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Revolución de Trujillo de 1932



La Sublevación o Revolución de Trujillo fue un movimiento de insurgencia popular animada por el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), organización política de intensa actividad en la costa norte peruana, con la intervención de campesinos, obreros y estudiantes en la ciudad de Trujillo, ocurrida a partir del 7 en julio de 1932, durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro y que luego se extendió a las ciudades de Cajabamba y Huaraz. Se produjeron enfrentamientos entre militantes del partido, civiles y las fuerzas armadas peruanas, masacres a ciudadanos y el bombardeo de la ciudad desde el aire con el ánimo de apagar al movimiento insurgente. Este periodo es conocido como el "Año de la Barbarie".[1]

Las ideas anarquistas y sindicalistas revolucionarias irrumpieron en Trujillo a comienzos del siglo XX. El principal responsable de su difusión fue Julio Reynaga Matute, miembro fundador de la Liga de Artesanos y Obreros del Perú en Trujillo en 1898. Posteriormente fundará el Centro de Estudios Sociales "Unión y Energía" en 1905 y los periódicos La Antorcha (1903-1907) y El Jornalero (1906-1915). La insurrección que se desató en Ferrañafe en 1910, liderada por Manuel Casimiro Chumán Velásquez, un cura mestizo opositor del latifundismo, fue apoyada por el movimiento anarquista. Le siguieron las rebeliones de braceros del Valle de Chicama en 1912 y 1921-1922.[2]

Durante las décadas de los años 1920 y 1930, Trujillo vivió un escenario de agitación social, como buena parte del país. La gestación y crecimiento de la organización sindical entre los campesinos de las haciendas de la región, la agitación de la intelectualidad urbana progresista y la organización del APRA, que se había fundado en setiembre de 1930 en México, se encontraba perseguido, sus principales líderes —incluyendo Haya de la Torre— encarcelados. Zonas como Casa Grande, Cartavio y Laredo, antes influenciadas por el sindicalismo revolucionario y las ideas libertarias, se convirtieron en bastiones del Partido Aprista Peruano, organización política de orientación socialista fundada por el líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre.

El 8 de enero de 1932, el entonces presidente del Perú Luis Sánchez Cerro (elegido constitucionalmente el año anterior), perpetró un “autogolpe”; publicando una ley inconstitucional que proscribía las libertades políticas y permitía la detención de cualquier ciudadano sin mandato judicial; este hecho, sumado a las desigualdades sociales, al irrespeto de los derechos laborales de los trabajadores de las haciendas azucareras ubicadas al norte de la ciudad de Trujillo, acrecentaron el descontento social que la organización sindical, con marcada influencia aprista canalizó. Desde este momento las demandas por el fin del gobierno sanchezcerrista y por la liberación del líder político Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se encontraba preso desde el 6 de mayo en el penal de El Frontón, se volvieron incontenibles.

El 7 de julio de 1932, a las dos de la madrugada, un grupo compuesto fundamentalmente por peones cañeros de la Hacienda Laredo y estudiantes del Colegio Nacional San Juan asaltaron el cuartel de artillería “Ricardo O’Donovan”, ubicado en la entonces entrada de la ciudad. En el Comando de la Revolución estuvo Agustín Haya de la Torre, en tanto, al frente de las masas, estuvieron Victor Eloy Calderon Muñoz, Victor Augusto Silva Solis, Remigio Esquivel y Manuel Barreto Risco (alías “El búfalo”),[3]​ reconocido líder aprista de imponente presencia.[4]​ La pelea duró más de tres horas, causando numerosas bajas por ambos lados y finalizando con el triunfo de los insurgentes.[5]​ Uno de los primeros en caer fue “El búfalo” Barreto, pero los insurrectos fueron ganando terreno, tomando poco después el Cuartel de Seguridad y el local de la Prefectura, cuya jefatura fue asumida de facto por el joven aprista Alfredo Tello Salavarria, quien logró tomar el cuartel, marchando triunfante a Trujillo, en donde entrega el comando a Agustín Haya de la Torre (hermano del líder aprista).

El levantamiento se extendió a Salaverry, Samne, diversos lugares del valle de Chicama, Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco. También alcanzó hasta Cajabamba en Cajamarca y repercutió en Huaraz.

Ante la insurgencia trujillana, el Congreso de la República se reunió de urgencia aprobando el estado de sitio y la creación de cortes marciales; por su parte, el gobierno de Sánchez Cerro mandó tropas desde Lima, cuyo mando asumió el mayor Alfredo Miró Quesada. Al frente del Regimiento de Infantería N.º 7 y con el apoyo de dos compañías llegadas por tierra desde Chimbote, Miró Quesada recuperó el puerto de Salaverry, que también había sido capturado por los "rebeldes".

Al atardecer del sábado 9 las tropas de Miró Quesada se acercaron a Trujillo, pero hallaron tan porfiada resistencia, que optaron por retirarse a Salaverry, sufriendo pérdidas de vidas y de material bélico en la zona denominada “La Floresta”. Los "insurgentes" celebraron el triunfo con algarabía, cometiendo el error de no perseguir a las tropas gobiernistas.

El gobierno entregó el mando de la represión al jefe de la I Región Militar con sede en Lambayeque, coronel Manuel Ruíz Bravo, que se desplazó desde el norte. Bajo sus órdenes estaban el Regimiento de Infantería N.º 7, una compañía del Regimiento de Infantería N.º 1, una compañía de fusileros y una sección de ametralladoras del Regimiento de Infantería N.º 11 acantonado en Cajamarca y varios destacamentos de la Guardia Civil.

El coronel Ruíz Bravo, junto con su Estado Mayor encabezado por el teniente coronel Eloy Ureta (futuro Mariscal), planeó meticulosamente el asalto a Trujillo. El plan combinaba dos frentes de acción: uno cuya base era el puerto de Salaverry, con las tropas provenientes de Lima al mando de Miró Quesada; y otro con las tropas provenientes del norte. Previamente, se ordenó un ataque aéreo, para limpiar los nidos de ametralladoras y otros focos de resistencia en la ciudad, operación que fue la primera acción de la aviación militar en el Perú, usando los recién adquiridos aviones de caza.

En medio del bombardeo al que era sometida la ciudad, los líderes insurgentes pasaron a la clandestinidad y el pueblo, alzado en armas, se preparó para resistir la acción del ejército. El ataque de las tropas de tierra sobre Trujillo se inició en la madrugada del 10 de julio.

En la noche del 9 de julio el comando insurgente, con Agustín Haya de la Torre y otros jefes apristas a la cabeza, dio órdenes de apoyar los procesos insurgentes en la sierra de La Libertad y otras zonas insurgentes; y se distribuyeron, entre ellos, las coordinaciones. En medio de los sucesos, que incluían tomar la dirección del proceso, se nombraron nuevas autoridades: Prefecto Agustín Haya de la Torre y Sub prefecto Victor Augusto Silva Solis, amén de las demás autoridades locales. En la madrugada del 10 de julio, los pocos oficiales del ejército y la policía, que no se habían sumado como la mayoría al movimiento insurreccional, se hallaban capturados en el Cuartel O’Donovan y luego traslados al Palacio Iturregui, donde funcionaria la prefectura revolucionaria, Allí , fueron masacrados de la manera más horrible por una turba desbordada de presos comunes en su afán por saquear y huir, en medio de un confuso incidente que nunca se llegó a aclarar. Los oficiales victimados fueron los siguientes:[6]

Los cadáveres fueron mutilados y saqueados; según dicen algunos, la situación llegó al extremo de extraer el corazón del comandante Silva Cáceda y de extirpar los genitales al teniente Villanueva..[6]​ Sin embargo, otra versión, apoyándose en los partes de los médicos legistas, niega la profanación y mutilación de los cuerpos..[7]

Thorndike menciona con nombres a quienes dirigieron la masacre: el exsargento Julio Alvarado, un ex presidiario conocido como el “chueco Carrillo” y un exguardia de apellido Talavera, los mismos que oficiaban de guardianes de los prisioneros. Habrían actuado movidos por la venganza personal o arrastrados por el ardor del conflicto..[8]

Si bien los autores materiales fueron sindicados como militantes o simpatizantes apristas, no se ha demostrado ello, ni que fueran sus líderes los que ordenaran la masacre, como algunos han aseverado. Lo cierto es que la animadversión del pueblo hacia las fuerzas del orden venía desde tiempo atrás y no es que estallara de improviso.[6]

En la madrugada del día 10 de julio, tras un intenso bombardeo aéreo y terrestre, un gran despliegue de tropas en dos frentes inició la ocupación de la ciudad. El pueblo armado resistió el ataque de las fuerzas del gobierno hasta el día 11; hubo numerosas bajas por ambos lados. En la “Portada de Mansiche”, un grupo de francotiradores dirigidos por Carlos Cabada contuvo el avance del ejército, ayudando a fortalecer las defensas dentro de la ciudad, en la plazoleta “El Recreo”, la dama de nombre María Luisa Obregón, apodada “La Laredina” condujo la resistencia disparando ella misma una ametralladora; la lucha se libró calle a calle; los soldados eran recibidos con disparos y en general con cualquier objeto contundente arrojado por los pobladores rebeldes desde los techos, entre cánticos y lemas alusivos al partido aprista peruano. Fue el profesor Alfredo Tello Salavarria quien se mantuvo frente a las últimas trincheras, en el barrio trujillano de “Chicago”.

El 18 de julio, el jefe de operaciones, coronel Ruiz Bravo, informó tener pleno control territorial, luego de cometer numerosas represalias contra la población civil en Chepén, Mansiche, Casa Grande, Ascope y Cartavio (las tres últimas haciendas azucareras donde laboraban algunos de los insurgentes).

Numerosos combatientes que se habían rendido fueron fusilados sin juicio. Una “Corte Marcial” sin ninguna garantía e independencia dictó pena de muerte contra 102 personas sindicadas como principales responsables del alzamiento; debido a que muchos de estos se encontraban fugitivos y otros habían muerto en el enfrentamiento, la pena solo pudo aplicársela a 42 detenidos, quienes fueron trasladados a la ciudadela de Chan Chan, obligados a cavar las fosas que se convertirían en sus tumbas y sin excepción recibieron la descarga fatal el 27 de julio de 1932. Pero se calcula que el número de víctimas al terminar el conflicto llegó a sumar aproximadamente unos 9 mil civiles, muy vinculados al partido aprista, que fueron fusilados de forma extrajudicial. Aun así, enfrentaron a la muerte, dando vivas al partido aprista y a su líder Víctor Raúl Haya de la Torre.

Murieron un aprox. de 327-513 soldados del Ejército Peruano y 952 guerrilleros así como entre 7.000 a 9.000 civiles ejecutados de manera extrajudicial o en pleno combate que fueron asesinados el día siguiente una vez finalizado el conflicto.

Esta insurrección y su represión desmedida, marcaron por mucho tiempo la identidad política de la ciudad de Trujillo y del norte del Perú, llegando la ciudad a ser considerada como bastión electoral del Partido Aprista Peruano. Significó también el surgimiento de una animadversión recíproca entre el APRA y las Fuerzas Armadas, que tuvo una repercusión en la vida política del Perú. El Ejército consideró la matanza de sus oficiales en el cuartel O’Donovan (masacre insólita en la historia peruana) como un agravio imperdonable inferido a los suyos y desde entonces los militares hicieron causa conjunta para impedir que el APRA llegara al poder, lo que se tradujo en el golpe de Estado de 1948 contra el presidente José Luis Bustamante, cuando el general Manuel Odría, líder del golpe, puso al APRA fuera de la ley y exilió o encarceló a muchos de sus militantes, incluido su líder, Haya de la Torre y en el Golpe de Estado de 1962 contra el presidente Manuel Prado Ugarteche, que desconoció la victoria electoral de Haya de la Torre, en las elecciones presidenciales de ese año.

Esta animosidad solo pudo ser superada a fines de la década de 1970 del siglo XX, poco antes de morir Haya de la Torre, elegido por entonces presidente de la Asamblea Constituyente de 1978, en pleno gobierno de facto de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y en 1985 cuando es elegido presidente de la república el joven diputado aprista Alan García Pérez.



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