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Tribunal de Garantías Constitucionales



El Tribunal de Garantías Constitucionales fue un órgano constitucional español, antecedente del actual Tribunal Constitucional, existente durante la Segunda República Española.

Fue establecido mediante el artículo 121 de la Constitución de 1931 y regulado mediante una Ley Orgánica[1]​ (14 de junio de 1933). Su primer presidente fue Álvaro de Albornoz. Su sede se localizó en el Palacio de Parcent hasta 1938,[2]​ año en el que se traslada a Valencia a una casa de la calle Paz.[3]​ Posteriormente, tras el Decreto de 28 de octubre de 1938 del nuevo Gobierno presidido por Juan Negrín, la capitalidad de la República se fija en la ciudad de Barcelona y a ella se traslada el Tribunal, cuya primera sesión plenaria en la nueva sede tiene lugar el 16 de febrero de 1938 en la Avenida Diagonal número 418 (anteriormente Avinguda del 14 d'abril).[4]​ Finalmente, aunque el Pleno del Tribunal acuerda trasladarse el 23 de enero de 1939 a Gerona, siguiendo al Gobierno, lo cierto es que a partir de ese momento puede darse por finalizada la existencia del Tribunal.

Tenía competencia para conocer:

Estaba presidido por un presidente que elegían las Cortes (sin necesidad de que fuese diputado), cuyo mandato duraba diez años. Había dos vocales natos, los presidentes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado y veintitrés electivos: dos diputados, elegidos por las Cortes en cada legislatura (natos), dos abogados elegidos por los colegios de abogados, cuatro profesores de universidad elegidos por las facultades de derecho y quince vocales regionales. Los vocales regionales, de colegios de abogados y profesores de universidad tendrían un mandato de cuatro años, produciéndose la renovación por mitades cada dos años.

Con respecto a los vocales regionales, uno correspondía a cada región autónoma (en la fecha de creación del Tribunal solo Cataluña), siendo elegido por el órgano legislativo de dicha región. El resto del territorio se ordenaba en varias regiones a efectos de la elección de vocales, las cuales elegirían cada una a su vocal mediante votación en la que los electores serían todos los concejales de los ayuntamientos de la región. Para la elección de vocales, la ley consideró como regiones las existentes desde la división regional de 1833:

El primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales fue el radicalsocialista Álvaro de Albornoz, elegido por las Cortes en votación el 3 de julio de 1933 (dimitió el 9 de octubre de 1934, siendo sustituido por Fernando Gasset Lacasaña).[5]​ El Tribunal se constituyó el 2 de septiembre de 1933.[6]

Las elecciones para los vocales regionales tuvieron lugar el 3 de septiembre de 1933 y supusieron una amplia derrota de la coalición gubernamental (el gobierno, presidido por Manuel Azaña, incluía representantes de Acción Republicana, PSOE, Partido Republicano Gallego, Partido Radical Socialista, federales y Esquerra Republicana de Catalunya).[7]​ Los candidatos afines al gobierno obtuvieron cinco de los quince vocales en liza (uno para cada partido del gabinete, excluyendo a los federales; el de ERC elegido por el Parlamento de Cataluña) en tanto que la oposición obtuvo los diez restantes (cuatro radicales, tres de la CEDA, un nacionalista vasco, un tradicionalista y un independiente de derecha).[5]​ Como consecuencia de ello, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora firmó el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.[5]

La votación de los colegios de abogados tuvo lugar el 10 de septiembre[6]​ y resultó en el triunfo de la candidatura de Renovación Española,[5]​ que incluía a José Calvo Sotelo, entonces en el exilio.

Algunos miembros del tribunal fueron los siguientes:[8]



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