El tráfico de influencias es una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable, que consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.
Naturalmente se buscan conexiones con amistades o conocidos para tener información, y con personas que ejerzan autoridad o que tengan poder de decisión, y a menudo esto ocurre a cambio de un pago en dinero o en especie, u otorgando algún tipo de privilegio. No obstante, la naturaleza ilegal del tráfico de influencias es relativa: la OECD ha utilizado a menudo la expresión «tráfico indebido de influencias» para referirse a actos ilegales o cuestionables de lobbying.
En España, el tráfico de influencias está penado y su enjuiciamiento y fallo depende del Tribunal con Jurado de la provincia en cuestión.
El tráfico de influencias está penalizado en Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Uruguay y Venezuela. El tráfico de influencias está previsto en el artículo 158-BIS del Código Penal uruguayo.
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