Con la crisis económica mundial surgida en 2008, y pese a que al principio se creyó que el impacto sería pequeño gracias al sistema de regulación y supervisión de las entidades, pronto se puso de manifiesto que era necesaria una reestructuración del sistema financiero de España, pues presentaba diversos problemas, especialmente de capital y de financiación, agravados por la peculiar estructura de las cajas de ahorros.
Desde entonces, los bancos y las cajas de ahorros sufrieron una serie de operaciones de fusión, adquisición, transformación de cajas en bancos, con utilización de recursos públicos y privados, intervenciones del Banco de España, etc., cuyo principal efecto fue la conversión de la mayoría de las cajas en bancos así como la reducción del número de entidades financieras existentes, a la vez que se reducía también el número de oficinas, empleados, y costes de estructura, y se incrementaba su tamaño financiero individual.
Es de destacar que en 2010 existían 45 cajas de ahorros mientras que en 2021 tan solamente quedan 5 grupos bancarios resultantes de ellas en diferentes procesos, además de dos cajas de ahorros que no se han visto afectadas (Caixa Ontinyent y Colonya, Caixa Pollença). En cuanto a los bancos que no surgieron de cajas de ahorros, de la veintena de cierta importancia existentes en dicha fecha solamente quedan 4 grupos relevantes.
Datos del Banco de España a 31 de diciembre de cada año.
En el contexto de la crisis económica y financiera mundiales, y de la crisis económica española, el conjunto de las entidades de crédito españolas se enfrentó a diferentes problemas:
En esta situación, con peculiares circunstancias en el caso español, como la existencia de un excesivo número de cajas de ahorros, y sus dificultades de obtención de capital en los mercados mayoristas, el gobierno de España fomentó, desde 2008, la reestructuración de las entidades financieras, mediante una serie de medidas, que favorecieron la conversión de las cajas en bancos, incidiendo principalmente sobre el capital de las entidades. En una primera época, en 2008 y 2009, el impulso se dio facilitando capital mediante préstamos a cambio de que las entidades lo destinaran a sus clientes o se fusionasen, y después, en 2011 y 2012, aumentando las exigencias de calidad del capital, o de saneamiento de los activos inmobiliarios.
En octubre de 2008, se creó el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), para apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares, mediante la compra de “activos españoles de máxima calidad” a las entidades financieras. El fondo se extinguió el 30 de marzo de 2012, y durante su vigencia se realizaron cuatro subastas con un importe total de 19.300 millones de euros, captados por 54 entidades de crédito.
En junio de 2009, se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con un doble objetivo: el primero, facilitar la reestructuración de entidades en crisis, cuando el reforzamiento de los recursos propios no fuera posible mediante financiación privada o los fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito; y el segundo, para entidades viables, facilitar las fusiones voluntarias y la bancarizaciones de cajas.
En febrero de 2011, se buscó la mejora de la capitalización de las entidades financieras, estableciendo nuevas normas sobre la cobertura del capital principal, en sintonía con el conjunto de los estados miembros de la Unión Europea, y siguiendo los últimos acuerdos de los países del Comité de supervisión bancaria de Basilea, denominados Basilea III. La norma española era en realidad algo más exigente, pues elevaba al 8 o 10 por ciento el porcentaje del capital principal en relación a los activos ponderados por riesgo, lo cual obligó a 13 entidades, 4 de ellas intervenidas, a recapitalizarse.
En febrero de 2012, se adoptaron normas sobre el saneamiento de activos inmobiliarios, que deberían salir al mercado o sanearse mediante una provisión genérica para activos no problemáticos y una provisión específica, más un colchón de capital para activos problemáticos. Además, se ofreció un plazo adicional para el cumplimiento de estas condiciones a aquellas entidades de crédito que llevasen a cabo procesos de integración del sector y compromisos de incremento del crédito a familias y pymes.
El 9 de junio de 2012, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos confirmó que España había solicitado "ayuda financiera" (evitando utilizar la palabra rescate) a Europa para el sistema bancario español. Se trataba de "un préstamo en condiciones muy favorables" que se iba a inyectar en las entidades financieras a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el cual actuaría como "agente intermediario del Gobierno y sería el receptor final de los fondos". Asimismo, subrayó que las condiciones de esta ayuda financiera "se le impondrían a la banca, no a la sociedad española". La cifra ofrecida por el Eurogrupo fue 100.000 millones de euros como límite.
El 20 de julio de 2012, se firmó el Memorandum de Entendimiento, documento que reflejaba las condiciones del acuerdo entre España y sus socios europeos para el rescate de la banca española.
El 28 de septiembre de 2012, el informe de la consultora Oliver Wyman reveló unas necesidades de capital en la banca española de 53.745 millones de euros. Esto supuso el pistoletazo de salida para un nuevo, proceso de reestructuración del sector, acompañado por los fondos aportados por Bruselas de hasta 100.000 millones de euros.
No obstante, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, dijo que solo se necesitaría pedir dos tercios del déficit de capital detectado, unos 40.000 millones de euros, dado que el resto se cubriría con venta de activos y colocaciones de los bancos en los mercados.
El informe apuntaba a que en un escenario de fuerte deterioro económico -una caída del PIB del 6,1% en dos años- siete entidades tendrían un excedente de capital: CaixaBank (incluyendo Banca Cívica), Kutxabank, Unicaja Banco (incluyendo Banco CEISS) y casi todos los bancos que no han surgido de cajas (Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell (con la CAM) y Bankinter).
Otras siete entidades sufrían un déficit de capital, entre ellas las cuatro nacionalizadas: tres que sí que surgieron de cajas (BFA-Bankia (24.743 millones), Catalunya Banc (10.825 millones), NCG Banco (7.176 millones)) y Banco de Valencia (que no surgió de ninguna caja) (3.462 millones). Las otras tres entidades que necesitaban capital eran Banco Popular (que no surgió de ninguna caja) (3.223 millones), Banco Mare Nostrum (BMN) (2.208 millones) y el grupo formado por Ibercaja Banco, Caja3 y Liberbank (cuya fusión finalmente no se llevó a cabo) (2.108 millones), las cuales tendrían que captar recursos del mercado, o de lo contrario sufrirían el estigma de recibir ayudas públicas.
Las entidades que recibieran ayudas estarían obligadas a traspasar sus activos tóxicos al «banco malo», a un precio cercano al de mercado. Las cuatro entidades nacionalizadas se venderían, una vez recapitalizadas, en una subasta competitiva.
El 11 de diciembre de 2012, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o fondo de rescate permanente de la eurozona transfirió a España títulos por valor de 39.468 millones de euros para financiar el rescate a los cuatro bancos españoles nacionalizados y la inyección al «banco malo».
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) utilizó 36.968 millones de euros para recapitalizar los cuatro bancos nacionalizados: BFA-Bankia (17.960 millones), Catalunya Banc (9.084 millones), NCG Banco (5.425 millones) y Banco de Valencia (4.500 millones), y 2.500 millones para capitalizar la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el «banco malo».
A cambio de estas ayudas, la Comisión Europea obligó a esos bancos a acometer hasta 2017 reestructuraciones "muy importantes y muy exigentes", que -con excepción de Banco de Valencia- les obligaba a reducir su balance en más del 60% en los próximos cinco años. La red de sucursales se reduciría a la mitad en los próximos cinco años en comparación con 2010. Centrarían su modelo empresarial en préstamos al por menor y a las pymes, es decir a la banca minorista y en las regiones en las que estaban presentes históricamente, y abandonarían las líneas de crédito a promociones inmobiliarias y otras actividades de riesgo.
Catalunya Banc y NCG Banco debían ser vendidos antes de 2017 y en caso de no encontrarse comprador, deberían liquidarse. Banco de Valencia debía dejar de existir como entidad independiente e integrarse en CaixaBank, una solución "más barata" que su liquidación.
El 20 de diciembre de 2012, se produjo el visto bueno de Bruselas a los programas de los bancos no nacionalizados pero que necesitaban ayuda pública (Banco Mare Nostrum (BMN), Liberbank, Caja3 y Banco CEISS).
El 5 de febrero de 2013, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) desembolsó el segundo tramo de 1.865 millones de euros del rescate bancario (que, junto a los 39.468 millones del primer tramo, hicieron un total de 41.333 millones). Banco Mare Nostrum (BMN) recibió 730 millones del fondo de ayuda. Banco CEISS, 604 millones. Caja3 recibió 407 millones mediante convertibles contingentes ('cocos') y, finalmente, Liberbank 124 millones, también mediante 'cocos'.
Las necesidades de capitalización de estas entidades eran de 6.250 millones según el test de Oliver Wyman. La diferencia con las ayudas recibidas se debió a las pérdidas que asumieron los tenedores de híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada), unos 2.000 millones, a la venta de activos por valor de unos 1000 millones y a la transferencia de activos al «banco malo», por un importe similar.
Las medidas de reestructuración para estos bancos implicaban una reducción de tamaño desde el 25% al 40%. En 2017, en relación al balance de 2010, la reducción debería ser superior al 40% en el caso de Banco Mare Nostrum (BMN), en torno al 30% en el caso de Banco CEISS, y cerca del 25% en el de Liberbank. Caja3 se integraría completamente en Ibercaja Banco. Deberían orientar su modelo empresarial para centrarlo en el negocio minorista y la concesión de préstamos a las pymes en las regiones en las que habían operado tradicionalmente. Dejarían de prestar dinero a proyectos inmobiliarios, o mantendrían una actividad marginal en este ámbito, y limitarían su presencia en el negocio de banca mayorista.
España se comprometió a vender Banco CEISS y a que Liberbank y Banco Mare Nostrum (BMN) cotizaran en bolsa antes de que finalizara el período de reestructuración. Caja3 dejaría de existir como entidad independiente.
Banco Popular e Ibercaja Banco pudieron recapitalizarse por sí mismos.
El 28 de diciembre de 2013, se publicó en el BOE la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (Ley 26/2013, de 27 de diciembre). Entró en vigor un día después de su publicación, es decir, el día 29.
El 31 de diciembre de 2013, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) dio por concluido su programa de asistencia financiera a la banca española y destacó el "éxito" de la ayuda para recapitalizar el sector.
El 23 de enero de 2014, se cerró formalmente el rescate de la banca española, aunque España seguirá bajo la vigilancia del fondo de rescate europeo (el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)) hasta que haya devuelto la totalidad del préstamo. El memorando de entendimiento se dio así por concluido, después de que la troika confirmara el cumplimiento de todas las condiciones impuestas al sector financiero español.
El 22 de febrero de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre las cajas de ahorros y el rescate financiero para así analizar el origen de la crisis financiera desde el año 2000.
El 29 de noviembre de 2018, como resultado de dicha comisión, el Congreso aprobó un informe en el que se exculpaba a los partidos políticos de la caída de las cajas de ahorros. En él, se pidió reformar a los supervisores y se culpó al Banco de España. Dicho informe lo apoyaron todos los partidos políticos a excepción de Ciudadanos, que votó en contra, y de Unidos Podemos y Compromís, que se abstuvieron.
Hay que tener en cuenta que las ayudas públicas se refieren a las ayudas financieras desembolsadas para facilitar dichos procesos mediante la recapitalización de entidades. No se incluyen las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, FGDEC, para la adquisición de acciones no cotizadas procedentes de ejercicio de gestión de instrumentos híbridos; los avales, garantías y esquemas de protección de carteras de activos (EPA); las líneas de crédito concedidas a las instituciones financieras; ni la aportación de capital público a la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria, (Sareb), a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, (FROB).
Estas operaciones han cambiado la cantidad y tamaño de las entidades financieras en España, reduciendo el número de entidades y aumentando su tamaño.
(*) A pesar de que Bankinter posee el 100% de EVO Banco, este sigue manteniendo su independencia jurídica y posee una ficha bancaria propia.
(*) Entidades en proceso de integración. (**) A pesar de que Kutxabank posee el 100% de CajaSur Banco, este sigue manteniendo su independencia jurídica y posee una ficha bancaria propia.
El proceso de reestructuración bancaria se inició en 2009 con la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
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