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Santiago Omar Riveros



Santiago Omar Riveros (Villa Dolores, Córdoba, 4 de agosto de 1923) es un exmilitar argentino culpable de crímenes de lesa humanidad. Siendo oficial del Ejército Argentino alcanzó el grado de general de división. Fue comandante de Institutos Militares y Embajador de Argentina en Uruguay entre 1982 y 1983.[3]

Durante la dictadura cívico-militar llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) desempeñó altos cargos, entre ellos comandante de Institutos Militares, con sede en la Capital Federal y jurisdicción en todo el Gran Buenos Aires. Tuvo bajo su mando diversos centros clandestinos de detención, entre ellos El Campito y el Hospital Militar Campo de Mayo organizado para realizar la apropiación de menores de las detenidas desaparecidas. Entre los militares integró el grupo de «los duros», con Emilio Eduardo Massera, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Guillermo Suárez Mason, quienes se oponían a «los blandos» Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, acordes a las políticas neoliberales de José Alfredo Martínez de Hoz y más proclives a establecer diálogos con sectores políticos. En 1989 fue indultado por el presidente Carlos Menem por los delitos de lesa humanidad de los que fue encontrado culpable en 1985.

Fue el primer militar en explicar su papel durante la terrorismo de Estado en Argentina mediante un extenso documento en el que afirma entre otras cosas:

En Italia ha sido condenado a cadena perpetua y confinamiento solitario durante un año y seis meses, en sentencia definitiva, por la desaparición y muerte de tres ciudadanos italianos.[5]

En 2006 se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad en causas como el Plan Cóndor.

En 2006 la justicia consideró que el indulto conferido al general Riveros era inconstitucional.[6]​ El 13 de julio de 2007, la Corte Suprema anuló finalmente los indultos que protegían a Riveros y declaró inconstitucionales a tales indultos.[7][8]

El 12 de agosto de 2009, Riveros fue declarado culpable por el homicidio de Floreal Avellaneda, un militante de la Juventud Comunista, de 15 años de edad, secuestrado el 15 de abril de 1976, y torturado en la comisaría de Villa Martelli y luego en Campo de Mayo junto a su madre. Su cuerpo fue encontrado meses después en las costas de Uruguay, atado de pies y manos y con signos visibles de tortura y empalamiento. Los jueces Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, del Tribunal Oral de San Martín, condenaron a Riveros por los crímenes de privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo. Fue sentenciado a cadena perpetua, en el Servicio Penitenciario Federal. Cinco subordinados suyos fueron juzgados conjuntamente por estos crímenes en Campo de Mayo y recibieron sentencias de entre 8 y 25 años. Los jueces determinaron que el asesinato de Floreal Avellaneda constituía un crimen de lesa humanidad, pero desecharon que conformara parte de un genocidio.[9]



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