ante aquella. La proposición decía así:
Manuel Ruiz Zorrilla, hasta entonces presidente del gobierno, intervino para decir:
A continuación el republicano Emilio Castelar subió al estrado y pronunció este discurso que fue respondido con encendidos aplausos:
A las tres de la tarde del 11 de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32:
Tras un receso de tres horas volvieron a reunirse las Cámaras para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras que estaría al frente de un gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales e integrado por tres republicanos —Emilio Castelar en Estado; Francisco Pi y Margall en Gobernación; y Nicolás Salmerón en Gracia y Justicia— y cinco radicales —José Echegaray en Hacienda; Manuel Becerra y Bermúdez en Fomento; Francisco Salmerón en Ultramar; el general Fernando Fernández de Córdoba en Guerra y el almirante José María Beránger en Marina—. Cristino Martos fue elegido presidente de la autoproclamada Asamblea Nacional, "«el verdadero poder en una situación de Convención», por 222 votos frente a los 20 que reunió Nicolás María Rivero.
El 16 de febrero el periódico republicano de Barcelona La Campana de Gracia publicó el siguiente artículo en catalán:
Estanislao Figueras desempeñó el cargo de presidente del Poder Ejecutivo (jefe de Estado y Gobierno) pero no el de presidente de la República, pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución republicana. En su discurso, Figueras dijo que la llegada de la República era «como el iris de paz y de concordia de todos los españoles de buena voluntad».
El primer gobierno de la República tuvo que afrontar una situación económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas; el Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia de la Tercera Guerra Carlista y de la guerra contra los independentistas cubanos, para las que no había suficientes soldados, armamento ni dinero; una grave crisis económica, coincidente con la gran crisis mundial de 1873 y agudizada por la inestabilidad política, que estaba provocando el aumento del paro entre jornaleros y obreros, lo que estaba siendo respondido por las organizaciones proletarias con huelgas, marchas, concentraciones de protesta y la ocupación de tierras abandonadas.
Pero el problema más urgente que tuvo que atender el nuevo gobierno fue restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales que habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares, donde habían formado «juntas revolucionarias» que no reconocían al gobierno de Figueras, porque era un gobierno de coalición con los antiguos monárquicos y tildaban de tibios a los «republicanos de Madrid».
«En muchos pueblos de Andalucía la República era algo tan identificado con el reparto de tierras que los campesinos exigieron a los ayuntamientos que se parcelaran inmediatamente las fincas más significativas de la localidad... algunas [de las cuales] habían formado parte de los bienes comunales antes de la desamortización». En casi todos los lugares la República también se identifica con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la Revolución de 1868 no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:
Eso fue lo que el diputado radical José Echegaray echó en cara a los líderes republicanos: que sus seguidores entendían el federalismo como
El encargado de la tarea de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación Francisco Pi y Margall, paradójicamente el principal defensor del federalismo pactista de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Pi consiguió la disolución las juntas y la reposición de los ayuntamientos que habían sido suspendidos a la fuerza en "una clara prueba de su empeño en respetar la legalidad incluso contra los deseos de sus propios partidarios", aunque mantuvo el cuerpo armado de Voluntarios de la República que se oponía a los cuerpos de seguridad y a los Voluntarios de la Libertad, la milicia monárquica fundada en el reinado de Amadeo I. En las Cortes, el diputado conservador Romero Ortiz preguntó qué partes de la Constitución estaban vigentes, a lo que el presidente Figueras le respondió que solo el Título I, que era donde se reconocían los derechos individuales.
El gobierno Figueras firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría una peseta diaria y un chusco. Por su parte, los integrantes de la milicia de los Voluntarios de la República recibían un sueldo de 50 pesetas al alistarse, más 2 pesetas y un chusco diarios.
Solo trece días después de haberse formado el nuevo gobierno se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y los republicanos por lo que el presidente Figueras presentó la dimisión a las Cortes el 24 de febrero. Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional Cristino Martos para intentar un golpe de Estado que desalojara del gobierno a los republicanos federales y le permitiera formar uno exclusivo de su partido que diera paso a una república liberal-conservadora. Martos, de acuerdo con el gobernador civil de Madrid, ordenó a la Guardia Civil que ocupara el Ministerio de la Gobernación y el de Hacienda y que rodeara el Palacio del Congreso de los Diputados donde fue elegido por sus compañeros de partido como nuevo presidente del Poder Ejecutivo. Pero esta maniobra no tuvo éxito gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación Pi y Margall que movilizó a la guarnición de Madrid y a los Voluntarios de la República que consiguieron contrarrestar el golpe. Así se formó el segundo gobierno de Figueras del que salieron los ministros radicales, entrando en su lugar Juan Tutau y Verges en Hacienda, Eduardo Chao en Fomento, José Cristóbal Sorní y Grau en Ultramar y los militares Juan Acosta Muñoz y Jacobo Oreyro y Villavicencio en Guerra y Marina, respectivamente. Además se acordó disolver la Asamblea Nacional donde los radicales gozaban de mayoría absoluta.
El 8 de marzo, cuando la Asamblea Nacional iba a discutir la propuesta de disolución de la misma, Cristino Martos intentó un nuevo golpe de Estado con el mismo objetivo de formar un gobierno exclusivamente radical, esta vez presidido por su compañero de partido Nicolás María Rivero, y que contaba con el apoyo del general Serrano, líder del monárquico partido constitucional. Pero en el último momento los diputados radicales seguidores de Rivero, temerosos de que la formación de un gobierno radical provocara un levantamiento de los republicanos «intransigentes» que podría conducir a una guerra civil, no apoyaron la iniciativa de Martos y votaron a favor de la disolución de la Asamblea. Martos dimitió de su cargo de presidente de la Asamblea dos días después. Pero en la Comisión Permanente que asumiría sus funciones de fiscalización del gobierno hasta que se reunieran las nuevas Cortes Constituyentes y que se formó el 22 de marzo, los radicales mantuvieron su mayoría absoluta, aunque divididos entre los «martistas» que tenían ocho representantes y los «riveristas» que tenía cuatro, frente a cinco republicanos federales, más dos alfonsinos y un constitucional.
El 9 de marzo, al día siguiente en que en Madrid tenía lugar el intento de golpe de Estado, en Barcelona la Diputación, dominada por los republicanos federales «intransigentes», volvía a intentar proclamar el Estado catalán, como ya había hecho el 12 de febrero, y como en aquella ocasión solo los telegramas que les envió Pi y Margall desde Madrid les hizo desistir. Tres días después, el 12 de marzo, llegó a Barcelona el propio presidente del Poder Ejecutivo de la República Estanislao Figueras para hacerlos desistir definitivamente.
Después de superar las diferencias que separaban a «martistas» de «riveristas», los radicales intentaron un tercer golpe de estado el 23 de abril, con el mismo objetivo de los dos anteriores, pero esta vez contando con el apoyo de militares conservadores, como el general Pavía capitán general de Madrid, el almirante Topete o de nuevo el general Serrano, y con civiles del partido constitucional, encabezados por Práxedes Mateo Sagasta, que también querían evitar la proclamación de la República Federal, porque se esperaba que el gobierno gracias a su «influencia moral» conseguiría la mayoría necesaria en las elecciones a Cortes Constituyentes que estaban convocadas para el mes siguiente. Pero de nuevo la actuación decidida del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que conocía los planes de los golpistas, desbarató la intentona. Primero sustituyó al general Pavía al frente de la Capitanía General de Madrid por el general Hidalgo y luego ordenó a la Guardia Civil y a la milicia de los Voluntarios de la República que atacaran la plaza de toros donde habían concentrado los golpistas a los Voluntarios de la Libertad, que depusieron las armas después de unos pocos disparos. Entonces grupos federales armados rodearon el Palacio del Congreso donde estaba reunida la Comisión Permanente que tenía previsto destituir al gobierno y reunir a la Asamblea Nacional para que nombrara presidente del Poder Ejecutivo al general Serrano. Los miembros de la Comisión solo lograron abandonar el Congreso gracias a la protección que les proporcionaron diputados republicanos y miembros del gobierno entre los que se encontraban Emilio Castelar y Nicolás Salmerón —cuyo hermano Francisco Salmerón del Partido Radical era miembro de la Comisión—. La mayoría de los implicados en el golpe frustrado se fueron del país, algunos de ellos disfrazados para no ser reconocidos, como el general Serrano, el general Caballero de Rodas, o Cristino Martos. Al día siguiente un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por Pi y Margall, disolvió la Comisión Permanente.
La decisión de Pi y Margall de disolver la Comisión Permanente —que Jorge Vilches califica de «golpe de Estado»— fue cuestionada por los republicanos federales «moderados» encabezados en aquel momento por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón pues eran conscientes de que iba a tener como consecuencia el retraimiento del resto de partidos en las elecciones, lo que restaría legitimidad a las Cortes Constituyentes que saldrían de ellas. «Fue tal el miedo a la soledad, que Castelar y Figueras negociaron con los radicales y los conservadores para darles una representación parlamentaria», pero ambos grupos rechazaron la propuesta y se reafirmaron en la opción del retraimiento, argumentando la ilegalidad de la disolución de la Comisión Permanente. Así pues, en las elecciones no hubo lucha electoral, pues optaron por el retraimiento, además de radicales y constitucionales, los carlistas, que estaban alzados en armas, y los alfonsinos, que no reconocían a la República. En los pocos distritos que hubo disputa electoral fue entre candidatos republicanos federales del sector «moderado» o del «intransigente».
Las elecciones a Cortes Constituyentes, que debían reunirse el 1 de junio en Madrid, habían sido convocadas por una ley de 11 de marzo de 1873. Los comicios tuvieron lugar los días 10, 11, 12 y 13 de mayo, obteniendo los republicanos federales 343 escaños y el resto de fuerzas políticas, 31. Así pues, la representatividad resultante de estas elecciones fue muy limitada a causa del retraimiento de la totalidad de las fuerzas de oposición política —radicales, constitucionales, carlistas (en guerra desde 1872), monárquicos alfonsinos de Cánovas del Castillo, republicanos unitarios, e incluso las incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional—. Con un 60 % de abstención, fueron los comicios con la participación más baja de la historia de España. En Cataluña, solo votó el 25 % del electorado; en Madrid, el 28 %. Y eso que se había reducido la edad mínima para votar de 25 a 21 años, «pensando que los jóvenes votarían a los federales». Como señaló Nicolás Estévanez, «España distaba mucho de ser republicana».
El 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes bajo la presidencia del veterano republicano José María Orense y comenzó la presentación de propuestas. El 7 de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:
El presidente, haciendo cumplir lo que ordenaba el Reglamento de las Cortes para la aprobación definitiva de las propuestas de ley, dispuso celebrar una votación nominal al día siguiente. El 8 de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 218 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República Federal.
A pesar de que los republicanos federales gozaban de una mayoría aplastante en las Cortes Constituyentes, en realidad estaban divididos en tres grupos:
Así narraba Benito Pérez Galdós el clima parlamentario de la I República:
Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, llegó Estanislao Figueras a gritar en catalán: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!»
En cuanto se reunieron las Cortes Constituyentes, Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco Pi y Margall, pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento de formar gobierno, por lo que Figueras quedó encargado de formarlo. Entonces Figueras tuvo conocimiento de que los generales «intransigentes» Contreras y Pierrad preparaban un golpe de estado para iniciar la República federal al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su gobierno. El 10 de junio Figueras, presa del pánico, huyó a Francia: dejó disimuladamente su dimisión en su despacho en la Presidencia se fue a dar un paseo por el parque del Retiro y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de la estación de Atocha. No se bajó hasta llegar a París.
Al día siguiente se produjo un nuevo intento de golpe de Estado, cuando una masa de republicanos federales instigados por los «intransigentes» rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, mientras el general Contreras, al mando de la milicia de los Voluntarios de la República, tomaba el Ministerio de la Guerra. Entonces los «moderados» Castelar y Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo, pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. «Castelar y Salmerón creyeron que Pi y Margall, cercano a los intransigentes, el que les había dado su base ideológica y su organización, podría controlar y contentar a la izquierda parlamentaria mediante un Gabinete de conciliación». Finalmente los «intransigentes» aceptaron la propuesta aunque bajo la condición de que fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del gobierno que iba a presidir Pi y Margall.
Según otras versiones no contrastadas, el acceso de Pi y Margall a la presidencia del Poder Ejecutivo fue el resultado de la actuación de un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, quien ante el vacío de poder creado por la huida de Figueras y ante la amenaza de que se produjera un golpe de estado, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo presidente.[cita requerida]
El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores. Sobre este último punto las Cortes aprobaron el 24 de julio de 1873 una ley que regulaba «el trabajo de los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos». También incluía la devolución a los pueblos de los bienes comunales mediante una ley que modificara la desamortización de Madoz, pero la ley no llegó a ser aprobada. Tampoco llegó a aprobarse otra que tenía como objeto la cesión vitalicia de tierras a los arrendatarios a cambio del pago de un censo. La que sí fue aprobada fue una ley de 20 de agosto que dictaba reglas «para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y otros de igual naturaleza». Por último el programa incluía como prioridad la elaboración de la nueva Constitución y el impulso a la enseñanza obligatoria y gratuita.
Enseguida el gobierno de Pi y Margall se encontró con la oposición de los «intransigentes» porque en su programa no se habían incluido algunas de las reivindicaciones históricas de los federales como «la abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos repuestos en 1870 por ausencia de recursos». La inoperancia del gobierno a causa de la labor de bloqueo que realizaban los ministros «intransigentes» hizo que se presentara en las Cortes una proposición para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. La aprobación de la misma le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por otros del sector «moderado», naciendo así un gobierno de coalición entre los «centristas» pimargalianos y los «moderados» de Castelar y Salmerón. La respuesta de los «intransigentes» fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención de la cual emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo, propuesta que fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al gobierno, y a continuación el 27 de junio los "intransigentes" presentaron un voto de censura contra el gobierno, que incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los "intransigentes", con la entrada en el gobierno de los "moderados" Maisonnave en Estado, Joaquín Gil Berges en Gracia y Justicia y José Carvajal Hué en Hacienda, además de reforzar la presencia de los pimargalianos con Francisco Suñer en Ultramar y Ramón Pérez Costales en Fomento. El programa del nuevo gobierno se resumió en el lema «orden y progreso».
El 30 de junio Pi y Margall pidió a las Cortes facultades extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al país vasconavarro y a Cataluña. Los «intransigentes» se opusieron ferozmente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la «tiranía» y la pérdida de la democracia, aunque el gobierno les aseguró que solo se aplicaría a los carlistas y no a los republicanos federales. Aprobada la propuesta por las Cortes el gobierno publicó un manifiesto en el que después de justificar los poderes extraordinarios que había recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva, pues «la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas».
En el programa de gobierno que presentó Pi y Margall a las Cortes se señaló como una de sus prioridades la rápida aprobación de la Constitución de la República, por lo que inmediatamente se eligió una comisión de 25 miembros encargada de redactar el proyecto. Uno de sus miembros, el «moderado» Emilio Castelar, escribió en veinticuatro horas el que sería asumido por el conjunto de la comisión y presentado a las Cortes para su debate. El proyecto no satisfizo ni a los radicales ni a los constitucionales y tampoco a los republicanos federales «intransigentes» que acabarían presentado otro proyecto constitucional.
En el Proyecto de Constitución Federal de 1873 redactado por Emilio Castelar, este reflejó su concepción de la República como la forma de gobierno más adecuada para que entraran en ella todas las opciones liberales, porque no se podía conciliar la democracia con la monarquía como lo había demostrado la experiencia de la «monarquía democrática» de Amadeo I. Pero para que la República fuera aceptable por las clases conservadoras y medias era necesario poner fin a lo que Castelar llamaba «demagogia roja» que confundía la república con el socialismo. De ahí que el proyecto de Constitución federal que presentó ante las Cortes fuera a su entender una continuación de los principios establecidos en la Constitución de 1869 —de hecho mantuvo su Título I—. Asimismo su proyecto se basaba en una rígida separación de poderes, todos electivos. Así el presidente de la República no era elegido por las Cortes sino mediante unas juntas electorales votadas en cada Estado regional, que emitirían su voto y el candidato que obtuviera la mayoría absoluta sería proclamado por las Cortes —y en caso de que ninguno obtuviera la mayoría absoluta sería elegido por los diputados entre los dos candidatos con mayor número de votos—. Su función fue la de ejercer el llamado «poder de relación» entre las diferentes instituciones. Los diputados y senadores, por su parte, no podían formar parte del Gobierno, ni este asistir a las reuniones de las Cámaras. En cuanto al Poder Judicial se establecía el jurado para todo tipo de delitos y en cuanto a la estructura federal, cada Estado gozaría de «toda la autonomía política compatible con la existencia de la nación» y podría dotarse de una Constitución propia, siempre que no fuera contraria a la federal, y tener su propia Asamblea Legislativa. Por último, los municipios elegirían a sus concejales, alcalde y jueces por sufragio universal.
El proyecto de Constitución iba «precedido de un preámbulo en el que se razonan las exigencias a las que intenta responder su articulado. Primero la de consolidar la libertad y la democracia conquistadas por la Gloriosa Revolución de Septiembre. Después la de indicar una división territorial, que basada en la historia, asegurase la Federación y con ella la unidad nacional. Por último, diluir los poderes públicos de manera que no pudieran confundirse ni mucho menos facilitar el advenimiento de la dictadura». Después del preámbulo venían los 117 artículos de que constaba organizados en 17 títulos.
Su artículo más discutido, al que se refirieron la mayoría de las enmiendas que llegaron a discutirse, fue el primero en el que se establecía la división territorial de la República, y en la que se incluyó a Cuba y a Puerto Rico como forma de resolver el problema colonial —añadiéndose más adelante que leyes especiales regularían la situación de las otras provincias ultramarinas—:
Estos estados tendrían una «completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una Constitución política» (artículos 92º y 93º).
El proyecto de Constitución preveía en su Título IV, además de los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, un cuarto poder de relación que sería ejercido por el presidente de la República.
El poder legislativo estaría en manos de las Cortes federales, compuestas por Congreso y Senado, siendo el Congreso una cámara de representación proporcional con un diputado «por cada 50 000 almas» que se renovaría cada dos años, y el Senado, una cámara de representación territorial siendo elegidos cuatro senadores por las Cortes de cada uno de los Estados.
El poder ejecutivo sería ejercido por el Consejo de Ministros, cuyo presidente sería elegido por el presidente de la República.
El artículo 40 del proyecto disponía: «En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional, de la Federación». El artículo siguiente declaraba que «Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables», y el artículo 42 que «La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República, constituida por medio del sufragio universal», debiéndose tener en cuenta que con «sufragio universal» en aquella época se referían al sufragio masculino, pues las mujeres no tenían derecho de voto.
El poder judicial residiría en el Tribunal Supremo Federal, que se compondría «de tres magistrados por cada Estado de la Federación» (artículo 73) que nunca serían elegidos por el poder ejecutivo ni el legislativo. Además, establecía que todos los tribunales serían colegiados e imponía la institución del jurado para toda clase de delitos.
El poder de relación sería ejercido por el presidente de la República Federal cuyo mandato duraría «cuatro años, no siendo inmediatamente reelegible», como decía el artículo 81 del proyecto.
En cuanto a los derechos y libertades, el proyecto fue una continuación del Título I de la Constitución española de 1869, aunque introducía «algunas innovaciones significativas, como la separación definitiva de Iglesia y Estado y la prohibición expresa de subvencionar cualquier culto. También exigía la sanción civil de los matrimonios, nacimientos y defunciones y se declaraban abolidos los títulos nobiliarios. Se establecía y regulaba con bastante amplitud el derecho de asociación [...]».
La respuesta de los «intransigentes» a la política de «orden y progreso» del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, alegando como motivo inmediato un bando del gobernador civil de Madrid limitando las garantías de los derechos individuales. Solo quedó en las Cortes el diputado Navarrete quien al día siguiente explicó los motivos del retraimiento acusando al gobierno de Pi y Margal de falta de energía y de haber contemporizado e incluso claudicado frente a los enemigos de la República Federal. Pi y Margall le contestó en esa misma sesión del 2 de julio:
Tras el abandono de las Cortes exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal, formándose en Madrid un Comité de Salvación Pública para dirigirla, aunque, según López Cordón, «lo que prevaleció fue la iniciativa de los federales locales, que se hicieron dueños de la situación en sus respectivas ciudades». A pesar de que hubo casos como el de Málaga, en que las autoridades locales fueron las que encabezaron la sublevación, en la mayoría se formaron juntas revolucionarias. En pocos días la revuelta era un hecho en Andalucía, Valencia y Murcia.
Pi y Margall reconoció que lo que estaban haciendo los «intransigentes» era poner en práctica su teoría del federalismo «pactista» de abajo arriba, pero condenó la insurrección porque esa teoría estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada» no para una «República [que] ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica».
El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social. Una semana más tarde, el 9 de julio, Alcoy se declara independiente: desde el día 7 de julio estaba teniendo lugar una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al amparo de una huelga revolucionaria (la llamada Revolución del petróleo dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT).
Según Jorge Vilches, «puntos comunes en las declaraciones cantonales fueron la abolición de impuestos impopulares, como los consumos y el estanco de tabacos y sal, la secularización de los bienes del clero, el establecimiento de medidas favorables a los trabajadores, el indulto a presos por delitos contra el Estado, la sustitución del Ejército por la milicia y la formación de comités o juntas de salud pública».
Los focos federales del país no estallaron en forma de estados autónomos, sino como una constelación de cantones independientes. Los levantamientos se produjeron, fundamentalmente, en diversas localidades de Valencia, Murcia y Andalucía. Sin embargo, las experiencia paradigmática del periodo, el famoso Cantón de Cartagena, respondió en verdad a un intento de montar un Cantón Murciano en donde sus promotores se dividieron entre los que pretendían que fuera de tipo regional y los que aspiraban a uno de tipo provincial. Otros de ámbito provincial fueron los de Valencia y Málaga. Otros afectaron a municipios como Alcoy, Algeciras, Almansa, Andújar, Bailén, Cádiz, Castellón, Granada, Motril, Salamanca, Sevilla, Tarifa y Torrevieja. Por último, llegó a haber otros que afectaron a pequeñas localidades como el pueblo manchego de Camuñas o el murciano de Jumilla, aunque sobre este último no existe constancia en el archivo municipal de proclamación de cantón alguno.
El más duradero y activo de todos los cantones fue el cantón de Cartagena, que estalló el 12 de julio en aquella base militar y naval, bajo la inspiración del diputado federal murciano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete.
Los cantonalistas cartageneros toman el castillo de Galeras. Izan una bandera roja y dan un cañonazo como señal previamente acordada, para indicar a la fragata Almansa que se han tomado las defensas y puede sublevarse junto al resto de la escuadra. En realidad, a falta de una bandera roja por completo, se iza una bandera turca. Enseguida se retira la bandera, y a falta de pintura roja, y para evitar confusiones que lleven a pensar que han perdido el control del castillo, un sublevado se corta en el brazo voluntariamente y con su sangre tiñe la media luna y la estrella. El capitán general, al conocer lo sucedido, transmite a Madrid su famoso telegrama: «El castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca». Antonio Gálvez Arce apasionó a la marinería con su inflamada oratoria y se apoderó de la escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor de la Armada. Con la flota en su poder sembró el terror en la costa mediterránea próxima, y fue declarado «pirata y buena presa» por decreto del gobierno republicano. Ya en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió seis meses de asedio.
Dos fragatas cantonales, la fragata de hélice Almansa y la fragata blindada Vitoria, salieron de Cartagena hacia Almería para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y tomada por los cantonalistas, quienes se cobraron ellos mismos el tributo. El general Contreras, al mando de la flota, se hizo rendir honores al desembarcar, curiosamente al son de la Marcha Real. A continuación, repitieron hazaña en Alicante y, de vuelta a Cartagena, fueron apresados como piratas por las fragatas acorazadas HMS Swiftsure y SMS Friedrich Carl, británica y alemana respectivamente.
El gobierno de Pi y Margall se vio desbordado por la rebelión cantonal y también por la marcha de la Tercera Guerra Carlista, ya que los partidarios de don Carlos campaban por sus respetos con total libertad en las Vascongadas, Navarra y Cataluña, salvo en las capitales, y extendían su acción a todo el país a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella un gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de Francia les permitía recibir ayuda externa.
Para acabar con la rebelión cantonal Pi y Margall se negó a aplicar las medidas de excepción que le proponía el sector "moderado" de su partido, que incluía la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal —lo que no sucedió— y la vía del diálogo —la «guerra telegráfica» que ya le funcionó cuando la Diputación de Barcelona proclamó el Estado catalán— haría entrar en razón a los sublevados. No obstante no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el telegrama que envió el ministro de la Gobernación a todos los gobernadores civiles el 13 de julio, nada más tener conocimiento de la proclamación del Cantón Murciano el día anterior:
La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal se aprecia muy bien en las instrucciones que dio al general republicano Ripoll en su cometido de acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de ejército de operaciones con base en Córdoba compuesto por 1677 infantes, 357 caballos y 16 piezas de artillería:
Como la política de Pi y Margall no consiguió detener la rebelión cantonal, el sector «moderado» le retiró su apoyo el 17 de julio proponiendo para sustituirlo a Nicolás Salmerón. Al día siguiente Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato. De esta forma describió las decepciones que le había dado la política:
Nicolás Salmerón, elegido presidente del Poder Ejecutivo con 119 votos a favor y 93 votos en contra, era un federalista moderado que defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los grupos conservadores y una lenta transición hacia la república federal. Según Jorge Vilches, «sus intervenciones parlamentarias, excesivamente académicas y altivas, en las dos últimas legislaturas del reinado de Amadeo I, le granjearon popularidad entre los republicanos» y «en las Cortes Constituyentes de la República española lideró una fracción de la derecha republicana, algo lógico no sólo por sus ideas conservadoras, sino por la carencia de hombres de talento, de experiencia en la vida política y de conocimientos constitucionales o jurídicos entre los diputados republicanos de aquella Asamblea». Su oratoria demoledora prosiguió en las Cortes de la Restauración. Francisco Silvela decía que Salmerón, en sus discursos, solo usaba un arma: la artillería. Antonio Maura caracterizaba el tono profesoral de don Nicolás diciendo que «siempre parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de Albacete».
Ya durante su etapa como ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Estanisalo Figueras, promovió la abolición de la pena de muerte, así como la independencia del poder judicial frente al político.
Su llegada a la presidencia del Poder Ejecutivo produjo una intensificación del movimiento cantonalista porque los «intransigentes» pensaron que con Salmerón sería imposible ni siquiera alcanzar la República Federal desde arriba, como les había asegurado Pi y Margall, por lo que el mismo día del nombramiento de Salmerón formaron en Madrid un Comité de Salud Pública que se coordinaría con las provincias y una Comisión de Guerra presidida por el general Contreras para organizar la revuelta cantonal. Finalmente el 30 de julio formaron un «Gobierno provisional de la federación española» dirigido por Roque Barcia. En aquel momento, entre carlistas y cantonales, 32 provincias se hallaban levantadas en armas.
El lema del gobierno de Salmerón fue el «imperio de la ley», lo que suponía que para salvar la República y las instituciones liberales había que acabar con carlistas y cantonales. Para sofocar la rebelión cantonal tomó medidas duras como destituir a los gobernadores civiles, alcaldes y militares que había apoyado de alguna forma a los cantonalistas y a continuación nombró a generales contrarios a la República Federal como Manuel Pavía o Arsenio Martínez Campos —lo que no le importó porque lo prioritario era restablecer el orden— para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y a Valencia, respectivamente. «Además, movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil con 30 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el Ejecutivo. Autorizó a las Diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados provinciales, y decretó que los barcos en poder de los cartageneros se consideraran piratas —lo que suponía que cualquier embarcación podía abatirlos estuviera en aguas españolas o no—». Gracias a estas medidas fueron sometidos uno tras otro los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.
En la sesión de las Cortes del 6 de septiembre Pi i Margall realizó una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión cantonal:
Como todavía persistía la frecuente indisciplina de las tropas —que en algún caso se saldó con el asesinato del oficial al mando— los generales pidieron el restablecimiento completo de las Ordenanzas militares españolas que incluía la pena de muerte para los soldados que incumplieran determinados artículos. La propuesta fue aprobada en las Cortes, con la oposición de Salmerón que era absolutamente contrario a la pena de muerte. Así cuando el 5 de septiembre se le presentó a la firma la aplicación de una sentencia de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado al bando carlista, Nicolás Salmerón prefirió dimitir a manchar su conciencia y presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Poder Ejecutivo, a pesar de que el presidente de las Cortes en aquel momento, Emilio Castelar, intentó convencerle para que no lo hiciera —lo único que consiguió fue aplazarla un solo día—. Cuando murió Salmerón muchos años después se grabó en piedra en su mausoleo: «abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte».
En la decisión de Nicolás Salmerón de dimitir también pudo pesar la conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad. Manuel Pavía, nombrado por Salmerón al frente del Ejército de Andalucía, quería tomar a toda costa el cantón de Málaga, el último reducto insurgente andaluz, pero el gobierno había sellado un pacto no escrito con el gobernador civil de Málaga por el que se permitía su semiindependencia de facto —lo que incluía que no habría fuerzas del Ejército en la capital malagueña— a cambio de que reconociera plenamente la autoridad del gobierno de Madrid. Pavía presentó por dos veces su dimisión que no le fue aceptada, como lo hizo después con el nuevo presidente del Poder Ejecutivo Emilio Castelar que continuó resistiendo a la presión de Pavía. El problema se resolvió con la salida de Málaga de los cantonalistas encabezados por el gobernador civil, siendo detenidos en Boadilla por las fuerzas de Pavía, quien finalmente consiguió lo que se proponía: entrar en Málaga al frente de las tropas gubernamentales y acabar con el cantón.
Al día siguiente, el 7 de septiembre, fue elegido para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo Emilio Castelar, partidario de la república unitaria, catedrático de Historia y destacado orador, por 133 votos a favor frente a los 67 obtenidos por Pi y Margall. Durante su anterior etapa como Ministro de Estado en el gobierno de Estanislao Figueras, promovió y consiguió que se aprobase la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, aunque no en Cuba por la situación de guerra que vivía.
En el discurso de presentación del nuevo gobierno ante las Cortes, Castelar dijo que su ministerio representaba «la libertad, la democracia, la República... pero además somos la federación sin romper la unidad de la patria». De esta forma resumía su concepción de la República como la forma de gobierno en la que debían caber todas las opciones liberales, incluidas las conservadoras.
Emilio Castelar había quedado hondamente impresionado por el desorden causado por la rebelión cantonal, que cuando él asumió la presidencia del Poder Ejecutivo estaba prácticamente acabada, con la excepción del último reducto del cantón de Cartagena. Así valoró mucho más tarde lo que había supuesto para el país, según él, la rebelión cantonal:
El 9 de septiembre, solo dos días después de haber sido investido presidente del Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes, gracias al retraimiento de los «intransigentes», la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las pedidas por Pi y Margall para combatir a los carlistas en el país vasconavarro y Cataluña, pero ahora extendidas a toda España para acabar también con la rebelión cantonal. El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que, entre otras consecuencias, supondría paralizar la discusión y la aprobación del proyecto de Constitución federal. La sesión parlamentaria tuvo lugar el 18 de septiembre y dio lugar a un debate muy enconado entre dos bandos: por un lado, los «intransigentes» —que habían vuelto a la Cámara— y los «centristas» de Pi y Margall, que se oponían radicalmente a la propuesta, y por otro, los «moderados» que apoyaban a Castelar. Pi y Margall intervino para exigir que las sesiones continuaran hasta que se aprobara la Constitución alegando que los «períodos de interinidad son peligrosos y ocasionados a turbulencias y desórdenes», además de afirmar que la pretensión de incorporar a la República a los constitucionales y a los radicales era una «ilusión» porque los «partidos en España serán siempre partidos, y tenderán siempre a alcanzar el poder por los medios que puedan». También acusó a Castelar de quebrantar la ley, a lo que este le respondió que fue Pi el que la infringió en su momento cuando el 23 de abril disolvió la Comisión Permanente, a lo que él se opuso. Finalmente, la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la oposición de los centristas y los intransigentes. Así las Cortes quedaron suspendidas desde el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de enero de 1874. A partir de entonces Castelar gobernó mediante decretos. El 21 de septiembre publicó una serie de ellos en los que suspendía las garantías constitucionales, establecía la censura de prensa y reorganizaba el cuerpo de artillería disuelto por Manuel Ruiz Zorrilla durante la última presidencia del reinado de Amadeo I. A estos les siguieron otros como el llamamiento a los reservistas y la convocatoria de una nueva leva con lo que Castelar consiguió un ejército de 200 000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de 100 millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra. Con todas estas medidas se propuso cumplir el programa que había presentado ante Cortes para acabar con la rebelión cantonal y con la Tercera guerra carlista: «para sostener esta forma de gobierno necesito mucha infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha Guardia civil y muchos carabineros».
Asimismo fueron restablecidas las Ordenanzas militares españolas lo que permitirá la aplicación de las sentencias de muerte que provocaron la dimisión de su predecesor, Nicolás Salmerón, y todas las dictadas por los consejos de guerra.
Tras la suspensión de las Cortes Castelar inició su proyecto de acercamiento a las clases conservadoras, sin cuyo apoyo, según Castelar, la República no podría perdurar ni siquiera alcanzar la estabilidad política para poder hacer frente a las tres guerras civiles en que estaba envuelta —la de Cuba, la carlista y la cantonal—. El 29 de septiembre la Junta directiva del partido constitucional, reunida en Madrid, aprobó la propuesta de Práxedes Mateo Sagasta, el almirante Topete y Manuel Alonso Martínez de dar su apoyo incondicional al gobierno de Castelar, lo que provocó la salida del partido para ingresar en el Círculo alfonsino de Madrid de Francisco Romero Robledo, Adelardo López de Ayala y de Cristóbal Martín de Herrera. A cambio Castelar estaba dispuesto a conceder a constitucionales y radicales los 86 escaños que habían dejado vacantes los diputados «intransigentes» que se habían sublevado y proponer al constitucional Antonio Ríos Rosas como nuevo presidente de la República. Incluso llegó a ofrecer al alfonsino Antonio Cánovas del Castillo un escaño y seis más para sus seguidores. Pero la muerte de Ríos Rosas, el 3 de noviembre, que era el contacto de Castelar con los constitucionales, truncó el proyecto.
Mientras tanto en Biarritz, Bayona y San Juan de Luz, localidades francesas cercanas a la frontera española, los políticos constitucionales y radicales que se habían instalado allí después de escapar de España tras el fracasado golpe de estado del 23 de abril, se reunieron para dar también su apoyo al gobierno de Castelar e impedir el triunfo de los republicanos federales "intransigentes".
La política de Castelar de acercamiento a los constitucionales y a los radicales encontró la oposición del "moderado" Nicolás Salmerón y de sus seguidores —que hasta entonces habían apoyado al gobierno— porque creían que la República debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recién llegados. Esta oposición aumentó cuando Castelar nombró a generales de dudosa afección a la República para los puestos más importantes y cuando cubrió los puestos vacantes de tres arzobispados a mediados de diciembre, lo que indicaba que había entablado negociaciones con la Santa Sede, restableciendo de facto las relaciones con ella, lo que se oponía a la separación de la Iglesia y el Estado que defendían los republicanos.
La primera muestra de que Salmerón había dejado de apoyar al gobierno de Castelar se produjo por esas mismas fechas cuando en la Diputación Permanente de las Cortes sus partidarios votaron junto a pimargallianos e "intransigentes" en contra de la propuesta de Castelar de que se celebraran elecciones para ocupar los escaños vacantes, por lo que fue rechazada.
A raíz de la derrota parlamentaria de Castelar, Cristino Martos, líder de los radicales, y el general Serrano, líder de los constitucionales, que hasta entonces habían estado preparándose para las elecciones parciales que ya no se iban a celebrar, acordaron llevar a cabo un golpe de fuerza para evitar que Castelar fuera reemplazado al frente del Poder Ejecutivo por un voto de censura que previsiblemente iban a presentar Pi y Margall y Salmerón en cuanto volvieran a abrirse las Cortes el 2 de enero de 1874.
Cuando el 20 de diciembre Emilio Castelar tuvo conocimiento del golpe que se preparaba llamó a su despacho el 24 al capitán general de Madrid, el general Pavía, para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no participara en la intentona. En esa reunión, según relató después Pavía, este le pidió a Castelar que promulgara un decreto ordenando que continuasen suspendidas las Cortes y que «yo hubiera fijado en la Puerta del Sol con cuatro bayonetas», a lo que se negó rotundamente Castelar manifestándole que no se separaría un ápice de la legalidad. Sin embargo Castelar no destituyó a Pavía.
Castelar supo que Nicolás Salmerón iba a sumarse al voto de censura cuando el 30 de diciembre (o el 26 de diciembre según otras fuentes) mantuvo una entrevista con él, en la que Castelar no aceptó las condiciones que le había puesto Salmerón para seguir dándole su apoyo: sustituir a los generales que Castelar había nombrado por otros adictos al federalismo; revocación del nombramiento de los arzobispos; cese de los ministros más conservadores dando entrada en el gobierno a seguidores suyos; y discusión y aprobación inmediata de la Constitución federal. Al día siguiente, 31 de diciembre, Pi y Margall, Estanislao Figueras y Salmerón se reunieron para acordar presentar un voto de censura contra Castelar el día 2 de enero, aunque no llegaron a decidir quién lo sustituiría. Cuando se reabrieron las Cortes a las dos de la tarde del 2 de enero de 1874 el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, tenía preparadas a sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. En el lado contrario batallones de Voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar –de hecho, según Jorge Vilches, «los cantonales cartageneros habían recibido la contraseña de resistir hasta el 3 de enero, día en que siendo derrotado el Gobierno Castelar se formaría uno intransigente que "legalizaría" su situación y "cantonalizaría" España»"–, aunque según otros autores no existe prueba documental de ello. Al abrirse la sesión intervino Nicolás Salmerón para anunciar que retiraba su apoyo a Castelar, que le respondió haciendo un llamamiento al establecimiento de la «República posible» con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la «demagogia».
Pasada la medianoche se produjo la votación de la cuestión de confianza en la que el gobierno salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a Castelar a presentar la dimisión, y a continuación se hizo un receso para que los partidos consensuaran el candidato que habría de sustituir a Castelar al frente del Poder Ejecutivo de la República. En aquellos momentos el diputado constitucional Fernando León y Castillo ya había hecho llegar el resultado adverso a Castelar al general Pavía. Este dio entonces la orden de salir hacia el Congreso de los Diputados a los regimientos comprometidos y él personalmente se situó en la plaza frente al edificio. La Guardia Civil, que custodiaba el Congreso, se puso a sus órdenes. Era la madrugada del 3 de enero, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca Asensi.
Salmerón, al recibir la orden del capitán general en una nota entregada por uno de sus ayudantes en la que le decía «Desaloje el local», suspendió la votación y comunicó lo que estaba sucediendo. Seguidamente intervinieron varios diputados para protestar por la acción de Pavía pero entonces fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército entraron en el edificio del Congreso disparando tiros al aire por los pasillos y los diputados lo abandonaron rápidamente.
El general Pavía nada más desalojar el Congreso envió un telegrama a los jefes militares de toda España en el que les pedía su apoyo al golpe, que Pavía llamaba «mi patriótica misión», «conservando el orden a todo trance». En el telegrama justificaba así lo que más tarde llamará «el acto del 3 de enero»:
El general Pavía intentó que se formara un «gobierno nacional» presidido por Emilio Castelar, pero a la reunión de los líderes políticos constitucionales, radicales, alfonsinos y republicanos unitarios que Pavía convocó con tal fin —los republicanos federales de Salmerón y de Pi y Margall y los "intransigentes" quedaron obviamente excluidos—, Castelar rehusó asistir al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. En la reunión Pavía defendió la república conservadora y por eso impuso al republicano unitario Eugenio García Ruiz como ministro de la gobernación, y el general Serrano fue nombrado jefe del nuevo gobierno.
Estos hechos supusieron el final de facto de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más, con el general Serrano al frente; «nominalmente la República continuaba pero completamente desnaturalizada», afirma José Barón Fernández. Como ha señalado María Victoria López Cordón, «la facilidad y la escasa resistencia con que Pavía terminó con la República federal, irrumpiendo con sus tropas en el Congreso, es el mejor exponente de la fragilidad de un régimen que apenas contaba con base para sustentarse».
El líder del partido alfonsino Antonio Cánovas del Castillo le comunicó a la reina exiliada Isabel II que «los principios democráticos están heridos de muerte» y que tan solo es cuestión de «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía» para lograr la restauración de la Monarquía borbónica.
El general Francisco Serrano, recién regresado de su exilio en Biarritz por su implicación en la intentona golpista del 23 de abril del año anterior, formó un gobierno de concentración que agrupó a constitucionales, radicales y republicanos unitarios, y del que se excluyó a los republicanos federales. Los radicales Cristino Martos, José Echegaray y Tomás Mosquera ocuparon los ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y Fomento, mientras los constitucionales Práxedes Mateo Sagasta, el almirante Topete y Víctor Balaguer, ocupaban las carteras de Estado, Marina y Ultramar. El republicano unitario Eugenio García Ruiz, tal como había impuesto el general Pavía, ocupó el ministerio de la Gobernación, y el general Juan Zavala de la Puente el ministerio de Guerra.
Francisco Serrano, duque de la Torre, de 63 años y antiguo colaborador de Isabel II y que ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado durante el Sexenio Democrático al asumir la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y la presidencia del gobierno se fijó como objetivo acabar con la rebelión cantonal y la Tercera Guerra Carlista y luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno. En el manifiesto que hizo público el 8 de enero justificó el golpe de Pavía afirmando que el gobierno que iba a sustituir al de Castelar hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo carlista y a continuación anunció, dejando abiertas todas las posibilidades sobre República o Monarquía hereditaria o electiva, que se convocarían Cortes ordinarias que designarían la forma y modo con que han de elegir al supremo Magistrado de la Nación, marcando sus atribuciones y eligiendo al primero que ha de ocupar tan alto puesto.
Quedó así establecida la dictadura de Serrano, pues no existían Cortes que controlaran la acción del gobierno al haber quedado disueltas las Cortes republicanas ni ley suprema que delimitara las funciones del gobierno, porque se restableció la Constitución de 1869 pero a continuación se la dejó en suspenso «hasta que se asegurase la normalidad de la vida política». La instauración de la dictadura apenas encontró resistencia popular excepto en Barcelona donde los días 7 y 8 se levantaron barricadas y se declaró la huelga general —hubo una docena de víctimas en los enfrentamientos con el ejército y los sucesos más graves se produjeron en Sarriá a causa de un levantamiento encabezado por el «Xich de les Barraquetes» al mando de unos 800 hombres—.
El manifiesto del 8 de enero definía «la dictadura como el "duro crisol" y "fuerte molde" que haría ver a la "nobleza y las clases acomodadas", a la Iglesia también, que el orden es posible con la libertad y la democracia definidas en la revolución de 1868 y la Constitución de 1869». Antonio Cánovas del Castillo identificó el proyecto de Serrano, y así se lo hizo saber a Isabel II y al príncipe Alfonso, con el régimen del general Mac Mahon quien se había hecho con el poder en Francia tras la caída de Napoleón III, la derrota de la Comuna de París y la imposibilidad de la restauración de la monarquía borbónica con el conde de Chambord —porque este no aceptó la bandera tricolor republicana— y que estaba apoyado tanto por monárquicos como por republicanos. Según Jorge Vilches, «el general Serrano, definido como un "soldado de fortuna" por Cánovas, dudaba entre su poder personal con la dictadura y el protagonismo que podía obtener si se erigía en restaurador de Alfonso, con el beneplácito que sabía iba a contar por parte de Isabel II». En cambio el otro líder del partido constitucional, Práxedes Mateo Sagasta, «trabajó sin tapujos por la monarquía constitucional con la dinastía legítima [los Borbones] como única vía para evitar el derrumbe completo de la revolución de 1868».
Recién formado el nuevo gobierno se puso fin a la rebelión cantonal con la entrada en Cartagena el 12 de enero del general José López Domínguez, sustituto de Martínez Campos, mientras Antonete Gálvez, con más de mil hombres, lograba eludir el cerco a bordo de la fragata Numancia, y poner rumbo a Orán. El final de la experiencia cantonal fue pagado por Gálvez con el exilio, pero la Restauración le permitió, mediante amnistía, regresar a su Torreagüera natal. En esta época entablaría una extraña y entrañable amistad con Antonio Cánovas del Castillo, máximo responsable de la Restauración, quien consideraba a Gálvez un hombre sincero, honrado y valiente, aunque de ideas políticas exageradas.
Las primeras medidas que tomó el gobierno de Serrano pusieron de manifiesto su carácter conservador, como lo puso de manifiesto la inmediata disolución de la sección española de Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), gracias a que la Constitución de 1869 estaba suspendida, por atentar «contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales» o el decreto de movilización del 7 de enero, confirmado por el llamamiento extraordinario del 18 de julio, en el que se volvió al viejo sistema de las quintas, con el sorteo y la redención en metálico. La supresión de los consumos, la tercera reivindicación popular de la Revolución de 1868 junto con el reconocimiento del derecho de asociación y la abolición de las quintas, tampoco fue respetada por la dictadura de Serrano que el 26 de junio restablecía este impuesto sobre los artículos de «beber, comer y arder» además de otro sobre la sal y uno extraordinario sobre los cereales. Como ha señalado María Victoria López Cordón, «la presión de la guerra, las exigencias económicas de los grupos dirigentes y el déficit crónico del Tesoro se aliaban para poner fin al ciclo revolucionario».
Acabada la rebelión cantonal, Serrano marchó al norte el 26 de febrero para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas dejando al general Juan de Zavala y de la Puente al frente del gobierno y quedando él como presidente del Poder Ejecutivo de la República.
Tras su éxito en el levantamiento del sitio de Bilbao, Serrano reforzó su posición en el gobierno con el nombramiento en mayo de Sagasta al frente del ministerio de la Gobernación, lo que provocó la salida del mismo de los tres ministros radicales y del único ministro republicano, el unitario García Ruiz. Así se formó un gobierno exclusivamente constitucional que siguió presidido por el general Zavala, quien fue sustituido el 3 de septiembre por Sagasta tras evitar que Zavala intentara que los republicanos volvieran al gobierno, ya que en aquel momento los constitucionales propugnaban la Restauración «parlamentaria y democrática» del príncipe Alfonso. Serrano nombró a Andrés Borrego para que negociara con los alfonsinos de Cánovas, pero este rechazó las propuestas de los constitucionales porque suponía reconocer la Jefatura del Estado de Serrano hasta que fueran derrotados los carlistas y aceptar que la restauración borbónica llegaría a través de la convocatoria de unas Cortes generales extraordinarias —la exreina Isabel II le escribió a su hijo el príncipe Alfonso: «Serrano sigue empeñado en su propósito de ser presidente de la República por 10 años con 4 millones de reales anuales»—.
En ese mes de septiembre en que Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y uno tras otro los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.
Por iniciativa de Nicolás María Rivero los radicales, contrarios al nuevo rumbo restauracionista que estaba tomando el gobierno —sobre todo tras la llegada de Sagasta a la presidencia—, iniciaron los contactos con los republicanos de Castelar, en los que el protagonista de los mismos fue el antiguo líder radical Manuel Ruiz Zorrilla que volvió a la vida política después más de un año apartado de ella —desde febrero de 1873 en que abdicó Amadeo I–. El objetivo de la propuesta de unión de los dos grupos políticos era impedir la restauración borbónica mediante la formación de un partido republicano conservador que propugnara una nueva República que tuviera como base la Constitución de 1869 reformada por unas Cortes ordinarias –que empezarían por cambiar el artículo 33: «La forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía»—. La iniciativa fue apoyada también por el constitucionalista almirante Topete que, según Jorge Vilches, no quería «ver restaurada la dinastía a la que él creía haber dado el primer empujón para su destronamiento». Pero el proyecto de alianza republicana finalmente fracasó por el acuerdo que alcanzó Ruiz Zorrilla con los republicanos federales de Nicolás Salmerón que fue rechazado rotundamente por Castelar y Rivero.
El 1 de diciembre Cánovas tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sandhurst, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso, en el que este se definía «como hombre del siglo, verdaderamente liberal» —afirmación con la que buscaba la reconciliación de los liberales en torno a su monarquía— y en el que unía los derechos históricos de la dinastía legítima con el gobierno representativo y los derechos y libertades que le acompañan. Era la culminación de la estrategia que había diseñado Cánovas desde que había asumido la jefatura de la causa alfonsina el 22 de agosto de 1873 —en plena rebelión cantonal— que, como le había explicado a la exreina Isabel y al príncipe Alfonso en sendas cartas de enero de 1874 —tras el golpe de Pavía— consistía en crear «mucha opinión en favor de Alfonso» con «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía».
El 10 de diciembre Serrano comenzó el sitio de Pamplona, pero el pronunciamiento de Sagunto del 29 de diciembre de 1874 lo interrumpió.
«Cánovas no deseaba que la Restauración fuera obra de un partido, del Ejército o de un grupo de éste, ni de una elección parlamentaria o pronunciamiento militar», pero el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. Luego Martínez Campos telegrafió al presidente del gobierno Sagasta y al ministro de la Guerra Francisco Serrano Bedoya, quienes a su vez se comunicaron por vía telegráfica con el presidente del Poder Ejecutivo de la República, el general Serrano, que se encontraba en el Norte combatiendo contra los carlistas. Serrano les ordenó no resistir y el gobierno aceptó la decisión sin protestar, por lo que no ofreció ninguna resistencia cuando se presentó en la sede del gobierno el capitán general de Madrid Primo de Rivera, implicado en el pronunciamiento, y les ordenó disolverse.
El único que tomó alguna iniciativa para oponerse al golpe fue el almirante Topete quien convenció a otros revolucionarios de 1868 como Manuel Ruiz Zorrilla para que formaran una comisión que se entrevistara con el presidente Sagasta. Este los recibió en el ministerio de la Gobernación y pareció acceder a su petición de que sustituyera en la capitanía general de Madrid a Primo de Rivera por el general Lagunero y que llamara a las tropas de Ávila que estaban mandadas por un general familiar de Ruiz Zorrilla. Sagasta se despidió de ellos diciéndoles que si les necesitaba les llamaría. Ni les llamó ni cumplió lo que al parecer había prometido.
El 31 de diciembre de 1874 se formó el llamado Ministerio-Regencia presidido por Cánovas a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra. En ese gobierno estaban dos hombres de la revolución de 1868 —y ministros con Amadeo I—, Francisco Romero Robledo y Adelardo López de Ayala, quien había sido el redactor del manifiesto «Viva España con honra» que había dado inicio a la revolución.
El historiador José María Jover dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia a la «República de 1873» que fue ampliado y reeditado en 1991 con el título Realidad y mito de la Primera República. En este estudio Jover se propuso analizar la visión estereotipada y deformada que se tenía de la Primera República, que él circunscribía al año 1873. Según Jover la «intensa actividad mitificadora» de lo que había sucedido la inició Emilio Castelar con el discurso que pronunció en las Cortes el 30 de julio de 1873, solo dos semanas después de que Pi y Margall fuera sustituido por Salmerón. De hecho, del discurso se hizo un folleto con doscientos mil ejemplares de tirada, una cantidad extraordinaria para la época. En él Castelar equiparaba la rebelión cantonal al «socialismo» y a la «Comuna de París» y lo calificaba de movimiento «separatista» —«una amenaza insensata a la integridad de la Patria, al porvenir de la libertad»— contraponiendo la condición de español y la condición de cantonal.
Continuador de la visión de Castelar fue Manuel de la Revilla, catedrático de literatura de la Universidad Central, quien consideraba el federalismo como algo absurdo en «naciones ya constituidas» y que respondió al libro de Pi y Margall Las nacionalidades alegando que la puesta en práctica del pacto federal solo traería «la ruina y la vergüenza». Sin embargo, la persona que más se distinguió en su ataque a la República (Federal) fue Marcelino Menéndez y Pelayo quien en su Historia de los heterodoxos españoles escribió:
Los rasgos característicos de la imagen de la «República del 73» que legaron a la posteridad estos autores, según José María Jover Zamora, «se corresponden con otros tantos aspectos reales de la situación histórica de referencia, si bien deformados por una visión antagónica»:
Hasta 1931, los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Posteriormente, la conmemoración se trasladó al 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, que además, entre 1932 y 1938 (desde la Guerra Civil Española solo en territorio republicano) fue fiesta nacional.